De tal manera, que temas como la financiación de las campañas políticas, la conformación de las listas a corporaciones públicas, la financiación de la política, la oposición política y el acceso democrático a los medios de información en igualdad de condiciones, entre otros aspectos, son los que se pretenden modificar con esta reforma política con la mirada discreta y poco comprometida de las inmensas mayorías parlamentarias tradicionales; como quiera que algunos de esos temas son los que históricamente han permitido que se perpetúen en el poder los tradicionales políticos contabilistas de votos y que a Colombia se le señale como un país con una democracia clientelista, excluyente y restringida.
En términos escuetos, se podría afirmar que lo acordado en la Habana en materia de participación política pretende abrir el país hacia un proceso de transición política y no simplemente, sentar las bases para permitir solo un pacto de inclusión de las Farc como actor político a cambio de la dejación de sus armas. En esa transición política lo que está en juego es el futuro de la política tradicional que ha permitido por años la hegemonía paritaria liberal conservadora que hoy se expresa de la misma manera a través de la llamada Unidad Nacional; de allí, que Colombia requiera la ampliación de la democracia y la reinvención de la política mediante la implementación urgente de medidas que permitan mejorar la forma de hacer política en el país que sepulte para siempre la exclusión, la hegemonía y la violencia política.
La apertura democrática, la promoción de la participación, la transparencia en el manejo de los recursos, el fortalecimiento de las instituciones que ejercen control y vigilancia sobre las organizaciones políticas y los escenarios electorales, son medidas que el país debe tomar para el próximo evento electoral del 2018, sólo así podremos fundar inmediatamente las bases para la construcción de una paz estable y duradera y enrumbar el país hacia un verdadero proceso de transición democrática.
Es necesario precisar que las transiciones democráticas se clasifican teóricamente normalmente bajo tres modelos o tipos: El primero corresponde a los procesos de revoluciones estrictamente dichas por la conformación de un Estado democrático; el segundo, es propiamente una transición de un régimen autoritario de carácter militar que de nuevo logra restaurar unos mínimos de democracia. En este sentido, la transición democrática se entiende tradicionalmente, como un proceso a través del cual se pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático, es decir, es un modelo de cambio político que trae consigo alternativas a las dictaduras, autocracias, totalitarismos o regímenes no democráticos. Por lo tanto, se parte de la idea de que los procesos de transición se hacen desde regímenes autoritarios a otra cosa incierta, esta cosa incierta puede ser un régimen democrático o puede ser un régimen autoritario más severo (O’Donnell y Schmitter, 1994). Y el tercero, se refiere a transiciones políticas sin haber un momento formal de cambio de régimen, que se caracteriza por procesos de profundización de la democracia desde un régimen democrático restringido e implica trasformaciones institucionales profundas también como garantías de No repetición de la violencia política. Lo que podría constituirse para Colombia como un modelo que se podría denominar de paz por mayor democracia. Algunos teóricos dan cabida a ubicar el caso de Colombia en este tercer tipo de transición (Garretón, 1997).
Las transiciones tienen una alta complejidad en tanto todo está por definirse dentro de este nuevo orden transicional que no deja de generar incertidumbres a quienes participan de ellas. En otras palabras, las transiciones se refieren a un período inestable y transitorio y es el primer paso hacia la consolidación de estructuras con mayores indicadores de democracia. Ahora bien: Las transiciones no son insurrecciones, no son revoluciones, no son rupturas violentas, súbitas, del orden social y político, sino que son, en definitiva, acuerdos entre fuerzas autoritarias y fuerzas que luchan y se oponen al autoritarismo; son pactos que a veces adquieren una naturaleza explícita, y otras veces son pactos implícitos. Toda transición, si es tal, se caracteriza porque requiere de determinadas concesiones, transacciones o compromisos. Esta es la esencia de un proceso de transición (Arrate, 1991: 92).
La transición como proceso tiene unos subprocesos, pero no necesariamente se dan ambos de manera paralela o secuencial, estos dos subprocesos son, primero liberalización; y segundo democratización. La liberalización es el primer paso o la primera fase de la transición, es un proceso parcial de alcance limitado; en otras palabras, se entiende por liberalización “el proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, que protegen a individuos y grupos sociales en los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros” (O’Donnell y Schmitter, 1994: 20). La democratización por su parte, se refiere a la aplicación y construcción de reglas de juego enfocadas a los derechos de los ciudadanos. Dichas reglas de juego son aplicadas por instituciones políticas que pudieron estar regidas por otros principios tradicionales. Son ampliadas para incluir individuos que antes no gozaban de esos derechos, no tenían acceso a ellos y también buscan abarcar problemas e instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana (O’Donnell y Schmitter, 1994)
Ahora bien, dista mucho el contenido de lo que hace trámite en el Congreso con las expectativas de lo acordado en la Habana en términos de ampliación de la democracia y reinvención de la política que conduzca al país hacia una transición democrática; es por ello, que debemos trabajar, ante la limitada y precaria reforma política que avanza en el congreso, para que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente a fin de concretar los proceso de transición democrática que requiere Colombia. Es preciso meterle pueblo a estas decisiones tan importantes para el futuro de la democracia, y en el caso de la reforma política, será necesario y urgente adelantar el proceso de transición a partir del constituyente primario, a fin de que éste aborde de manera soberana las transformaciones democráticas en materia política, económica y social, que permita instaurar una nueva Colombia; lo anterior, es una urgencia nacional debido a la poca voluntad política que hasta hoy se ha visto expresada por parte del legislador del fask track; y cuyo proceso culmina el próximo 30 de noviembre.
HÉCTOR ALONSO MORENO P: Docente Universidad del Valle.
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