Tras cuatro años de diálogos en La Habana, Cuba, y de una fase exploratoria en Oslo, Noruega, el 24 de noviembre de 2016, se firmó en el Teatro Colón de Bogotá, el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”; con el cual se ponía punto final a uno de los conflictos internos armados más antiguos del mundo. Han trascurrido siete años, en los que el proceso chocó con un gobierno (2018-2022) que se propuso hacer trizas el Acuerdo y se negó a ofrecer garantías de seguridad a los desmovilizados. Aun hoy día su implementación sigue siendo tan lenta como la reparación de todas las víctimas. Hacen falta claridad sobre el presupuesto y compromiso institucional, asunto esencial para el avance en otros procesos de negociación política.
En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá se presentó un balance completo sobre los aciertos y fracasos en la implementación del Acuerdo, con la presencia del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, Rodrigo Londoño: ex comandante de las FARC-EP, Humberto de la Calle: exjefe negociador de la Paz, Carlos Ruiz Massieu: jefe de la Misión de Verificación de la ONU, la alcaldesa Claudia López y Leyner Palacios, líder social sobreviviente de la masacre de Bojayá, entre otros invitados. La ausencia del presidente Gustavo Petro fue duramente criticada. No sólo porque se había comprometido a estar presente, también porque la búsqueda de la paz total ha sido una de las principales banderas de este gobierno y el acuerdo suscrito con las FARC a nombre del Estado colombiano, en La Habana, Cuba, es el acontecimiento político más importante del presente siglo en el país, y tal vez en el continente. Es un hito histórico que puso fin a más de cinco décadas de guerra con las FARC. El Acuerdo de paz de 2016 partió la historia de Colombia, cambió la agenda pública nacional, impulso nuevas dinámicas en los territorios, dividió la clase política tradicional, llevó al país a un período de post acuerdo (pese a la persistencia de conflictos armados focalizados y diversas formas de violencia), logró sintonizar a buena parte de la nación con el ideal de construir una paz real, una paz posible y redujo ostensiblemente varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado, entre otros muchos logros. Sin ese Acuerdo hoy no hablaríamos de la Paz Total.
Luego del paso, con más pena que gloria, de un gobierno guerrerista y arrogante, que se propuso sabotear el Acuerdo, desvirtuarlo, manipularlo y minimizarlo, incluso a través de una propuesta de traición a lo firmado llamada “paz con legalidad”, la llegada de un mandatario de izquierda, comprometido con la paz, la justicia social y el desarrollo en los territorios, significó la posibilidad de priorizar la implementación del Acuerdo de Paz, avanzar en la pacificación territorial, asumir la importancia de fortalecer el sistema de justicia transicional y la nueva institucionalidad (incluyendo la circunscripciones especiales para la paz) y brindar garantías de seguridad para el ejercicio político, el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción del tejido social, en especial en la Colombia rural y en los sectores marginados de las grandes urbes. Pero esto se ha logrado parcialmente.
El gobierno del cambio no sólo tiene el deber de disponer de todos los recursos y dispositivos estatales que se requieran para frenar el sistemático asesinato de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, debe generar un clima de confianza para que los procesos en curso puedan avanzar con seguridad y legitimidad política hacía su éxito. Según el registro de la organización Indepaz, en lo que va de 2023 han sido asesinados 151 líderes sociales y defensores de DDHH y 33 desmovilizados de la guerrilla de las FARC[1].
El Informe “Situación de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz” presentado en febrero de 2023 por Indepaz afirma haber constatado “la persistencia de la violencia sistemática en contra de personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil, problemática que se hace extensiva a sus familiares, comunidades y organizaciones”[2]. Pese al cambio de agenda de gobierno, esta forma de violencia focalizada se mantiene en el país.
Durante el evento de conmemoración de los 7 años, Juan Manuel Santos afirmó que implementación del proceso de paz con las FARC es fundamental y necesaria, para que cualquiera otra paz pueda prosperar. “Si no se implementa, cualquier otro intento de paz se muere”.
Colombia necesita avances en materia de paz, no retrocesos. Y volver a hablar de las FARC -EP como se están llamando a las disidencias, es una manera de desconocer lo logrado y dar marcha atrás, como dice Santos. “El peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, como el Estado Mayor de las FARC-EP”, porque este grupo armado, bajo ese nombre, dejó de existir luego del acuerdo de Paz.
La implementación se refiere tanto al cumplimiento de los seis puntos suscritos, (reforma rural integral, participación política, fin al conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, derechos de las víctimas y verificación), como al deber del Estado de garantizar seguridad integral en los territorios y promover las reformas estructurales necesarias para la reconstrucción social, la transformación política y la búsqueda de la paz. El profesor Marc Chernick se refería a las etapas que comprenden la búsqueda de la paz, y señalaba la importancia de lograr “la capacitación del Estado en las áreas de reforma económica, funciones de seguridad y policía, planificación estatal y el establecimiento del Estado de derecho mediante el funcionamiento de la justicia”[3].
La solución negociada con un grupo alzado en armas, además de reducir la violencia, proteger a la población civil (el 90% de las muertes relacionadas con la guerra son de civiles, no de combatientes), poner fin a la estructura armada que disputa el monopolio de las armas, tiene como objetivo la convivencia, la justicia social y una paz real (que no es ausencia de conflicto) a través del diseño de reformas democráticas que permitan lograr una sociedad más justa, participativa e incluyente, donde la acción armada no vuelva a ser jamás una opción política legitimada en las múltiples violencias del Estado.
“La gestión de la paz en Colombia es un proceso continuo el cual involucra a múltiples sectores entre los que están el político, social y económico. La relación entre los líderes políticos y su participación en actos que refuerzan los acuerdos alcanzados o abogan por su implementación efectiva es de interés público, y las expectativas están puestas en la cooperación entre las distintas administraciones para lograr una paz duradera”[4].
El “ambicioso e integral”, acuerdo, como lo definió Santos, sigue lento en su implementación, y aún enfrenta varios desafíos.
“Según el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE. UU.), al que las partes le encargaron una vigilancia independiente, a junio de 2023 de los 578 compromisos contenidos en el acuerdo, el 13 % se encuentran sin iniciar; el 36 % en estado mínimo, el 20 % en estado intermedio y el 31 % se han completado. Desde la firma, que supuso un desarme muy rápido de unos 13.000 hombres y mujeres, han sido asesinados 406 exguerrilleros, y la reconfiguración del conflicto ha traído un aumento de masacres y el asesinato de 1.015 defensores de derechos humanos, según la organización Somos Defensores. […] El año pasado, en cuatro meses del Gobierno de Petro, solo se avanzó, según Santos, el 1 % en la implementación, y el expresidente también criticó que de momento “no hay estructura” ni “presupuesto” en el Gobierno para aterrizar la paz”[5], lo cual no es totalmente cierto.
Desafíos en el gobierno Petro para la implementación
Entre las principales dificultades y retos que hoy enfrenta el país para el logro de la paz y la materialización del Acuerdo de La Habana, se destacan algunos hechos relacionados con los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición, el manejo de la mueva institucionalidad, seguridad para los firmantes, líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos, enfoque de género y participación política.
- Reparación integral a las víctimas del conflicto
Santos, afirmó en el evento de conmemoración que “a la fecha se han reparado 1.400 víctimas de 9 millones de personas registradas que esperan una reparación, tras haber sufrido el flagelo del conflicto armado por décadas en distintas zonas del país”[6].
La indemnización a las víctimas avanza a paso lento, pero avanza. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, a junio de 2023, 1.357.328 personas habían sido indemnizadas. Entre julio y agosto de 2023, el gobierno hizo un esfuerzo por acelerar la entrega de indemnizaciones, beneficiando a cerca de 40.000 víctimas. A junio de 2023, 1.357.328 víctimas han sido indemnizadas. Esto representa el 17,9% de personas sujetas de atención. Sin embargo, al ritmo que va la restitución de tierras a familias campesinas despojadas por grupos paramilitares, políticos y otros grupos armados, devolverlas en su totalidad tomaría más de 139 años, aunque hoy se plantea desde el congreso una alternativa para lograr una mayor eficacia.
El proceso administrativo, judicial y de post fallo que se exige en la actualidad podría ser modificado cuando no exista contraparte en el reclamo de la tierra, según la propuesta del congresista Alejandro Toro, quien asegura que el proyecto busca agilizar la restitución, dando funciones específicas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Giovani Yule, director de la Unidad reconoce que en 12 años de existencia sólo se ha restituido el 5% de todo el despojo universal. Y el director de la Agencia de Tierras, Gerardo Vega, condena la excesiva demora en los trámites. “Las familias campesinas mueren esperando que les devuelvan la tierra [que les fue despojada] hace 15, 20 años, en un proceso que hoy puede tardar seis años. […] cuando no hay quien se oponga a que se le entregue la tierra a una víctima para que llevarlo ante un juez”. Hoy en Colombia están en proceso judicial 8 millones 300 mil hectáreas sin restituir[7].
Aunque este proyecto de ley cuenta con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico, también enfrenta poderosos detractores, muchos de ellos ligados al despojo de tierras.
- Seguridad integral y garantías para los firmantes y líderes sociales
El Acuerdo de paz propuso la creación de una comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política. Sin embargo, la tarea de desarticular las estructurales criminales que actúan en connivencia con sectores políticos, empresariales y militares, para instigar, acosar, perseguir y asesinar desmovilizados de la guerrilla, líderes de restitución de tierras, defensores de derechos humanos, ambientalistas y dirigentes cívicos y campesinos, no ha arrojado los resultados esperados sobre autorías mediatas e intelectuales ni respecto a la desarticulación del andamiaje de poder que facilita su accionar criminal.
Además de medidas efectivas de seguridad, es imperativo acompañar los procesos individuales de reinserción, apoyar los proyectos productivos de las familias que firmaron acuerdos de sustitución, y garantizar mediante acciones públicas y estrategias corporativas, su sostenibilidad. Un ejemplo exitoso que debería ser emulado es la Cooperativa Economías Sociales del Común (Ecomun). “Somos más de 13.000 exguerrilleros, hombres y mujeres en proceso de reincorporación, que a la fecha hemos constituido más de 120 formas asociativas, agrupando a más de 7.000 asociados. Hasta el momento existen más de 260 emprendimientos a nivel nacional, fruto de la iniciativa y esfuerzo propio de nuestros colectivos en los territorios”, afirman[8].
Garantizar la convivencia y la tolerancia, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad, fue otro compromiso adquirido. “En un escenario de fin del conflicto, todos y todas, incluidas las partes de este Acuerdo, deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto y dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, y generar las condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente”[9]. Sin embargo, sectores sociales del país, reconocidos medios de comunicación y dirigencia política que no comparte el acuerdo de paz, insisten en utilizar un lenguaje guerrerista y peyorativo, y en estimular los crímenes de odio. Hace falta una pedagogía integral para la paz.
- Participación de las mujeres y enfoque de género
Un elemento fundamental, novedoso y llamativo en el acuerdo de La Habana, fue haber incorporado un enfoque de género transversal a los seis puntos de la agenda, como respuesta y reconocimiento a los casos de mujeres, niñas y población LGBITQ+ que han sido víctimas de reclutamiento forzado, abuso sexual, esclavitud, feminicidios y diferentes violencias basadas en género. Sin embargo, la deuda histórica en esta materia persiste en el marco de la implementación.
El informe “Mujeres enrutadas en la implementación del Acuerdo de Paz”, de la Ruta Pacífica de Mujeres señala algunas preocupaciones sobre enfoque de género en cada uno de los puntos del pacto. Llama la atención la situación humanitaria que prevalece en varias regiones del país. “Es crucial abordar estas desigualdades históricas y violencias que han enfrentado las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes para avanzar hacia una paz sostenible e inclusiva”. Desde el inicio de la implementación del Acuerdo se han entregado y formalizado poco más de 464 mil hectáreas, de las cuales 109.627,53 fueron entregadas a mujeres. “En las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se aprobaron en 2022 98 proyectos productivos, de los cuales apenas 28 han sido clasificados bajo la categoría de ‘Mujer rural y género’.
De acuerdo con este estudio, respecto a la titularidad de la tierra, las brechas de género son más evidentes para las mujeres que habitan en las zonas rurales. El documento indica que el 63,7% de los predios de único propietario tienen a un hombre como titular, mientras que el restante 36,3% tiene a una mujer como titular. En eso influye el acceso a las líneas de crédito. De 271 personas naturales con acceso a esas líneas en 2022, solo 81 eran mujeres”[10].
Sobre participación política de las mujeres se advierte la existencia de algunas barreras sociales “como consecuencia de profundas discriminaciones y desigualdades, así como de condiciones estructurales de exclusión y subordinación”, sostiene el documento. De las 16 curules para las víctimas, sólo fueron elegidas tres mujeres.
- Transparencia en la ejecución de recursos de la PAZ
El gobierno tiene el deber de rendir cuentas sobre la ejecución del presupuesto para la paz a fin de garantizar confianza y transparencia. El escándalo de corrupción de 2022 protagonizado por los Órganos Colegiados de Administración (OCAD), por cuenta del pago de “coimas” a funcionarios de la Contraloría, al director del Sistema General de Regalías, y a varios congresistas, más el anterior escándalo de 2020 protagonizado por Marlon Marín, sobrino de Alías Iván Márquez, quien hacía parte de una banda de intermediarios que cobraba entre el 20 y el 30% de sobornos para quedarse con contratos de proyectos productivos del posconflicto, exige la creación de un sistema de control y vigilancia en línea y de verificación pública que blinde los recursos de la paz y evite que sean empleados para fines distintos.
La ejecución de programas y recursos en los municipios con mayores vulnerabilidades debe estar en el centro de las acciones para lograr verdaderas transformaciones y no dispersar recursos”[11], sugirió la organización Ideas para la Paz.
Si bien, el Gobierno Nacional avanzó en el diseño de nuevas políticas para asignar recursos de las regalías a los municipios más golpeados por el conflicto armado en Colombia, y amplió el rubro en el PND, aun existen dudas sobre la asignación efectiva de los recursos. Hace menos de una semana, una congresista del partido Cambio Radical afirmó a la prensa que no se ejecutó el presupuesto asignado para la implementación de la paz en 2023. “Hay 1,2 billones de pesos que están destinados para la implementación de la paz. ¿Sabes ustedes, señores representantes, cuánto se ha ejecutado de estos recursos? El cero por ciento”, manifestó la congresista”[12].
- Institucionalidad para la paz
La reforma del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), eliminó la Alta Consejería presidencial, creada por el gobierno Santos, y propuso una unidad en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para liderar la implementación. “Es decir, le bajó el nivel al cargo y no le dio todos los mecanismos institucionales a su directora, Gloria Cuartas, para poner a andar con velocidad el motor de la implementación. “Lo que hemos solicitado al gobierno, y así se comprometió el presidente hace ocho meses, es crear nuevamente esa consejería y nombrar una persona que se ponga al frente de esas tareas de la implementación. Seguimos pendiente de que el presidente haga ese anuncio”, le dijo a La Silla el senador Julián Gallo, exnegociador de las Farc en La Habana y ahora uno de los líderes del partido Comunes que salió de esa guerrilla”[13].
Hace dos meses, Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo con las Farc, renunció a su cargo, manifestado su profundo descontento, la falta de políticas de inclusión para la participación efectiva y la necesidad de alcanzar una sincronía en el concepto de paz territorial. “Renuncio por respeto conmigo. Soy una mujer que tengo experiencia, conocimiento, historia de trabajo en este país. Entonces si todavía esperan en la consejería que llegue otro ser superior para que pueda manejar el tema”[14]. Aún no es claro si el presidente aceptó su renuncia y planea revivir la antigua Consejería de Paz.
Avances en el gobierno Petro
Más allá de las dificultades que arrastra la implementación del Acuerdo y las derivadas de diferentes intentos de diálogo y acercamiento con grupos alzados en armas y bandas criminales, durante el actual gobierno se han logrado algunos avances significativos en el cumplimiento del Acuerdo de La Habana.
- Una Reforma Integral posible (Punto 1 del Acuerdo de paz: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral)
Además de avances tangibles en la titulación, formalización y distribución de tierras campesinas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) asignó 50 billones de pesos para la implementación de la paz durante los siguientes cuatro años; lo que equivale a 13,4 billones más que durante el gobierno Duque. De estos recursos el 82% está destinado para la implementación de la reforma rural, es decir 41,6 billones, según la Unidad para la Implementación.
“La prioridad que le ha dado el gobierno Petro a este punto es evidente. Múltiples informes en el último año resaltan el impulso que se le ha dado a la titulación de tierras desde la Agencia Nacional de Tierra, a pesar de la discrepancia interna sobre la cifra. De acuerdo con la cifra más reciente del gobierno, se han comprado 44.145 hectáreas de tierra y formalizado 450.000 hectáreas a campesinos, indígenas, comunidades negras, población víctima[15]”.
La entrega de tierras en propiedad en varias regiones del país, demuestran que la implementación del primer punto del acuerdo está avanzando. “Es el caso de la zona céntrica, en donde se resalta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, quien expidió la primera sentencia de restitución de tierras para comunidades indígenas en el departamento del Tolima, la cual beneficiará a por lo menos 230 personas que conforman 76 familias de la comunidad indígena La Sortija.
Con respecto a los avances en materia de tierras en la región occidental y sur del país, el informe de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para el Valle del Cauca, detalla que se han restituido 10.576 hectáreas y se han beneficiado 2.275 personas en el departamento. También benefició a comunidades indígenas y afro con 65.558 hectáreas restituidas, favoreciendo a 7.882 personas”[16].
Durante el evento de conmemoración, el exjefe negociador, Humberto de la Calle insistió en la necesidad de que las tierras compradas para la reforma rural entren al Fondo de Tierras. “Toca con urgencia para priorizar el fondo, porque tiene un sentido y no se puede quedar inmóvil”.
- Participación política y sostenibilidad (Punto 2 Participación Política: apertura democrática para construir la paz)
El acuerdo estableció que los excombatientes reinsertados contarían con todas las garantías para hacer el tránsito hacia la participación en política, y podrían medirse en votos, a partir de un tercer periodo legislativo. Convertido en un movimiento político, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) -que luego pasó a llamarse Comunes- tendría cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara durante dos períodos. El último período empezó en 2022 y terminará en 2026.
En las elecciones departamentales y municipales del 29 de octubre pasado, este partido presentó 144 candidatos, 43 más que en las elecciones de 2019. Sin embargo, se registraron ataques y amenazas contra excombatientes que querían participar en las elecciones y por ello la ONU exigió redoblar esfuerzos institucionales para garantizar su participación. También solicitó un plan efectivo que facilite, procure, estimule y acompañe la participación política de las mujeres excombatientes en política. Sólo así, con plenas garantías de participación, será posible avanzar en procesos electorales cada vez más pacíficos, transparentes y participativos.
La participación política, no sólo se da en el marco electoral, como lo recuerda, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) cuando afirma que el ejercicio de la política entre los ex-FARC no depende necesariamente de un partido político. “Por eso la reincorporación, al haber estado focalizada en los espacios territoriales (también conocidos como ETCR), empezaron a formar liderazgos comunitarios y políticos, algunos de los cuales van a participar vía Comunes u otros partidos en estas elecciones. Con eso se fortaleció esa reincorporación política y seguramente se puede seguir y consolidar su proceso político comunitario”, explicó a El Espectador[17].
Aunque la participación política de mujeres excombatientes presenta obstáculos, también cuenta con avances, como la reactivación de la Alta Instancia de Género de Gobierno y la adopción de medidas de género en el Plan Marco de Implementación, que orienta las políticas públicas para el cumplimiento del Acuerdo Final.
Sobre reubicación de los desmovilizados sus familias, cabe destacar que la mitad de los 24 antiguos ETCR están ubicados en tierras adquiridas por el Gobierno. Para la ONU la estrategia de sostenibilidad aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) para los proyectos productivos colectivos, y haber agilizado los procedimientos y recursos para la compra de tierras destinadas a excombatientes, a fin de emprender allí sus proyectos productivos, es un avance importante.
El informe de la ONU “reconoce la ampliación de la atención para incluir a los excombatientes dentro y fuera de los AETCR. A la fecha, 10.564 excombatientes en total (2.575 mujeres) adelantan sus procesos de reincorporación individual y colectiva fuera de los AETCR, en 605 municipios y 75 áreas de reincorporación colectiva. Hasta el momento, el 77% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos, 62% de ellos individuales. El porcentaje de mujeres excombatientes que participan en proyectos productivos es del 86%”[18].
- Justicia de la mano de la paz (Punto 3. Fin del conflicto)
El respaldo del gobierno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la labor que viene realizando en el marco de una justicia restaurativa que investiga, adelanta procesos y escucha testimonios, tanto de las víctimas como de victimarios, ha contribuido a una mayor comprensión del conflicto y sus causas, y a la creación de espacios públicos para el duelo individual y colectivo, la reflexión histórica y el acompañamiento y reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho.
La ONU destaca los avances de la justicia transicional en varios macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y menciona avances en la preparación del Estado para proveer las condiciones para la implementación de sanciones propias, lo que contribuye a brindar justicia, verdad y garantías de no repetición a las víctimas. Otro punto a destacar es la denodada labor realizada por la Comisión de la Verdad. Su riguroso informe final documenta de manera oficial crímenes cometidos a lo largo del conflicto, las complicidades y las fallas estructurales del Estado para contener la violencia y proteger a la población civil. Su difusión ha sido “política de Estado”.
- Estrategia para una política antidrogas (Punto 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas)
En el Acuerdo de Paz se reconoce el imperativo de garantizar un “tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública, diferenciado y de género”[19].
De hecho, durante campaña y a lo largo de su carrera pública, el presidente Petro siempre se ha manifestado contrario al tratamiento represivo y prohibicionista. El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se ha planteado a la vez como una herramienta de apoyo y acompañamiento a las comunidades cultivadoras. En el Acuerdo de Paz se aseguró la inserción de casi 200.000 familias en la Reforma Rural Integral, y en el Plan de Desarrollo el Gobierno se propuso ampliar el PNIS con “programas de reconversión productiva e industrialización colectiva”, lo cual estaría en curso.
Una las herramientas iniciales de trabajo territorial del gobierno es el dialogo vinculante. A la fecha se han realizado más de 30 encuentros con diferentes comunidades a fin de construir de manera colectiva una nueva política de drogas y un mejor modelo de sustitución, que no implique un detrimento en la ya de por si baja calidad de vida de las familias vinculadas. El país espera conocer el llamado nuevo “modelo de sustitución de economías ilegalizadas” y el nombre del responsable de liderar esta política, prioritaria para el Gobierno Nacional. No bastan los logros en operaciones de interdicción y erradicación en el ministerio de Defensa; hace falta conocer los aciertos de una nueva estrategia: “Petro tiene claro que la clave para reducir la dependencia a los cultivos de uso ilícito está en ganar legitimidad en las comunidades y en impulsar el desarrollo económico y la paz. La política frente a los cultivos ilícitos puede contribuir a estos propósitos si existe una estrategia y un liderazgo político manifiesto que sea capaz de hacerla cumplir. De lo contrario, la política de drogas, como ha pasado en otros gobiernos, será irrelevante”[20].
- Identificación y búsqueda de personas desaparecidas (Punto 5 del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto
Las entidades creadas en el marco del Acuerdo han logrado avances en materia de reparación colectiva, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “A mayo de 2023 había recibido 22.211 solicitudes de búsqueda y determinado un universo preliminar de 103.955 personas dadas por desaparecidas. Se recuperaron 811 cuerpos, que se suman a los 289 recuperados por otras entidades. En el ámbito legal, la JEP adelanta investigaciones de macro casos que favorecen la reparación efectiva de las víctimas”[21].
La UBPD resalta el trabajo en Antioquia, donde se registra el 23% de las desapariciones en el país, es decir 24.748 personas. En este departamento se cuenta con 7 Planes Regionales de Búsqueda (PRB): Oriente antioqueño, Centro de Antioquia, Eje Bananero, Sur de Urabá, Bajo Atrato, Norte de Urabá, y Darién Chocoano. Se han realizado más de 400 muestras de ADN, y recuperado 70 cuerpos en cementerios y a campo abierto (más de 38 personas no identificadas en el cementerio de Cocorná). De seguir a este ritmo, para el próximo diciembre se habrán recuperado más de 100 cuerpos. Para la UBPD ha sido muy importante haber logrado tres reencuentros de personas halladas con vida y once entregas dignas de despojos mortales a sus familias.
- Aprobación de un Plan de Desarrollo para la paz
En mayo de 2023, el Congreso de la República aprobó el Plan de Desarrollo propuesto por el presidente Gustavo Petro, el cual marca la hoja de ruta del gobierno y propone cambios profundos en temas relacionados con el Acuerdo de Paz y con la política de Paz Total.
El nuevo Plan incluyó más recursos para la paz y para las víctimas del conflicto. “Lo que más se destaca es que los recursos comprometidos en esta materia pasaron de 43,5 billones (gobierno Duque) a 50,4 billones, lo que supone un aumento del 16%”. La financiación de proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz quedó en el artículo 7, pero su cumplimiento quedará en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz”[22].
Los montos destinados para las entidades clave en la implementación, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas, entre otras, aumentaron bajo este gobierno, pero su ejecución es baja.
En el informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó los avances de la justicia transicional en varios macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), (que cuenta con importantes recursos) y mencionó la importancia de la preparación del Estado para generar las condiciones que permitan la aplicación de sanciones propias. La cooperación entre la JEP y otras entidades del gobierno y el Estado es fundamental, “así como del compromiso de los comparecientes de cumplir con sus obligaciones”[23].
El Gobierno Nacional hoy tiene el deber de escribir otra historia, y para ello debe fortalecer el marco institucional de la paz, ejecutar el presupuesto y sentar las bases sociales y políticas de una profunda transformación, capaz de abrir camino hacia nuevas lógicas y liderazgos. Y la sociedad tienen el deber de vigilar y acompañar la implementación del acuerdo, insistir en la salida política de otros largos y degradados conflictos, y oponerse desde la acción y el verbo, a toda forma de violencia.
“Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que clarificar…”.
Gabriel García Márquez. Por un país al alcance de los niños (Villegas Editores, 1996)
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[1] Ver informe regular completo en “Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en 2023”: https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/
[2] INDEPAZ; “Informe: Situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz”. Por Leonardo González Perafán, coordinador del Observatorio de DDHH y Conflictividades Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ),
[3] Marc Chernick; Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Ediciones Aurora. Pág. 24
[4] Infobae; “Petro no asistió a la conmemoración de los 7 años de los acuerdos de paz de Santos: “Nos dijo que iba a venir”. Por Frank Saavedra. Bogotá, 24 de noviembre de 2023.
Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2023/11/24/petro-no-asistira-a-conmemoracion-de-los-7-anos-de-los-acuerdos-de-paz-de-santos/
[5] Revista Portafolio; “Se cumplen siete años de la firma de paz con las Farc: este es el balance de Santos”. Bogotá, 24 de noviembre de 2023. Ver en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/ya-pasaron-siete-ano-de-la-firma-del-acuerdo-de-paz-entre-el-gobierno-y-las-farc-balance-de-santos-593047
[6] El Tiempo; “Se cumplen siete años de la firma del acuerdo de paz”. Bogotá, 24 de noviembre de 2023. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=XO1aeAIN61w
[7] Noticias Uno. Balance de la Implementación del Acuerdo de Paz a 7 años. Emisión del sábado 25 de noviembre de 2023. Ver noticiero completo en: https://www.youtube.com/watch?v=mWQrT8XcwyI
[8] Revista Portafolio; “Proyectos productivos de excombatientes de Farc que han dado frutos”. Bogotá, 9 de julio de 2023. Ver en: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/casos-de-exito-de-proyectos-productivos-de-excombatientes-de-las-farc-584706
[9] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, pág 46.
[10] El Espectador; “Estos son los rezagos del enfoque de género en la implementación de Acuerdo de Paz”. Por Cindy A Morales Castillo. Bogotá, 27 de noviembre de 2023.
Ver: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/siete-anos-de-acuerdo-de-paz-asi-va-el-enfoque-de-genero-en-la-implementacion-farc/?cx_testId=51&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
[11] Ideas para la Paz; “El Acuerdo de Paz en el PND: apuestas, preocupaciones y recomendaciones”. Bogotá, 25 de abril de 2023. Ver en: https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2023-04/el-acuerdo-de-paz-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-apuestas-preocupaciones-y-recomendaciones
[12] Infobae; “Gobierno Petro no ejecutó presupuesto para la implementación de la paz en 2023”. Noviembre 21 de 2023. Ver en: https://www.infobae.com/colombia/2023/11/22/gobierno-petro-no-ejecuto-presupuesto-para-la-implementacion-de-la-paz-en-2023/
[13] La Silla Vacía; “Así va la implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno de Petro”. Por Santiago Rodríguez Álvarez. Ver en: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-va-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-en-el-gobierno-petro/
[14] El Espectador; A mí el presidente personalmente no me dijo ‘sí, te acepto la renuncia’”: Gloria Cuartas. Bogotá, 21 de noviembre de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/a-mi-el-presidente-personalmente-no-me-dijo-si-te-acepto-la-renuncia-gloria-cuartas/
[15] Op. Cit,. La Silla Vacía; “Así va al implementación…”.
[16] Radio Nacional de Colombia; “Siete años del Acuerdo de Paz: avances y retos para la construcción de paz en los territorios”. RTVC. Bogotá 24 de noviembre de 2023.
Ver en: https://www.radionacional.co/actualidad/paz/en-siete-anos-del-acuerdo-de-paz-estos-son-los-avances-y-retos
[17] El Espectador. Colombia +20; “Elecciones 2023: ex-FARC llegan con 144 candidatos y un futuro político por definir”. Bogotá, 29 de octubre de 2023. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/elecciones-2023-exfarc-tienen-144-candidatos-que-viene-para-partido-comunes-acuerdo-de-paz/
[18] Misión de Verificación de la ONU; “Secretario General reconoce avances en la implementación del acuerdo de paz y destaca el énfasis en el diálogo para reducir la violencia y avanzar en la consolidación de la paz”. Julio de 2023. Ver en: https://colombia.unmissions.org/secretario-general-reconoce-avances-en-la-implementaci%C3%B3n-del-acuerdo-de-paz-y-destaca-el-%C3%A9nfasis-en
[19] Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, pág. 98.
[20] Ideas para la paz; “La política de drogas de Petro: una historia que se repite”. Ver: https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2023-08/la-politica-de-drogas-de-petro-una-historia-que-se-repite
[21] Op. Cit,. Radio Nacional de Colombia; “Siete años del Acuerdo de Paz: avances y retos para la construcción de paz en los territorios”.
[22] El Espectador +20; “Los ambiciosos cambios de Petro para el Acuerdo de Paz y la Paz Total en el PND”. Por Cindy A. Morales Castillo. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/gobierno-petro-como-quedo-el-acuerdo-de-paz-y-paz-total-en-plan-nacional-de-desarrollo/
Maureen Maya
Foto tomada de: The New York Times
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