No se puede dejar que tome fuerza esa idea, muy apreciada por sectores guerreristas de la sociedad, que pregona que hay que terminar con esos procesos de paz, que eso no va para ninguna parte. Lo que no quiere decir que las cosas estén de maravilla y que no se requieren revisiones a fondo y/o ajustes o cambios dentro de la política de ‘Paz Total’ –recordemos que el proceso con el EMC de las Farc está por el momento en graves dificultades también-, como ya lo han sugerido algunas voces.
El hecho que nos ocupa, que esperamos concluya pronto con la liberación del secuestrado –ojalá el ELN no trate de convertir la liberación del señor Díaz en un acto de propaganda política, de ‘supuesta’ buena voluntad, lo cual sería persistir en su torpeza-, no sólo es relevante por la persona y la familia que involucra, sino porque el secuestro es un delito que genera gran rechazo en la sociedad colombiana y en la comunidad internacional, además de ser un delito considerado una grave violación de los Derechos Humanos, pero adicionalmente, porque sigue siendo un delito que afecta a muchos colombianos, sin renombre y que por consiguiente no tiene la trascendencia de este caso, pero que sigue siendo igual de grave.
Los Hechos
Cualquiera que conozca el ABC de cómo funcionan estos hechos dentro de un conflicto armado, sabe que eso no se da por ‘casualidad’, porque se los encontraron en una gasolinera. No. Estos caso y sin duda esta no es la excepción, conllevan una planeación, del mismo, un seguimiento de rutinas y una preparación para la realización y claro todo ello se produce en medio de un acuerdo de Cese del fuego, bilateral, nacional y transitorio (CFBNT). Allí ya es evidente la responsabilidad política de esta organización insurgente –no es solamente de una unidad que ejecutó el hecho-.
Todo indica que es la actividad investigativa de la Fuerza Pública en terreno la que permite identificar a los autores del secuestro y ante el conocimiento público y el rechazo que se origina de inmediato, nacional e internacionalmente, lo que lleva a esta insurgencia a aceptar que realizó el secuestro y a anunciar que lo van a liberar a la brevedad. Sin embargo, pareciera que hasta el momento no se han dado las condiciones de seguridad, según comunicado de los captores, para producir dicha liberación, que ojalá no se siga demorando –ya hubo decisiones de los mandos militares y policiales para facilitar esto-.
El impacto sobre la Mesa
Una vez liberado el señor Díaz, la Mesa de Conversaciones debe hacer una pausa de su desarrollo, para valorar el significado y el impacto que este secuestro produjo en la sociedad colombiana, en la comunidad internacional y en la política de ‘Paz Total’ y llegar a acuerdos que definitivamente eliminen la realización de estos hechos delictivos. Las dos delegaciones deben aclararle al país, de manera precisa cuál fue el compromiso que se acordó a propósito del tema del secuestro, teniendo en cuenta, por lo poco que se conoce, que el ELN aduce que es una de las fuentes de financiar sus unidades durante el CFBNT. Más temprano que tarde este tema del secuestro iba a ser un factor grave de perturbación dentro de este proceso y lo deseable es que a futuro esto no se vuelva a repetir.
Al respecto, hay que decir que desde hace varias décadas –por lo menos desde la reunión de Puerta del Cielo en Maguncia con sectores de la sociedad colombiana, el ELN planteó que no se comprometía a un cese del fuego sin resolver el problema de la financiación de sus unidades- este tema ha estado presente en las conversaciones con esta insurgencia y hay que precisar, con apoyo de la comunidad internacional las opciones para ayudar a resolver este tema, molesto seguramente, pero necesario si se quiere que esta insurgencia asuma claramente un compromiso de terminar con estos hechos.
Resumiendo de manera sencilla, en una fórmula conocida, se debe lograr un cese del fuego y de las hostilidades, que permita a las poblaciones de los territorios estar seguros que no van a ser afectados ni en su vida, ni en su movilidad, ni en sus posesiones y de esta forma se pueda estar seguro que haya apoyo y acompañamiento positivo al desarrollo del proceso de conversaciones y no simplemente un ‘apoyo’ acompañado de temor, miedo y desconfianza.
Pero esa ‘pausa’ de las conversaciones debería servir para hacer una revisión a fondo del esquema del proceso. Pareciera que del lado del gobierno hay la sensación que estimulando procesos amplios de participación de la sociedad –especialmente organizada-, eso se convertiría en una presión sobre el ELN y a favor de la terminación del proceso, en los términos clásicos y allí habría que dudar, por lo menos en parte.
Se ha dicho por fuentes cercanas al gobierno y a algunos analistas que una insurgencia como el ELN no es una amenaza a la seguridad del Estado –realmente ninguna de las insurgencias colombianas nunca lo fue tampoco, pero esa es otra discusión- y se señala que el problema hoy día es un problema de tipo económico y de control de territorio. Ello debería llevar a hacer una revisión general de los modelos de negociación del pasado y de otros contextos nacionales, que tenían como centro un esquema de este tipo: la conversión de un actor armado ilegal, previa dejación de sus armas en un protagonista dentro de la legalidad –con mecanismos de la denominada favorabilidad política- y acompañado esto de una agenda de reformas que dieran respuesta a demandas prioritarias de los pobladores de las regiones donde esa insurgencia tiene incidencia.
Del lado del ELN existen igualmente una serie de miradas que difieren de lo tradicional y a muchos les genera interrogantes sin resolver; por ejemplo, que no hay interés en la participación en el Congreso y seguramente en la institucionalidad en general. Por otra parte, hay una serie de aspectos que el ELN ha planteado o están implícitos en sus posiciones y eso nos puede llevar a una mirada realista, aunque difícil del asunto. El propio líder histórico, Gabino –Nicolás Rodríguez Bautista, hoy asesor de la delegación del ELN- ha dicho que el ELN no entregará sus armas y tampoco que se vayan a desmovilizar; y no hay por el momento, que se conozca, una respuesta del lado del gobierno a este punto ‘gordo’, sin duda. Pero igualmente es altamente probable que el ELN no acepte someterse a un modelo de justicia transicional como el de la JEP –en el que ellos no participaron en su diseño- y tampoco existen, que se sepa, respuestas a ese segundo y complejo tema. Para sólo señalar algunos de los temas difíciles de resolver para la culminación exitosa de este proceso de conversaciones.
No se trata de que se paralice todo el proceso hasta que se resuelvan esos temas, pero se podría, por ejemplo, crear unas comisiones o grupos de trabajo informal, para que comiencen a analizarlos y a proponer alternativas de solución, porque de otra manera es altamente probable que se llegue al final del actual gobierno y esos temas no tengan respuesta y termine el proceso enfrentándose a unas realidades muy complejas y eventualmente frustrantes.
Para concluir por ahora, podríamos decir que se trata de convertir este hecho condenable del secuestro de los padres de nuestro ídolo del futbol Lucho Díaz, en una oportunidad para hacer un pare, con un balance e introducir los ajustes que sean del caso, dentro de un proceso que sin duda es muy complejo e inédito.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular UN, Director Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UN, Investigador Emérito de Minciencias.
Foto tomada de: El Nuevo Siglo
Deja un comentario