“La guerra es la continuación de la política por otros medios”.
Carl von Clausewitz, “De la guerra”
Legal Visiones
La lectura de los medios de comunicación me trae más frecuente y fuertemente este concepto; de alguna manera me explica y da fundamento al análisis del actuar de la oposición al gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente.
Al parecer los políticos opositores están empleando la guerra para alcanzar sus fines políticos, esta que llamo la guerra me recuerda el empleo de la guerra sucia, la guerra jurídica y la guerra no convencional.
Por el impacto humano, económico, social, jurídico, político e institucional merece que nos detengamos en su análisis.
Es indudable que lo que está en juego es redefinir el orden político, el de generar una coalición que revierta los resultados de la elección presidencial pasada y salir al paso de la concreción de los programas de gobierno, que, dicho sea de paso, afectan claros intereses económicos y políticos, interesados en impedir que los cambios sociales puedan ser concretados.
Es evidente que no interesa a los opositores que los intentos gubernamentales para obtener la paz fructifiquen, las falencias y errores en el manejo de esta, les da paso a críticas que con esta base sean mostradas como las actuaciones erráticas de un gobierno al que hay que paralizar, agravadas por el comportamiento poco serio de los grupos armados y delincuenciales.
Los medios de comunicación en las manos de los grandes intereses económicos afectados, son empleados, sin ruborizarse un ápice y con un absoluto y descaro desparpajo publicitario, en la tarea de debilitar a un gobierno; que con propósitos más nacionalistas que de izquierda, se le impide realizar las imprescindibles reformas sociales que requiere el país. La torpeza de este accionar de los opositores es palmariamente evidente, como también lo es el que el gobierno no se concentre en los esfuerzos por hacer realidad sus promesas electorales, o cace discusiones y debates de segundo orden, que distraen y enredan el trabajo del ejecutivo.
El análisis sesgado, presentado por analistas y opinadores libreteados; la manipulación de la agenda legislativa; el sensacionalismo exacerbado de situaciones del entorno presidencial, de su familia, sus aliados políticos o de los empresarios afectos al gobierno, tienen el claro propósito de crear un clima de opinión publica adverso, se difunde solo información con documentos y grabaciones selectiva, creando una narrativa favorable a una oposición cerrera y mezquina, esta entonces la desinformación al orden del día. Flaco favor a la sociedad y a sus propios mentores y al periodismo ocasionan estos actores de la publicidad.
Se precisa la lectura atenta y crítica de las noticias, los debates, las entrevistas, los artículos y programas de opinión, los editoriales, las redes sociales, para conocer de primera mano, el propósito oculto o el explícito detrás de cada interviniente, en los temas de interés nacional, no es admisible aceptar el descredito, la confusión y la duda, para presionar a los políticos a los jueces a tomar decisiones equivocadas.
No a los “LavaJato”, no a los juicios mediáticos, ni a la adopción como modelo para atacar a los opositores empleado por Donal Trump; no al daño a la reputación de las personas y organizaciones, ello erosiona la precaria confianza que aún subsiste en los medios de comunicación y contribuye a un clima de polarización política que graves efectos sobre la economía, la fuga de capitales y la inversión extranjera.
Capítulo aparte y merecedor de un detenido análisis el empleo de lo que denominare la guerra sucia y la guerra jurídica; el desangre que supone la eliminación física de los adversarios políticos se realiza de manera sistemática con asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, el empleo del espionaje y el sabotaje legislativos están en el orden del día.
El Software “Pegasus” no es un inofensivo instrumento en manos de los opositores, es un arma empleada para debilitar a los adversarios políticos, permite la programación en momentos claves de movilizaciones y protestas que inciden en la opinión pública, obstruyendo o saboteando la actuación parlamentaria en temas claves de la agenda gubernamental, justificando y haciendo aceptable la guerra sucia y la guerra jurídica que actualmente se libra.
La guerra sucia fue utilizada por las dictaduras militares en Argentina y Chile; los parapolíticos en Colombia; la guerra jurídica es utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro y por el expresidente y hoy presidente electo de los EEUU Donald Trump para debilitar a los opositores, usando a la justicia para investigarlos y silenciar a sus críticos.
En Colombia la versión es la de la oposición para debilitar la acción gubernamental y paralizar las urgentes reformas sociales que requiere el país; ocasionan gravísimas consecuencias para la democracia, la seguridad, para la inversión extranjera, los derechos humanos y se ha plasmado en la eliminación sistemática de los lideres ambientales, que luchan contra la deforestación y la preservación de la Orinoquia y la Amazonía colombiana.
La guerra jurídica debe ser detenida, el empleo de demandas sin mayor fundamento o a destiempo, las demandas judiciales simultáneas en diferentes jurisdicciones, el bloqueo o el sabotaje de políticas y proyectos gubernamentales debe cesar; así como los procesos contra personalidades y funcionarios claves para dificultar su actuación en asuntos públicos.
Poco han de conseguir en el futuro quienes, como grupos de interés u opositores políticos, empresas, corporaciones u organizaciones no gubernamentales, cuestionan la legitimidad, la credibilidad del gobierno o pretenden desestabilizarlo, sin medir el daño económico de sus acciones.
Es tarea de primer orden la despolitización y la independencia del poder judicial, así como el promover la transparencia y la rendición de cuentas, el combate decidido a la corrupción y el desarrollar estrategias de comunicación efectiva para favorecer la fortaleza de las instituciones.
Los corruptos también emplean la guerra jurídica para evadir la responsabilidad como en el caso de la empresa Odebrecht o de la estadounidense Chevron en Ecuador para evadir los daños ambientales que ocasionó.
Es muy importante mejorar las habilidades y competencias de la ciudadanía para resolver los problemas de la sociedad, para tomar decisiones informadas y asertivas. Para impedir la manipulación de la opinión pública.
Posteriormente escribiré sobre otras decisiones del CNE
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Foto tomada de: El País
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