Básicamente la norma crea una Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna-PAO, integrada por:
- El Presidente de la Republica o su delegado;
- El Ministro del Interior o su delegado;
- El Ministro de Defensa Nacional o su delegado;
- El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado;}
- El Comandante de las Fuerzas Militares o su delegado;
- El Director General de la Policía Nacional o su delegado;
- El Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado.
Básicamente las funciones de la Comisión son las de hacer un diagnóstico y seguimiento sobre las amenazas contra defensores, dirigentes sociales y comunales y coordinar la formulación e implementación del PAO.
Sin desconocer que la norma indique buenas intenciones del Gobierno para afrontar tan grave problema del asesinato contra dirigentes comunales, sociales y defensores, en realidad la vemos con escepticismo pues no tiene nada diferente a medidas parecidas de gobiernos anteriores que poco o ninguno resultado han mostrado pues los hechos son contundentes, antes que disminuir, los ataques y afectaciones contra dirigentes comunales y sociales en Colombia sigue en aumento no obstante la firma de acuerdos con la guerrilla de las FARC, a partir de los cuales, por el contrario se han incrementado.
Es un Decreto que responde a las lógicas de la institucionalidad burocrática del Estado que en poco o nada consulta la realidad de las organizaciones y sectores afectados como mucho hemos reclamado que se construyan políticas integrales que aborden los problemas estructurales si es que de verdad se quiere resolver el problema.
Desde el sector comunal una causa recurrente de la segregación y asesinatos sigue siendo el ejercicio de derechos en los territorios contra una clase política empoderada en los gobiernos que no admite la mínima reclamación ni cuestionamiento. El incremento durante los últimos doce meses está relacionado en primer lugar con el incumplimiento del Estado a los compromisos de proyectos productivos familiares para la sustitución de cultivos, lo que lleva al debilitamiento de la dirigencia comunal y que sea fácil presa de grupos armados. El incremento en las zonas urbanas tiene fuerte relación con el enfrentamiento de comunales contra bandas de microtráfico. Es decir que la descomposición social y política con fuerte impacto sobre nuestras comunidades tiende a ser factor de creciente preocupación.
Es que el entorno general de descomposición y de inseguridad en la sociedad tiene afectación directa contra nuestra dirigencia tan enraizada en la base popular por lo que mientras no existan políticas integrales que las aborden, difícilmente podremos superar este problema de la violencia contra nuestros dirigentes comunales y sociales.
De otra parte:
- Según varias fuentes, entre ellas de la Fiscalía General de la Nación, cerca de la mitad de asesinatos de dirigentes sociales en Colombia recae contra dignatarios de las juntas de acción comunal.
- Del total de asesinatos contra dignatarios comunales, no se conocen amenazas previas en más del diez por ciento. Es una realidad reiterada insistentemente desde nuestras propias organizaciones comunales, por la Defensoría del Pueblo y por la propia Fiscalía General de la Nación.
- En varias ocasiones el Gobierno Nacional a través de su institución especializada la Unidad Nacional de Protección-UNP, ha dicho, en especial en la reunión de la Comisión de Seguridad con la Confederación Nacional Comunal realizada el pasado 27 de Noviembre de 2018, que al Estado le queda imposible garantizar seguridad a los comunales del País, dado el tamaño de la organización.
Por estas razones desde la Confederación Nacional Comunal y en especial desde el Observatorio Nacional Comunal, lo que demanda la organización comunal es una política integral que por lo menos incluya:
- Garantías contra la impunidad. Existen avances leves desde la Fiscalía
- Garantías contra la estigmatización. No se conoce una sola acción del Estado.
- Apoyo a las familias de las víctimas para su supervivencia y para judicializar debidamente sus casos. No conocemos una sola acción.
- Actuación sobre los gobiernos municipales para que cumplan sus compromisos en derechos humanos. No conocemos una sola actuación.
- Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones comunales para que ejerzan colectivamente sus derechos. No existe una sola acción.
- Que los personeros procedan de ternas de las organizaciones comunales y sociales en los municipios. Nada se ha dicho ni avanzado.
- Que la fuerza pública sea calificada según la evolución de los derechos humanos y defensores en los territorios. Nada se ha hecho.
- Que existan líneas de crédito fáciles y baratas para apoyar a las familias de la economía informal en los sectores populares para rescatarlas de las bandas del gota a gota y del narcotráfico pues en esta lucha han muerto muchos comunales.
- Que el Gobierno apoye los proyectos productivos de las familias en la sustitución de cultivos pues el incremento del presente año tiene un alto origen en estos incumplimientos.
De otra parte debemos decir que seríamos incoherentes o desconocedores de la realidad nacional si no relacionáramos el incremento de asesinatos contra nuestros dirigentes comunales y sociales con el incremento de la violencia general en el País. Desafortunadamente Colombia, junto a Siria, Afganistán, Salvador, Guatemala y México aparece entre los países más violencia del mundo, este año con más de once mil homicidios y una cifra parecida en violación de mujeres y de niñas y niños siendo el familiar y vecinal el entorno principal de esta tragedia. Desde nuestras organizaciones comunales atribuimos esta violencia a la profunda descomposición de la familia, de la comunidad y con ella de la sociedad que queda como pasto fácil de bandas ilegales en su mayoría articuladas con el narcotráfico y la corrupción administrativa. Resolver integralmente el problema implica una actuación conjunta Estado-Sociedad sobre tan compleja situación.
Guillermo A. Cardona Moreno, Pte. Observatorio Nacional Comunal de Colombia
Foto tomada de: elpais.com
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