En el Poder Ejecutivo: el entuerto actual es el caso Odebrecht que sacude a la campaña presidencial de Santos Calderón, si bien él ha afirmado que acaba de enterarse, y a la de su oponente, el candidato Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático; lo anterior sin relacionar la lluvia de escándalos que sacudieron al gobierno de Uribe Vélez, siendo uno de los más sonados el de Agroingreso Seguro que involucra al condenado exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, cuya extradición está próxima a definirse por parte de la justicia estadounidense.
En el Poder Legislativo, los Padres de la corrupción se encuentran fuera de concurso y cito apenas algunos de los honorables congresistas que han representado al departamento de Córdoba, que fueron condenados por el proceso 8.000 o por parapolítica o están bajo investigación por el caso Odebrecht o por la compraventa de fallos judiciales: “Los Ñoños” Bernardo Elías y Musa Besaile, Otto Bula, Zulema Jattin, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, Francisco José Jattin, Carlos Náder Simmonds, Jorge Ramón Elías Náder, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Julio Manzur y Mario Salomón Náder. Mis disculpas para quienes haya omitido de manera involuntaria.
Y en el estrepitoso desplome de la estantería institucional faltaba el Poder Judicial, aunque ya se escuchaba el crujir de podridas gavetas amañadas. Pretelt, en la Corte Constitucional; Ricaurte, Bustos, Tarquino y Malo en la Corte Suprema de Justicia ponen en entredicho la respetabilidad del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, pero sobre todo la decencia de quienes tienen la misión de impartir justicia y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
Hace tiempo que los niveles de corrupción alcanzaron los más altos topes de las más encumbradas instancias de la institucionalidad y sin embargo la sociedad colombiana continúa aletargada, ajena al derrumbe que se le vino encima. La retórica oficial y la anestesiante acción de los medios masivos de comunicación la mantienen enajenada, amodorrada a la espera del reality de turno.
En el entramado de corrupción que se conformó en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que aparecen seriamente involucrados uno que otro magistrado y exmagistrado, todo parece indicar que el confeso exfiscal anticorrupción corrupto, Luis Gustavo Moreno Rivera, era un simple bufón encargado de llevar fallos y decisiones judiciales falseadas y traer maletines cargados de millonarias sumas de dinero.
El Estado colombiano dedicó sus esfuerzos a combatir militarmente a la insurgencia a la vez que se hizo el de la vista gorda frente a la creciente y cada vez más sofisticada corrupción, esta no es de ahora ni de ayer; y no lo hizo por descuido o por falta de medios sino porque la “democracia” criolla funciona a partir del engranaje de los acuerdos clientelistas y de las Mafias que se enquistaron en los órganos de poder, mismas que a su vez permiten su supervivencia en un Estado ausente, débil o complaciente como es el caso colombiano.
La institucionalidad colombiana está copada por Mafias ávidas de mantenerse en el poder y conseguir dinero a como dé lugar. Lo uno lleva a lo otro y lo segundo garantiza lo primero. Las mueve el afán por el dinero y el “respeto”, como antesala de la ostentación y el poder.
Y en el caso de los magistrados, seriamente implicados en la venta de decisiones judiciales, estos terminaron convertidos en la antítesis de Magistrados como Ciro Angarita Barón, Manuel Gaona Cruz, Carlos Gaviria Díaz o Alfonso Reyes Echandía.
Pero ante todo es una afrenta a la memoria de Jueces y Magistrados que ofrendaron su vida, en la lucha contra el crimen organizado, contra la mafia narco paramilitar: Álvaro Medina Ochoa, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, asesinado el 8 de abril de 1985; Tulio Manuel Castro Gil, Juez en Bogotá, asesinado el 23 de julio de 1985; Hernando Baquero Borda, Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, asesinado el 31 de julio de 1986; Gustavo Zuluaga Serna, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, asesinado el 30 de octubre de 1986; María Helena Díaz Pérez, Jueza en Medellín, asesinada el 28 de julio de 1989; Carlos Enrique Valencia García, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, asesinado el 16 de agosto de 1989; Héctor Jiménez Rodríguez, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, asesinado el 17 de octubre de 1989; Mariela Espinosa Arango, Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, asesinada el 1º de noviembre de 1989. Y tantos otros a los cuales el país está en mora de rescatar, por lo menos sus nombres, y honrar, ahora que se habla de verdad y de memoria histórica.
Qué contraste el de aquellos que convierten la justicia en una mercancía, con aquellas mujeres y hombres que asumieron su deber con coraje. Y qué paradoja que jueces llamados a combatir la delincuencia organizada terminen establecidos como una vulgar pandilla.
El juez italiano Giovanni Falcone, asesinado el 23 de mayo de 1992 en Palermo, junto con su esposa y dos escoltas, en un ataque en el que la Mafia siciliana utilizó 400 kilos de TNT, decía: “La mafia no es invencible en absoluto. Es un hecho humano y como todos los hechos humanos tiene un comienzo, y también tendrá un fin. Más bien, hay que darse cuenta de que se trata de un fenómeno terriblemente grave y muy serio que puede superarse al no reclamar heroísmo de ciudadanos desgraciados, sino a participar en esta batalla de todas las mejores fuerzas de las instituciones”.
No se puede perder de vista que este nuevo episodio de podredumbre no es exclusivo de la rama Judicial, que afecta a unos de sus miembros más representativos pero que también existen Magistrados y funcionarios intachables; que en ese mismo pantano de descomposición ética chapotean a su gusto las otras ramas del poder público, la Ejecutiva y la Legislativa, campeonas de nado sincronizado, junto con vastos sectores de la empresa privada.
A ese ambiente de descomposición tampoco se escapan los partidos políticos, convertidos en empresas electoreras; por el contrario estos tienen una gran responsabilidad de lo que está sucediendo y ello explica que ahora, en la antesala de la campaña electoral de 2018, la mayoría de candidatos a la presidencia hayan optado por la recolección de firmas como una manera de desligarse de las sombras de corrupción que cobijan a agrupaciones como Cambio Radical, Partido de la U, Partido Conservador, y otros.
El interrogante que continúa flotando en el ambiente es ¿Cómo y por recomendación de quién, resultó nombrado Luis Gustavo Moreno Rivera como Fiscal Anticorrupción en la Fiscalía de Humberto Martínez Neira? ¿Quiénes responden por la postulación y elección de los magistrados Ricaurte, Bustos, Tarquino, Malo y Pretelt? Otro asunto que llama la atención es el de la relación entre corrupción y género, no es necesario hacer elucubración alguna.
De la sociedad colombiana depende, una vez más, que las elecciones que se avecinan sirvan de mecanismo para depurar las instituciones. En mi opinión, es la corrompida clase política la responsable de la situación de postración ética en que se encuentra la sociedad colombiana: como el rey Midas, todo lo que tocan lo convierten, no en oro, sino en mierda.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
27 de septiembre de 2017
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