Dentro de lo mucho que se ha escrito por analistas, veteranos y de ultima hora, creo qué hay algo fundamental a señalar: con el ELN no se ha logrado concluir un acuerdo de cierre del conflicto armado porque los distintos gobiernos -en eso fueron iguales el Gobierno Pastrana y el Gobierno Santos- siempre tuvieron al ELN como una segunda prioridad, porque por razones de valoración estratégica siempre consideraron que la prioridad estaba en la guerrilla de las FARC, por su mayor capacidad militar; el actual Gobierno tiene la oportunidad de darle al ELN toda la prioridad y eso se debe reflejar en el diseño y desarrollo del proceso, siempre que exista la decisión política de llevarlo a buen puerto. Y todo indica que efectivamente tanto el Gobierno como el ELN están en disposición de sacarlo adelante, lo cual se debe reflejar en lo que dicen y en lo que hacen, es decir los hechos. El ELN es una guerrilla distinta dentro de un mismo conflicto armado.
El Presidente Duque propuso en su discurso de posesion hacer una evaluación durante treinta días; nombró como Alto Comisionado de Paz al doctor Miguel Ceballos, un conocedor del tema pero además con la suficiente experiencia y buen tacto para manejarlo; prolongó las figuras de los ‘gestores de paz’ que han cumplido un rol importante; y claro, le exigió al ELN que debía poner en libertad las personas que tenía secuestradas, antes de proceder a avanzar en conversaciones y suspender todos los hechos de violencia. El ELN por su parte, además de las reiteradas declaraciones de Pablo Beltrán, jefe de la delegación en La Habana, en el sentido de mantenerse en la Mesa de Diálogo, igualmente ha dicho que estarían dispuestos a hacer un proceso que concluya en el periodo del actual Gobierno -lo cual le ubica una temporalidad razonable- y ha planteado claramente que el objetivo es ‘sacar la violencia de la política’ y por consiguiente llegar a la dejacion de armas, pero además ha empezado a dejar en libertad las personas secuestradas -militares y civiles- y esperemos disminuya los hechos de violencia, como paso previo a la decisión que debe llegar, abandonar definitivamente el secuestro y la extorsion y demás hechos e violencia. Esto implica que hay necesidad de conversar sin el ruido o la perturbación de los hechos de violencia.
Sobre el ELN se h especulado mucho; que no tiene unidad de mando, que es un organización muy descentralizada, que en lo fundamental es una organización miliciana, que busca es acompañar las reivindicaciones de sectores sociales y adelantar una estrategia de resistencia, que es un organización muy ideologizada y poco realista. Todo ello es parcialmente cierto pero también parcialmente fantasioso. Ha mostrado en sus acercamientos de paz con distintos gobiernos, bastante de realismo. En el Gobierno del Presidente Uribe, cuando muchos sectores lo descalificaban, inició un proceso de conversaciones que se prolongó por cerca de dos años y que incluyó algo poco visto, un acuerdo para que su segundo comandante, Antonio García, viniera a la ciudad de Medellín, a Casa de Paz, durante una semana, previo levantamiento acordado de las órdenes de captura, a tener interlocución con dirigentes empresariales, organizaciones sociales, dirigentes políticos, gobernantes territoriales, militares en retiro. Sin duda una decisión audaz, positiva y realista, tanto del Gobierno Uribe como del ELN.
Este es uno de los Antecedentes -también lo fueron las audiencias del año anterior sobre cómo hacer la participación, en Tocancipa y Bogotá- para de manera realista plantear que la Mesa de Conversaciones puede trasladarse al país a la mayor brevedad y allí el acompañamiento de la Iglesia católica, ojalá con el Vaticano, serían una fórmula deseable y claro dando también un rol a la comunidad internacional que quiere ayudarnos a los colombianos a terminar el conflicto armado. Las conversaciones en el exterior, en un país amigo, tienen sentido cuando las condiciones de seguridad dentro del país no lo permiten, pero afortunadamente esa no es la situación actual colombiana.
Otro tema que vale la pena plantearlo tiene que ver con un debate pertinente y es si las políticas para terminar el conflicto armado deben ser Politicas Publicas de Estado o son de Gobierno. Eso para un profesor de Política Pública, como es mi caso, es un tema relevante. Lo deseable sería que fueran Políticas de Estado, lo real es que han sido y seguramente seguirán siendo Políticas de Gobierno. Esto implica que lo aconsejable es que un proceso de terminación del conflicto armado se acuerde y concluya en el tiempo de un gobierno, incluso que se empiece a implementar lo acordado -pareciera que el Gobierno del Presidente Duque lo concibe así-, es decir hay que mirar con realismo el tiempo de la negociación y tratar de acelerarla al máximo, sin que eso signifique atropellarla. Pero también para decir hay que establece ajustes en la agenda y en los procedimientos acordados con el Gobierno anterior para que los mismos sean realistas.
La participación no es un aspecto sustancial, sino metodológico, lo que no quiere decir que sea de menor importancia, es central, pero para influir o tomar decisiones de aspectos que inciden en los problemas de las comunidades, regiones y país. Por ello la participación puede y debe ser al tiempo, analítica, deliberativa, incidente y decisoria. Y claro, debe hacerse tanto en lo territorial, como en lo sectorial y lo nacional. Pero también hay que derrumbar el mito que a los gobiernos no les gusta la participación, creo que una participación organizada, eficaz y representativa de la diversidad, no va a ser desconocida ni ignorada por ningún gobierno. Otra cosa es suponer que los ejercicios participativos son para imponer los puntos de vista de un sector a las mayorias de una región o del país. Entonces algo tan caro a la forma como el ELN concibe su proceso de terminación del conflicto armado, se puede organizar y adelantar en un tiempo realista y prudencial, sin sacrificar la posibilidad de que todas las voces sean escuchadas.
Un modelo de negociación basado en la fórmula ‘acuerdos parciales de vigencia inmediata’ permitiría acercar la implementación de lo acordado al propio proceso de construcción de los acuerdos -por ejemplo en lo relacionado con decisiones sobre obras o bienes públicos para comunidades- y facilitar de esta manera consolidar la confianza mutua. Esta fórmula para el caso del ELN podría ser más práctica que la utilizada en el caso de las FARC de ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’.
Concluyo señalando que si bien es verdad que el Gobierno del Presidente Duque puede tener reparos a la forma como se adelantó el proceso con las FARC en el gobierno anterior y seguramente el ELN también tiene críticas u observaciones, por razones distintas, tienen la oportunidad para que el actual Gobierno y el ELN adelanten un proceso diferente, que recoja sus puntos de vista y que los deje satisfechos, dandole al país el resultado positivo: que contribuyeron de manera sustancial al cierre del ciclo de violencia política en Colombia.
Por supuesto nadie está diciendo que todo va a ser fácil; habrá dificultades, adversarios y voces opuestas, pero creo que si el Gobierno Duque y el ELN, tienen la decisión clara van a poder llegar a buen puerto y en el tiempo del actual Gobierno.
Alejo Vargas Velasquez, Profesor Titular de la Universidad Nacional
Foto tomada de: Vanguardia Liberal
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