La encrucijada de la política de seguridad y de paz
La política de paz y de seguridad del gobierno Petro todavía afronta importantes retos y está lejos de consolidarse. Por un lado, la voluntad de las organizaciones armadas ilegales en la Paz Total está en entredicho; se ha mostrado que los intereses de estas agrupaciones se encuentran en mayor medida articulados con el desarrollo de la economía ilegal (la cual ha generado redes para correlacionarse con la legal), que con la implementación de un proyecto político. Esto involucra desde organizaciones como el Clan del Golfo, pasando por las Disidencias de las Farc y concluyendo en el ELN; esta última todavía tiene visos de trasfondo políticos, pero se encuentran profundamente imbricados con la vía criminal.
Asimismo, la Paz Total maneja esquemas de negociación y sometimiento que se encuentran adaptados a realidades de organizaciones centralizadas y con un firme proceso de desmovilización. No obstante, este no es el caso de los actuales grupos colombianos, los cuales se encuentran atomizados, manejan diversos niveles de redes y tienen una amplia capacidad de transformación frente a las acciones que toma el Estado. De igual modo, su desarticulación es compleja, en la medida en que no hay una dependencia hacia las decisiones de una persona o conjunto de ellas en específico, sino que se toman a nivel territorial.
En la actual administración el fenómeno de la violencia tuvo un buen diagnóstico, pero que no ha logrado aterrizarse en acciones concretas que permitan que estas organizaciones sean incentivadas a la paz. Ejemplos como la violencia en el departamento del Cauca, las problemáticas en Buenaventura e incluso la delincuencia en Bogotá, hacen parte de un conjunto complejo de interrelaciones que se enmarcan en un entramado de estructuras de la ilegalidad que existen en el país.
La Paz Total debe verse como un esfuerzo destacable por parte de la administración Petro por conseguir una de sus banderas de gobierno. Sin embargo, es necesario delimitar su alcance y dejar claras las expectativas respecto al nombre que ha recibido; de otra manera, el gobierno afrontará la derrota de no haber conseguido este objetivo propuesto. El actual ejecutivo es una oportunidad histórica para que las organizaciones ilegales establecieran diálogos y pudieran dar un paso al costado en sus acciones violentas; sin embargo, esta no ha sido aprovechada, dejando tres años restantes de mandato en los cuales es improbable que se concrete esta perspectiva.
Por el otro lado, con la ambiciosa y anhelada Paz Total se encuentra la política de seguridad y defensa orientada por la Seguridad Humana, la cual ha intentado hacer ciertas correcciones en el sector y responder al momento histórico del país. Ésta, con el tiempo, ha mostrado las dificultades de pasar del campo conceptual a la práctica, dentro de las que se encuentran contextos complejos y múltiples que no responden de manera similar a las medidas que se implementan.
Asimismo, no se logra presentar una línea de acción clara que permita la comunicación entre ambas políticas, la cual haga un elemento de choque que articule las diferentes dinámicas para poder responder ante la criminalidad. Se desconocen las implicaciones de cada una de las políticas y el elemento de la fuerza no logra mostrarse de la manera disuasoria en que se esperaría.
Así, se tiene una política de seguridad y de paz que no se encuentra adaptada a las características sociales del país. Estas tienen unas importantes repercusiones teóricas, pero su impacto en la práctica se ha visto reducido. De igual modo, limitaciones históricas estructurales del Estado colombiano (presupuestales y burocráticas), también ponen un alcance determinado a los proyectos, el cual el gobierno debe reconocer y alinear las acciones que tomará en la materia.
Faltan líneas rojas y coordinación
La problemática de la seguridad atañe a los diversos niveles de la institucionalidad colombiana, dado que es un fenómeno que actúa en lo local, interactúa en lo regional y genera redes que exceden lo nacional. Cada una de las partes de la misma se ve involucrada en el proceso, por lo que es necesario generar respuestas conjuntas que permitan hacerle frente. No obstante, los gobernadores han dejado entrever que hay una desconexión entre el gobierno nacional, departamental y local, en dicho tema; por lo que no se genera una cohesión que permita responder a las dinámicas de la criminalidad.
En términos objetivos se encuentra que, a pesar de los diferentes esfuerzos que ha tenido el gobierno nacional por descentralizar la toma de decisiones en la temática, las resoluciones cruciales son tomadas desde el nivel central. Esto tiene repercusiones territoriales y lleva a que se generen fuertes dinámicas en torno a los poderes regionales. Asimismo, se fijan desconexiones entre las características propias del territorio y las formas que se plantean de solución en el nivel nacional.
Hay un desprendimiento respecto a las consecuencias diferenciales que se tienen en diversos territorios por la toma de una decisión en el ámbito nacional. Mientras que las organizaciones ilegales tienen la capacidad de adaptarse y responder a intereses segmentados, las instituciones del Estado (incluyendo la Fuerza Pública) no han tenido la misma respuesta conjunta. Asimismo, la imbricación del fenómeno de la ilegalidad es tan compleja que una acción que se tome en un territorio puede impactar a otro, y viceversa: por lo que es fundamental reconocer esas reacciones que se pueden dar a partir de las acciones del Estado y mitigarlas.
En este punto el gobierno nacional se ha encontrado con que las líneas rojas que se plantean en el nivel central son diferentes a las que se tienen en el ejecutivo departamental. Esta diferencia fue la que llevó a que se presentara una discusión entre el presidente y los gobernadores, teniendo el hecho de que estos últimos no se sentían acogidos por la toma de decisiones de Petro en seguridad. De esta manera, se refleja la tensión entre una política nacional que tiene un proyecto y pretende llegar a la paz bajo lineamientos específicos, en contraposición a las realidades que se presentan a nivel territorial y a las dificultades (reacciones) que genera la criminalidad en las regiones.
Hasta el momento, la respuesta de la administración de Gustavo Petro ha sido responder de manera focalizada cuando ocurre una problemática a nivel regional, convocando Consejos de Seguridad, y dando como resultado un aumento momentáneo del pie de fuerza. No se están generando dinámicas que permitan dar resultados diferentes al manejo coyuntural del territorio y se ha querido desconocer el impacto que tiene el tomar decisiones bajo una nueva bandera de la política de seguridad.
Las elecciones regionales y la seguridad
Las elecciones regionales y la seguridad en el país es un proceso que se encuentra profundamente imbricado, generando dos circunstancias: Primero, la seguridad con la que van a contar las personas al momento de ejercer su derecho en diferentes zonas del país, en las cuales pueden ser coaccionadas por la presencia de diferentes organizaciones ilegales a tomar o no una decisión en los comicios. Segundo, el uso por parte de diferentes grupos políticos de esta bandera (la seguridad), lo cual lleva a que se asuman determinadas posiciones de interrelación al fenómeno.
En cuanto a la primera, Naciones Unidas, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han dado la alerta de que las elecciones a llevarse a cabo el 29 de octubre se encuentran en peligro debido a la alta presencia y capacidad de las organizaciones ilegales para poder influir en el proceso. De esta manera, la violencia puede ser utilizada como herramienta en aproximadamente 380 municipios que tienen un riesgo electoral alto o extremo.
Esto se compagina con el hecho de que aun no existe un plan por parte del gobierno nacional que pretenda resolver dicha problemática; por el contrario, la respuesta no ha llegado disminuyendo la capacidad oportuna de influir en el fenómeno. Incluso, desde algunos sectores políticos se ha planteado la necesidad de suspender las elecciones en localidades específicas del país de no tener un plan de choque contra este tipo de organizaciones en la jornada.
Una de las obligaciones del ejecutivo nacional es garantizar las condiciones para la democracia. No obstante, sí se presenta un rezago en la actual administración al momento de tomar acciones que no sean coyunturales en la seguridad, por lo que, en el caso de las elecciones por venir, es importante que el gobierno Petro no direccione el timón días antes de los comicios (lo cual puede ser arriesgado para la elección), sino que vire y tome decisiones desde la actualidad para dar garantías al proceso.
En cuanto a la segunda, la situación de seguridad se ha vuelto uno de los temas de discusión nacional, teniendo varias repercusiones en el campo electoral: Uno, cuando este campo toma especial relevancia pasan a un segundo punto en la agenda temáticas sociales como salud, educación, vivienda, entre otros. Las personas van a buscar en primer momento su supervivencia y la tenencia de sus propiedades para poder atender al resto de demandas básicas. Dos, a pesar de que la temática no debe ser considerada de derecha o de izquierda, sí hay en el pensamiento colectivo un imaginario de una mayor experiencia de la primera en detrimento de la segunda en dichos temas, por lo que se direcciona, con o sin intención, el voto.
De esta manera, el llamado por parte de los gobernadores en la seguridad tiene dos aristas; una desde los funcionarios públicos y otra de poner en visibilidad estos temas como una responsabilidad del gobierno nacional; por lo que se genera cierto impacto que debe ser reconocido al interior de la contienda en favor de candidatos del territorio, se desprenden de las responsabilidades propias de su gestión en la materia antes de los comisiones y a la vez se presenta un llamado a la articulación de la institucionalidad.
Conclusión: Desarticulación y política
La política de seguridad y de paz del nuevo gobierno tienen repercusiones en el orden territorial que es necesario reconocer, dado que el cambio no solo trajo aspectos positivos, sino que también genera reacciones negativas, especialmente por parte de los grupos armados ilegales. De esta manera, se debe generar una articulación entre el nivel central y los territorios para que no se sobrepasen las líneas rojas a nivel departamental, hacer procesos conjuntos y generar respuestas articuladas al fenómeno.
Asimismo, se debe reconocer que el tema de la seguridad va a ser uno de los preponderantes en lo electoral y que hay pronunciamientos por parte de los gobernadores que impactan de manera directa el proceso. No se deben desconocer las repercusiones políticas que va a tener este fenómeno, los intereses que hay detrás y las razones políticas del mismo.
De igual manera, en cuanto al deterioro que se presenta en la seguridad del país no hay un acto de responsabilidad por parte de ningún mandatario, se presenta un desgaste de la articulación al interior del ejecutivo y no hay una propuesta real de solución del fenómeno. Hay señalamientos, se apuntan responsabilidades, pero no ha habido un compromiso con las dinámicas de la criminalidad y la violencia que hay en los territorios. La seguridad debe ser tratado como un tema vital para todas las administraciones, reconocer las dificultades por las que se atraviesa y empezar con el diseño propositivo de acciones que permitan mejorar las condiciones actuales.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: Gobernación del Quindío
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