En cuestión de horas, el representante de la FAO en Colombia reconoció que el informe no fue debidamente presentado y, por lo tanto, fue malinterpretado ya que la verdadera intención era atraer fondos para apoyar a los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida. Sin embargo, conforme se titula el informe, esta es una alerta temprana y debería tomarse como un llamado a la acción. Este artículo presenta algunas de las razones por las cuales esta alerta temprana para Colombia no debe ser ignorada por parte del nuevo gobierno que se instaure el próximo 7 de agosto y que, al mismo tiempo, puede resultar familiar para otros países de la región y del mundo.
El mapa de los puntos críticos de hambruna llama la atención sobre los países donde es probable que la población se enfrente a un rápido deterioro de la inseguridad alimentaria aguda que pondrá en riesgo sus vidas y medios de subsistencia. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), en diciembre de 2021 tan solo el 69 % de los hogares colombianos consumía tres comidas al día en comparación con el 85 % de los hogares antes de los confinamientos por la pandemia del Covid-19[2]. Esta cifra indica que, efectivamente, la inseguridad alimentaria ha empeorado e invita a mirar más de cerca, desde diferentes perspectivas, las posibles razones que la originan.
Externalidades e internalidades económicas de una potencial crisis alimentaria
Al igual que el resto del mundo, Colombia también se vio afectada por la crisis del transporte de contenedores. La disponibilidad decreciente de contenedores, los costos más altos para producir nuevos contenedores, las tarifas de flete que se disparan y las dificultades de producción que enfrentan algunos países exportadores en conjunto, se traducen ahora en precios más altos de los insumos agrícolas y alimentos. Y, si bien la reactivación económica ha aumentado la demanda de los consumidores, menos personas pueden acceder a los alimentos para satisfacer sus necesidades de alimentación.
La calificación de la deuda de Colombia fue rebajada y su tasa de inflación en 2021 fue de 5,62%. El principal impulsor de la inflación fueron los precios de los alimentos que aumentaron 17,23% (responsable del 2,73% de la inflación total)[3]. Teniendo en cuenta que Colombia importa cantidades significativas de insumos agrícolas, piensos y alimentos para satisfacer sus necesidades internas, los altos niveles de depreciación del peso colombiano seguirán provocando un aumento de los precios de los alimentos. El aumento de los precios internacionales y nacionales de los alimentos afectará el acceso de los hogares vulnerables a alimentos importados y producidos localmente. Sin embargo, los precios más altos de los alimentos para los consumidores no se traducen en mayores niveles de ingresos para los productores y, de hecho, se han perdido miles de puestos de trabajo en el sector agrícola/rural. Por lo tanto, la combinación de altos niveles de depreciación de la moneda y la inflación de los precios de los alimentos están disminuyendo el poder adquisitivo de las personas.
Tanto la inflación como la depreciación de la moneda están impactando fuertemente a los productores agrícolas en Colombia. El último aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central de Colombia dificultará aún más el acceso a financiamiento. Según el DANE, debido a los efectos secundarios de la pandemia, los niveles promedio de pobreza se acercaron al 40%[4], el cual es mayor en las zonas rurales en comparación con las ciudades. Esto implica que el número total de personas en riesgo potencial de perder el acceso a los alimentos era de 21 millones. En consecuencia, mayores costos de producción y menores ingresos resultantes de la agricultura solo harán que el sector rural sea más atractivo para economías ilícitas como la minería ilegal, el cultivo de coca o la tala ilegal. Esto, a su vez, puede desencadenar nuevos conflictos en las zonas rurales.
Choques de oferta y demanda de alimentos
La distribución desigual de la tierra, la inseguridad de los derechos sobre la tierra y el acaparamiento de tierras son las causas subyacentes del prolongado conflicto armado en Colombia. Los problemas de tenencia de la tierra en Colombia obstaculizan la inversión estatal en la prestación de servicios públicos y en infraestructura, así como las inversiones privadas a largo plazo, debido al acceso reducido al crédito, los mayores riesgos de acaparamiento/expropiación de tierras y un mercado inmobiliario ineficiente, y están entrelazados con economías ilícitas. y deforestación.
Además del conflicto (y los cientos de víctimas) y el empobrecimiento de la población, estos temas no resueltos se han traducido en una mayor demanda de alimentos en las ciudades debido a los desplazamientos internos que, según ACAPS[5], se han más que duplicado de enero a mayo de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Estos problemas han reducido el suministro de alimentos debido al abandono de tierras agrícolas en un país que ya utiliza menos del 18% de su potencial de tierras agrícolas. En consecuencia, esta situación puede aumentar la dependencia de comunidades vulnerables hacia la asistencia alimentaria.
Asimismo, se generó un choque en la demanda de alimentos por el creciente número de migrantes venezolanos que superó los 1,8 millones en 2021. Según el informe de las Naciones Unidas, alrededor del 73 % de esta población migrante padecía inseguridad alimentaria moderada o grave. En el mismo año, 3,5 millones de personas padecían inseguridad alimentaria severa en Colombia. Es probable que estas cifras aumenten teniendo en cuenta el posterior deterioro de la situación económica debido a la pandemia de Covid-19, la vulnerabilidad por la informalidad en el mercado laboral, las altas tasas de desempleo y el acceso limitado a los servicios públicos.
Malestar social e inestabilidad política
A medida que aumentaban los índices de pobreza y la inseguridad alimentaria, el año pasado el Gobierno del presidente Iván Duque anunció reformas que iban en detrimento de los medios de vida de los colombianos. Mientras la tercera y más grave ola de Covid-19 azotaba el país, el descontento social, alimentado por promesas incumplidas, dio paso a la reanudación de las manifestaciones multitudinarias iniciadas en 2019 el pasado abril de 2021. Las manifestaciones se prolongaron en forma de bloqueos de carreteras, que interrumpieron el suministro y la exportación de bienes (inter)nacionales creando escasez de, entre otros, combustible, piensos y alimentos, lo que también tuvo un impacto en la inflación de los precios de los alimentos.
La lenta implementación de los acuerdos de paz, de los cuales la reforma rural integral es el primero, ha recrudecido la violencia. Sin suficiente apoyo gubernamental, las instituciones pertenecientes al sistema integrado de verdad, justicia, reparación y no repetición investigan los nexos entre paramilitares y gremios (incluidas las federaciones agropecuarias) que provocaron el acaparamiento de tierras y un sinnúmero de desplazados y muertos. Algunos excombatientes han retomado actividades ilícitas, se han reagrupado y han formado nuevas guerrillas mientras cientos de líderes sociales (defensores de las políticas de restitución de tierras y sustitución de cultivos de coca, entre otros) son asesinados. Con la inseguridad en aumento, especialmente en el campo, el acceso a la ayuda humanitaria está restringido. Además, el proceso electoral para la presidencia ha ralentizado (aún más) la capacidad de respuesta del gobierno central hasta que la nueva administración se posesione en agosto.
Factores que obstaculizan el desarrollo rural
Los tradicionales problemas que obstaculizan el desarrollo rural en Colombia persisten hasta el día de hoy. La competitividad del sector agrícola sigue siendo baja debido a los bajos niveles de asociatividad (que impiden las economías de escala) y la infraestructura deficiente e insuficiente. De hecho, mientras el 97 % de la carga colombiana (excluyendo carbón y gasolina) es transportada por camiones[6], solo el 6% de las vías terciarias del país está pavimentada[7]. No en vano, el almacenamiento y el transporte representan el 69 % de los costos logísticos totales del sector agrícola[8]. La productividad sigue viéndose afectada por una infraestructura de riego insuficiente e inadecuada, que junto con el cambio climático disminuye tanto la cantidad como la calidad del agua.
La deficiente provisión de asistencia técnica, educación y servicios financieros; el acceso restringido a tecnología e información para la toma de decisiones respondiendo a las dinámicas del mercado; y la poca inversión pública en investigación y desarrollo (por ejemplo, en materiales genéticos mejorados más resistentes a las plagas y menos intensivos en insumos) para la producción agrícola son los principales problemas desatendidos que obstaculizan el desarrollo agrícola y rural. Y, a pesar de todo lo anterior, el país se permite perder y/o desperdiciar 9,6 millones de toneladas (o el 34%) de los alimentos destinados al consumo humano, siendo el 62% de estos frutas y verduras[9].
Cabe señalar que el informe de las Naciones Unidas incluía información hasta julio de 2021 y desde entonces el gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas adicionales además de las transferencias directas de efectivo y la asistencia alimentaria a los más vulnerables. Por un lado, este año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural impulsó la ley 2183 para reducir al 0% los aranceles sobre insumos agrícolas y creó un fondo para apoyar la compra de insumos agrícolas. Por otro lado, también amplió las fechas para subsidiar las tasas de interés y está impulsando los seguros agropecuarios. Sin embargo, la efectividad y sostenibilidad de estas iniciativas parecen inciertas considerando las tasas de interés más altas y el hecho de que el fondo de insumos agrícolas se creó con el 10% de las utilidades del Banco Agrario en 2021[10]. En conclusión, estos ingredientes deberían ser más que suficientes para generar conciencia sobre el deterioro de la seguridad alimentaria en Colombia que ya está poniendo en juego vidas y medios de subsistencia. Colombia es propensa a convertirse en un foco de hambruna más temprano que tarde si esta alerta temprana se minimiza o incluso se ignora, como parece ser el caso hasta ahora.
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[1] PMA y FAO. 2022. Puntos críticos de hambre. Alertas tempranas de la FAO y el PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda: perspectivas de febrero a mayo de 2022. Roma. https://doi.org/10.4060/cb8376es
[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Encuesta Pulso Social Diciembre 2021. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social/encuesta-pulso-social-historicos
[3] El Espectador (2022). Inflación en Colombia cerró el 2021 en 5,62%. Recuperado de: https://www.elespectador.com/economia/finanzas-personales/inflacion-en-colombia-cerro-el-2021-en-562/
[4] Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Pobreza Monetaria 2021. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
[5] ACAPS (2022). Colombia Overview of risks from November 2021 to April 2022. Recuperado de: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20211115_acaps_mire_colombia_thematic_risk_report_november_2021_en.pdf
[6] Departamento Nacional de Planeación (2020). Política Nacional Logística. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/POLITICA NACIONAL LOGISTICA 2019 CORTA.pdf
[7] La República (2019). Colombia tiene un promedio de 94% de todas sus vías terciarias en mal estado. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/colombia-tiene-un-promedio-de-94-de-todas-sus-vias-terciarias-en-mal-estado-2939581
[8] Departamento Nacional de Planeación (2018). Encuesta Nacional Logística 2018. Recuperado de: http://www.andi.com.co/Uploads/Encuesta%20Nacional%20Log%C3%ADstica%202018.pdf
[9] Departamento Nacional de Planeación (2016). Colombianos botan 9,76 millones de toneladas de comida al año. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Paginas/Colombianos-botan-9,76-millones-de-toneladas-de-comida-al-a%C3%B1o.aspx
[10] Agronegocios (2020). Duque sancionó ley que elimina arancel a importaciones de insumos agropecuarios. Recuperado de: https://www.agronegocios.co/agricultura/presidente-sanciono-ley-de-insumos-agropecuarios-que-beneficia-a-pequenos-productores-3284084
Andrés Santana Bonilla
Foto tomada de: Alcaldía de Bogotá
Excelente artículo. Me surge la pregunta por el incremento de los costos de insumos agrícolas a raíz de la guerra en Ucrania y el bloqueo o limitaciones impuestas a la importación de estos productos desde Ucarania, Rusia y Bielorusia, que son grandes productores mundiales de insumos y cereales. ¿Qué puede pasar en el segundo semestre de 2022 cuando se haga evidente la reducción en las importaciones provenientes de estos países y Colombia deba salir a comprar estos productos en un mercado mundial con una oferta restringida y unos precios cada vez más elevados?(pues a la fecha todavía se cuenta con stocks que permiten cubrir la demanda). Ya varios países productores del norte anunciaron que restringirán sus exportaciones de cereales. En otras palabras, ¿pueden sustituir esta oferta alimentaria y de insumos agrícolas, países como Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos? (recordar que Brasil es un gran productor agrícola pero al mismo tiempo un gran importador de insumos).