Para entender este proceso se deben relacionar tres factores que se desarrollan simultáneamente: a) los niveles de profundidad de la corrupción administrativa del Estado b) el avance en el control territorial por parte de las AUC mediante el despojo de tierras, desplazamiento y desaparición forzada de los campesinos que vivían allí, compra forzosa de tierras etc. c) la “adjudicación de franquicias” para la explotación de las rutas del Narcotráfico, tema que no será tratado en este artículo.
Los Niveles de la Corrupción:
A través de la investigación adelantada en ese entonces por la CORPORACION NUEVO ARCO IRIS se pudo comprobar que en la Costa Atlántica[1] se desarrollaron 6 niveles de corrupción y cooptación del Estado y la sociedad por parte de los grupos paramilitares:
- I Nivel de Corrupción: se rompe el monopolio de la fuerza por parte del Estado y se recaudan dineros para financiar grupos de seguridad y justicia privados inicialmente conocidos como autodefensas (Ávila, 2010). Las cooperativas CONVIVIR son el ejemplo preciso.
- II Nivel de Corrupción: se rompe el monopolio público en el recaudo de impuestos, con la complicidad con agentes del Estado, al dominar negocios como el contrabando, el tráfico de precursores químicos y el control de los mercados de abastos. En Santa Marta, “El Viejo” Hernán Giraldo y en Barranquilla, Oswaldo “Mono” Calvano[2] controlaban todo el entorno alrededor de los mercados públicos.
- III Nivel de Corrupción: se rompe el monopolio del estado en la regulación y el manejo de los combustibles. Es la etapa del concierto para delinquir masivo en un ámbito abiertamente ilegal como el robo de combustible por los llamados carteles de la gasolina uno de ellos al mando de “Juancho Dique” en Cartagena. Requiere de la complicidad de Agentes Estatales encargados del manejo, operación y vigilancia de los oleoductos. Las cooperativas utilizadas en la distribución de combustibles por los “paras” en la Costa y Norte de Santander fueron creadas con este propósito.
- IV Nivel de Corrupción: se amenaza la estabilidad económica garantizada por el Estado. Se entra a la gama de delitos que traspasan lo nacional como es el Narcotráfico y el Tráfico masivo de armas; este nivel es fundamental para la financiación de la expansión paramilitar ya que el 70%[3] de los recursos dependieron del Narcotráfico. Algunas autoridades aduaneras y portuarias han sido señaladas por jefes paramilitares con elementos claves para evitar la interdicción de la droga.
- V Nivel de Corrupción: es la etapa de la captura de las rentas del Estado como las destinadas a la salud, universidades, regalías, infraestructura, etc. Aquí se configura plenamente un “Paraestado” mafioso que “penetra muchas instancias de poder”[4] como dijo Salvatore Mancuso poco antes de ser extraditado. En este nivel, los paramilitares lograron poner a su servicio la administración del Estado, en el ámbito local y regional.
- VI Nivel de Corrupción: Es el nivel más alto alcanzado de manera consistente por el Bloque Norte de las AUC, el control de los mercados a gran escala con la creación de monopolios regionales bajo el peso de la coerción. Constituyen un buen ejemplo los casos de los mercados lechero, ganadero, de frigoríficos, de abastos, trasporte local, chance y juegos de azar[5]. El propósito final en este nivel de corrupción era el control del territorio y del orden social a través del despojo de tierras, el desplazamiento forzado, las masacres, el asesinato selectivo.
Control territorial por parte de las AUC, despojo de tierras y “compradores de buena fe”
La realidad que han venido a demostrar los procesos adelantados por la Jurisdicción de Tierras a través de sus sentencias es que el control territorial de las AUC, mediante el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de los campesinos, fue un paso para la trasferencia de esas tierras a empresarios “compradores de buena fe” para grandes desarrollos productivos de la agroindustria, especialmente agro-combustibles como caña y palma africana en su inmensa mayoría y en menor escala ganadería intensiva; aunque es necesario destacar que grandes extensiones de tierras despojadas fueron utilizadas para ganadería extensiva por parte de terratenientes ya afincados en esos lugares.
De acuerdo con EL ESPECTADOR en su edición del 12 de octubre de 2023, en un artículo elaborado por Gustavo Torrijos de la Sección Judicial se indica que “El Grupo Argos trató, por todos los medios, de quedarse con miles de hectáreas en donde sembró parte de un megaproyecto de teca en Sucre. En medio de un proceso de restitución de tierras, la justicia aclaró que no se comprobó que la cementera compró la tierra de buena fe y que era inverosímil que no supiera que en la zona había cientos de casos de desplazamiento forzado”.
En un proceso que se inició en dos juzgados de Sincelejo, una comunidad de campesinos de San Onofre solicitó la devolución de un predio de 400 hectáreas comprado por una filial de la mayor cementera del país, perteneciente a uno de los tres grandes grupos empresariales que en ese momento conformaban el Grupo Empresarial Antioqueño, ARGOS, el proceso en su etapa final al cabo de 10 años llegó al Tribunal Superior de Cartagena el cual emitió un fallo de fondo, sentenció sin equívocos varios puntos fundamentales:
1°- Que en las tierras sobre las cuales el Grupo Argos adelantó parte sustancial de su proyecto de reforestación de teca con el objetivo de cumplir un requisito medioambiental se llevó a cabo “sobre predios despojados por las FARC y grupos paramilitares, que sembraron terror entre 1990 y 2004”.
2°- La decisión de la Sala Civil especializada en Restitución de Tierras arroja luces sobre la forma como empresarios cobijados por la legalidad “se quedaron con enormes extensiones de tierra, en medio de una guerra que no tuvo tregua”.
3°- El Grupo ARGOS no pudo establecer durante la etapa probatoria la “buena fe” en la compra de esas tierras; por el contrario, el Tribunal si pudo comprobar, mediante documentos allegados al despacho, que el Conflicto Armado había tenido continuidad en ese territorio en una secuencia de Bloque paramilitares despojadores de las tierras, organizaciones sucesoras del paramilitarismo que impidieron el regreso de los desplazados y despojados y en una etapa final Bandas criminales como “Urabeños y Rastrojos” que para la época de los hechos de la demanda aún mantenían control de la zona.
4°- “Informes de expertos que tuvo en cuenta el Tribunal para llegar a una cifra entre 1995 y 2003, más de 18.000 personas fueron desterradas de San Onofre. Dos bandos fueron los cerebros criminales: por un lado, el bloque Héroes de los Montes de María, a la cabeza de alias Cadena. Y por el otro, el frente 37 de las Farc, encabezado por alias Martín Caballero”.
5°- Con base en los hechos anteriores el Tribunal ordenó la restitución de las tierras a los demandantes.
Esto significa que hay grandes avances en el tema de los terceros civiles beneficiarios de las acciones del paramilitarismo y otros agentes de la violencia durante el Conflicto Armado; hoy 17 empresas enfrentan proceso por las mismas razones del litigio contra ARGOS, grupo que dicho sea de paso, desde 2014 acumula 22 sentencias en su contra en las mismas circunstancias.
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[1]Esto con base en el trabajo de campo realizado en Barranquilla por el autor Hernán Pedraza Saravia.
[2]Periódico El Espectador. Zozobra en Barranquilla. Diciembre 17 de 2009 Consulta electrónica http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso177993-zozobra-barranquilla
[3] Revista Semana. Las Cuentas de Mancuso.
[4] RCN Televisión. Entrevista de Juan Carlos Giraldo A Salvatore Mancuso.
[5] Defensoría del Pueblo Atlántico, “Informe de Riesgo de la población civil 020-05”, Barranquilla, 27 de mayo de 2005)
Hernán Pedraza Saravia, investigador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Las2orillas.co
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