Al momento este tema cobra relevancia ante dos situaciones que están en tensión: De una parte, en virtud de la aplicación del Acuerdo Final de Paz con las FARC el Estado y los gobiernos nacionales están obligados a disolver las “herencias paramilitares” y a las redes mafiosas asociadas, a la vez que creó la JEP y la Comisión de la Verdad que deben esclarecer las circunstancias en que han actuado los actores del conflicto bélico y de la violencia política asociada. Y, de otra parte, la inconsecuencia del actual gobierno de Iván Duque para implementar este acuerdo, de forma que no se procede a disolver estas estructuras irregulares y persisten las denuncias de relaciones entre militares-paramilitares-redes mafiosas, así como predomina en el gobierno y los entes de la fuerza pública la ausencia de reconocimientos sobre lo sucedido al respecto.
Avances en revelación de las relaciones de la fuerza pública con los paramilitares
Históricamente han sido principalmente las organizaciones de derechos humanos, internas e internacionales, quienes han documentado los nexos estructurales que han existido entre determinados entes estatales, de la fuerza pública y de los organismos de seguridad e inteligencia oficiales con las estructuras paramilitares. Situación que ha soportado en dispositivos legales, medidas administrativas y reglamentos de actuación de la fuerza pública en el conflicto bélico, que han justificado la conformación y estímulo de grupos de civiles armados adscritos o relacionados con la actuación contrainsurgente del Estado, es decir grupos paramilitares, a través de la fuerza pública y de los organismos de seguridad oficial.
“El marco legal (de los grupos paramilitares) se refiere al Decreto Legislativo No.3398 del 24 de diciembre de 1965 “por el cual se organiza la defensa nacional” y que fue adoptado como legislación permanente con la ley 48 de 1968 (…) el Estado avalaba la creación de los grupos de autodefensa en respuesta al incremento y expansión de las guerrillas…”[1].
Desde los años 60 hasta la actualidad este tipo de relación ha dado lugar en el marco de la contrainsurgencia a acciones entre entes de la fuerza pública y estructuras paramilitares que han revestido la forma de acciones encubiertas, de uso indebido en los años 70 de la Defensa Civil para este propósito desfigurando su carácter, y desde los años 80 se dimensionó la promoción de estructuras paramilitares mediante alianzas establecidas entre la fuerza pública, sectores de las élites del poder económico y político y sectores del narcotráfico. Con el desborde de la llamada “guerra sucia” que causó el exterminio de la UP, otras vertientes de izquierda y de gran parte del liderazgo sindical y de las organizaciones sociales del ámbito popular, registrado en un informe en 1986 de la Procuraduría General de la Nación que reconoció a más de un centenar de oficiales e integrantes de la fuerza pública comprometidos directamente con los grupos paramilitares.
En 1989 un informe del DAS reconoció que en la ola de masacres contra campesinos y obreros agrícolas desatada desde el año anterior entre Córdoba y Urabá había compromiso concertado entre militares, policías, ganaderos y empresarios bananeros y los paramilitares del Magdalena Medio y del grupo de los hermanos Castaño. Éstos informes y la continuación de masivas y graves violaciones cometidas por esta dinámica de alianzas contrainsurgentes y en beneficio de sectores de élites económicas y de economías ilegales, llevó al gobierno de Virgilio Barco a ilegalizar a los grupos paramilitares mediante los Decretos 815, 816 y 817 de 1989. Sin embargo, éstos decretos no fueron aplicados por éste ni por los gobiernos subsiguientes, de forma que las pocas medidas tomadas no estuvieron orientadas a cumplir con el propósito anunciado.
Por el contrario, el paramilitarismo se expandió en los años 90 con apoyo en el Decreto 356 de 1994 que creó las Convivir, entes legales de protección que de hecho sirvieron para establecer coordinación entre entes gubernamentales, la fuerza pública, grupos paramilitares y aportes y actuaciones a favor de éstos de sectores de élites empresariales y de ganaderos de distintas regiones. Este tipo de situación quedó al descubierto con meridiana claridad en numerosas revelaciones hechas por los mandos paramilitares acogidos a la Ley 975 de 2005, mediante versiones libres, versiones corroboradas por la justicia e incorporadas por numerosas de sus sentencias. Entre tales sentencias puede hacerse referencia a las de Edward Cobo, Salvatore Mancuso y Éver Veloza.
Si bien no todos los jefes paramilitares se sometieron a este procedimiento judicial transicional, ni todos los que se sometieron revelaron con suficiencia lo ocurrido al respecto, parte de ellos entregó valiosa información al respecto de los vínculos entre la fuerza pública y las agrupaciones paramilitares. No obstante, la compulsa de copias de este tipo de casos que fueron remitidas a la Fiscalía en lo fundamental quedaron en la impunidad, por cuanto los casos referidos no fueron investigados debidamente y en muchos de estos casos fueron archivados o luego de dos décadas siguen considerándose en fase de investigación no concluida[2].
Otro antecedente de importancia desde otro ente estatal lo constituye la contribución al esclarecimiento del fenómeno paramilitar proporcionado a través de los informes producidos por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y luego de forma numerosa por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 2008 y 2018, de forma que parte de ellos profundiza con relación a dinámicas del conflicto armado, sus actores y actuaciones, con importantes contribuciones sobre el paramilitarismo, sus relaciones, actuaciones, alianzas y nexos. Con ellos, situación especial se registró por parte de este Centro, al serle entregada la responsabilidad de aplicar la Ley 1424 de 2010, que implicó la recepción de testimonios de más de 16 mil exparamilitares, consiguiendo con ellos aportes hacia la revelación de la verdad asociada a tal fenómeno.
Así, el CNMH a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), que realizó esta labor, encontró al sistematizar esta masiva recepción de testimonios de exparamilitares que sus 39 estructuras identificadas, con relación a las que obraron a partir desde los años 80, todas habían tenido en su actuación relaciones directas con las entidades de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado. Se encontró, asimismo, que en el marco de tal tipo de relación se produjeron las dinámicas de violaciones a los derechos humanos masivas, sistemáticas y graves cometidas contra determinados sectores de la población en las distintas regiones del país.
“Después del cotejo de distintas fuentes secundarias, el análisis de las respuestas dadas por las personas integrantes de las estructuras (paramilitares) y de la limpieza y sistematización de las denominaciones existentes, la DAV identificó la existencia de 39 estructuras paramilitares que actuaron en la mayor parte del país. (…) se logró establecer que las estructuras paramilitares tuvieron relaciones con los integrantes de todas las instituciones (Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada) de la fuerza pública, como también del DAS. La zona norte del país y Antioquia fueron los lugares más mencionados de relaciones entre estructuras paramilitares y distintas unidades militares existentes. Las estaciones y batallones ubicados en zonas de alta influencia paramilitar fueron consecuentemente las más mencionadas…”[3].
Este ejercicio de esclarecimiento alcanzó a producir también informes particulares sobre el origen, estructuración, formas de actuación e impactos de las estructuras paramilitares en las regiones, los cuales detallan también información y análisis sobre los nexos entre fuerza pública y los paramilitares. Entre ellos, basta citar uno de ellos, para el caso puede aludirse al Bloque Calima de las AUC, el cual actuó en varios departamentos del centro y del suroccidente del país, con modus operandi significativo en lo referido a las alianzas entretejidas por el paramilitarismo en el sentido mencionado. Así, con base en centenares de hechos documentados, se infiere que la Policía en los ámbitos urbanos principalmente les facilitaba a los paramilitares listados sobre personas supuestamente relacionadas o colaboradoras de las guerrillas, para que fueran atacadas, a la vez que coparticipaba con frecuencia en ataques violentos de la mal llamada “limpieza social”, dirigida contra determinados sectores de pobladores. Entre tanto, las FFMM, principalmente en ámbito rural, cooperaba directamente en actuaciones con las estructuras paramilitares, de forma que se conjugaban acciones de información, inteligencia, apoyo logístico, señalamiento de supuestos colaboradores de las guerrillas para ser atacados y coparticipación en dinámicas de conflicto bélico.
“Prácticamente en todas las subregiones de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Huila, en ámbitos rurales y urbanos, hubo un denominador común que facilitó y promovió el accionar del Bloque Calima, el apoyo de la fuerza pública por acción o por omisión. A pesar de las diferencias de contexto, se identifican patrones similares de colaboración correspondientes con el nivel de dominio que el Bloque Calima ejerció en determinado territorio. Así, en escenarios en los que el grupo armado tuvo amplio control social, las relaciones con las autoridades de Policía se enfocaron en la colaboración para identificar guerrilleros y presuntos colaboradores y en el marco de acciones de exterminio social. En relación con instituciones como el Ejército Nacional o la Armada Nacional, la colaboración implicó incluso el desarrollo de operaciones conjuntas y la adjudicación de falsos logros militares a partir de las acciones realizadas por el grupo paramilitar”[4].
Revelación actual de nexos de altos mandos militares con redes narco-paramilitares
En la actualidad sucede otra situación en la cual se corre el velo del ocultamiento de los nexos y alianzas de altos mandos de la fuerza pública, en especial de las FFMM, con paramilitares y redes mafiosas violentas en distintas regiones del país. La recién reeditada revista Cambio reveló, el 11 de febrero de 2022, que el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional mantuvo una alianza con una estructura mafiosa en su confrontación hacia otras estructuras narco-paramilitares y en su beneficio, al igual que en beneficio de otros mandos e integrantes del Ejército en la zona.
Otros medios de prensa revelaron de forma subsiguiente sobre el caso el que una investigación de la Fiscalía estableció que una estructura narco-paramilitar en Nariño, la principal responsable de la economía del narcotráfico en la región, tenía fuertes nexos con una serie de militares que recibían una de las denominadas “nóminas paralelas”, desde tal estructura ilegal, por lo cual actuaban en su beneficio, desvirtuando su misión institucional. Según el expediente Matamba pagaba cuatrocientos millones de pesos mensuales a los altos mandos y a otros integrantes del Ejército en la región a su servicio.
“Exuniformados y oficiales en servicio, incluso de alto rango, protegían al mayor capo de Nariño”[5]. En efecto, la investigación de la Fiscalía con participación de la DEA descubrió que el capo del narcotráfico alias Matamba, capturado en proceso de extradición a EEUU, tenía en su nómina a militares y exmilitares que estaban al servicio de su empresa ilegal de narcotráfico. Según las revelaciones del expediente judicial un comandante de batallón recibía pago de 30 millones de pesos por proteger su red mafiosa y “golpear a su principal competidor”. “El asunto llegó al extremo de que en una acción el Ejército dio de baja y capturó a varios miembros del clan de “Matamba” y tanto los cuerpos como los detenidos le fueron devueltos al narco”[6].
En este caso Juan Larinson Castro alias Matamba obraba como capo, jefe, de la estructura mafiosa en Nariño denominada “Cordillera Sur”, que contaba con una estructura armada de unos 150 integrantes, la cual estaba asociada a la estructura narco-paramilitar llamada Clan del Golfo, para exportar cocaína por el Pacífico. Esta estructura mafiosa, a la vez entró en guerra con el ELN que tiene varios frentes guerrilleros en la región. Y a ella estaba asociado simultáneamente el excoronel del Ejército Robinson Gonzalez, condenado por “falsos positivos” y acogido ante la JEP. Asimismo, Matamba tenía nexos con el cartel “Jalisco Nueva Generación” para la exportación de cocaína. Entre tanto, en beneficio de este tipo de alianza el Ejército obró en beneficio de esta estructura mafiosa ligada al narco-paramilitarismo en lo relativo a golpear a su grupo competidor, la agrupación armada ilegal de Gonzalo Prado, exintegrante de las FARC asociado a una fracción disidente que se ligó al narcotráfico, quien resultó muerto en un enfrentamiento de su grupo con el ELN. También esta agrupación “Cordillera Sur” tenía a su servicio a quien encubrían con el alias de “el Padrino”, el excomandante de las FFMM, general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo.
Al respecto, el general Leonardo Alfonso Barrero según la investigación judicial divulgada por la prensa, habría maniobrado el personal militar y neutralizado las acciones de inteligencia, en beneficio de este red mafiosa: “En el organigrama de la red, el oficial aparece como “Padrino” y su labor se habría concentrado en dos aspectos: primero usar su influencia en el Ejército para lograr traslados de uniformados y poner en cargos clave a personas que ayudaran a garantizar la seguridad del narcotraficante. Y, segundo, presionar a los miembros de unidades de inteligencia en Bogotá y Nariño para que hicieran operaciones contra “Sábalo”, el mayor competidor y enemigo de “Matamba”. (…) Después de conseguir los traslados el general les decía a los uniformados la forma como debían “trabajar” en la zona a la que llegaban”[7].
Entre los acuerdos establecidos por militares y esta estructura mafiosa se llegó al caso de que “definían el sacrificio de hombres o pequeñas cantidades de droga para que los uniformados pudieran demostrar que sí estaban operando contra los narcotraficantes de la zona”[8]. Así, según la investigación el coronel Harry Leonardo Gómez le advirtió a este jefe de mafia que dejara un “lapicero con dotación” (fusil con munición), para simular un resultado de una supuesta persecución contra su grupo que no se realizaba. Se afirma que el mismo coronel le entregaba información a Matamba sobre los “sapos” en la brigada militar, es decir contra los militares que reportaban información a las autoridades respectivas sobre su estructura mafiosa, de forma que se comprometía a obrar contra ellos y sus actuaciones.
“Funcionó tan bien esa alianza, que, en menos de seis meses, entre 2019 y 2020, Matamba y sus hombres consiguieron el control total de los cultivos de hoja de coca, los laboratorios de producción y la comercialización de estupefacientes. No se movía una hoja entre Policarpa, Combitara, Leiva y Rosario, en la cordillera nariñense, que no supiera Matamba. De esta organización, (…) sería parte el general Barrero Gordillo, junto a otro conocido militar reseñado (…) por 48 ejecuciones extrajudiciales: el teniente coronel (r) Róbinson González del Río”[9].
Por su parte, el excoronel Robinson González del Río, tiene por lo menos cinco procesos con denuncias judiciales en su contra durante su ejercicio como militar, que incluyen una condena de 37 años por homicidios contra civiles reportados falsamente como “guerrilleros dados de baja”. Fue capturado en 2013 siendo comandante del Batallón Contraguerrilla No 57.
Además, en los años en que el exgeneral Leonardo Alfonso Barrero ya estaba fuera de servicio habría seguido actuando a favor de alias “Matamba”, siendo simultáneamente contratista del Estado. De esta forma, entre 2018 y 2021 firmó siete contratos por $620 millones, entre ellos irónicamente fungió como asesor para la protección de líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos y en temas de seguridad y justicia en coordinación con la fuerza pública[10]. “…mientras Barrero Gordillo era contratista del Estado y se le conferían asesorías para diseñar estrategias para salvaguardar a líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos o mejorar la seguridad de Cali, el exoficial, según la Fiscalía, le ayudaba a un grupo mafioso para que traficara drogas”[11].
Así lo denunciaron las organizaciones de derechos humanos, rechazaron la decisión del gobierno actual de designar al exgeneral Barrero en la acción de defensa de sectores victimizados y demandaron que se hicieron la investigación de lo sucedido:
“…el gobierno (de Iván Duque) puso al general (r) Barrero a coordinar el Plan de Acción Oportuna (PAO) del Ministerio del Interior. Ahora la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y otras organizaciones (de derechos humanos) piden que el gobierno asuma la responsabilidad de “sus actuaciones que han contribuido a la continuidad del genocidio del movimiento social”. Asimismo, solicitan crear una unidad especial para investigar las posibles alianzas entre miembros de las fuerzas armadas y grupos criminales”[12].
De manera paralela a esta situación, en Chocó se reiteran denuncias de connivencia entre la fuerza pública y grupos narco-paramilitares, en especial la incursión de las AGC o Clan del Golfo, sin que exista acción de la fuerza pública para impedirlo, la Iglesia Católica presente en la región, ha hecho valiente denuncia al respecto, haciendo eco a las denuncias de los pobladores indígenas, afros y campesinos al respecto.
“Monseñor Barreto, obispo de Quibdó junto con los de otras zonas del Pacífico, ha sido una de las voces más firmes al avalar dichos testimonios: “La gente denuncia en encuentros con nosotros, se lo dice a la ONU, se lo dice a la Defensoría; el Clan del Golfo se ha tomado los departamentos, (…) si hay cinco mil efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, ¿cómo es que ha llegado el Clan del Golfo? …”.
“Un funcionario, que prefiere no revelar su nombre y que ha investigado las denuncias, cuenta que ni él ni sus compañeros han visto el “hermanamiento” de los militares con las Agc, “pero uno deduce de las acciones, unos van adelante y otros van detrás”[13].
Queda así expuesta una grave situación de persistencia de nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las estructuras narco-paramilitares, que entrecruza acciones contrainsurgentes con complicidades e intereses en juego, de manera que si bien en distintos momentos históricos y en la actualidad se han revelado casos dicientes al respecto, los hechos han indicado que a diferencia del reiterado y desgastado argumento gubernamental y de los mandos militares y policiales de tratarse de “acciones aisladas y no institucionales”, se trata de nexos con implicaciones estructurales, permanencias significativas y compromisos complejos que comprometen estrategias, tácticas y planes operativos en curso. Se espera, por tanto, hacia la recuperación de la actuación idónea de estas instituciones, su consiguiente depuración, su reforma, la revelación de estas problemáticas y la actuación coherente frente a lo sucedido desde los órganos de justicia y desde los entes referidos de la justicia de transición instalada con el acuerdo de paz en implementación.
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[1] Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)-Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), Yo aporto a la verdad, acuerdos de contribución a la verdad y la memoria histórica, Mecanismo no judicial de contribución a la verdad, la memoria histórica y la reparación, Ley 1424/2010, Informe No.1, página 47.
[2] En las Audiencias colectivas de formulación de cargos para postulados del Bloque Calima y del Bloque Bananero, los fiscales que hicieron la exposición del tema de las relaciones de estas estructuras paramilitares con la fuerza pública afirmaron que la mayoría de los procesos de compulsa de copia por los presuntos vínculos con la fuerza pública se encontraban en etapa investigativa o se habían archivado los expedientes, de forma que manifestaban que se podía hablar de una red de apoyo desde la fuerza pública al paramilitarismo por omisión. Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, febrero 28 de 2014.
[3] Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia, hallazgos del mecanismo no judicial de contribución a la verdad, Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Bogotá, DC, 2019, páginas 182-184.
[4] Bloque Calima de las AUC, depredación paramilitar y narcotráfico en el suroccidente colombiano, Centro Nacional de Memoria Histórica-Dirección de Acuerdos de la Verdad, Informe No.2, Serie: Informes sobre el origen y actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones, Bogotá, DC, 2018, páginas 492-493.
[5] “La historia de los militares en la nómina de un narco”, El Tiempo, 20 de febrero de 2022, página 1.
[6] “La historia de los militares en la nómina de un narco”, El Tiempo, 20 de febrero de 2022, página 1.
[7] “El rastro que enreda al general Leonardo Barrero”, El Tiempo, 20 de febrero de 2022, página 1.4.
[8] “El escandaloso caso de corrupción militar que develó el teléfono de “Matamba””, El Tiempo, 20 de febrero de 2022, página 4.
[9] “Las sombras que persiguen al general (r) Leonardo Barrero Gordillo”, Juan David Laverde y redacción judicial, El Espectador, 20 de febrero de 2022, página 10.
[10] “Las sombras que persiguen al general (r) Leonardo Barrero Gordillo”, Juan David Laverde y redacción judicial, El Espectador, 20 de febrero de 2022, página 10.
[11] “Las sombras que persiguen al general (r) Leonardo Barrero Gordillo”, Juan David Laverde y redacción judicial, El Espectador, 20 de febrero de 2022, página 10.
[12] “Piden investigar nexos de fuerza pública con grupos criminales”, El Espectador, 20 de febrero de 2022, página 12.
[13] “Paramilitares avanzan en el sur del Chocó”, Camilo Alzate González, El Espectador, 24 de febrero de 2022, páginas 10-11.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.elcolombiano.com/
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