Presumiblemente, en esta acción militar están implicados una serie de elementos racionales, psicológicos, culturales y jurídicos relacionados con su papel, su carrera, su imaginario, percepción y acción en el contexto donde se desarrollan las operaciones.
Entre los elementos racionales personales y corporativos del oficial que adelanta una operación de bombardeo, seguramente, son determinantes el plan de carrera ligado a sus intereses personales, así como los planes estratégicos y operacionales asignados por sus comandantes. También, incide la percepción y valoración de la población donde se desarrollan las operaciones y su nivel de relacionamiento con las comunidades. Es muy probable que se vuelva decisivo el nivel de presión por parte de sus comandantes y del gobierno para mostrar resultados efectivos, según los propósitos e intereses políticos, que no son ajenos a la coyuntura nacional e internacional.
Por supuesto, como punto de partida, es de recordar que la Fuerza Aérea se ha convertido en un pilar fundamental de las Fuerzas de Despliegue Rápido dentro de la estrategia de guerra contrainsurgente que predomina en el país y que persiste a pesar de más de diez acuerdos de paz, o de sometimiento a la justicia, firmados con diversos grupos que se han reincorporado a la vida civil a lo largo de más de treinta años, sin que Colombia haya podido salir de tan intrincado laberinto de guerra y violencia.
Escuchar las narrativas de oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea con respecto a este tipo de operaciones, generalmente, está atravesado por esa autoimagen de “superioridad”; de control del terreno a partir del mito histórico del “avión fantasma”, que surca los cielos en las noches; o que aparece como parte de una flota dominando el espacio para atacar blancos móviles o estacionarios ubicados en tierra o que navegan en los ríos. El apoyo de instrumentos tecnológicos permite entrar en la dinámica similar a los videojuegos, aprovechar el uso de chips, o avanzar hacia el futuro utilizando drones, con los condicionamientos que ello implica en la dinámica de las telecomunicaciones y los determinantes jurídico y político internacional, con respecto a su uso militar y policial, con proyección en zonas urbanas, incluso, frente a dinámicas de vigilancia y control de la protesta popular.
En este ejercicio, el actor militar se distancia cada vez más de la percepción humana del sujeto individual o grupal convertido en “objetivo”, a quien persigue desde el aire. Presumiblemente, se le refleja como un muñeco, como una colección de siluetas o un objeto informático, con las implicaciones que esto tiene dentro de la mistificación de la técnica y la enajenación no exenta de efectos patológicos para el mismo personal militar, con incidencia en el terreno de la degradación de su ética. Este fenómeno ocurre, incluso, dentro de la guerra regular convencional en otras partes del mundo. Además, se expresa en el imaginario, en el lenguaje, en la promoción de símbolos, en la dinámica actitudinal, comportamental y comunicacional que connaturaliza y habitúa al poder militar a la óptica de cosificar al “objetivo” de intervención al amparo de frases hechas y rituales repetitivos, típicos del adoctrinamiento político.
A esto contribuye la propia guerra de baja intensidad que persiste, a pesar de los Acuerdos de Paz realizados en varios períodos y de las distintas mutaciones del conflicto armado. El ser un país de regiones, diverso, con hondas brechas entre el campo y la ciudad, con débil presencia del Estado en vastos territorios, antes controlados por la guerrilla de las FARC-EP, sirve a ese proceso de enajenación estimulada por la doctrina militar imperante en una nueva dimensión geopolítica. En esta óptica, redoblan su relevancia los factores comunicacionales, psicológicos y tecnológicos en la lucha por el control y direccionamiento de la opinión en favor de los intereses de la élite dominante. De allí que hacia el año 2015, en aras del Acuerdo, no fuera ajeno el llamado presidencial en el contexto de negociación a “desescalar el conflicto en los medios” y evitar el lenguaje estigmatizante.
Al respecto, es de recordar que no fue casual el paso raudo de dos aviones de la Fuerza Aérea sobre el Centro de Convenciones de Cartagena, con presencia de 2.500 asistentes incluyendo al Presidente de la República, delegados internacionales y transmisión televisiva para todo el mundo. Esto ocurría al parecer, como un mensaje para nada sutil, precisamente, cuando “Timochenko” presentaba su discurso de primera versión del Acuerdo de Paz, el 23 de septiembre de 2016 y hacía alusión a la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, queriendo significar que ya se podía garantizar una paz estable y duradera. En contraste, el mensaje del poder militar parecía ser el de disponer del imperio de la tecnología, del control de los recursos de comunicación, de la informática, del espacio y del ciberespacio y del caudal de municiones de alta precisión, antes, ahora y en adelante.
El momento histórico del Acuerdo de Paz abrió una nueva época que permitió sensibilizar amplios sectores urbanos con respecto a la importancia de soluciones políticas al conflicto armado de más de cincuenta años. Sin embargo, eminentemente, esto se seguía viendo como una cuestión de la periferia del país, como una problemática especial de las zonas rurales. Por supuesto, con la influencia de la propaganda de la ultraderecha a través de los grandes medios de comunicación en contra del Acuerdo predominó, por una escasa mayoría, la votación por el No en el plebiscito de refrendación, especialmente, a partir del control político y comunicacional de las zonas urbanas. A este resultado adverso para la paz sirvieron, también, la previa degradación del conflicto armado, las violaciones a los derechos humanos, el desplazamiento forzado provocado por guerrillas y paramilitares, el peso de la influencia del narcotráfico en las diversas esferas de la vida nacional, la tradicional apatía reinante en la ciudadanía con respecto al ejercicio del voto popular y la colonización cultural de las iglesias evangélicas, especialmente, contra los temas de género y diversidad sexual.
Con la firma posterior del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, con base en el Artículo 22 de la Constitución y la participación de numerosas organizaciones sociales y políticas en los diversos temas relacionados con el contenido específico, se abrió paso al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC EP, a la expedición de los Actos Legislativos y las leyes que le darían soporte jurídico al proceso de implementación del Acuerdo.
En el mismo contexto, posterior a la X Conferencia de las FARC EP que aprobó el Acuerdo de Paz y la reincorporación a la vida civil de sus integrantes, como era previsible a partir de experiencias nacionales e internacionales de procesos de paz, se inició la deserción de grupos residuales minoritarios, incluyendo a miembros del Estado Mayor, como Gentil Duarte, quien se constituyó posteriormente en el líder de la disidencia más notable, operando en los departamentos del Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Gentil Duarte, John 40, Euclides Mora, Giovanni Chuspas y Julián Chollo fueron expulsados de las FARC EP el 13 de diciembre de 2016, mediante decisión del Secretariado, por conductas ajenas a la línea política-militar, según comunicado de prensa de la época.
Es de anotar, en relación con el juego de intereses en contexto, que un claro interés de grandes capitales nacionales e internacionales con respecto al Acuerdo de Paz con las FARC EP, siempre estuvo centrado en poder desalojar a esta fuerza insurgente de dichos territorios que configuran la altillanura de la Orinoquia colombiana, con el fin de poder realizar cuantiosas inversiones en materia de cultivos de soya, maíz, palma aceitera, caña, caucho, frutales y biocombustibles, como lo expresa Pedraza (2016). Son 36 millones de Ha, de ellas, 7.5 millones de Ha en tierras planas, aptas para el impulso de grandes plantaciones. También, es zona de interés estratégico en el aprovechamiento de tierras para la ganadería e hidrocarburos con destino hacia el Pacífico.
Se puede establecer, entonces, que la presencia de estas disidencias en dicho territorio afecta planes estratégicos de grandes inversionistas nacionales y extranjeros, tales como el Grupo Sarmiento Angulo, Riopaila Castilla S.A., la multinacional Carguill, la Familia Lizarralde, el exministro Aurelio Iragorri, entre otros, quienes acumularon de manera irregular predios que eran originalmente baldíos.
En contraste, como plantea Marín (16, 02, 2021), “los campesinos, colonos e indígenas de los territorios que recorre el río Guayabero, de la región de la Macarena, del sur del Meta, del norte de San Vicente del Caguán y del Guaviare, están en el peor de los mundos, consecuencia de las condiciones de atraso, pobreza, exclusión social y desigualdad que padecen desde hace décadas”.
El área comprende los municipios de la Uribe, Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San Vicente del Caguán, Granada, Puerto Lleras, Puerto Rico, Castillo, el Dorado, Lejanías, San Juan de Arama, Puerto Concordia, San José del Guaviare, Calamar, el Retorno y Mapiripán. Para conectar esta región con el Pacífico, se ha diseñado la Conexión Pacífico-Orinoquia, vía cuyo costo se calcula en 25 billones de pesos y que se denomina “El Ombligo de Colombia” por ser equidistante entre el Cabo de la Vela y Leticia por el Eje Norte-Sur, como lo expresa Cabrera (Sin Fecha), defendiendo que se vuelva al ferrocarril.
Con la reincorporación del grueso de excombatientes de las FARC las zonas de su antiguo control fueron copadas por terratenientes y grupos del crimen organizado “Sinaloa” o “La Mafia”, como denuncia Torres (17,03,2021) para el caso del Caquetá, así como grupos que surgieron después de la desmovilización de las AUC y las disidencias de las FARC para un entrevero de violencia que agudiza el tráfico de coca, la apropiación de la tierra por parte de grandes terratenientes, quienes cuentan con protección militar.
Es de resaltar la incidencia de la política antidrogas que se convirtió en factor determinante de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. El peso de los carteles de la droga y la dinámica de colonización en medio de condiciones precarias de producción y transporte de productos hasta los mercados llevó a muchos colonos y campesinos a emplearse en la cadena de la droga, básicamente, en el cultivo de la hoja de coca o como “raspachines”. En dichos contextos, la producción agraria es marginal y la ganadería se convierte en monopolio de grandes hacendados, mientras que los grandes capos del narcotráfico están entre quienes detentan el poder político. Paralelamente, la lucha de los campesinos y colonos contra el despojo llevó históricamente a procesos de organización y lucha social frente terratenientes que hicieron uso de grupos paramilitares, a menudo con respaldo de las fuerzas oficiales y de dirigencia política de los partidos tradicionales.
En este contexto se mantiene la dinámica de violencia y se recicla la guerra con presencia de asesores militares norteamericanos e incidencia del Comando Sur. De allí, la dinámica operacional de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega integrada por cerca de 30.000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional, donde la lucha contra el narcotráfico y la operación Artemisa de protección ambiental esconde la militarización enfocada estratégicamente en propósitos geopolíticos y de favorecimiento de privilegios de las élites dominantes. Por ello, más que lucha contra el tráfico de drogas el foco de atención se convierte en guerra contrainsurgente, como lo reconociera recientemente el informe de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental de la cámara baja del Congreso en Washington y lo analiza Radwin (10,12,2020), lo que abre una puerta para el respaldo al Acuerdo de Paz, en especial en lo relacionado con la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, el cumplimiento del tema de Reforma Rural Integral, referente a titulación de tierras, la construcción de vías terciarias.
La Fuerza de Tarea Conjunta Omega ha desarrollado diversos planes estratégicos: Plan Colombia (1998-2004), Plan Patriota (2004-2006), Plan de Consolidación, Plan Bicentenario, Plan de Guerra Espada de Honor, etapas IV y V y Plan Victoria. En el contexto de la ejecución de estos planes fueron creados los comandos conjuntos, Fuerza de Tarea Omega y Comandos Especiales de Fuerza de Despliegue Rápido – Fudra. Constituyen una fuerza militar ideologizada en el anticomunismo con una sistemática dinámica de adoctrinamiento a través de las redes sociales, con base en imágenes tendenciosas, distorsionadas del pensamiento democrático y del debate político nacional e internacional; su proyección parece conducirla a convertirse en una especie de Estado dentro del Estado al desconocer los derechos humanos y la convivencia democrática, mientras consume ingentes recursos del presupuesto nacional y del financiamiento de Estados Unidos.
Es, precisamente, esta fuerza Fudra Omega la responsable directa del bombardeo realizado en la Vereda Buenos Aires del Municipio de Calamar, cerca del río Ujuju en el Departamento del Guaviare, reportada inicialmente por el ejército el día 02 de marzo de 2021. Como se sabe, inicialmente, el Ministerio de Defensa reportó diez personas muertas y tres menores capturados que fueron entregados a Bienestar Familiar. No obstante, los familiares registraron en Villavicencio y San José del Guaviare más de veinte personas desparecidas, mayoritariamente, menores de edad.
Una vez divulgado por parte del Periodista Hollman Morris, de la presencia y afectación de menores de edad, el Presidente Duque, el Ministro del Interior, Daniel Palacios y el Ministro de Defensa, Diego Molano se apresuraron a justificar el operativo con base en la supuesta presencia de Gentil Duarte en un campamento de la disidencia, ubicado en dicha vereda. Para sustentar la validez plantearon que dichos operativos se vienen realizando desde hace quince años, que Medicina Legal es quien certifica la presencia de niños y que se habían seguido los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. Seguidamente, el Ministro Molano causó gran indignación nacional e internacional al justificar el operativo y el fallecimiento de menores de edad denominándolos “Máquinas de Guerra”, al ser reclutados por grupos armados ilegales y reforzó sus calificativos mostrando en redes sociales fotos de dirigentes de guerrillas que fueron reclutados cuando eran menores de edad.
Al respecto, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) conformada por la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz); Benposta Nación de Muchach@s; Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida; Corporación Vínculos; Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI Colombia); Fundación Creciendo Unidos (FCU) y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS – Colombia) rechazó mediante comunicado (11, 03, 2021), las declaraciones del Ministro de Defensa e insistió en la observancia de los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos que concuerdan en considerar a las niñas, niños y adolescentes vinculados a grupos armados como víctimas e insistió en la observancia de los principios de proporcionalidad, precaución y distinción, llamando a tener en cuenta a la población civil y en particular a los menores de 18 años.
De otro lado, contrario a las afirmaciones del Ministro del Interior, según Navarro (17, 03, 2021), en declaraciones a Caracol Radio, una disidente de 26 años, detenida y recluida en una institución de salud informó que en el bombardeo sobrevivieron 4 personas: dos menores de edad y dos guerrilleras. En el campamento estaba un grupo de 25 personas en labores de capacitación “en sistemas, odontología, enfermería y adoctrinamiento militar”. También, informó que entre 8 y 10 personas que formaban parte del grupo no superaban los 15 o 16 años. Agregó, además, que la mayoría si pudieran escapar lo harían dadas las condiciones complejas y que muchos estaban allí en contra de su voluntad.
Como se puede derivar de las condiciones de precariedad socioeconómica, del cierre de establecimientos educativos y de los problemas de acceso a internet, muchos jóvenes de estas regiones se desplazan en procura de mejorar condiciones de conectividad o en búsqueda de ingresos. En medio del contexto del conflicto en diversas regiones han sido amenazados y masacrados por grupos armados ilegales o han sido víctimas del reclutamiento forzado. Sin embargo, a pesar de más de 45 alertas tempranas emanadas de la Defensoría del Pueblo, el gobierno nacional ha estado ausente para proteger a la niñez y la juventud. Por el contrario, les estigmatiza e incluye dentro de los objetivos militares, a pesar de haber suscrito los Protocolos de la Convención de Ginebra. Incluso, se rompe la cadena de custodia y se alteran los escenarios donde han ocurrido los hechos, por lo que Senadores como Roy Barreras quien denunció el bombardeo realizado en 2019 en San Vicente del Caguán, por el cual se vio obligado a renunciar el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, reclamó el cumplimiento del Protocolo Minesota (2009), centrado en investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias.
Pese a la existencia de protocolos que restringen las operaciones de bombardeo cuando puede haber afectación de población civil o dudas sobre presencia de no combatientes ya son varios los casos de afectación de población, particularmente de menores de edad.
Supuestamente, según Bernal (07, 11,2019) este tipo de operaciones debe considerar dos variables: la relacionada con la oportunidad del blanco y la inteligencia aplicada para su ubicación. Para esto, se deben tener las coordenadas exactas del sitio, el número de hombres armados que puede haber en el área, los cordones de seguridad, la descripción aproximada de las instalaciones, en caso de haberlas, con el fin de priorizar la capacidad de fuego.
Se supone que la información de inteligencia la examina un Comité Operacional en el que están todas las fuerzas y revisa un asesor jurídico encargado de verificar el cumplimiento de todos los mandatos del derecho Internacional Humanitario. Se debe verificar la existencia de Resguardos Indígenas o de colonos en el área, el valor del “objetivo” y la eventual ventaja militar que obtendría el Estado al darle muerte o ponerlo “fuera de combate”.
En síntesis, Colombia se comporta como un Estado fallido al no atender las advertencias sobre reclutamiento forzado, al carecer de políticas de prevención al respecto, al soslayar los protocolos operacionales relacionados con la preparación, realización y evaluación de bombardeos.
La arrogancia de los funcionarios gubernamentales y de los comandantes militares frente a los hechos luctuosos y el drama humanitario que conllevan los crímenes de Estado constituye otro rasgo de la guerra psicológica amplificada a través de los medios de comunicación. Su impacto psicosocial y cultural va en detrimento del derecho a la vida y de la responsabilidad por el futuro de las nuevas generaciones. Una vez más, es necesario reforzar la construcción de una cultura democrática en la sociedad civil, trabajar proactivamente en los diversos escenarios nacionales e internacionales, por los derechos humanos y urgir la aplicación de mecanismos de justicia nacional e internacional.
Fuentes:
Pedraza, Hernán. Zidres VS Zonas de Reserva Campesina. Observatorio del conflicto y del Postconflicto-OCAP. Corporación Nuevo Arco Iris. 2016.
Ver: https://issuu.com/arcoiris.com.co/docs/zidres_vs_zonas_de_reserva_campesin
Marín Nepomuceno. Guayabero: por la paz, hay que acabar la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Las 2 Orillas. Febrero 16 de 2021.
Ver: https://www.las2orillas.co/guayabero-por-la-paz-hay-que-acabar-la-fuerza-de-tarea-conjunta-omega/
Torres, Laura. “En Caquetá tiene más derechos una vaca que una mujer”: la lucha de las lideresas campesinas de la Amazonía. Pacifista! Marzo 17 de 2021.
Cabrera Galvis Mauricio. La conexión Pacífico Orinoquia. Portafolio.
Ver: https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/la-conexion-pacifico-orinoquia-542859
Radwin Max. Informe recomienda una profunda revisión de la política antidrogas de EE.UU. InSight Crime. Diciembre 10 de 2020.
Ver: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/informe-politica-antidrogas-ee-uu/
COALICO. LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS NO SON “MAQUINAS DE GUERRA”. 11 de marzo de 2021.
Ver: http://coalico.org/prensa/comunicados-publicos/las-ninas-y-los-ninos-no-son-maquinas-de-guerra/
Navarro Cristina. Disidente dice que ‘Gentil Duarte’ no estaba en campamento bombardeado. Caracol Radio. Sección Judicial. Marzo 17 de 2021.
Ver: https://caracol.com.co/radio/2021/03/18/judicial/1616027422_337711.html
Protocolo Minesota. Usaid – Naciones Unidas. Derechos Humanos Colombia. 2009.
Ver. https://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/Libros/protocolo%20de%20minesota.pdf
Bernal Óscar. Así se planea una operación de bombardeo en Colombia. El Tiempo. Noviembre 07 de 2019.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo. Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: https://www.infobae.com/
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