Ante este panorama surgen interrogantes y debates sobre muchos asuntos. Entre ellos: ¿Cuál debe ser la dimensión de los cambios adoptados en la revisión del Acuerdo? ¿Cómo podrán afrontar el Gobierno y las FARC esta fase que implica la suspensión del acuerdo, márgenes de incertidumbre ante los resultados de la renegociación emprendida y dificultades frente al estacionamiento imprevisto de las tropas? ¿Cuáles serán los posibles escenarios de aplicación del Acuerdo de Paz?
Dimensión de los cambios a adoptar en la revisión del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC
El gobierno a partir del diálogo político que habilitó con partidos y sectores sociales concibe la revisión del Acuerdo o incluso la versión de un nuevo texto acuerdo sobre la base de introducir “ajustes”, entendidos como cambios admitidos en asuntos acordados pero que no modifiquen los compromisos esenciales ni la propia estructura del acuerdo. Agrega la opción de introducir desarrollos o especificaciones en asuntos de particular discusión. Las FARC reafirman la validez del acuerdo ya firmado pero aceptan un nivel de revisiones o precisiones particulares sin menoscabar su contenido central y a tono con las consultas y discusiones emprendidas, dinámica de la cual son parte activa.
Los resultados del plebiscito de amplia mayoría de abstención (63%) y de triunfo del NO por un ínfimo 0.43% de manera que coincidieron con el SI con un margen de apoyo del (18%), no exige la modificación general y sustancial del conjunto del acuerdo, sino la inclusión de cambios relacionados con las principales demandas de los sectores que promovieron el NO, siempre y cuando no impliquen la negación misma del acuerdo, es decir de su contenido esencial. Si la mayoría de la ciudadanía o incluso un alto porcentaje de los votantes hubiera acogido el NO frente a una minoría diciente a favor del acuerdo, correspondería un replanteamiento sustancial y general. A todas luces esta no es la situación.
En el desarrollo de la campaña por el plebiscito y en posteriores declaraciones los promotores del NO declararon no estar contra la paz, ni oponerse al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC, sino demandar reconsideraciones en su contenido y la reorientación del proceso. De hecho en su realidad y metodología este proceso de paz ya fue modificado de la manera referida, de forma que entran en la dinámica de interlocución y aportes a las modificaciones en curso, éstos sectores opositores, al texto original acordado, por lo cual se hacen ahora parte del proceso de paz y sus consensos, ante lo cual coinciden con lo planteado por el propio acuerdo y otros sectores, de aprovechar estas circunstancias para dar lugar a un amplio consenso nacional por la paz.
En consecuencia los cambios a introducir deben ser significativos y exigen reconsideraciones de la mesa Gobierno-FARC que de hecho reabrió su actividad, pero de forma que a la vez deben ser discretos o parciales ante las circunstancias referidas. Así, en el tema “Desarrollo Rural Integral” no hay lugar a modificaciones de fondo cuando se trata de acciones de otorgamiento de tierras, legalización de títulos, promoción de la economía alimentaria y fortalecimiento de ciertas figuras que ya están incluidas en disposiciones legales y programas y acciones gubernamentales. El señalamiento de que se afecta la propiedad privada, asunto que una reforma agraria de contenido democrático más profundo podría habilitar hacia el logro de condiciones de equidad frente a la concentración monopólica de las tierras no está considerado en el acuerdo, por lo cual bastan las aclaraciones y precisiones, que no debiliten las acciones progresivas que se incluyen.
El tema de “Participación política y social” también tiene soportes constitucionales y legales, de forma que incluso, paradójicamente, demanda es que se aplique lo ya dispuesto sobre Estatuto de Oposición, garantías de participación efectivas y estímulo a nuevos actores y dinámicas de los actores políticos y sociales. El Elemento nuevo que ha estado en la discusión es el de la circunscripción electoral especial a aplicar en 16 regiones afectadas por el conflicto, ante lo cual resulta viable introducir precisiones para que los señalamientos de supuesta ventaja hacia las FARC y su entorno político en ellas no tengan fundamento sino que despejen cualquier duda ante las garantías de acceso e igualdad de condiciones entre los proyectos políticos que emerjan desde las poblaciones de tales regiones que habrán de ser usufructuarias de dicha circunscripción especial temporal.
En el tema de “Economías ilícitas” cuentan con respaldo interno e internacional los compromisos desde las partes y con participación de los sectores sociales afectados en el propósito de su erradicación, la sustitución de cultivos y la redefinición de las políticas que han resultado inviables, tema que ha sido parte de un debate desde años anteriores, de forma que ya existen consensos a distinto nivel hacia introducir estos cambios. Pueden admitirse cambio hacia fortalecer en perspectiva inmediata las acciones contra la extensión de las economías ilícitas y sus efectos, los compromisos transparentes de las FARC y sus integrantes con la ruptura ante ese tipo de economías así como la revelación de información y consiguiente entrega de bienes y recursos de tal procedencia.
En el tema “Víctimas” la gran mayoría de los compromisos del acuerdo resultan inobjetables y de alta legitimidad por tratarse de atención a los derechos de las víctimas y de la propia sociedad por los efectos de la guerra y la violencia, bajo la responsabilidad que deben asumir los distintos actores. Cambios pueden admitirse no en los pilares y medidas centrales, pero sí en determinadas especificaciones de la Jurisdicción Especial de Paz. Ellos pueden hacer referencia a los términos de la restricción de la libertad con quienes comprometidos con responsabilidades ante graves violaciones contribuyan con la verdad y la reparación de las víctimas. Al reforzamiento de ciertos términos y medidas para que bajo criterios de selectividad y priorización, sea coherente la participación en política con el cumplimiento de compromisos con la justicia transicional. Así mismo, puede ser revisado el nivel de participación del componente internacional en el Tribunal y revisados o modificados los procedimientos de selección de magistrados, atendiendo también en lo posible sugerencias hechas desde las altas cortes. El enfoque de género debe mantenerse dentro de los avances garantistas, pero explicarse que se trata de atender justos derechos y garantías ante sectores particularmente vulnerados, sin ciertas consecuencias que infundadamente se pretendieron atribuir.
En el tema “Fin del Conflicto” no hay lugar a cambios puesto que no existen objeciones sino algunas versiones infundadas que buscaban desvirtuar el acuerdo, como por ejemplo el magnificar el discreto y justificado apoyo brindado a la reintegración de ex combatientes, hecho incluido necesariamente en todas las experiencias internas e internacionales del caso. Igualmente en los temas de aplicación, verificación y seguimiento a los acuerdos, con el concurso de la comunidad internacional, no existen objeciones y lo logrado por su perfil y solidez no solo demanda mantenerse sino que de hecho ha conseguido necesarios desarrollos de aplicación, en particular al ser una realidad la situación de consolidación del cese al fuego y las hostilidades bilateral y permanente.
En resumen, el contenido del acuerdo de manera general obedece al éxito conseguido en este proceso de paz, refleja las contribuciones de las partes, de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional, de manera que está fuera de lugar su desconocimiento general o de su contenido central. Por ejemplo, no sería admisible intentar desde la oposición al acuerdo aplicar la fracasada política de paz de los gobiernos Uribe. Es claro que por ocho años no tuvo ninguna viabilidad la política de imponer condiciones de derrota no conseguida a las guerrillas en términos de exigirles el cese de hostilidades previo y unilateral, negarles la agenda de cambios políticos y sociales, desconocer el carácter de insurgencia y la realidad de la guerra, negar la existencia de los crímenes de responsabilidad estatal y su consiguiente compromiso y reducir el ofrecimiento a las guerrillas al sometimiento a la justicia y la atención a la reintegración.
La suspensión del acuerdo y el imprevisto estacionamiento de las tropas guerrilleras
El avance del proceso de paz reveló irreversible el logro del Acuerdo de Paz Gobierno Santos-FARC, al punto que para sorpresa del mundo entero los resultados del plebiscito no constituyen su invalidación sino el nivel de cambio y adecuación referido, para pasar a la fase final que quedó coyunturalmente suspendida, de aplicación y verificación. Fueron prontas y contundentes las declaraciones de las FARC y del Gobierno nacional ratificando el compromiso de paz conseguido con éxito, pero a la vez de flexibilidad y consecuencia política, al admitir esta fase no prevista de un nivel de redefiniciones en el contenido y la dinámica de la conclusión del proceso de paz en curso. Más aún, el panorama político cambió radicalmente al desatarse paralelamente la amplia movilización estudiantil, juvenil, social y ciudadana diversa, en franco respaldo al proceso de paz y al propio acuerdo, a partir de mensajes constructivos para conseguir la convergencia ciudadana entre los sectores del SI del NO y los abstencionistas, tras la consigna que cobró mucha fuerza de ¡Acuerdo Ya! Se sumó la comunidad internacional en todas sus expresiones manteniendo pleno acuerdo al proceso de paz en Colombia y alentando que el proceso referido se surta con éxito para conseguir pronto la aplicación del pacto de paz definitivo con la guerrilla históricamente más grande e importante.
El presidente Santos personalmente asumió con prioridad e iniciativa el liderazgo y el seguimiento personal y permanente de las gestiones de diálogo en curso, tanto con sectores opositores o críticos del acuerdo, con quienes lo respaldan y con los avances en consecuencia desde la reabierta mesa de negociación en La Habana. Con acierto Gobierno y FARC dejaron en claro que no se trata de una renegociación en la mesa con los sectores del NO, sino de recoger sus inquietudes y resolverlas adecuadamente. Rechazaron con validez propuestas en tal sentido como las de crear una mesa alterna o la más reciente de enviar un delegado de los opositores como integrante de la mesa. El gobierno a la vez que dedica parte importante del gabinete a las gestiones, afirma, que como le corresponde legalmente oficializará el acuerdo definitivo y procederá a implementarlo, sin descartar el análisis sobre conveniencia o no de implementar una nueva forma de refrendación.
Las FARC por su parte mantienen una dinámica política constructiva en esta nueva fase, de escucha y diálogo con sectores diversos, de manera que en la actualidad al seno de la mesa discute con el gobierno sobre las posibilidades de cambios y las posibles medidas a adoptar en el contenido del acuerdo en consecuencia. Por supuesto, ésta guerrilla se ve abocada a resolver al menos dos asuntos importantes en este proceso:
- Los cambios no pueden ser sobre lo fundamental puesto que ellos no podrían invalidar la construcción de consensos por cinco años con el Gobierno nacional ni exceder el mandato derivado de la aprobación por la X Conferencia del Acuerdo de Paz ya suscrito. Por tanto, las FARC no pueden ser inconsecuentes con la necesidad de introducir modificaciones de cierta importancia al acuerdo para responder a la realidad político y jurídica existente, pero a la vez no pueden ser tan flexibles para permitir un acuerdo que trasgreda los fundamentos del pacto de paz ya suscrito y el mandato derivado de lo aprobado por el evento que configura su máxima autoridad.
- El estacionamiento de las tropas guerrilleras le crea una situación de alta tensión e incertidumbre, en espera de resultados prontos y ante la inquietud que configura la suspensión de un proceso concebido en firme y ya definido en ruta al tránsito de la insurgencia hacia la irrupción en la vida política, social e institucional del país. Por supuesto son múltiples las dificultades, pero así mismo importantísima la solución temporal conseguida al lograr las partes extender el mandado y las funciones del sistema de verificación liderado por la ONU, con decisión reciente adoptada directamente desde su Consejo de Seguridad.
Preocupan recientes declaraciones de algunos voceros del gobierno, al concluir el ejercicio de recepción e intercambio ante las propuestas entregadas por los voceros del NO, al afirmar que se convertirían en defensores de las propuestas de tales sectores ante las FARC. Hecho que a la vez coincide con declaraciones de voceros del NO en el sentido de considerar que “la pelota de las decisiones le corresponde ahora a las FARC”. Esto por cuanto el pacto de paz está firmado, consensuado con solidez y lo que corresponde y ha sido la posición oficial del gobierno es recoger las propuestas de los voceros del NO y llevarlas a la mesa de negociación Gobierno-FARC para definir al respecto. Este desliz desvirtúa la vigencia del Acuerdo de Paz y puede abrir una fisura a favor de la equivocada opinión de renegociación a tres bandas, el conjunto del acuerdo.
Posibles escenarios de aplicación del Acuerdo de Paz Gobierno Santos-FARC
El presidente fijó el término del fin de este año para tener lista la versión actualizada de Acuerdo de Paz, tras lo cual se procederá a recuperar la fase de compromisos que conjugan acciones de los temas Fin de Conflicto y Aplicación, Refrendación y Verificación de los acuerdos. Con base en las circunstancias políticas podríamos aproximarnos a referir tres opciones de escenarios posibles en el horizonte en todo caso de la finalización exitosa de este importante como histórico acuerdo de paz.
Escenario 1, el más optimista pero muy difícil como improbable de consolidar: Se consiguen cambios significativos pero discretos y que no afectan el contenido fundamental del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC. En consecuencia se forja un gran consenso nacional por la paz. Se haría factible convocar para realización pronta de un nuevo plebiscito que conseguiría muy amplio respaldo por el SI al acuerdo y se pasaría de inmediato a la implementación efectiva del conjunto de los acuerdos convenidos. Esta situación alentaría de manera especial el avance de la negociación en desarrollo entre el Gobierno nacional y el ELN, a la vez que marca derroteros de posibilidades y deja opciones de ampliación y enriquecimiento de los compromisos de medidas para la construcción de la paz
Escenario 2, menos optimista pero más realista, el más posible dadas las circunstancias: Se consiguen cambios significativos pero discretos y que no afectan el contenido fundamental del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC. En respuesta parte importante de los promotores del NO se suma al respaldo a este Acuerdo de Paz, dando lugar a un consenso nacional mayoritario a favor de la paz y a una minoría opositora que persiste en el rechazo al acuerdo. Podría no ser conveniente convocar a un nuevo plebiscito pues aunque la mayoría significativa respalde el acuerdo persistiría una franja de oposición. Dado que existirían todas las condiciones políticas y jurídicas favorables para la aplicación del acuerdo se procedería en consecuencia, lo cual llevaría muy posiblemente a la derrota en el seno del Congreso del sector minoritario opositor a los pactos de paz y por consiguiente al conjunto o a parte importante de las iniciativas legales de su aplicación. A tono con este avance en el proceso de paz se alentaría el avance positivo de las negociaciones Gobierno-ELN para consolidar condiciones hacia el fin de la guerra y ampliar los compromisos con la construcción de la paz.
Escenario 3, pesimista, improbable, pero dado el caso necesario de asumir y sortear: La totalidad o parte muy importante de los sectores promotores del NO rechazan las modificaciones hechas al Acuerdo de Paz Gobierno—FARC, en demanda de una modificación general del acuerdo que de hecho lo haría inviable y conduciría a su fracaso. Dado que existirían las condiciones políticas y jurídicas para la aplicación del acuerdo, una vez se atendió a demandas de modificación hecha por los promotores del NO, se procedería por parte del gobierno a las medidas de aplicación de este acuerdo de paz. La confrontación política continuaría intensa con los sectores opositores al acuerdo, no obstante, la movilización ciudadana y el respaldo político y social mayoritario interno y el apoyo de la comunidad internacional, permitirían hacer viable la aplicación del pacto de paz. Sin embargo seguiría polarizada y tensa la situación política interna con las acciones del proceso de paz, incluido el avance necesario de los acuerdos con el ELN, dadas temáticas similares y otras nuevas abordadas, que mantendrían abierto el debate y las divergencias.
La conclusión podría ser un llamamiento a la movilización a todo nivel para conseguir consolidar las condiciones para el primer escenario. No obstante, a nuestro pesar de amplios esfuerzos de la sociedad a favor de la paz podría darse el segundo escenario, dado el peso de sectores opositores a ella, por lo cual habría que mantener confianza y fuerza social e institucional a todos los niveles para que no se frustren ni debiliten las acciones por consolidar la paz. Y en todo caso, todos los esfuerzos de la sociedad y la institucionalidad por la paz podrían impedir que se llegara a configurar el indeseable tercer escenario.
Álvaro Villarraga Sarmiento
Directivo CNMH, integrante FUCUDE, catedrático
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