Sin embargo, al resolverse esta situación tras una alta tensión política durante el último trimestre se configuró una dura derrota para el presidente Duque, el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y los sectores conservadores y cristianos que los apoyan. Salió fortalecido el compromiso estatal con los compromisos institucionales del Acuerdo de Paz, las pretensiones gubernamentales de desatender obligaciones constitucionales y legales fueron rechazadas por las altas cortes, se despejó el camino para que continúe su actuación sin obstáculos institucionales por parte de la JEP, se configuró una amplia mayoría de bancadas en el Congreso comprometida con la paz y en la opinión, movilizaciones, sondeos o encuestas de opinión, se imponen mayorías en defensa de la paz y de sus instrumentos legales de implementación.
Tal vez el aspecto político más sensible de esta situación ha sido el desgaste y pérdida de respaldo del presidente Duque, quien registra los más bajos niveles de apoyo ciudadano que ha tenido un presidente colombiano en las periódicas encuestas, cuando aún no completa el primer año de su gobierno. Y si bien lo afectan distintos problemas como falta de claridad en la apuesta de su gobierno, el haberse focalizarse inicialmente en un agresivo activismo para derrocar al presidente Maduro de Venezuela que no se dio, los exiguos resultados de su agenda legislativa, el debilitamiento de la economía, incremento del desempleo y resurgimiento de altos niveles de pobreza, sin duda alguna el más notorio por el mismo énfasis adoptado por su mandato es el de no haber conseguido menoscabar el contenido fundamental del acuerdo de paz, a partir de reformar el contenido de la JEP.
El reflejo de este grave traspié sufrido se refleja, por ejemplo, en el análisis de la reconocida periodista María Isabel Rueda, quien siendo defensora de las posiciones de derecha y opositora activa a las medidas principales del acuerdo de paz, recomienda al presidente Duque y a su jefe político el expresidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático, que ante este panorama recuperen un discurso desde el gobierno, acepten la realidad de la existencia del acuerdo de paz y la existencia institucional de la JEP y eviten “propuestas extremas”, que los pueden llevar a nuevos fracasos.
“Si Duque lograra comunicarse en su propio tono, quizás la equivocada percepción de muchos de que no hay gobierno comenzaría a cambiar. Pero, para eso, el uribismo tiene que calmarse y abandonar ideas extremas, imposibles de ejecutar y que distorsionan la verdadera imagen del Gobierno, como la de un loco referendo para tumbar la JEP y sacar a las FARC del Congreso. Eso ya es historia patria y así nos fuimos”[1].
Pero esta situación no debe desestimar la tensión histórica tan fuerte, por décadas y atizada en la actualidad, entre el proyecto de conseguir una solución de paz con medidas de reforma democrática y el de oponerse a ello desde la inercia de la guerra, la violencia y la defensa de intereses del estatus quo, lo que significa no solo los de élites y poderes tradicionales sino desde las reconfiguraciones de los poderes a todo nivel, con participación de sectores emergentes en las décadas recientes con apoyo en la ilegalidad, el paramilitarismo y el narcotráfico.
En tal sentido, tiene razón la lúcida entrevista concedida por el jefe negociador del acuerdo de paz por el gobierno Santos, Humberto de la Calle, a Yamit Amat en El Tiempo, el pasado domingo, cuando alude a la existencia de “una vieja alianza de la extrema derecha”, con despojadores de tierra, temerosos de que aflore la verdad, que quieren mantener el relato de solo la responsabilidad de las FARC en los hechos de violencia, en aras de la defensa de su estatus quo de inequidad y exclusión política y social y opuestos a las transformaciones democrática del acuerdo de paz, estando ligados algunos al narcotráfico.
De la calle, de manera ponderada reconoce que con la implementación del acuerdo de paz hay avances notorios, pero advierte que hay notorios riesgos, refiriéndose a que el gobierno Duque quiere modificaciones unilaterales al acuerdo. Advierte, “veníamos en un camino que yo llamaría progresista y ahora lo que hay es un deseo de dar marcha atrás, de retrotraer las ventajas y las conquistas de la Constitución del 91”[2]. En efecto, desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se expidió la Constitución Política vigente, significando un giro de reforma democrática institucional innegable, conseguida producto de un consenso nacional democrático ante la crisis a todo nivel registrada y también en el contexto del logro de los primeros pactos de paz con la insurgencia en los casos de M19, el EPL y varias fracciones guerrilleras o milicianas regionales.
Pero ahora, que el acuerdo de paz con las FARC el Estado retoma y enriquece el contenido constitucional con la justicia transicional, la reforma política y electoral y con diversos desarrollos legales y programáticos progresistas, la apuesta del uribismo que compromete al presidente Duque, es menoscabar este acuerdo, sus medidas y adoptar medidas en contrario, incluso una reforma institucional regresiva que revoque o cambie los avances conseguidos en la Asamblea Nacional Constituyente del 91, recurriendo incluso a la opción de ser posible de la convocatoria de una nueva Constituyente.
“En muchos temas esenciales hay inacción cuando no franca oposición (del gobierno actual). La reforma rural está congelada. Vamos a incurrir en el mismo error que durante más de un siglo ha alterado la tranquilidad en el campo. La apertura política está en veremos. Es patente el deseo del Centro Democrático de enredar la JEP. Aunque la Constitución habla de la estabilidad del acuerdo durante tres períodos, el presidente insiste en modificar aspectos esenciales. Se nota una oposición a veces franca, otras asordinada”[3].
El gobierno Duque se empeña en reducir la política de paz al compromiso solo con la reintegración socioeconómica de los excombatientes de las FARC, eludiendo su responsabilidad con las reformas, programas y compromisos medulares del acuerdo de paz. Más aún, incluso no entrega las mejores respuestas en la misma reintegración de excombatientes, siendo notorias las deficiencias gubernamentales en la materia, que han llevado a que la comunidad internacional se queje de ante la falta de garantías en los territorios para la reintegración y los precarios resultados oficiales en la materia. Desde abril pasado el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu le llamó la atención al gobierno para que “acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que se tomen las decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”[4].
También ha sido preocupación marcada en la comunidad internacional la falta de consecuencia del gobierno colombiano con la implementación del acuerdo de paz, de manera que ha ejercido presión política, diplomática y en el marco de la cooperación, a favor de que se sancionara la ley estatuaria de la JEP, de que se preserven las posibilidades definidas a la justicia transicional, y en lo relativo a las garantías de seguridad para que cesen los graves y sistemáticos ataques contra líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Al momento, si bien se consolidó el marco legal de la JEP, es de tener en cuenta que el presidente Duque de inmediato declaró que había sancionado su ley estatutaria pero que mantenía su interés en reformar el contenido de lo acordado en materia de justicia en el acuerdo de paz: “Acato el veredicto de la Corte Constitucional, pero seguiré siempre defendiendo lo que creo debe ser el camino para que este país tenga una paz con legalidad y con justicia”[5].
Lo cual complementó su ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunciando que el gobierno prepara la presentación de proyectos legislativos para modificar la JEP, especialmente en los casos de la posibilidad de presentación de terceros que puedan ofrecer verdad, con relación a quienes estén incursos en narcotráfico y en lo relativo a reforzar la exigencia de la extradición por tal motivo en el propio sistema transicional, para lo cual anunció que el gobierno buscará acuerdos con los partidos políticos.
Entre tanto, el senador Álvaro Uribe, trazándole línea al gobierno, pero también presionándolo, declaró ante los periodistas en el Congreso con mayor radicalidad: “Yo creo que se debería analizar el tema de sustituir a la JEP por una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia”.
El uribismo ha utilizado el discurso de una supuesta crisis institucional profunda pero no para reconocer problemáticas reales existentes sino con alusión a la implementación de las medidas del acuerdo de paz, en aras a desprestigiarlas y deslegitimar las nuevas instituciones surgidas del acuerdo, caso concentrado contra la JEP. A lo cual agregan que la ciudadanía por responsabilidad supuestamente de las consecuencias del acuerdo de paz, estaría en condiciones de incertidumbre, zozobra y desacuerdo. Así lo expresa uno de sus voceros: “Es cierto que las FARC dejaron de ser un actor beligerante después de firmar un acuerdo y de convertirse en partido político. Pero la situación (…) no ha cambiado, y por ello en el estado de ánimo de los colombianos prevalece la zozobra”[6].
Al tiempo, el presidente Duque retomando el libreto de actuación del presidente Uribe cuando estuvo en ejercicio, busca en declaraciones y posiciones desconocer a otras ramas del poder público, desafiar a las altas cortes de justicia y demandar actuaciones arbitrarias contra funcionarios o ciudadanías. Tal ha sido la postura de manera general contra la JEP y contra las altas cortes, como a la vez la forma como ha sobredimensionado con tal propósito la alusión al caso del dirigente de las FARC Jesús Santrich, en el periplo de la sindicación judicial que se le hace en la actualidad.
“La obsesión del presidente con la sobredimensionada figura de Jesús Santrich empieza a parecer un fenómeno enfermizo de su personalidad: cuando tiene un micrófono en mano, le resulta imposible no mencionar ese nombre. Y como si el estado psicológico del mandatario estuviera alcanzando niveles compulsivos, alude al exguerrillero, además, con una repetitiva exigencia de su captura inmediata, recaptura inmediata, extradición inmediata y hasta sanción disciplinaria inmediata. Tal cual lo hacía el “juez” Uribe quien en sus tiempos de popularidad absoluta ordenaba a la policía detener a los individuos que él señalaba en sus consejos comunales, sin ningún juicio…”[7].
Bajo estas circunstancias, ya completo el marco jurídico para la justicia transicional con la Ley Estatutaria 1975 de la JEP, le queda a este organismo de justicia transicional reforzar sus actuaciones con los 11.805 comparecientes que requerían de la seguridad jurídica, con la participación de las víctimas y con claros mensajes del resultado de su actuación hacia la sociedad, lo cual le irá dotando de solidez institucional y de ganancia en términos de legitimidad. Ya trascienden en la opinión versiones, reconocimientos de responsabilidades y denuncias de graves violaciones que comprometieron a exguerrilleros de las FARC en casos de tomas de rehenes y secuestros y a militares en casos de ejecuciones extrajudiciales. Así como avanza el trámite de otros macrocasos y ya se anuncia la posibilidad de seguir abriendo otros.
Y en el debate público se irá despejando cualquier duda con relación a cómo la investigación y el juzgamiento de la JEP se hará contra todos los actores responsables de graves violaciones de su competencia, pero así mismo, para que se comprenda el sentido de la justicia transicional, de las medidas restaurativas y de los propios beneficios que se pueden otorgar desde la propia justicia, en aras del bien supremo de la paz.
Diciente al respecto es la propia expresión de Jaqueline Castillo, una de las lideresas de la organización de víctimas MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), cuando declara cierta inconformidad por la libertad otorgada a militares comprometidos con ejecuciones extrajudiciales contra sus hijos, pero también cuando manifiesta la esperanza de que con la JEP ante crímenes de lesa humanidad se consigan los resultados en justicia que no ha conseguido la justicia ordinaria por décadas. “Aquí se critica a la JEP por sesgada (a favor de la guerrilla), pero nadie se refiera a los militares que, habiendo sido condenados por delitos de lesa humanidad, andan en la calle disfrutando de libertad”[8].
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Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto obtenida de: Paz – El Espectador
[1] “El tono de Duque”, María Isabel Rueda, El Tiempo, 9 de junio de 2019, página 1.23
[2] “La paz y los acuerdos están en peligro”, entrevista a Humberto de la Calle, Yamit Amat, El Tiempo, 9 de junio de 2019, página 1.8
[3] “La paz y los acuerdos están en peligro”, entrevista a Humberto de la Calle, Yamit Amat, El Tiempo, 9 de junio de 2019, página 1.8
[4] “Implementación enfría relación con la comunidad internacional”, El Tiempo, 8 de junio de 2019, página 1.10
[5] Declaración del presidente Iván Duque a los medios de prensa, citado en revista Semana, No. 1936, junio 9 de 2019, página 26.
[6] “¿En qué país vivimos?, la incertidumbre de Colombia”, Plinio Apuleyo Mendoza, El Tiempo, 7 de junio de 2019, página 1.13
[7] “El presidente ¿está o no con el Estado de derecho?”, Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, 12 de junio de 2019, página 22
[8] “Es como si se tratara de una pesadilla que regresa”, entrevista a Jacqueline Castillo, Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, 9 de junio de 2019, página 14
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