El documento de 110 páginas presentado por el Ministerio de Hacienda y pomposamente llamado Ley de Solidaridad Sostenible, propone múltiples cambios en el esquema tributario del país y se apoya en dos pilares. El primero es la ampliación de la base de contribuyentes de manera progresiva, a partir de quienes ganen dos millones y medio de pesos (unos 700 dólares). El segundo es la elevación y la extensión del impuesto al valor agregado (IVA) que se extendería a más servicios y productos. De manera subsidiaria, el Gobierno también propone gravar la riqueza y hacer permanentes los programas sociales creados por la pandemia, ofreciendo una renta básica a los que viven en pobreza extrema. En cuanto al gasto público, le pone un techo al presupuesto nacional al plantear que se incremente por debajo de la meta de inflación de cada año hasta 2026, y le otorga al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el propósito de reducir gastos.
La canasta gravada pasaría de 39 a 43 por ciento y el peso de la reforma, tal como lo ha expresado el Gobierno, recaería en los estratos 4, 5 y 6 de la población.
Esta sería la tercera reforma tributaria del gobierno Duque. La primera, en 2018, recortó cerca de 9 billones de pesos de impuestos a las grandes empresas con la idea de impulsar la inversión y el empleo, pero no compensó el hueco fiscal como tenía previsto ni mejoró las cifras de desempleo. Hoy muchos se preguntan por qué una reforma como la planteada en medio de una pandemia y que golpearía a los más afectados por aquella. La respuesta se encuentra en la línea tradicionalmente conservadora de la política económica colombiana que prioriza la estabilidad buscando conservar la confianza de los mercados y beneficiar a los oligopolios que gozan de la protección del Estado.
A los rasgos conservadores del manejo de la economía colombiana y que el gobierno de Duque no pone en tela de juicio, se suma el tinte autoritario que lo caracteriza y que lo lleva a privilegiar los nexos con los poderes fácticos sobre los representantes de las distintas fuerzas políticas de la nación. Fue así como la reforma fue consultada con distintos gremios económicos antes de presentarla con mensaje de urgencia al Congreso de la República, lo que generó disgusto entre muchos de sus integrantes que se sintieron excluidos de las discusiones que normalmente debieran haberse llevado a cabo en búsqueda de un consenso.
Desde el momento que se radicó, la iniciativa empezó a tener serios cuestionamientos de la mayoría de los partidos, pertenecientes, inclusive, a la coalición de gobierno, en particular de los partidos de oposición que anticiparon que no la votarían, al igual que el Partido Liberal. Es así como la presidente del partido de la U, Dilian Francisca Toro, indicó que su partido “no votará una reforma tributaria que grava a los trabajadores, a la clase media y a los pensionados. Una reforma que le ponga IVA a los insumos del sector agropecuario, terminará afectando la canasta familiar”. A continuación, conformó una comisión para plantear críticas y propuestas al Gobierno, integrada por los senadores Germán Hoyos y Andrés García Zucardi y los representantes José Eliécer Salazar, Cristian José Moreno y Jhon Jairo Cárdenas. Por su lado, el Partido Conservador, por boca de su vocero en la Cámara, el representante Nicolás Albeiro Echeverri hizo saber que no creía que la ruta fuera “a través de los recursos de los pensionados ni de bajar la base gravable para que la clase media quede completamente pauperizada” y que el siguiente paso era conformar un equipo de apoyo técnico de exministros de hacienda y de expertos, con los cuales se elaboraría un documento serio y contundente para presentarle al país. Tampoco se quedó atrás el jefe del Centro Democrático quien se ha apartado públicamente de algunos puntos de la reforma y escribió “Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia, Se ha insistido en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso”.
El golpe definitivo, empero, lo dio Cambio Radical al notificar que no acompañaría al Gobierno en la aprobación de la iniciativa “por considerarla totalmente inoportuna, y en contravía el objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país, al tiempo que carece de unidad de materia, requisito constitucional indispensable para el trámite de cualquier ley”.
Llegados a este punto, y ante la preocupación del equipo económico, temeroso de que la reforma no tenga los votos necesarios para que supere su primer debate, ni en Senado ni en Cámara donde los independientes y la U adquieren un valor inestimable, las cuentas se imponen, sin que hasta el momento se tenga un resultado claro. Esto quiere decir que se abre la fase de regateo en la más pura manera de hacer negocios en Colombia. Casi nadie niega la urgencia de una reforma fiscal que devuelva la tranquilidad a quienes se muestran inquietos por no recaudar lo suficiente para que Colombia retenga su grado de inversión crediticia, y una vez que se destapen las cartas y surjan las gabelas a las que más de un congresista no se puede resistir, la reforma, una vez peluqueada, será aprobada sin mayores contratiempos.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: RCN Radio
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