Cumpliendo con su mandato de veedor del proceso de paz y garante de los derechos humanos, la Oficina ofrece una evaluación sobre varios hechos de violencia que preocupan tanto a la sociedad colombiana y sus organizaciones defensoras de los derechos humanos como a la comunidad internacional. El informe documenta un incremento en los índices de violencia durante el último año; indica que en 2019 se ejecutaron 36 masacres con un saldo de 133 personas muertas, aumentó en 50% el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos, la violencia sexual y de género, las agresiones contra la prensa, en 113% las amenazas reportadas según la Defensoría del Pueblo, y los asesinatos de indígenas, líderes sociales y excombatientes desmovilizados de las FARC que se acogieron al proceso de paz. La Oficina reitera la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales ante la “falta de acceso a los derechos humanos” y de presencia integral del Estado. Aun cuando resalta los esfuerzos de autoridades civiles, incluyendo a la Fiscalía General de la Nación y la policía por llegar a los territorios, considera que estos esfuerzos han sido insuficientes, dado que los mayores hechos de violencia ocurren en zonas “con niveles elevados de pobreza multidimensional, escaso empleo, cultivos ilícitos”. También afirma que Colombia es el país con mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina, y hace un llamado para que se promueva la implementación de un protocolo consecuente con los estándares internacionales para transformar al ESMAD, y evitar que siga vulnerando el derecho a la vida, como en el caso de Dylan Cruz, e incurriendo en prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, amenazas de muerte con matiz racista, arrestos arbitrarios y repetidas golpizas contra la ciudadanía que ejerce su legítimo derecho a la protesta pacífica. Igualmente, recomienda separar la policía del ministerio de Defensa y ponerla a disposición del ministerio del Interior.
El relator especial de la ONU, Michel Forst, afirmó que los asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH en Colombia son crímenes sistemáticos que alcanzan un nivel de impunidad del 89%.
El diagnóstico y las recomendaciones dadas por la ONU no fueron bien recibidos por el gobierno colombiano. El presidente Iván Duque calificó el informe como una “intromisión en la
soberanía” nacional, lo acusó de ser sesgado, impreciso y falto a la verdad. Además, prohibió -al mejor estilo de una tiranía intransigente y bárbara- la entrada al país del relator Forst para que pudiera terminar el informe sobre la situación de derechos humanos que presentará el próximo 4 de marzo en Ginebra, Suiza.
Ignora el presidente Duque que la Oficina del Alto Comisionado no fue diseñada para defender gobiernos de turno ni para halagar mandatarios ni para exaltar sus políticas negando la evidente realidad de violencia sistémica y endémica que padece el país. La Oficina es un organismo neutral que hace presencia en Colombia desde 1997, y su misión es proveer asistencia y cooperación técnica al Estado, a las instituciones nacionales y a la sociedad civil, a fin de fortalecer las capacidades nacionales para la promoción de los derechos humanos y contribuir a la formulación de estrategias colectivas para la convivencia, la justicia, la seguridad y la paz.
El gobierno en vez de actuar a la defensiva y de manera poco reflexiva, debería tomar nota sobre las recomendaciones hechas por la ONU, expresar respeto y gratitud con sus representantes en el país, y considerar que la labor que realiza este organismo no tiene interés distinto al de aportar al desarrollo sostenible, fortalecer el Estado social y apoyar la construcción de una paz cierta en las regiones. Solo reconociendo la dimensión de la crisis que en materia de derechos humanos afronta el país será posible unificar esfuerzos y disponer de los recursos necesarios para superar la violencia y la impunidad. La ONU no es la enemiga a combatir. ¿Qué interés acaso podría tener la Oficina en manipular o citar equivocadamente las cifras de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes?
La Corporación SUR rechaza la respuesta, desobligante y agresiva, dada por el mandatario, y hace un llamado a mantener el diálogo y las vías diplomáticas tanto con gobiernos de otros países como con aquellos organismos que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos y el cabal cumplimiento de Acuerdo de paz. Es lamentable que por la soberbia del jefe de Estado y de algunos altos funcionarios, se pierda la oportunidad de trabajar de manera mancomunada por la defensa de la vida y la paz en los territorios, y de formular de manera conjunta una estrategia que contribuya a disminuir el riesgo asociado a la defensa de los derechos humanos.
Desde SUR respaldamos el Informe por considerarlo oportuno, serio, imparcial y consecuente con la realidad de violencia que padece el país, y asertivo en sus recomendaciones, y exaltamos la importante labor que realiza la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y contribuir a la construcción de un Estado más seguro, pacífico y con reales opciones de crecimiento humano, político y social.
Agradecemos el acompañamiento hecho por la ONU durante el proceso de implementación de Acuerdo de Paz, firmado en 2016, el constante seguimiento a la situación de DDHH, sus valiosas recomendaciones y acertadas observaciones, y esperamos seguir contando con su respaldo y su activa presencia en el país.
Corporación SUR
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