El gobierno Duque en dificultades busca retomar iniciativa desconociendo a la JEP
Durante su primer año de gobierno el presidente Iván Duque muestra incapacidad de liderazgo, de ejecutoria y de iniciativa política, al punto de registrar los más bajos niveles de aceptación que en sus inicios haya tenido un mandatario en la historia colombiana reciente. Le pesa el haber sido elegido y gobernar bajo la influencia del expresidente Álvaro Uribe y las abiertas presiones de su partido “Centro Democrático”. Los resultados del primer año de su gobierno en lo internacional e interno resultan lamentables.
Incondicional al presidente Trump de EEUU aceptó su imposición de la política antinarcóticos prohibicionista y represiva fracasada, en detrimento de la agenda de paz. Le aportó al activismo con posiciones violatorias al derecho internacional liderando el Grupo de Lima con el llamado a derrocar al gobierno de Venezuela, lo cual ha fracasado y nos llevó con respecto a Venezuela a la ruptura de relaciones, el apoyo a los dos intentos de golpe de Estado fracasados y al lamentable apoyo a la amenaza de intervención militar de EEUU tomando como base nuestro país. Ahora, que con realismo se abre paso una posible salida política a la crisis en el hermano país le queda el fracaso de su política provocadora e irresponsable con relación al tratamiento que exigen el derecho internacional y la ONU, en términos del tratamiento político y diplomático de los asuntos y el respeto a la soberanía y la libre determinación de los Estados y los pueblos.
En lo interno a punto de terminar la primera legislatura en el Congreso el gobierno ha sufrido repetidas derrotas. Al inicio la iniciativa de reforma tributaria liderada por el Ministro de Hacienda Carrasquilla de alta radicalidad regresiva, sufrió fuerte oposición de muchos sectores del Congreso, movilización social en contra, de forma que sus resultados fueron magros. Entre tanto, el mismo ministro fue objeto de debate de control político ante las denuncias de su utilización del paso anterior en el mismo ministerio, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, de forma que montó luego un oneroso negocio de “bonos de agua” a su favor, para endeudar financieramente a las alcaldías municipales con proyectos fracasados y en muchos casos impagables de acueducto y alcantarillado. Fracasó recientemente en Cámara y en Senado en el intento de cambiar la Ley Estatutaria de la JEP a título de objeciones que constituían reformas sustanciales a su contenido. Se le hundieron en el trámite sus iniciativas de reforma política y de reforma electoral, a la vez que no consigue que pase la ley de tecnologías de la información, Tic.
En lo relativo al orden público siguen los ataques que se han hecho graves, masivos y sistemáticos contra líderes sociales, defensores de derechos y excombatientes de FARC, de manera que se incrementaron en un 47% en 2019 con respecto a 2018. Según reporte de la Defensoría del Pueblo entre enero e inicio de mayo van 25 asesinatos y 950 amenazas mortales frente a estos sectores. La ONU alarmada reclama que las investigaciones diluciden la autoría que estaría detrás de esta dramática situación, le exige tomar medidas en correspondencia con lo ocurrido y pone de presente el impacto negativo de esta situación para la implementación del acuerdo de paz. El tardío plan adoptado por el presidente Duque, PAO, de protección y el ofrecimiento de dedicar un cuerpo de jueces a investigar los casos, no alcanza a cumplir con lo esperado por estas recomendaciones internacionales y por las demandas de los sectores victimizados. Entre tanto, el ministro de defensa Botero, amenaza con intervenir autoritariamente la protesta social, estigmatiza a los movimientos sociales, encubre casos de violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública como se evidenció en Catatumbo contra un excombatiente de las FARC y se ve comprometido en lineamientos para las FFMM que significarían el retorno a las ejecuciones extrajudiciales (a través de los llamados falsos positivos). Por estas situaciones está citado a sesión de control político con propuesta de moción de censura en la Cámara de Representantes.
Ante la política de detrimento de la universidad pública, su presupuesto y la tendencia a la privatización, un fuerte movimiento estudiantil obligó al gobierno a negociar y a conceder reivindicaciones en presupuesto y revisión de algunas políticas y medidas al respecto. La Minga de los pueblos indígenas, afros y campesinos con epicentro en el suroccidente del país también lo obligaron a negociar sus demandas de tierras, revisión de políticas agrarias, rechazo a la intervención minera lesiva a los territorios y el ambiente y exigencia de la aplicación del acuerdo de paz. El magisterio movilizado también ha logrado recientemente exigencias laborales, en seguridad social y a favor de la educación pública.
En tal contexto, el gobierno se ve exigido a adoptar cambios para intentar recuperar su situación, de lo que se podría espera la reformulación o formulación de políticas, a la vez que se rumoran cambios en la composición del gabinete que empiezan a darse, de manera que intenta acercamientos con ofrecimientos burocráticos hacia los partidos que le han expresado respaldo.
“…en voz baja, se habla de la necesidad de que el gobierno Duque vuelva a barajar las cartas y, con un movimiento en el gabinete, reformule sus relaciones con la clase política, en especial con los partidos que lo respaldan. (…) Es un secreto a voces, (…) que Gloria María Borrero saldría del cargo más pronto que tarde, entre otras cosas porque los dos puntos de honor que debía defender no salieron avante en el Congreso: la reforma a la justicia y las objeciones a la JEP”[1].
Sin embargo, sobrevino la tensa coyuntura política que se generó la semana pasada a propósito del fallo de la JEP que reconoció el principio de no extradición y decretó la libertad de Santrich, cuando sectores de la derecha y la ultraderecha: el Centro Democrático, el Partido Conservador, algunos sectores cristianos y desde la institucionalidad el Fiscal General, rechazaron el fallo. Entonces, el presidente Duque aprovechó esta situación para buscar retomar iniciativa política y aliados, sumándose al llamado a desconocer el fallo de la JEP e ir más lejos en términos de proponer de nuevo modificarla y revisar el acuerdo de paz, en particular en lo referido a la justicia.
“El presidente Iván Duque cambió una derrota en el Congreso (con su propuesta de objeciones a la JEP) por una oportunidad para impulsar reformas al Acuerdo de Paz y ganar gobernabilidad, (…) El presidente Duque rechazó el fallo (de la JEP) y anunció que buscará por todas las vías jurídicas lograr la extradición de exjefe guerrillero (…) pidió a las fuerzas políticas que su indignación se convierta en un acuerdo nacional para modificar el Acuerdo de Paz”[2].
La controversia por el fallo de la JEP expresa la intensa disputa política por el acuerdo de paz
El pasado 15 de mayo la Sección de Revisión de la JEP produjo y publicitó el fallo que reconoció para Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich) el beneficio de no extradición y decretó su libertad, al no encontrar pruebas en su contra ni evidencia suficiente para determinarle un posible ilícito en fecha posterior a la firma del acuerdo de paz. Se desató entonces lo que algunos llamaron “crisis institucional”, puesto que de inmediato el Fiscal General Néstor Humberto Martínez argumentando desacuerdo con el fallo renunció, el Presidente de la República Iván Duque expresó desacuerdo con la decisión del fallo, el Procurador General Fernando Carrillo anunció que la apelaría ante la misma JEP, la embajada de EU en su actitud intervencionista afirmó que era una decisión “lamentable”, que se cumplían los requisitos para la extradición y alentó con mensajes a los opositores al fallo.
A la vez, se desató intensa polémica pública entre defensores y detractores del fallo y de la actuación de la JEP. En la noche de este mismo día el presidente Duque emitió una declaración invitando a los partidos políticos a un acuerdo “que nos permita cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, fortaleciendo la extradición”, en clara alusión a sus diferencias a partir de este fallo con el acuerdo de paz y la propia JEP.
El fallo de la Sección de Revisión de la JEP es legítimo desde el carácter y la misión encargada a este alto tribunal de justicia, apropiado al sentido del acuerdo de paz como corresponde en los parámetros de la justicia transicional o justicia de paz y justo dada la situación en que se encontraba el tratamiento del caso referido. El magistrado ponente Jesús Ángel Bobadilla, lo explicó con claridad: “Lo que se impuso en el debate fue la interpretación de las normas, nos amparamos en el acuerdo de paz. Los jueces ordinarios están ligados a la Constitución Política y la ley, y los de la justicia transicional también, pero, además, somos guardianes del acuerdo de paz. Por eso se llama Tribunal para la Paz”. “Si no pudimos determinar la fecha, resultaba más lesivo que una persona fuera extraditada y arriesgar de esa manera la paz y la seguridad jurídica de los excombatientes”[3].
En contrario a lo falsamente divulgado por el fiscal, el propio presidente Duque y los opositores a la JEP y al acuerdo de paz, el fallo no auspicia la impunidad, responde al asunto que debía resolver, a la vez que llama a la misma justicia ordinaria a avanzar en las investigaciones sobre un posible ilícito que pueda comprometer a Jesús Santrich. “Si en otros órganos se llega a determinar, con prueba legalmente obtenida, que los hechos fueron después de la firma de la paz, deben ser la Fiscalía o la Corte Suprema las que actúen. Lo que dijimos es que la conducta no debe queda impune y que, dentro del principio de extraditar o juzgar, si no se extradita debe haber juzgamiento, y este arranca con la investigación”[4].
Al respecto, también deja en claro el fallo lo definido en el Acuerdo de Paz y consagrado en orden constitucional a través del el Acto Legislativo No 1/2017, con relación no a negar la extradición sino a dar prioridad al tratamiento de las responsabilidades en derecho interno en lo relativo a los derechos de las víctimas, con relación a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Definición de actuación que además no es nueva, pues debe recordarse que también desde hace varios años la Corte Suprema de Justicia definió negativamente solicitudes de extradición de la justicia de EEUU por señalamiento de cargos por narcotráfico a integrantes de grupos paramilitares, al otorgar prioridad para que respondieran por graves violaciones a los derechos humanos en el derecho interno, en favor de los derechos de las víctimas, de forma que con posterioridad respondieran por los cargos de narcotráfico como delito común transnacional. Y también es de recordar la exigencia que desde años atrás hicieron las ONG de DDHH y organizaciones de víctimas ante el presidente Álvaro Uribe para que antes de extraditar a los jefes paramilitares por narcotráfico a EEUU, permitiera que primero respondieran ante la justicia interna por sus responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos.
De otra parte, el fallo de la JEP encontró “serias irregularidades” de la Fiscalía en lo referido a la presencia y actuación de agentes extranjeros de la DEA, sin los requisitos de ley, de forma que sin soporte legal habían participado en esa especie de allanamiento hecha a la residencia de Santrich, realizada al parecer en coordinación con agentes de la Fiscalía y con delincuentes extranjeros -al parecer mexicanos- ligados al narcotráfico. El fallo demanda en consecuencia investigar esta situación. Fue precisamente esta la modalidad adoptada en la actuación de “entrampamiento” o “montaje”, mediante la supuesta reunión para coordinar sobre tráfico de cocaína, sobre la cual la Fiscalía y la justicia de EU, sin entregar soporte probatorio a la JEP que tiene la competencia del caso, señalan de ser responsable de tal ilícito a Santrich.
La decisión de la JEP llevó a la expedición de la orden de libertad para Santrich, pero ella de manera Irregular no fue acatada por el Inpec, a través del director de la penitenciaría La Picota, la cual al haber sido remitida y no implementada lesionó el ejercicio del derecho fundamental a la libertad, por el cual los funcionarios están obligados a proceder con la diligencia y prontitud necesarias. Trascurrieron más de 56 horas, de forma que la defensa jurídica de Santrich acudió a una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá, el cual falló a favor en demanda de la libertad inmediata y compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente a los funcionarios que impidieron la salida a la libertad. El 17 de mayo Santrich antes de ser liberado al ser atendido médicamente por una herida que al parecer se había autoinfligido en rechazo a la versión que le llegó de que sería extraditado. Existe la versión de que fue dopado con droga, siendo fuertemente afectado física y sicológicamente, según partes médicos posteriores. En estas condiciones, cuando fue llevado a la portería del penal, no fue liberado sino recapturado por el CTI de la Fiscalía, de forma que se le abrió un proceso penal en la justicia ordinaria por la presunta comisión de los delitos de narcotráfico y asociación para delinquir con fines de narcotráfico.
En comunicado la JEP expresó que la orden a las autoridades para investigar podía cumplirse, pero luego de estar su decisión en firme, lo cual no se había producido y solo podía acontecer cuando se resolviera la apelación presentada por la Procuraduría General ante la misma JEP. Por su parte, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías la imputación de cargos, a quien le asiste revisar la legalidad de la nueva captura producida. La Fiscalía declaró contar con nuevas pruebas recaudadas por fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. La JEP cuestionó en su comunicación el “porqué esas evidencias que dice tener la Fiscalía no fueron aportadas al análisis que hizo la sección de revisión”[5].
Aunque carecen de fundamento este tipo de señalamientos hechos contra la decisión de la JEP, algunos sectores desde la intención política de desconocer el acuerdo de paz y sus desarrollos, pretenden desconocer o invalidar el fallo de un alto tribunal de justicia que debe ser acatado. También diversos sectores políticos y de opinión han interpretado como maniobra posiblemente premeditada la del Fiscal General de no haber entregado todo el material de pruebas del que posiblemente disponía, de forma que, producido el fallo de la JEP, difunde de manera profusa el video promocionado ampliamente a los medios de prensa, supuestamente registrando la reunión referida, como supuesta “prueba contundente”. Se pregunta si acaso no fue una maniobra política para que la JEP fallara con ausencia de pruebas y luego pretender deslegitimarla.
Incluso, un editorial de El Tiempo si bien llamó al acatamiento del fallo de la JEP, afirmó también sin fundamento y sin ninguna clase de argumentación que supuestamente este tribunal con ese fallo debilitaba los compromisos misionales de esta jurisdicción, es decir estaría renunciando a cumplir con los derechos de las víctimas, desconociendo el alcance y propósito particular que en particular tenía el fallo e incluso su relación con éstos derechos explicitados en su mismo contenido con claridad: “…la justicia transicional, y con ella el deber de llevarles verdad y reparación a las víctimas, queda en un segundo plano, algo frustrante para el propósito de construir una paz estable y duradera”[6].
Ahora Santrich quedó bajo dos procesos judiciales paralelos, ante la JEP que en su Sección de Apelación revisará la apelación presentada por la Procuraduría General al fallo de la Sección de Revisión, en correspondencia con la competencia establecida por el acuerdo de paz traducida en norma constitucional por el Acto Legislativo 01 de 2017. Y ante la justicia ordinaria, ante la investigación asumida por la Fiscalía General que alega el supuesto de la comisión por Santrich de delitos tras la firma del acuerdo, con intención de remitirlo a la CSJ para revise la solicitud de extradición que podría dar el presidente Duque para su extradición a la justicia de EU. Se agrega adicionalmente, la objeción de la defensa de Santrich ante la justicia ordinaria, al discutir que el caso solo podría ser tratado por la Corte Suprema de Justicia y que debe contar con el fuero correspondiente, una vez que Santrich fue designado por el acuerdo de paz y avalado por el Consejo Electoral, para hacer parte de la Cámara de Representantes.
Presiones contra las altas cortes e intervencionismo de EEUU y su embajada
A raíz de las presiones de determinados sectores contra el acuerdo de paz y su implementación, pero también desde la presión del gobierno de EEUU en demanda de retomar compromisos con su política antidrogas y de medidas ante la crecida extensión de los cultivos de uso ilícito y con ello la judicialización y las extradiciones de narcotraficantes, se han atizado hechos graves contra integrantes de las altas cortes de justicia y del congreso. En particular la presión, los ataques y la campaña de desprestigio contra la JEP ha sido sistemática y muy notoria. Entre otros hechos la Cancillería colombiana envío comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitándole cancelar la sesión convenida con la JEP, afirmando en ella de manera desacertada que “La JEP no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales”, cuando se trataba de una audiencia privada, un intercambio lícito y normal que realizan las cortes y otros entes gubernamentales y estatales con ese tipo de instancia y con otros en el ámbito internacional.
“Hay injerencias y presiones indebidas sobre la JEP. (…) Nuestra tarea es administrar justicia y contribuir así a la reconciliación de este país; por eso nunca responderemos a los ataques con lenguaje hostil o descalificador”[7].
La Corte Constitucional denunció “chuzadas”, que se empezaron a presentar precisamente cuando se apresta a definir sobre las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP, rechazada por mayorías en Senado y Cámara, pero con resultados no admitidos como triunfo de mayoría calificada por la presidencia del Senado del CD.
De tal forma, las presiones se trasladaron también contra las comisiones de ponentes del Congreso y también contra magistrados de la Corte Constitucional, al tener que recibir el expediente del mismo Congreso al respecto y también ante el seguimiento que debe hacer a la Sentencia T-236/2017 que prohibió la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. El Consejo de Estado, la JEP y la Corte Suprema de Justicia rechazaron la presión de EEUU y su medida de cancelación de visa de los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo quien la preside y Antonio José Lizarazo quien es ponente sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP -luego restituidas por solicitud discreta del gobierno colombiano-, al igual que contra el magistrado Eyder Patiño de la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, el magistrado Alberto Rojas recibió amenazas de muerte tras convocar una audiencia pública sobre la tutela que solicitó prohibir la aspersión con glifosato. Por su parte, al representante a la Cámara John Jairo Cárdenas del Partido de la U, también le fue cancelada su visa tras revelar las presiones del embajador de EEUU contra los ponentes del informe sobre las objeciones a la JEP.
Ante estas situaciones el gobierno guardó silencio e incluso el Canciller Holmes Trujillo expresó público respaldo a la labor del embajador Whitaker. Las voces críticas y sectores de oposición exigieron entonces un pronunciamiento del gobierno al respecto que no se produjo. “No hay que dar muchos saltos para entender la presión diplomática, entonces, como una manera de buscar influir en esos casos. De ser así, se trataría de una injerencia inaceptable que ameritaría una protesta firme por parte del Gobierno Nacional. (…) Castigar diplomáticamente a una persona por sus opiniones y por su actuar como juez es una actitud que sería ampliamente deplorada en Estados Unidos. La diferencia de opiniones puede resolverse de otras maneras”[8].
“Para el canciller Trujillo, quien fijó la posición del Gobierno frente a la desafiante intromisión de Estados Unidos en los debates sobre la Ley Estatutaria de la JEP, la extradición de nacionales y la fumigación con glifosato de los cultivos de coca, el coincidente retiro público de visas a un congresista y a tres magistrados de las cortes, (…) este capítulo vergonzoso de intervencionismo imperial con que se pretendía presionar unos votos y torcer varias conciencias solo tiene la dimensión (para el canciller) de “situaciones particulares de orden migratorio””[9].
Duque llama a un “acuerdo nacional” de partidos, en desconocimiento del acuerdo de paz
El presidente Duque como referimos antes llamó en reacción al fallo de la JEP a los partidos políticos a un pacto en los siguientes términos: “Convoco a los partidos políticos para que adelantemos todas las reformas necesarias que nos permitan cerrarles las puertas al narcotráfico, a la impunidad, fortaleciendo la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales”[10].
Aparentemente en su enunciado general se trataría de un pacto por temas justos del interés nacional, pero también expresamente la referencia del presidente y de otros sectores, es que se trata de medidas a adoptar, orientadas a cambiar los términos del acuerdo de paz, en especial las relativas a la justicia, la JEP y con relación al tratamiento de términos como la extradición.
“…dicha hoja de ruta debe lograr que muy pronto haya consenso sobre temas claves de la Jurisdicción Especial de Paz, que siguen siendo fuente de inestabilidad. De primero en la lista (…) está la extradición. (…) lo deseable sería encontrar el camino legal para cerrar definitivamente cualquier boquete a través del cual responsables del delito de narcotráfico evadan esta valiosa herramienta, recurriendo a lo establecido en los acuerdos de paz. (…) significa que el funcionamiento de este mecanismo no cambie, se siga dando en los mismos términos de las últimas décadas y que las personas que nada tuvieron que ver con el conflicto no se blinden frente a esta, argumentando estar en condiciones de aportar verdad en el proceso bajo el paraguas de la JEP”[11].
Para ambientar tal posibilidad se habla con el supuesto de la “crisis en la justicia”, pero a lo que se alude no es a su verdadera crisis sino a la situación generada con motivo de la decisión referida de la JEP. El interés real no es el tema de reforma a la justicia, sobre la cual han fallado en los últimos años diez intentos y en la actualidad cursa una iniciativa al respecto de Cambio Radical. El presidente de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Fernando García por tanto discutió: “las reformas deben ser concertadas con los jueces, que son quienes tienen la experiencia de la aplicación de los códigos y procedimientos”[12].
De igual forma el senador y expresidente Uribe y el fiscal saliente Martínez hablan de supuesta búsqueda de un consenso nacional sobre temas de justicia, pero sus intenciones reales y expresas son la modificación de los acuerdos de paz, en especial en materia de justicia, imponer la extradición para dirigentes de las FARC e incluso aspiran como trasciende en declaraciones de dirigentes del Centro Democrático a revertir incluso las garantías políticas y el acceso al Congreso conseguido por las mismas FARC. Así lo dijo con tono demagógico el Martínez en sus entrevistas finales en el ejercicio del cargo: “Buscamos un acuerdo para perfeccionar el acuerdo de paz. No es para acabar con la JEP. Es para demostrarle al país que en Colombia sí es posible dialogar”[13].
El senador Álvaro Uribe declaró: “La sentencia demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el narcotráfico” y agregó que había “una profunda crisis institucional sin antecedentes en los últimos 60 años”. Desde tales afirmaciones salidas en alto tono de la realidad, pretende general la idea de una crisis institucional profunda, supuestamente producto de la implementación del acuerdo de paz, en aras de proponer la reforma o anulación a sus compromisos e incluso retomando la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Por su parte, voceros de la oposición y sectores independientes han defendido la legitimidad de la actuación de la JEP, argumentan la existencia de canales institucionales tanto para tratar el caso Santrich, manzana de discordia, como para el funcionamiento de la justicia transicional y discuten que la renuncia del Fiscal Martínez, antes que su pretendida posición en defensa de la justicia y contra la impunidad, obedeció a sus relaciones complicadas e interesadas con actores de los casos más protuberantes de corrupción en investigación, principalmente sus vínculos con el caso Odebrecht, y ante el fracaso de sus posiciones sistemáticamente contrarias a medidas del acuerdo de paz y particularmente pugnaces contra la JEP.
“La salida del fiscal Martínez de ese cargo debemos celebrarla como un día de júbilo para todos los colombianos. Y sale porque lo saca la lucha democrática, el reclamo ciudadano de millones de compatriotas en contra de sus actuaciones”, declaró el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo. A la vez que la senadora del Partido Alianza Verde declaró que “Hay voces muy fuertes que dicen que la Corte Suprema de Justicia le iba a pedir la renuncia, entonces decidió salir…”[14].
Las reuniones del presidente Duque con los partidos de centro o independientes: Liberal, la U y Cambio Radical, han sido privilegiadas, en su intento de encontrar algún eco a su propuesta, a la vez que aislar a los sectores de oposición, de centro e izquierda. Sin embargo, al momento no ha conseguido resultados a su favor, por el contrario, lo que públicamente se ha conocido de tales intercambios, ha sido expresiones de defensa del acuerdo de paz y su implementación, críticas al presidente por excluir a la oposición del diálogo convocado y disposición a un posible acuerdo nacional pero desde otros temas y propósitos, de forma que no se atente contra el Estado de derecho, con propuestas que han sido propuestas por el Centro Democrático y consideradas por el gobierno como las de declarar la conmoción interior y proceder a extraditar a Santrich.
Queda entonces en medio de la intensa disputa política en curso una alta tensión entre la amplia convergencia en apoyo a la implementación del acuerdo de paz y en respaldo a la JEP que se expresó en el Congreso y derrotó la propuesta presidencial de modificar la reglamentación legal de la misma JEP y la minoría de sectores de derecha y extrema derecha que busca revocar la JEP y aspectos centrales del contenido del acuerdo de paz. Así, la unidad conseguida entre sectores de centro como los partidos Liberal, U y Cambio Radical con sectores de centro e izquierda como los Verde, Polo y la convergencia de Colombia Humana, constituyen un hecho de alta relevancia en las posibilidades de consolidación de la paz en Colombia. Situación que copa otros escenarios importantes como la gran movilización nacional realizada hace un par de meses en defensa de la JEP y desde allí también la conformación de una convergencia plural que también lideran quienes fueron firmantes del acuerdo de paz en su momento, denominada Defendamos La Paz, la cual con vigor estimula constructivos intercambios y expresiones regionales diversas, movilizadas en defensa de la paz.
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[1] El Espectador, 12 de mayo de 2010, pág. 2.
[2] “El nuevo escenario político para Duque tras el caso “Santrich””, El Espectador, redacción política, 17 de mayo de 2019, págs. 1-2.
[3] “Si otro órgano determina que hubo delito de Jesús Santrich, deben juzgarlo”, entrevista con Jesús Ángel Bobadilla, magistrado de la JEP, Marisol Gómez, editora de Justicia y Paz, El Tiempo, 17 de mayo de 2019, página 1.3.
[4] “Si otro órgano determina que hubo delito de Jesús Santrich, deben juzgarlo”, entrevista con Jesús Ángel Bobadilla, magistrado de la JEP, Marisol Gómez, editora de Justicia y Paz, El Tiempo, 17 de mayo de 2019, pág. .3.
[5] Comunicado de la JEP, 17 de mayo de 2019.
[6] “Una crisis de cuidado”, editorial, El Tiempo, 16 de mayo de 2019, pág. 1.12.
[7] “Hay injerencias y presiones indebidas sobre la JEP”. Entrevista a Patricia Linares, presidenta de la JEP, Yamit Amat, El Tiempo. 12 de mayo de 2019, pág. 1.4.
[8] “Sin presiones, “my friend””, editorial, El Espectador, 12 de mayo de 2019, pág. 34.
[9] “Uribismo, visas y traición a la patria”, Cecilia Orozco Tascón, EL Espectador, 15 de mayo de 2019, pág. 22.
[10] Intervención del presidente Duque en la noche del 15 de mayo de 2019, enviada por la Presidencia de la República, Oficina de Prensa, en formato audiovisual y transmitida por los distintos canales de televisión nacional.
[11] “Un pacto urgente”, editorial de El Tiempo, 19 de mayo de 2019, pág. 1.16.
[12] “Se abre paso la reforma a la justicia para conjurar la crisis institucional”, redacción judicial, El Tiempo, 17 de mayo de 2019, pág. 1-2.
[13] “La JEP es fundamental para consolidar la paz: Fiscal”, entrevista a Néstor Humberto Martínez, Yamit Amat, El Tiempo, 19 de mayo de 2019, pág. 1.6.
[14] “Opiniones de dirigentes políticos”, El Tiempo, 16 de mayo de 2019, pág. 1.2.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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