Aplicar un acuerdo de paz es más difícil, complejo y riesgoso que lograr los consensos requeridos en su previa negociación entre las partes en guerra, lo cual de por sí demanda una acción ingente e histórica. El Gobierno Nacional y las FARC EP sortearon muchos obstáculos y trabajaron intensamente durante un lustro para conseguir el Acuerdo de Paz final adoptado, el cual ahora avanza en su aplicación, aunque persisten obstáculos y dificultades de distinto orden.
El mayor obstáculo para implementar este acuerdo con mayor legitimidad y ojalá total respaldo político y social es la ausencia de un consenso nacional por la paz, puesto que un sector político y de opinión se opuso radicalmente a su logro y lo hace ante sus medidas de aplicación. Pero no solo divergencias de apreciación sobre el acuerdo, sino que desde sectores opositores hay intereses que los llevan a resistirse a la democratización política, a la distribución y la restitución de tierras usurpadas, temor a la justicia que se aplicará ante graves violaciones e indisposición al informe de esclarecimiento encargado a la comisión de la verdad, entre otros asuntos.
Sin embargo, las grandes movilizaciones después del resultado del plebiscito del 2 de octubre pasado que exigieron la vigencia inmediata del acuerdo de paz y el espectro de apoyos mayoritario de apoyos políticos, sociales y poblacionales a su vigencia y aplicación, son la garantía para avanzar en el proyecto de la paz, de forma que ya se asiste a la concentración y el inicio del desarme de las FARC, su próxima irrupción como expresión política legal y el desarrollo paralelo de medidas legislativas y administrativas de aplicación de los compromisos convenidos.
Con razón en éstos días el presidente Santos expresó ante los medios de prensa con optimismo que este acuerdo de paz es irreversible y avanza en su aplicación con hechos palpables: “El país entró en una etapa irreversible de consolidación de la paz. Y vamos como gobierno, como Estado y como sociedad a hacer realidad los frutos de la paz”[1].
Situación que no puede desconocer ni desestimar la acción de los opositores a la paz política con la insurgencia. Lo cual exige fortalecer la legitimidad del proceso de paz, garantizar su más amplio respaldo por la sociedad y el compromiso de las instituciones a todo nivel, para aplicar con coherencia todos sus compromisos. Ello mismo demanda reconocer el reto político existente de cara a la elección del próximo gobierno nacional, de las elecciones de corporaciones públicas y la definición de políticas, programas y actuaciones a tales niveles para que sirvan al propósito de “construir una paz duradera” y no al de prolongar la guerra, la violencia política y negar los cambios progresistas acordados.
Así mismo, consolidar la paz y derrotar los intentos de prolongar el conflicto y la violencia política, deben atender la solución de otra serie de situaciones de importancia, entre ellas destacamos tres que sobresalen en la actualidad: 1. Conseguir la paz exige resultados prontos y definitivos hacia el pacto de paz faltante Gobierno-ELN, de no ser así es contradictorio construir la paz desde dispositivos institucionales y sociales mientras persistan las hostilidades con la otra guerrilla. 2. Superar las dificultades al seno del Gobierno y de entes estatal referidos a falta de gestión, lentitud y medidas incoherentes o contrarias al pacto de paz. 3. Garantizar de forma urgente y efectiva la seguridad en las regiones a líderes sociales, defensores de derechos, militantes de izquierda y al conjunto de la población.
Entre tanto, el Gobierno nacional y las FARC mantienen voluntad y acciones permanentes relativas a la aplicación del acuerdo, contando con la participación de entes oficiales, instituciones, diversos actores y el permanente apoyo de organismos y actores de la comunidad internacional. Se han instalado instancias propias de la aplicación del pacto de paz como la Comisión de Seguimiento CSIVI, la Comisión para la Reincorporación de excombatientes, la Comisión de Garantías y Seguridad, la Misión de Monitoreo y Verificación y la Misión Electoral Especial, entre otras.
El Congreso expidió la Ley 1820 a finales de 2016 sobre Amnistía e indulto y tramita el presente año un paquete de iniciativas legales por medio del procedimiento de iniciativa presidencial extraordinaria y sesiones abreviadas habilitado para el primer semestre de 2017. Y el presidente expidió una serie de decretos que habilitan medidas distintas de aplicación del acuerdo. Así mismo, como un hecho demostrativo muy contundente sobre la realidad de la aplicación irreversible de este pacto de paz, se registró la concentración de las tropas de las FARC EP en los 26 puntos y zonas definidos, de forma que ahora se procede a la dinámica de su desarme, desmovilización militar y preparación para la reincorporación a la vida civil de los ex combatientes.
Avances en la implementación legal del Acuerdo de Paz
La polarización entre defensores de la paz y su consiguiente desarrollo en el pacto con las FARC se expresa ante todo en el escenario del Congreso, de forma que los congresistas opositores a este propósito focalizados en el Centro Democrático han votado en contra o se han abstenido ante las iniciativas de reglamentación del acuerdo de paz. Las FARC hacen presencia a través de la delegación en las seis personas -3 en el Senado y 3 en la Cámara- del grupo ciudadano Voces de Paz, que concurren con la misión de ser veedores de la aplicación cabal del contenido fundamental de los acuerdos en las iniciativas legales que los desarrollan. Y los debates han sido intensos, tanto por la necesaria particularización de asuntos como ante intentos de revisar o cambiar el contenido del acuerdo, en lo cual se han visto comprometidas propuestas como las del Fiscal General y el partido Cambio Radical.
Por tal razón se registra una intensa discusión en demanda de respeto al contenido esencial de los acuerdos, para evitar una especie de renegociación que altere sus contenidos centrales, lo que implicaría desconocer el propio Acuerdo Final de Paz, lo cual no es ni debe ser propósito del legislativo, sino por el contrario, conseguir su desarrollo normativo coherente. A propósito de esta discusión en su columna de prensa Carlos Lozano director del periódico Voz con justeza escribió: “Firmado y refrendado el nuevo acuerdo no admite más discusiones ni modificaciones, porque de lo que se trata es de darle luz verde a su implementación. Lo que debe entenderse es que por la vía de la reglamentación del acuerdo no es posible la contrarreforma…”[2].
El trámite de proyectos de actos legislativos lleva adelantados tres de cuatro debates sobre la Jurisdicción Especial de Paz, con fuertes debates en lo relativo a la necesaria especificación de posibles responsabilidades de mandos de la fuerza pública y de la guerrilla, dentro de las ventajas de orden penal a la vez consideradas. Avanza en debates el acto legislativo para la reincorporación política de las FARC. Fue aprobado en Senado el acto legislativo que incorpora un artículo transitorio para garantizar el cumplimiento por parte de los gobiernos del acuerdo de paz, de forma que ahora se debate en la Cámara. Y en proyectos de ley se destaca el trámite del Estatuto de la Oposición.
El gobierno ha implementado un equipo del gabinete con el Ministerio de Gobierno y otros altos funcionarios según el tema de la iniciativa legal respectiva, a manera de grupo gubernamental para las iniciativas legales del posconflicto bélico, de forma que preparan otros proyectos de acto legislativo: el de regalías, que descongela más de un billón de pesos de ciencia y tecnología para vías terciarias; el de creación de 16 circunscripciones transitorias de paz en la Cámara; y el de adquisición gradual de derechos para movimientos y partidos políticos.
El debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz
El acuerdo de paz contempla el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición conformado por la JEP (Jurisdicción Especial de Paz), la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y las medidas de reparación de las víctimas. Por lo pronto, se ha priorizado el trámite del Acto Legislativo de creación de la JEP, con tres artículos de cierta amplitud pero que garantizan las reglas de investigación, juzgamiento y sanción a responsables de graves violaciones sean de la fuerza pública, de la guerrilla o de terceros civiles, a la vez con tratamientos de justicia transicional diferenciados.
Human Rights Watch y una serie de organizaciones de derechos humanos reaccionaron ante el texto final del acuerdo para advertir que la impunidad podría registrarse frente a términos no claros de señalar las posibles responsabilidades de mandos militares en los casos en que ante su posición habrían podido evitar que sucedieran las graves violaciones. En la misma línea, el reconocido jurista y académico Rodrigo Uprimny discutió que la regulación de la responsabilidad del mando en el proyecto de acto legislativo, como estaba establecido en el proyecto violaba el derecho internacional, sobre lo cual advirtió que no solo afectaba el derecho de las víctimas y de la sociedad a la justicia sino que le ocasionaba inseguridad jurídica a los propios mandos implicados, pues haría posible actuación de la Corte Penal Internacional.
“Esta reforma constitucional restringe indebidamente el alcance de la responsabilidad que frente al derecho internacional tienen los altos mandos cuando no previnieron las atrocidades de sus subalternos, en aquellas situaciones en que podían y debían evitarlas”[3]. Por tanto, explicó que así se afectaba la justicia y el derecho de las víctimas dando lugar a espacios de impunidad así como significaba inseguridad jurídica para mandos de la fuerza pública o guerrilleros, puesto que en consecuencia podría intervenir la Corte Penal Internacional.
Pero el debate se hizo intenso incluso en el ámbito de los oficiales retirados en tanto Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), bajo el liderazgo del ex general Ruiz, incidió en tal sector con la postura reactiva y contraproducente para los propios posibles implicados en responsabilidades ante graves violaciones, al tratar de pugnar por ignorar la propia competencia de tal organismo intergubernamental, bajo los principios de subsidiaridad y complementariedad, si se evidencian ante tales casos circunstancias de impunidad. Bien lo señaló el diario el Espectador en un editorial, al criticar la posición de los militares retirados que señaló como interesados en eludir responsabilidades: “Preocupan las críticas de algunos militares retirados que, por estar concentrados en evitar responsabilidades, pueden generar falencias que permitan la entrada de la jurisdicción internacional”[4].
En tal panorama, corresponde al Congreso en el debate que resta para la aprobación de la JEP, garantizar la no impunidad, en la coherente revisión de las cuatro condiciones que se han especificado, de forma que se debe probar la existencia de tal eventual responsabilidad, en cumplimiento de los estándares internacionales. Además, tal situación produjo un debate que fue señalado como intento de “conspiración” contra la JEP, desde argumentos y voces contrarias al acuerdo de paz y por tanto a la propia justicia transicional. Por su parte, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, salió en defensa de la JEP y de sus términos diferenciados y equitativos hacia la fuerza pública, explicó los términos de la posibilidad de la renuncia a la persecución penal solo para casos de violaciones no graves, a la vez que a alivios penales condicionados, para casos de responsables de graves violaciones.
“El tratamiento especial para los miembros de la fuerza pública deberá ser simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros y siempre equitativo, equilibrado y simultáneo; frente a la amnistía e indulto para los guerrilleros existe la posibilidad de renuncia a la persecución penal para los militares por delitos que no constituyan crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos; aplica también la cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena y la extinción de responsabilidad por entenderse cumplida la sanción…”[5].
El histórico inicio del desarme de las FARC EP
Es digno reconocer la coherencia que han tenido las FARC EP con el acuerdo, su implementación y con la adopción de un discurso y una actuación orientadas a la paz. Han sido críticas con razón ante las tardanzas y deficiencias de gestión gubernamental, en casos como la falta de adecuación de las zonas y puntos de concentración, la tardanza en la reglamentación y operatividad en el otorgamiento de amnistías e indultos y realizan protestas como la de la cárcel San Isidro en Popayán, ante los permanentes y conocidos problemas de desatención, con graves consecuencias como en el caso de la salud. Las comunidades locales por donde transitaron las marchas hacia tales sitios de concentración los alentaron con simpatía por su compromiso con la paz y por la positiva expectativa del cierre de la guerra que tuvo tanto impacto en sus territorios.
En el país y en el exterior se reconoce como positivos hechos que le conceden legitimidad y firmeza a la aplicación del acuerdo de paz, el que el grueso de las tropas guerrilleras y milicianas se hayan concentrado y hayan iniciado bajo supervisión de la ONU los procedimientos de registro de armas y de sucesivos pasos hacia el desarme en cuatro fases, que habrá de terminar a finales de abril y que permitirán el consiguiente paso a la legalidad de en calidad de ex combatientes del grueso de los integrantes de las FARC EP. Hecho que se perfilará como expresión política con el anunciado congreso fundacional del partido político creado por esta población amnistiada y acogida al pacto de paz, desde el anterior proyecto insurgente. Si bien, como es frecuente en las guerrillas que asumen este trascendental paso de la guerra a la paz, quedan algunas pequeñas fracciones disidentes al pacto de paz[6], de manera que no configuran una alternativa insurgente hacia mantener el alzamiento frente al Estado sino según ambas fuentes referidas orientadas más a anclajes de algunos pocos mandos medios y guerrilleros con economías ilegales de guerra, bajo expectativas de usufructos económicos de lucro con ellas.
En este contexto, Colombia frente al mundo hoy puede decir que avanza con éxito en la aplicación de un histórico acuerdo de paz y que pronto podrá aspirar a consolidar una situación de cierre definitivo de la guerra, superación de la violencia política y de adopción de un proyecto de construcción de una paz “estable y duradera”. Pero así mismo, podrá advertir que ha sido y es un proceso muy difícil, con fuertes oposiciones internas de sectores interesados en la prolongación del conflicto bélico y la violencia, tras determinados intereses, de manera que continúa en el desarrollo de un rico y significativo proceso, pero en medio de intensos conflictos políticos, sociales y de impacto en la ciudadanía y en diversas regiones. En todo caso, motivo de orgullo por ser un aire fresco en el ámbito internacional, ante la crudeza e intensificación de los conflictos bélicos y las crisis humanitarias en los años recientes en regiones del mundo como el norte de África y parte de Asia.
Álvaro Villarraga Sarmiento, directivo CNMH, integrante Fundación Cultura Democrática, catedrático.
Bogotá, DC. 2 de marzo de 2017.
NOTAS
[1] “Las FARC entregan hoy sus primeras armas a la ONU”, El Tiempo, 1 de marzo de 2017, Bogotá, DC, página 2. “FARC inician hoy dejación de armas”, El Espectador, 1 de marzo de 2017, página 4.
[2] “La paz, bien supremo”, Carlos Lozano Guillén, columnista, El Tiempo, 1 de marzo de 2017, Bogotá, DC, página 14.
[3] “Polarización y estigmatización”, Rodrigo Uprimny, columnista El Espectador, 26 de febrero de 2017, página 61.
[4] “La pelea por la Jurisdicción Especial para la Paz”, editorial, El Espectador, 27 de febrero de 2017, página 28.
[5] “Hay afán de unos sectores de desprestigiar la JEP”, entrevista al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, por Cecilia Orozco. El Espectador, 26 de febrero de 2017, página 4.
[6] Estimadas por la comandancia de las Fuerzas Militares, según declaración del general Mejía, a lo sumo en un 5% y por las propias FARC a lo sumo en un 2%, según declaración del comandante Carlos Lozada.