Después de 8 años de mandato, el Presidente Santos y su vicepresidente Vargas Lleras lograron el extraordinario resultado de aumentarla a $50 billones, según declaraciones del Contralor General[2]. Una búsqueda rápida en Google muestra que en los principales periódicos del país durante los últimos meses se presentó frecuentemente esta cifra aunque en otros casos, el Procurador Carrillo por ejemplo, se habló de 20 a 40 billones[3].
En estas apariciones mediáticas se comportan estas autoridades como si fueran unas organizaciones no gubernamentales o una veeduría ciudadana, que denuncian el problema y claman a las autoridades por su solución. ¡Como si no fueran ellas mismas las autoridades responsables de prevenir y de castigar la corrupción! Es comprensible que Transparencia por Colombia denuncie y manifieste su indignación, acompañada de la tradicional impotencia, pero es francamente una burla que lo hagan el Presidente, el Fiscal, el Procurador y el Contralor. Esto implica una responsabilidad política, disciplinaria, fiscal y penal: si los propios funcionarios responsables de prevenir, controlar y recuperar los recursos perdidos por corrupción confiesan que delante de sus narices se pierde tal magnitud de recursos y se recuperan apenas migajas[4], ¿no deberían renunciar? ¿no deberían reconocer su incapacidad?
Estos hechos y cifras reflejan que no hay un sistema serio de seguimiento, control y cálculo de la corrupción; que se trata simplemente de manifestaciones hipócritas; que no existe contrapoder suficiente para enfrentar el problema dado que los responsables de controlarlo están de una u otra forma relacionados.
Cuando se dice en un escenario que se pierden 30 billones y en otro que son 50 billones es evidente que se trata de simples especulaciones; lo único cierto es que la pérdida de recursos públicos debe ser enorme, pero no hay investigaciones serias sobre la corrupción.
Entre más fuertes son las declaraciones de lucha contra la corrupción es más evidente que se trata solamente de discursos para desviar la atención. En la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, ratificada por Colombia, existe el compromiso de crear un órgano independiente de prevención e investigación contra la corrupción, adicional a los órganos tradicionales (contralorías, procuradurías) que también se incluyen dentro de dichas convenciones[5]. El propósito es contar con cuerpos especializados de investigadores que estudien las prácticas de corrupción y puedan prevenir, detectar y denunciar oportunamente, dando traslado de la información a los órganos responsables de sancionar. Hay en Colombia un ejemplo de investigaciones realizadas por organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Nuevo Arco Iris que permitió detectar prácticas corruptas en los procesos electorales, información que fue útil para posteriormente adelantar procesos judiciales contra personas involucradas en la parapolítica. Algo similar debería hacer este órgano independiente, financiado con recursos del Estado, en cabeza de funcionarios con períodos fijos y con amplias facultades de investigación.
Pero ¿qué hicieron Santos y Vargas Lleras? Crear una Secretaría de la Transparencia, sin ninguna autonomía jurídica ni presupuestal, dirigida por funcionarios obedientes al presidente y sin mayor capacidad política. En la práctica, simplemente crear una institución inoperante que aparente luchar contra la corrupción.
Lástima que Claudia López no hubiera incluido dentro de su referendo un artículo que dijera: “cúmplase el artículo 6º de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, aprobada en Colombia mediante la ley 970 de 2005”. Esta entidad debería ser financiada con recursos del presupuesto nacional, por ejemplo con el 1% de los 50 billones que se pierden anualmente por la corrupción pero administrada por las Naciones Unidas y dirigida por un fiscal extranjero. El modelo ya existe: la CIGIC de Guatemala[6]. Esto se podría complementar con el nombramiento del Fiscal General, el Procurador General y el Contralor General, por una comisión de congresistas de Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, países con menor nivel de corrupción del mundo, según el Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional[7]. Obviamente, estos cargos deberían ser ocupados por ciudadanos de dichos países.
Con las instituciones colombianas no se va a lograr nada de fondo en la lucha contra la corrupción
Es prácticamente imposible, dentro de la correlación actual de fuerzas económicas y políticas, lograr un cambio serio en la situación de corrupción. Al tiempo que el Presidente aprobaba el Conpes de lucha contra la corrupción[8] y daba discursos encendidos en su contra, o el vicepresidente Vargas Lleras aprobaba una ley de lucha contra la corrupción[9], le entregaban, por ejemplo, el ICBF al ñoño Elías[10] o apoyaban candidatos como Kiko Gómez en la Guajira[11].
Evidentemente, tanto los órganos de control como la justicia logran ciertos resultados, incluso muy significativos como la condena a un elevado número de congresistas por parapolítica, pero no logran frenar el fenómeno; además, en buena medida la justicia y los órganos de control funcionan selectivamente, como instrumentos para perseguir a enemigos políticos, y cómo lo han mostrado los acontecimientos recientes se presentan también numerosas prácticas de corrupción en estas entidades.
El problema es sistémico
El Fiscal General, que hace parte de la clase política, sabe muy bien cuáles son las causas. Preguntado sobre la responsabilidad de la clase política, respondió: “El problema es sistémico y está asociado definitivamente al sistema político y el sistema electoral. Hay que decirlo con claridad: hay una nueva dirigencia política, una dirigencia emergente que no tiene un ideario, que no le propone a la ciudadanía un concepto de Estado y su ideario es la apropiación del patrimonio público. A la vuelta de la esquina, si las cosas siguen como van, la dirigencia pública nacional va a estar en las manos de toda esta clase emergente que está haciendo fiestas en medio de la corrupción”. Clase emergente con la cual conviven los políticos tradicionales, como el propio Fiscal.
La corrupción es aparentemente un problema grave pero realmente es muy útil para los sectores dominantes en la economía y en la política. Por una parte, permite financiar la estructura política que se encarga de coordinar y controlar políticamente a la mayoría de la población. A pesar de su gran magnitud, es apenas una fracción del excedente bruto que todos los años se apoderan los capitalistas de los trabajadores; se trata de una redistribución del excedente, que debería estar destinado a la población más pobre, que se queda en manos de políticos y empresarios útiles para la estabilidad del sistema, y reduce los costos de financiación a los empresarios; además, aunque perjudique a algunos sectores capitalistas, en su conjunto es un mecanismo de concentración del ingreso y conformación de nuevos capitales, una práctica común y aplaudida en nuestra sociedad. Por otra parte, hacer énfasis en el problema de la corrupción del Estado es muy conveniente para desviar la atención del problema fundamental de la explotación capitalista. Se logra de este modo que la gran mayoría de la población piense que la fuente de todos los males es la corrupción y no el propio sistema capitalista.
ALBERTO MALDONADO COPELLO
26 de septiembre de 2017
NOTAS
[1] http://www.eltiempo.com/colombia/politica/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7894808.html#, septiembre de 2010.
[2] “El monstruo de la corrupción en Colombia es muy grande, la monstruosidad está en todos los sectores, en todas las regiones. La corrupción la hemos estimado en 40 o 50 billones de pesos, un alto porcentaje del presupuesto nacional”, manifestó el contralor general de la República, Edgardo Maya. http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2017-monstruo-de-corrupcion-es-de-50-billones-maya
[3] “Procurador Carrillo, ¿cuánto vale la corrupción?
Nadie en Colombia tiene una cifra exacta del monto de dinero comprometido en casos de corrupción. Se calcula entre 20 y 40 billones de pesos. Cualquier cifra es escandalosa. Cada peso que le roban al Estado es un robo a todos los colombianos. Si no paramos el desangre del Estado y no detenemos la cultura de la corrupción, que permea todos los sectores, este país resultará inviable.
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/entrevista-a-procurador-fernando-carrillo-sobre-odebrecht-y-corrupcion-28422. http://www.elpais.com.co/colombia/cada-ano-la-corrupcion-les-roba-50-billones-a-los-nos.html. http://www.noticiasrcn.com/nacional-justicia/el-80-los-contratos-publicos-celebrados-colombia-existe-riesgo-corrupcion
[4] http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749. Solamente se recupera el 4% en los procesos de responsabilidad fiscal.
[5] https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf. Artículo 6. Órgano u órganos de prevención de la corrupción
- Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:
- La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;
- El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.
- Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.
Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mediante la ley 970 de 2005 se aprobó la Convención en Colombia.
[6] http://www.cicig.org/. Comisión internacional de lucha contra la impunidad en Guatemala.
[7] https://redrta.org/2017/02/06/transparencia-internacional-da-a-conocer-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-2016/
[8] https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/conpes-sociales/Paginas/conpes-sociales.aspx#Default={%22k%22:%22ConpesNumero:167 OR Title:167%22}
[9] http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147412072011.pdf
[10] https://www.elheraldo.co/colombia/nono-elias-saqueo-el-icbf-durante-14-anos-cristina-plazas-388727
[11] https://www.las2orillas.co/cuando-a-kiko-gomez-se-codeaba-con-santos-y-vargas-lleras/
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