Una de esas medidas que el país debe de tomar es frente a su modelo de desarrollo. Si bien esto fue un caballito de batalla para los opositores a los procesos de negociación, en tanto se decía que se iba a poner en peligro el actual modelo de desarrollo y se iría a optar por una alternativa Castro Chavista (a propósito, es difícil identificar las características de ese modelo que a todas luces no existe). No obstante, y con más tranquilidad, el país deberá redefinir sus actividades y políticas económicas, por lo menos, en algunos aspectos, que podrían sintetizarse, sin el ánimo de ser concluyentes, en los siguientes elementos:
- El país ha mantenido una senda de crecimiento económico que es histórica, aunque sea poca para sus necesidades. Si bien esto le ha representado una imagen internacional favorable, hay que decir que el crecimiento ha estado soportado en actividades de poco valor agregado y especialmente de escasa generación de empleo. Esto ha conllevado a un fenómeno nefasto para las intencionalidades de un país en paz: la excesiva concentración del ingreso y con ella la pervivencia de la pobreza y la desigualdad como características estructurales en la sociedad colombiana.
Esto deberá llevarnos a pensar en cambios estructurales de consideración, es decir, repensar la favorabilidad de las políticas públicas a la inversión y dirigirla a sectores estratégicos que promuevan la producción, la generación de empleo, la productividad y la competitividad del país. Y esto está por encima de seguir concentrados en sectores como el minero energético o el financiero, que si bien son relevantes, no pueden ser el centro de las políticas públicas.
- Al unísono con el primer punto de los acuerdos con las FARC, el mundo rural se debe de constituir en una prioridad para el país. Hay temas fuertes que el país no ha podido llegar a consensos como la tenencia de la tierra (con una concentración del 0,87 medida por el índice de Gini), la titulación o el usufructo de la propiedad. El país no sabe en realidad cuanta tierra dispone en baldíos y el uso está completamente trastocado, la tierra se dedica a otros menesteres, se prevalecen actividades como la ganadería a la producción de alimentos. Y ante esto, los pequeños y medianos campesinos no disponen de canales apropiados de financiación ni de comercialización.
Visto así, el mundo rural, olvidado por décadas, asimilado a una categoría estadística de “otros”, debe de tener la suficiente dedicación de las políticas públicas para hacerlo no solamente viable, para que la inversión pública y privada lo consideren una alternativa de negocio, sino que se constituya en una opción de vida para pobladores y comunidades que a través de las últimas décadas han tenido que asumir el desarraigo y la infelicidad por tener que vivir es espacios urbanos, ajenos a sus idiosincrasias y a sus propias decisiones de vida.
Esto requiere de acceso a la tierra, de financiamiento, de zonas de acopio y canales de comercialización. De libertades en los campos, de infraestructuras que posibiliten un desarrollo adecuado, de una educación de calidad y ante todo, de copar de oportunidades el mundo rural. Serán las únicas formas posibles de convertirlo en una posibilidad real para todos.
- La industria manufacturera dejó de ser una alternativa productiva para el país, donde la desindustrialización es la principal característica en las tres últimas décadas; aún con un enorme tejido empresarial, donde el 99% de las unidades son micros, pequeñas y medianas empresas. El país se volcó a una política comercial atada a una frágil e intrascendente política industrial; optó por los tratados de libre comercio, una apuesta por la bilateralidad y la multilateralidad, sin que se tenga una estructura productiva capaz de responder a las exigencias productivas de los entornos mundiales.
En apariencia se han fortalecido sectores de servicios, donde las actividades de tipo especulativo (inmobiliarias, financieras) prevalecen. Las comunicaciones, el comercio y los servicios a las familias y a las empresas han ganado presencia, no obstante tienen a su haber un bajo valor agregado y son receptores de empleos precarios.
Hoy, cuando se escuchan voces de reconfiguraciones de la globalización, se hace necesario no solo repensar el tema de los tratados de libre comercio, sino las mismas relaciones y comercio con la Región; más que nunca esta es la época para trabajar en procesos decididos de integración regional y, lógicamente, rediseñar una política industrial que permita reconfigurar las bases de actuación, es decir, donde se asuma la producción, así como los procesos anteriores y posteriores que le son inherentes, desde la mipymes, con base en el acompañamiento público a procesos solidarios y cooperativos, tal y como se han venido haciendo en otros países de la Región, como Brasil, Chile y Perú.
Esto exige moderar la política que prevalece al gran capital y volcarla a la protección de las mipymes, haciendo compatible los discursos de los sectores líderes (que han sido baladíes) con unas acciones que saquen a las empresas de sus ahogos financieros y su estrechez técnica. La reindustrialización tiene que ser una apuesta de la Colombia en paz, unida a la potenciación rural, deberá ser una alternativa productiva no solo de aprovechamiento de los mercados internos, sino una postura decidida hacia los mercados internacionales.
- La política monetaria tendrá un papel decisivo en la economía de la próxima década. El abandono de la ortodoxia monetaria (que es distinta a la disciplina y al manejo prudencial) tendrá que ser la carta a jugar para posibilitar la inversión, el acceso al crédito y la protección a las familias, a los pequeños y medianos productores.
El Banco de la República, además de su compromiso cambiario y en el control a la inflación, debe de asumir sus responsabilidades legales frente al empleo y al crecimiento económico, no como un mero asunto de coordinación macroeconómica, sino como una estrategia que posibilite actuar sobre el ciclo económico y el bienestar de las empresas y las familias. Colombia mantiene unos indicadores financieros que son alabados por los organismos multilaterales pero que terminan siendo nefastos en el mercado interno, el costo del dinero (el crédito) es de tal magnitud que solo es posible para las grandes empresas, quienes tienen la capacidad de negociación y son las que en últimas, a través de sus conglomerados económicos, tienen el control de las decisiones monetarias.
- La política fiscal cobra entonces una importancia extrema. La falta de recursos, que es el motivo de las sucesivas reformas tributarias, no puede seguir compensándose con más impuestos o con endeudamiento, se trata de emprender acciones decididas no solo con la priorización y focalización del gasto público sino con las exenciones tributarias, que abiertamente favorecen a los grandes capitales.
La corrupción, que parece ser el caballo de batalla de la campaña presidencial para los diferentes sectores políticos, no puede quedarse sólo en un discurso de indignación e incluso de hipocresía, debe de convertirse en un propósito como sociedad la defensa de lo público, de los dineros de todos. El castigo ejemplar a los corruptos debe ser el mensaje a la sociedad, tal y como fue capaz de hacerlo Finlandia con los banqueros.
- La pobreza y la desigualdad son, a todas luces, fenómenos que deberían ser motivo de rechazo social. A pesar de los avances, más estadísticos que reales, en la reducción de la pobreza, la desigualdad se mantiene aún a pesar de tener, como se ha dicho, una senda histórica de crecimiento económico, es decir, mientras la economía crece y se acrecienta la acumulación, la desigualdad de los ingresos (octava entre 141 países y las más alta de la región) la concentración de la propiedad impide el fortalecimiento económico de las familias y por ende el mejoramiento de sus condiciones de vida.
El país sigue optando por una política de subsidios (la caja menor de los políticos y lo que llaman la mermelada esparcida) a todas luces ineficiente e ineficaz para contrarrestar estos fenómenos de manera estructural. El camino no es otro que el restablecimiento de los derechos consagrados en la Constitución, unido a políticas de trabajo decente. Para lo primero en el mundo se viene probando estrategias de renta de ciudadanía, que han resultado ser de mayor contundencia para garantizar los derechos, en lo segundo, necesariamente será el resultado no solo de la transformación productiva sino de la protección pública a las garantías y derechos de los trabajadores.
Así, el país en materia económica enfrenta el llamado posconflicto de manera equivocada. Sin necesidad de hacer apología a las luchas armadas e incluso al delito en el que estas derivaron como efectos colaterales de la guerra, la exclusión, la falta de oportunidades e incluso la falta de presencia estatal y la desigualdad social que además es territorial, necesariamente conducen a las violencias. Se trata de un cambio de modelo, uno que posibilite la inclusión, la generación de capacidades y oportunidades para personas y empresas, un modelo económico que sea digno para la condición humana y no el que actualmente prevalece, a todas luces un fracaso, que tiene al país sumido en la pobreza, la desigualdad y el atraso productivo.
Aun así, la insensatez de los políticos no puede ser más grande. A las difíciles coyunturas internacionales que ponen en riesgo nuestras exportaciones y los flujos de inversión, a unos indicadores que van mostrando dificultades económicas considerables para los próximos meses, al país político (donde los grandes empresarios no son ajenos, pues le juegan indistintamente a unos y a otros) parece importarle poco el bienestar de la mayoría. Es el asumir la presidencia lo que importa, el control político y del erario público.
Parece que la insensatez y la codicia de unos pocos siguen primando sobre el interés de la mayoría, esto, a todas luces, es un mal preámbulo para una Colombia diferente y en paz, Esta, la paz, necesariamente, pasa por la economía, y la actual, o lo que se proyecta al inmediato futuro dista considerablemente de ser el camino necesario hacia la construcción de eso que hemos añorado y apostado como una paz estable y duradera.
Jaime Alberto Rendón Acevedo: Director Programa de Economía, Universidad de La Salle
Marzo 22 de 2017