Gustavo Petro demostró en la Alcaldía de Bogotá que gobiernos nacionales y subnacionales pueden apostarle a romper el prohibicionismo desde acciones concretas, como hizo con la atención a personas habitantes de calle a través de los CAMAD, cuyo propósito inicial era suministrar tratamientos a usuarios compulsivos, lo que tuvo una férrea oposición del Procurador de entonces Alejandro Ordoñez, aún así, Bogotá mantuvo esta iniciativa, la cual no alcanzó a experimentar el uso de marihuana en consumidores de crack, pero si avanzó en reconocer la dignidad de esas personas. También el Distrito albergó la Conferencia Latinoamericana de Drogas en la que hubo propuestas que pueden llevarse a la práctica desde el Gobierno nacional.
Quitarle el poder a las mafias significa en términos sencillos trabajar para que los consumidores no tengan que comprar las sustancias (de baja calidad por demás) en el mercado ilícito dominado por bandas mafiosas, lo que redunda en seguridad para la población en general y en salud de las personas que consumen. De otra parte, hay que reconocer que el auge del Clan del Golfo, como lo dijo alias Otoniel ante la JEP, solo ha sido posible merced a sus alianzas con sectores empresariales y políticos del país.
El combate a la criminalidad asociada al narcotráfico es uno de los ejes del Punto 4 del Acuerdo de Paz de 2016. Sin embargo, como se sabe, Duque se concentró en la erradicación de cultivos, poniendo todo el peso de la ley sobre las comunidades cultivadoras, olvidando diseñar mecanismos de persecución y desactivación de las redes nacionales e internacionales que se enriquecen de manera ilícita y violenta con el tráfico de drogas. Por tal razón, tiene sentido la propuesta de sometimiento que intentará el Gobierno de Petro y que ha sido bautizada por el Senador Iván Cepeda como la “paz total”, con la cual se busca desmontar todos los grupos armados que persisten en el país, incluyendo una alternativa judicial para los narcos a condición de la reparación de sus víctimas y de la no repetición. A algunos puede parecerles difícil pero hay que recordar que la justicia de EEUU ya cuenta con mecanismos de negociación parecidos, por lo que la extradición ha entrado en una órbita aceptable para los jefes narcos que antes decían “preferir una tumba en Colombia”.
En América Latina hay un retorno de gobiernos progresistas: Bolivia, Perú, Argentina, Chile, México y próximamente Brasil están en dicha tendencia. En todos hay tráfico y problemas de salud asociados a drogas ilícitas. Petro quiere concertar una posición común que tenga peso ante EEUU, la Unión Europea y la ONU, reabrir la discusión que se inició en la Asamblea General UNGASS de 2016, para hablar en serio de la responsabilidad compartida, la cual no se limita a cooperación judicial y financiera, en la que Colombia sigue poniendo los muertos de una fracasada guerra contra drogas que solo causa inestabilidad y deslegitimación del Estado pero que es útil al narcotráfico. La regulación como camino implicará discutir con naciones vecinas acuerdos que sean operativos y ágiles ante las talanqueras que puedan surgir de la interpretación conservadora de las convenciones de drogas de la ONU.
Cumplir a cabalidad los compromisos derivados del Acuerdo de Paz es un imperativo. El estado suscribió unos pactos que debe honrar. En el caso de los acuerdos de sustitución estos involucran a unas 100.000 familias campesinas que se vincularon en la primera etapa, y podrían sumarse otras 180.000 familias si se reabre en condiciones de confianza una nueva etapa. Pero la sustitución de cultivos no funciona si no va atada a la Reforma Rural Integral, es decir, a lo que Petro llama la “sustitución económica y de tierras”, a las oportunidades para los jóvenes rurales, al acceso a mercados y a la reconversión del modelo productivo de las zonas donde han crecido los cultivos de coca, marihuana y amapola. Sin duda, una política de esta envergadura tiene que brindar espacios de participación a las comunidades y en este sentido debe dejar de estigmatizar, perseguir, criminalizar y desplazar a los pequeños productores.
Salir de los estigmas implica varias cosas: Articular desde el Ministerio de Justicia la aplicación del principio de oportunidad en delitos menores de drogas que no hayan sido cometidos con violencia; la aprobación del tratamiento penal diferencial para los pequeños productores; la adopción y ratificación de la Declaración de derechos del campesinado y de los Principios Rectores del Desarrollo Alternativo que fueron aprobados en Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013. Este reconocimiento de derechos permitirá una mayor participación en instancias donde la voz de las comunidades sea tenida en cuenta, dignificando así a las personas que actualmente dependen en sus ingresos de la economía de las drogas para avanzar hacia una superación progresiva de dicha dependencia.
En los seis años anteriores, miles de personas participaron de espacios en la construcción del Plan de Sustitución PNIS y más en la elaboración de los PDET. Buscando confianza con las comunidades, funcionarios estatales abogaron por el diálogo directo, haciendo acuerdos sobre pequeñas inversiones y sobre planes de trabajo que fueron articulándose posteriormente en planes municipales y en los PDET. Tales espacios fueron suspendidos en el gobierno Duque y la voz de la población fue silenciada mientras en Bogotá un consejero presidencial concentró todas las decisiones relacionadas con el Acuerdo de Paz, con los pactos de sustitución y con los recursos de los PDET. Al final del mandato de Iván Duque abundó la propaganda sobre miles de millones de pesos usados en financiar obras acordadas con gobernadores y alcaldes, pero sin la gente que construyó dichos planes.
Prohibir la fumigación con agentes químicos como el glifosato es necesario. Se intentó, sin éxito, en el Congreso mediante un proyecto de Ley. Los defoliantes y pesticidas hacen daño a los ecosistemas, pero especialmente han causado daño a comunidades, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en varias sentencias. Sin embargo, el gobierno de Petro y Francia se enfrentará a presiones por continuar la erradicación manual forzada, la cual incluye la aspersión terrestre, la cual, como lo enseña el caso de la masacre de Tandil Nariño, también conlleva agresiones a comunidades, afrentas a derechos humanos y más pérdida de confianza en el Estado. Sin duda, la campaña debió decir algo muy claro sobre esta técnica que es hoy una de las principales fuentes de conflictividad en los territorios.
Regular el cultivo para usos medicinales, alimenticios e industriales, todos ellos permitidos en las convenciones de drogas, es algo que se viene trabajando desde 2016 en Colombia, incluso antes, en el caso de la marihuana. Es de recordar que la Ley 30 de 1986 permite que las personas tengamos hasta 20 plantas para nuestro consumo, lo cual es un hito en los casos de coca y marihuana. Así mismo, los usos tradicionales indígenas no tienen impedimento legal e incluso algunas autoridades indígenas en uso del derecho propio han otorgado permisos para la fabricación de alimentos basados en coca. Con la marihuana medicinal hemos tenido un boom de licencias y empresas, la mayoría de capital extranjero, las cuales hicieron integración vertical de su negocio y están atadas al interés exportador más no al mercado interno para uso del sector salud, de la comunidad médica y beneficio de los pacientes. En el lado de la producción, los indígenas y campesinos que han cultivado marihuana, para fines ilícitos, no han contado con la oportunidad de obtener licencias en condiciones justas y de acceder al mercado. La apuesta del Gobierno de Petro y Francia es por fortalecer las iniciativas comunitarias para que hagan sustitución de usos y se obtengan oportunidades en este sector.
En esta misma dirección Petro y Francia se proponen dejar atrás la criminalización de las personas que usan sustancias psicoactivas, lo que quiso implementar con poco éxito y mucha injusticia el presidente Duque. Un enfoque de salud pública que le otorgue dignidad al habitante de calle y al usuario de consumo problemático es fundamental. Menos del 15% de las personas que consumen sustancias tienen un uso problemático para ellas y su entorno según datos de Acción Técnica y Social. El uso adulto responsable requiere regulación, pero también ampliación de los programas de prevención, educación e información sobre drogas, apoyándose en el sistema de salud y articulando con educación, deporte y cultura, entre otros sectores.
Pedro Arenas
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