El 23 de mayo se produjo un escenario que conmocionó, por sus características, a la opinión pública, siendo referido a los hostigamientos simultáneos a la Policía en Morales (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca); un evento con un alto costo político, social e, incluso, económico, para cualquier organización armada ilegal. Ante ello, surge la pregunta ¿cuál es el cálculo que un actor armado debe tener para desarrollar tal acción y que sea beneficiosa? Esta duda es difícil de contestar; no obstante, desde las tendencias se pueden dar líneas generales de respuesta. Así, el presente texto busca conglomerar en tres puntos clave las principales dinámicas que facilitaron el ascenso de esta violencia desde una óptica institucional.
- Una política de paz y de seguridad por caminos distintos
No se ha logrado una sinergia entre la política de paz y la política de seguridad; enfrentan retos similares de manera separada, a pesar de que buscan el mismo propósito. Un ejemplo de ello se dio a inicios de abril, cuando el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, ante el anunció del Estado Mayor Central (la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC- de Iván Mordisco, que es la principal señalada por las acciones armadas ejecutadas en Cauca y Valle) de conformar un nuevo bloque en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila, señaló que esta organización está agrupando frentes, buscando una mayor responsabilidad central y dio la bienvenida a una recomposición de los bloques. Declaraciones que poco más tarde fueron contradichas por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, al señalar -sobre el hecho- que no iban a dejar que se llevara a cabo un proceso de expansión y consolidación de las organizaciones armadas.
Esto mostró una brecha en la lectura de un mismo hecho, lo cual permea la toma de decisiones y, por lo tanto, la consecución de resultados. El fin del gobierno está muy claro, la consecución de la paz, más se carece de modos y medios en conjunto definidos para enlazar la acción armada y la capacidad de negociación por parte del Estado colombiano, lo cual debilita los esfuerzos de la política de seguridad y la política de paz.
Estas dos políticas son complementarias; sin embargo, en la práctica, se están viendo como divergentes. Para lograr una paz duradera en Colombia, en referencia a la lucha con los grupos armados ilegales, es fundamental que se agoten todas las vías y capacidades del Estado, lo cual incluye sus posibilidades de negociación, así como las disuasivas.
El Estado colombiano sigue siendo el oponente más fuerte para cualquier grupo ilegal al interior del país, por lo que el valor que tiene para estas organizaciones comenzar un proceso de cese bilateral es fundamental para direccionar sus esfuerzos hacia nuevos campos. Si bien ha habido una reducción de la violencia derivada de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las estructuras ilegales; esto no exime de los enfrentamientos entre estas últimas, afectando especialmente a la población civil. Esto demuestra nuevamente un choque entre la Política de Paz Total, que busca garantizar la vida por medio del cese y el diálogo, y la Política de Seguridad, la cual debe garantizar la integridad y derechos de las personas en el territorio nacional con el uso de la fuerza, incluyendo en contextos como enfrentamientos entre las organizaciones ilegales.
Asimismo, las acciones de la Paz Total y la Seguridad Humana se volvieron circunstanciales, dependían del contexto e intentaban adaptarse rápidamente a realidades presentes en medio del conflicto, lo cual desdibuja el objetivo último y pone en prueba permanente los límites que se tienen en cuenta a las acciones por parte del Estado. No están claras las líneas rojas de los grupos armados ilegales al momento de establecer una negociación, así como tampoco los alcances para la intervención de la Fuerza Pública.
Esto lleva a que estas organizaciones tengan un mayor margen de acción en cuanto a los objetivos que pueden lograr en relación con el Estado, así como la posible presión que puedan ejercer para conseguir sus propósitos. El que no se cuente con una negociación que disuada a los grupos de dejar sus actividades delictivas (tal y como fue un aprendizaje con el ELN ante los secuestros) lleva a que no se genere una corresponsabilidad con la voluntad de paz de las partes.
- Diagnóstico inicial con altas expectativas
En los discursos iniciales de Gustavo Petro al asumir el mandato, así como en la publicación de la Política de Seguridad, Convivencia y Seguridad Ciudadana, se denotaba un diagnóstico profundo sobre la transformación del crimen (ahora denominadas como organizaciones multicrimen) y un pensamiento de avanzada al afirmar el fin del conflicto armado interno, en el que se partía de la reorganización de la violencia en el territorio nacional. No obstante, ese diagnóstico se ha diferenciado de las acciones en la búsqueda por lograr el proyecto de la Paz Total, dejando en un segundo lugar el elemento de la fuerza del Estado para conseguir los objetivos que se proponen y priorizando la negociación.
La mejor muestra de ello es el reconocimiento político que se le dio a determinados grupos armados, especialmente a las Disidencias de las FARC, tanto de Iván Mordisco (Estado Mayor Central) como las de Iván Márquez (Nueva Marquetalia). Esto implicó la posibilidad de llevar a cabo negociaciones con dichas organizaciones, con el fin de llegar a un acuerdo de paz. Esta priorización parte de una buena voluntad de las partes y de una búsqueda conjunta por una salida negociada al conflicto; empero, puede llegar a ignorar los intereses que se encuentran debajo de la mesa basados en los réditos económicos de las estructuras armadas ilegales.
El mejor ejemplo de ello se encuentra precisamente en el Estado Mayor Central, el cual ha empezado un proceso de ruptura, mostrando que hay diferencias fundamentales al interior de la organización. Esto también se refleja al momento de hacer una negociación, en la cual solo algunos de sus frentes se encuentran comprometidos con dicho proceso, mientras otros prefieren la vía armada.
Lo ocurrido con el Estado Mayor Central es el reflejo de la necesidad de hacer un análisis más profundo al momento de la negociación, así como que es necesario revisar las alternativas que se tienen en las capacidades del Estado para hacer presión en estos grupos para que les parezca deseable la salida por medio del diálogo. Es necesario mostrar que los fines que buscan no se consiguen por las armas.
La estrategia de los grupos armados sigue presente por más que se establezca un proceso de negociación, por lo que todos ellos pretenden el fortalecimiento de sus estructuras. El cálculo de estas organizaciones ilegales es hacia el beneficio; en caso de que la negociación logre desarrollarse y llegar a un proceso de paz, dependiendo de sus capacidades van a tener una mayor posibilidad de poner condiciones y mejorar sus alcances en el proceso. Mientras que, en caso de fracasar y seguir con la ruta armada, sus estructuras se han visto fortalecidas y pueden tener una mayor posibilidad de lograr sus objetivos por esta ruta.
- Una estrategia por actualizar
Uno de los retos que señalaba la administración de Gustavo Petro era la actualización de la estrategia militar, y en sí de toda la Fuerza Pública, respecto a los cambios que se presentaban en la criminalidad. Esta es una tarea que viene desde la desmovilización de las FARC, debido a la recomposición de los actores armados ilegales; sin embargo, es una labor que aun no tiene una línea clara de acción, por el contrario, hay importantes desafíos por desarrollarla.
Es normal que los grupos armados ilegales y el crimen se actualicen más rápido de lo que lo puede hacer la Fuerza Pública; no obstante, faltan líneas de acción para lograr que esta brecha se reduzca. En el campo operacional se sigue apuntando a un conflicto armado interno, teniendo dinámicas convencionales, dejando de lado las disputas territoriales y la nueva forma en la que estas organizaciones hacen presencia en los territorios.
Un ejemplo de ello se presenta en la actualización de las finanzas ilegales, las cuales, ante la disminución del precio internacional de la cocaína, presentan un aumento de otros tipos de ingresos, tal y como la minería y la extorsión. De esta manera, zonas como el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca Antioqueño, el Triángulo de Telembí, entre otras zonas, se vuelven aún más estratégicas por sus rutas al comercio transnacional, así como su acceso a recursos minerales; además de la falta de presencia estatal.
Asimismo, las mismas directivas del gobierno pueden ser leídas de formas que no son claras por parte de las bases de la Fuerza Pública. Esto se evidenció cuando se realizaron los primeros ceses bilaterales con las organizaciones armadas ilegales, en el que se enviaban mensajes sobre continuar con la presencia territorial, defender la soberanía, al tiempo que no se tenían protocolos del cese.
Asimismo, las acciones en Morales y Jamundí dejaron ver la desorganización y falta de preparación para dar respuestas efectivas en caso de que se presentaran acciones armadas. Esto se dejó entrever en la falta de labores previas por reforzar los cascos urbanos en el Norte del Cauca, a pesar de las amenazas estratégicas existentes ante las complicaciones con el Estado Mayor Central; así como en las demoras para poder generar una respuesta efectiva al hecho.
Esta acción demostró que hay limitaciones para atender los requerimientos en seguridad en cascos urbanos, problema agudizado porque los hechos fueron en dos municipios cercanos a principales ciudades del país (Popayán y Cali) con capacidad de respuesta. Lo anterior, acompañado de preconcepciones propias de las instituciones, ha llevado a que la moral de las Fuerzas Militares y la Policía se vea reducida, afectando la ejecución y, por lo tanto, los resultados operacionales de las fuerzas. No es segura la conexión entre la estrategia nacional, las directrices de la cúpula militar y policial, las posiciones de los mandos medios y la ejecución que realizan los funcionarios en su día a día.
El hecho de Morales también deja ver las dificultades que afrontan la inteligencia militar y policial, las cuales es necesario volverlas a encaminar en concordancia con el buscar que las acciones por parte del Estado sean desarrolladas con la mayor cantidad de información posible. Actualmente dichas estructuras se encuentran deterioradas, derivado de procesos previos al actual gobierno, el cual, sin embargo, no les ha dado la relevancia que tienen en la lucha contra la criminalidad, derivado de los puntos de discordancia que se tuvieron en el pasado con quienes se encuentran en la actual administración.
Son posibles cambios en la institución militar ante las brechas que este suceso refleja, teniendo en cuenta la decisión de pedir el retiro al comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, en remplazo del mayor general ® Luis Emilio Cardozo Santamaría. No obstante, esta problemática interna requiere más que la salida de altos mandos, por el contrario, el fortalecimiento y la alineación son mucho más profundos y demandan el restablecer la moral de la tropa, generar estrategias certeras y fortalecer la inteligencia. Las capacidades militares y policiales necesitan un nuevo aire para poder tener una transformación de acuerdo con las orientaciones del actual gobierno.
Más allá de la institucionalidad
Lo ocurrido en Jamundí y Morales deja ver escollos importantes que es necesario solucionar por parte de la institucionalidad; no obstante, sería inexacto afirmar que estas acciones por parte del Estado Mayor Central se deban solo a las falencias que se afrontan por parte del Estado colombiano. Por el contrario, también hay relación con acciones propias de la Fuerza Pública que llevan a cabo en contra de esta agrupación, las cuales motivan medidas desesperadas por parte de la misma; la cual, de por sí, se encuentra en una posición difícil ante la recomposición de sus estructuras.
No obstante, esta debe ser tomada como una alerta importante de la configuración de la acción armada por parte de las estructuras ilegales, así como la necesaria recomposición de capacidades por parte de las instituciones. Es necesario que se tomen los aprendizajes de lo ocurrido en estos municipios, buscando decisiones certeras para evitar que las acciones violentas sean replicadas como una forma de presión a las políticas del gobierno.
Farid Camilo Rondón Raigoza, Magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, profesor ocasional y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: Barrons
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