El juicio que respalda esa decisión que el Banco considera inapelable tiene, a su juicio, un mérito científico y no ideológico (como si en las ciencias sociales lo científico estuviera exento de juicios de valor), a pesar de que hay buenas razones que contradicen esa posición. Para el Banco, el gobierno no parte de un conocimiento técnico, sino de un interés político “ideologizado”. Por lo que es juzgado como “irresponsable”. Ellos, los prudentes y los técnicos, responsables de la economía, parten de un principio inobjetable de su ciencia impersonal.
El país se encuentra en un contexto económico difícil, y el Banco de la República solo le deja al gobierno la vía de la inversión. Y esta es justamente la carta principal de este gobierno. El Plan de Desarrollo y el presupuesto destinado para ejecución es el principal eje impulsor de la economía. El gobierno ha enfocado su programa en políticas sociales y en planes de inversión para aliviar segmentos importantes de la sociedad olvida o marginada. Garantizar salud, trabajo, pensión, educación y agua, constituyen los objetivos más sensibles de actual gobierno. La financiación del programa social que propone el presidente ha sufrido, sin embargo, un gran revés. La Corte Constitucional propinó un duro golpe al tumbar uno de los artículos de mayor justicia tributaria al permitir que las regalías de hidrocarburos siguieran siendo descontados de la renta. Son alrededor de 6 billones que las multinacionales dejarían de pagar, y 6 billones que se le mutilarán al gasto social porque el Estado los dejaría de percibir. Esta cantidad equivale a casi un tercio de la reforma tributaria del año pasado, la cual mejoró sustancialmente la progresividad de los impuestos pagados por personas naturales y puso la lupa sobre sectores con enormes ganancias para asegurar el financiamiento de la inversión pública.
Este ha sido tan solo otro (el más duro) de los golpes propinados al gobierno por parte de la Corte Constitucional. En los últimos dos meses ha tumbado once decretos de emergencia que se habían expedido para la Guajira. La Corte consideró inconstitucionales: i) la reforma estructural a la salud en la Guajira; ii) el decreto para recuperar las salinas marítimas de Manaure; iii) adoptar medidas para el uso del espectro radioeléctrico; iv) la iniciativa para proteger la riqueza cultural del pueblo Wayúu; vi) el decreto que habilitaba la creación de una institución de educación superior indígena propia para el pueblo Wayú, entre algunos otros. Fiel a nuestra vocación santanderista, La Corte Constitucional recomendó que tales asuntos debían tramitarse en el Congreso. Basados en principios técnicos y estrictamente legales se ha golpeado, no tanto al gobierno, como sugieren algunos titulares, sino a las comunidades y los territorios que serían los beneficiados con la puesta en marcha de dichos decretos. Aplican la ley como si fuera un principio absoluto del derecho, pero ignoran nociones básicas de la justicia.
La ley, y el derecho en el que se respalda, está guiada por una idea de lo que es considerado bueno o deseable, justo e injusto. No es un sistema ajeno a la política. Antes bien, el mundo del derecho se forja a partir de una idea de lo político, al tiempo que la política sirve de principio para modelar un sistema de derecho y un determinado tipo de Estado. Pero gran parte de nuestra vida social, política y científica está gobernada por los mecanismos impersonales de la racionalidad moderna. El Banco de la República solo toma decisiones que obedecen a tablas estadísticas y a proyecciones basadas en cálculos determinados por principios técnicos que rigen su imagen de la economía. El Banco reafirma su independencia frente a lo político ante un gobierno que ha roto el lazo que permitía alimentar libremente las utilidades de banqueros. Basados en nociones “puramente técnicas”; en postulados a priori de una razón no tan pura, el Banco de la República y la Corte Constitucional actúan como instancias supremas de una racionalidad olímpica e incuestionable fundada en principios absolutos del derecho y la economía.
La tecnocracia es la expresión formal de una ciencia social que ha sido declarada muerta, o el estertor de un pensamiento convertido en razón instrumental. Pero razón, al fin y al cabo, y, como tal, sujeta a paradigmas y modelos que moldean su capacidad para pensar. La expertocracia quiere convencernos de la existencia de una razón neutral y abstracta que actúa por sí misma al margen de toda acción mundana que manche la pureza de sus intenciones objetivas.
Como en Cien años de Soledad, después de que obreros inconformes hicieron firmar a uno de los miembros de la compañía bananera una copia del pliego de peticiones, “abogados luctuosos” lograron demostrar que aquel hombre no tenía ninguna relación con la compañía, “y para que nadie pusiera en duda sus argumentos lo hicieron encarcelar por usurpador” (García, 2007). Y así, una y otra vez pudieron “demostrar” que el señor Brown no era el señor Brown, que lo habían confundido; que quien estaba vivo en realidad había muerto, y para ello “los abogados exhibieron en lugares públicos el certificado de defunción del señor Brown”. Los trabajadores, hartos de aquel desquiciamiento del común sentido, de aquel “delirio hermenéutico”, descreyeron de las autoridades y apelaron a los tribunales supremos:
“Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendrá jamás trabajadores a su servicio, […], y se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores” (García, 2007).
A la invisibilización jurídica que negó, no solo los derechos, sino la existencia misma de los trabajadores, le siguió inmediatamente la masacre ordenada por el general Carlos Cortés Vargas. “Eran más de tres mil”, exclamó José Arcadio Segundo.
Con fallos leguleyos de rábulas chambones, tribunales y abogados se escudan en la ley, que es tan dúctil, para justificar la trampa (como sucedió con la revocatoria de la elección del alcalde de Santa Marta en las pasadas elecciones). Togados muy solemnes actúan como semidioses al asumir la vocería de una ley eterna y natural con la que, consciente o inconscientemente, perpetúan un estado de cosas llenas de injusticia. Asimismo, economistas ortodoxos adoptan como regla indiscutible de su acción el catecismo de su credo neoliberal.
“El liberalismo ve, tras las fuerzas y relaciones económicas de la sociedad capitalista, leyes “naturales” que solo se mostrarán en toda su sana naturalidad si se las deja desplegarse libremente y sin interferencias artificial”. El liberalismo económico y político está convencido de que “hay una naturaleza de las cosas, que, independientemente del trabajo y del poder humanos, tiene su legalidad propia (Marcuse, 2021).
David Rico
Foto tomada de: Forbes Colombia
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