El período que se analiza comprende los 12 meses el año 2021, y en el mismo se enfatiza la importancia de la firma del acuerdo final de paz y los desarrollos que para la superación del conflicto armado interno tiene este importante acontecimiento, sin embargo, se destaca igualmente el incremento de la violencia especialmente en el asesinato de líderes y lideresas sociales en distintas regiones del país. Igualmente, el informe analiza el impacto de la pandemia desatada tras el covid-19 así como de la misma violencia y como ellas afectaron o profundizaron las desigualdades sociales económicas ya existentes en el país, examina así mismo la movilización en el marco del paro nacional “provocada por las dificultades de acceso a la educación, salud el trabajo y la propuesta de reforma tributaria”. Se saluda el anuncio del estatuto de protección temporal para migrantes de nacionalidad venezolana. Aspectos estos qué son tratados en detalle, siempre con el llamado de atención al gobierno colombiano para que se implementen las políticas que ayuden a superar las desigualdades, el cumplimiento del acuerdo final de paz y al fortalecimiento de las políticas sociales, y el fortalecimiento del Estado democrático.
Quisiéramos destacar en este artículo algunos elementos qué llaman la atención del informe y qué sin duda alguna son la reafirmación de las acciones de un gobierno qué no asume los suficientes compromisos con la comunidad internacional, para superar la grave crisis de Derechos Humanos que desde hace varios años vive el país y que se han visto agravadas en el último período en el mandato del presidente Iván Duque, seguramente originado en su falta de compromiso con la implementación del acuerdo final de paz, en desarrollo de una directriz trazada por su partido Centro Democrático que promovió una acción sistemática de hacer trizas el acuerdo de paz.
El primer aspecto que se destaca en el informe de la comisionada para los Derechos Humanos, es el relativo a la desigualdad económica, de acuerdo con la información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL[1], “Colombia es el segundo país con mayor nivel de desigualdad de la región”, situación que afecta de manera particular a grupos poblacionales históricamente afectados por la pobreza especialmente en las zonas rurales los pueblos indígenas y afrodescendientes y a las mujeres. Y a pesar qué durante el año 2021 se registraron algunos indicadores de recuperación económica esto no se traduce en superación de los indicadores de desigualdad, lo que claramente se expresa en mayores dificultades para una amplia capa de la población para poder acceder a tres comidas al día, frente a este aspecto es importante tener en cuenta que recientemente se publicó el informe de la FAO en el que se anuncia qué Colombia es uno de los países en riesgo de hambruna en la región. De esta manera los indicadores económicos dan cuenta del aumento de la pobreza multidimensional especialmente en la región Pacífica y Caribe, pobreza que afecta de manera especial y de manera grave a los hogares con jefatura femenina, cómo a los hogares de familias indígenas y afrodescendientes.
Se destaca igualmente como la pandemia sigue afectando el acceso de los niños y niñas a la educación por cuenta de las dificultades de acceso a la internet o a los medios de cómputo necesarios para acceder a las modalidades virtuales de educación que se tuvieron que implementar.
La violencia y la desigualdad siguieron afectando duramente a las mujeres registrándose incrementos en las denuncias de violencia intrafamiliar, violencia sexual y denuncias por feminicidios, al tiempo que persisten las barreras de acceso de las víctimas de la violencia basada en género, a la salud, la justicia y medidas de protección. Lo cual por supuesto da cuenta de un Estado incapaz de proveer mejores condiciones para que estos derechos sean brindados de manera amplia y suficiente y permitan a las víctimas su mínima garantía de justicia ante estas realidades. Igualmente, esta situación afecta a personas LGBTI, que no solo son víctimas de múltiples agresiones, sino a la ausencia de enfoques qué reconozcan está condición en el desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Un aspecto importante de esta desigualdad hace referencia a las grandes dificultades que siguen teniendo las comunidades para acceder a la reforma rural integral qué es un aspecto medular del acuerdo final de paz, no subsanadas por la creación de rutas para el desarrollo de los programas territoriales, dificultades para la participación efectiva de las comunidades, así como son evidentes las dificultades para garantizar el acceso efectivo a la tierra, así como a las “unidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad…alimentación sana, adecuada y sostenible para la población” qué son en la práctica un incumplimiento al propio compromiso del gobierno.
En general el informe advierte cómo este tema de la desigualdad afecta gravemente a las comunidades étnicas y de manera particular a las mujeres que viven el impacto más fuerte, de la exclusión, la pobreza y la violencia.
Se destaca como un hecho positivo el establecimiento del acto legislativo 02 de agosto del 2021 a través del cual se crean las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, pero advierte la preocupación por la presencia de grupos armados no estatales que operen en las zonas dónde se desarrolla este proceso de las circunscripciones de paz, hoy sabemos que está preocupación tuvo un impacto significativo en los resultados, la intimidación, e incluso la participación como candidatos de algunos representantes de los grupos paramilitares, que terminaron desnaturalizando la filosofía a través de la cual se crearon estas curules. Al menos 6 de esas curules fueron capturadas, por clanes políticos de los partidos tradicionales, estrechamente ligados a la corrupción, así mismo, tres de estas circunscripciones terminaron en personas que representan los intereses de los grupos paramilitares o que obedecen a sus intereses, en los territorios del César y la Guajira, los departamentos de Chocó y Caquetá.
La situación de Derechos Humanos, es de acuerdo a los términos del informe de gran preocupación en tanto que se registra un incremento en el número de las masacres, qué afectan la situación derechos humanos siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, los más afectados, también se manifiesta la preocupación por los incrementos en los desplazamientos provocados por la violencia y los confinamientos de la población, logrando afectar a 72.388 personas una cifra superior a la que por este hecho se presentó en el año 2020 en la cual se reportaron 26.291 víctimas desplazadas.
Se observa en el informe, preocupación por el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados, básicamente por el impacto que este fenómeno tiene en las comunidades, provocando desesperanza, Igualmente porque el fenómeno lleva implícito “las peores formas de trabajo infantil tráfico, trata, explotación y esclavitud sexuales”
En este informe se hace una referencia a las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública durante el año 2021 especialmente durante el desarrollo del paro nacional denominado estallido social qué se dio entre los meses de abril y junio, y en los cuales se verificaron casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas, e incluso la Alta Comisionada de las naciones Unidas para los Derechos Humanos observó qué algunos miembros de la policía, al desarrollar operativos para prevenir delitos” habrían incurrido en malos tratos y uso innecesario y desproporcionado de la fuerza resultando, en algunos casos, en privaciones arbitrarias de la vida contra adolescentes y jóvenes afrodescendientes en comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad …..”
No menos importante es el registro de la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, en la cual logra determinar que al menos en 100 casos existían un vínculo entre su muerte y su labor en la defensa de los Derechos Humanos. Señala además el informe que en este caso no se ha logrado esclarecer la causa de sus muertes.
El informe, saluda la prórroga por 10 años de la ley de víctimas y restitución de tierras, sin embargo manifiesta su preocupación por la persistencia de la situación de violencia en la que se encuentran particularmente los reclamantes de tierras, y hace un llamado para fortalecer la política de restitución, así como la necesidad de aumentar la articulación entre la política de restitución y las políticas de acceso a la Tierra, con lo cual podrá evitarse confusiones que deriven en despojo de tierras, al tiempo que avanzan los procesos de formalización de predios, lo cual podría ser aprovechado de alguna manera por quiénes se apropiaron de la tierra de manera violenta e ilegal.
El capítulo de recomendaciones insta al Estado colombiano a fortalecer las acciones que permitan con la presencia de las autoridades civiles corregir en aquellas zonas afectadas por la violencia situaciones que afectan gravemente a la población civil, a los liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, se reitera el llamado para que el Estado se comprometa con la implementación del acuerdo de paz en particular “a la reforma rural integral y a los programas con enfoque territorial, el capítulo étnico y a combatir las desigualdades estructurales”. También se exhorta al Estado para impulsar un debate amplio que permita reformar la policía incluyendo mecanismos de control y rendición de cuentas, así como, trasladar esta institución a un ministerio de carácter civil”.
El informe se constituye en un importante instrumento, para las organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, de tal manera que se orienten sus acciones en el desarrollo de iniciativas que permitan la superación de la violencia, así como, el llamamiento al fortalecimiento del Estado democrático, así como, fortalecer la exigencia al Estado colombiano para cumplir de manera efectiva el acuerdo final de paz, a 5 años de su firma, pese a lo cual se siguen registrando preocupantes indicadores de ausencia de implementación y particularmente en el tema de la reforma rural integral, donde los atrasos son abismales, desconociendo que en el tema de la tierra y el acceso a ella, se concentra una de las principales causales de la violencia estructural que vive la sociedad colombiana hace más de 7 décadas.
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[1] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch – 403 – 2021.pdf.
Alfonso Castillo, Defensor de los Derechos Humanos
Foto tomada de: aa.com.tr
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