Por décadas los gobiernos de EEUU mantienen una política de subordinación de otros Estados y gobiernos a sus intereses para lo cual aplican presiones, sanciones y dado el caso ataques que pueden llegar a desatar guerras de agresión contra países que se resistan a su dominio o que mantengan gobiernos y políticas que no les sean funcionales a sus intereses. Esta política es la responsable desde hace dos décadas de las invasiones militares de EEUU con algunos aliados a Irán y a Afganistán, destruyendo gobiernos, instituciones, generando crisis humanitarias y resistencias armadas que derivan en cruentas guerras civiles vigentes. En los últimos años el gobierno de EEUU presiona con arbitrariedad a otros gobiernos, les impone sanciones económicas a gobiernos e incluso a empresas extranjeras que compiten contra sus multinacionales, caso de China. Ha impuesto en tal sentido “sanciones económicas” de forma unilateral y comprometiendo a otros países aliados contra Corea del Norte, Irán, Rusia y Venezuela, a la vez que impone contra estos y otros países en lo militar cercos, maniobras, instalación de bases en su entorno y llega a realizar agresiones directas como en los casos recientes de Siria, Irán y de forma encubierta contra Venezuela.
El gobierno de EEUU no respeta el tratado que creó a la ONU inspirado en la convivencia pacífica entre los Estados, independientemente del tipo de régimen político por el que opten de manera soberana, de manera que descalifica los Estados que discrepen de sus políticas y actuaciones, que tengan regímenes socialistas o autónomos e independientes de su órbita de dominación e injerencia. En tal sentido a tales Estados los señala de ser “ejes del mal”. El anterior estigma anticomunista contra los países socialistas es sustituido en la actualidad por señalamientos -por lo regular infundados- de ser “auspiciadores de terrorismo” o vinculándolos a su estrategia de guerra contra las drogas ilícitas, sin que necesariamente exista tal problemática o no sea la más relevante sino bajo su interés de atacar adversarios a su proyecto de dominación internacional. Invariablemente los países agredidos con tales pretextos son experiencias diversas de aplicación de socialismo, de construcción nacional autónoma tras la liberación frente al colonialismo o de los que mantienen regímenes y políticas autónomas a sus designios, todos con capacidad de resistencia en ejercicio de su soberanía.
El trasfondo de la posición agresiva del gobierno de Donald Trump contra Venezuela se relaciona con el empeño desesperado de no permitir una experiencia que se proclama socialista en la región y por su oposición a su política de subordinación de los Estados a sus políticas e intereses. Por la misma razón Trump reversó la política de distensión y recuperación de relaciones con Cuba de Obama y mantiene el criminal cerco económico contra este Estado, a la vez que profundiza un cerco similar contra Venezuela. Por tanto, en su ofensiva contra Venezuela ha proclamado tener sobre la mesa todas las opciones a emplear contra el Gobierno y el Estado venezolano, incluida la intervención militar.
Independientemente de la consideración que se tenga sobre cada régimen político, forma de Estado y libre determinación de cada pueblo y nación al respecto, como la de su autonomía para dirimir y resolver los conflictos internos por la vía política, social e institucional, tal política del gobierno de EEUU es abiertamente violatoria del derecho internacional. Viola el Capítulo VI de la Carta de la ONU que impone el tratamiento “político y diplomático” a las controversias entre estados y gobiernos[1]. Viola los dos tratados más emblemáticos que forman parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, al transgredir sus disposiciones vigentes que reconocen los derechos de los pueblos, naciones, países y Estados a la libre determinación, a optar libremente por su forma de desarrollo político, económico, social y cultural, a optar libremente por determinado régimen político e institucional, a la soberanía, la autodeterminación y la integridad territorial[2].
Estrategia política del nuevo plan golpista del gobierno de EEUU contra Venezuela
El gobierno Trump ha mantenido la política de ataque frontal contra el gobierno venezolano y de apoyo a planes golpistas. En 2019 se produjeron dos intentos de golpe fallidos contra este gobierno con participación política y militar directa y expresa de EEUU y apoyo logístico y territorial del gobierno de Colombia. En el primero se intentó un ingreso masivo ilegal desde Colombia a nombre de llevar “ayuda humanitaria”, con llamados a las fuerzas del orden venezolanas al alzamiento y la realización de actos de ataque contra la guardia fronteriza venezolana, sabotajes, incendios, disturbios y hechos de asonada. En esta situación estuvieron presentes enviados civiles y militares del gobierno de EEUU, el presidente Duque de Colombia, el presidente Piñera de Chile y de Juan Guidó como supuesto nuevo mandatario venezolano -quien llegó protegido y escoltado cruzando la frontera con paramilitares colombianos. Meses después el mismo diputado Juan Guaidó, junto con parte de los opositores, llamó a un alzamiento armado de la fuerza militar venezolana, con muy mínimo respaldo, el cual de inmediato fracasó.
Al momento el gobierno Trump alienta y retoma con particular agresividad un nuevo plan orientado a derrocar al gobierno y la institucionalidad estatal de la República Bolivariana de Venezuela, como expresión de su estrategia referida al respecto, a la cual se agrega en la actual coyuntura el hecho de que le representaría una opción política importante para tratar de capitalizar respaldo interno, para contrarrestar el fuerte desgaste político que sufre internamente de cara a las elecciones presidenciales en las que aspira a la reelección, producto de sus políticas y actuaciones cuestionadas por el Partido Demócrata y amplios sectores de opinión, situación que se ha profundizado ante su equivocado manejo del impacto de la pandemia del coronavirus.
Esta pandemia global ocasiona fuertes impactos económicos de recesión, quiebra de empresas, deterioro del trabajo, contracción del mercado, incremento del desempleo e intensificación y masificación de pobreza en todos los países. El FMI declaró que “la actividad económica reducirá ingresos por materias primas y golpeará duro al sector de servicios, la hotelería y transporte”. La CEPAL advierte que en la región podrían pasar a condición de pobreza unos 35 millones de personas[3]. Y la ONU advierte sobre la amenaza de una crisis alimentaria mundial[4].
En estas circunstancias se produce el debate en todos los países sobre si la urgencia de proteger la vida del conjunto de la población como prioridad, con medidas de atención médica y sanitaria que implican afectar roles de la vida institucional, económica y social, o si la prioridad es mantener la dinámica de la economía y el interés empresarial. Donald Trump ante el dilema expresamente desestimó los efectos de la pandemia, se resistió a las medidas de protección que fueron adoptando gobernadores de distintos estados y abiertamente llamó a la defensa ante todo de la producción y el interés de no afectar al gran capital y el empresariado. Extendida la pandemia su política al respecto fracasó, EEUU es ahora el país más afectado en el mundo por el coronavirus y tiene que reaccionar tardíamente.
Trump fue elegido por votación minoritaria frente a Hilary Clinton, fuertes movimientos sociales, de mujeres y de migrantes en su contra por sus políticas segregacionistas, eludió el enjuiciamiento por delitos contra la nación documentados y sindicados con fundamento en la Cámara mediante votación mayoritaria republicana en el Senado que rechazó el adelanto del juicio, pero de forma que quedó expuesta ante la opinión pública la situación de impunidad. Ahora se agrega contra Trump el alto costo político del cuestionamiento por este manejo de la pandemia, de los efectos recesivos sobre la economía tampoco previstos ni manejados con acierto. El científico social norteamericano Alan Abramowitz, con base en un estudio de Emory University expresó que en estas situaciones le podrían costar la reelección a Trump. Al respecto declaró:
“…el producto interno del país se va a comprimir en un 5 por ciento para el segundo trimestre del año y, probablemente, lo mismo en el tercer trimestre. Precisamente la época en que los electores empiezan a evaluar la decisión final. La historia ha demostrado que un presidente que llega a las elecciones en medio de una crisis económica por lo general termina perdiendo. Si la aprobación de Trump se mantiene donde está, (43 por ciento) o sigue cayendo, y si la recesión es severa y el PIB cae tres puntos o más en los próximos dos trimestres, el resultado bien podría ser una abultada derrota para Trump”[5].
En este contexto se explica el que ante el eventual fracaso político Trump recurra por atizar en sectores de la población norteamericana el antisocialismo, el señalamiento de ser “narcoterroristas” y atentar contra el interés de EEUU por parte de Venezuela y sus autoridades, como opción de recuperación política, para lo cual recurre al tercer intento de agresión contra ellas, mediante su judicialización total y el despliegue militar encubierto y abierto en su contra. Importa por tanto ahora ante todo el efecto político, por cuanto sin desmayar en la intención de conseguir el golpe, ha sido claro que las posibilidades le son inciertas y muchos elementos le son desventajosos. Internamente el chavismo tiene el respaldo de un sector importante de la población, con la ambientación de países que filan a favor de la solución política el gobierno de Maduro ha logrado entendimiento con sectores de la oposición, ésta está debilitada y dividida, Guaidó desprestigiado por su condición de pieza de la política de EEUU, por sus actuaciones relacionadas con corrupción y con notoria pérdida de liderazgo, de forma que se diluyó su capacidad de convocatoria a la movilización contra el gobierno. Además, ahora resultó denunciado y judicializado por participación en un plan de acciones armadas terroristas, reveladas como parte del actual plan golpista.
Resulta diciente la voz de una reconocida periodista colombiana, María Isabel Rueda, nada afecta a los proyectos de izquierda o progresistas, quien de manera franca indica que las acciones de judicialización y ataques de Trump contra Venezuela son clara estrategia con fines electorales: “¿por qué el indictment ahora, cuando las urgencias se han trasteado de la ideología política al combate de una pandemia mundial? Una de las respuestas más obvias es que Trump está en campaña y necesita banderas, en vista de que las cifras económicas, comenzando por el desempleo, se han distorsionado gravemente. Se calcula que 3 millones de norteamericanos han solicitado ayuda, como desempleados, y los economistas temen una recesión” [6].
Criminalización total de las autoridades venezolanas por el gobierno y la justicia de EEUU
El 26 de marzo Trump ofrece millonarias “recompensa” por capturas del presidente Maduro y otras 14 altas autoridades de gobierno y de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. En rueda de prensa se acompañó del Fiscal de EEUU William Barr, quien presentó una acusación ante una corte de New York por “conspiración para exportar cocaína a EEUU” y otros supuestos crímenes. En la acusación también se incluye a los excomandantes de las FARC EP Iván Márquez y Jesús Santrich. El fiscal Barr declaró que en curso iban otros tres procesos judiciales de ese país contra integrantes del gobierno y la institucionalidad civil y militar venezolana.
Al respecto, Geoff Ramsey investigador de WOLA, refiere un informe de esta reconocida ONG de derechos humanos de EEUU, el cual se basó en datos del Comando Sur y de la DEA, de manera que estableció que Venezuela no es el país de tránsito de la cocaína producida en Colombia hacia el consumo masivo por décadas en EEUU. “La afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente a Estados Unidos con cocaína es absurda. Los propios datos de la DEA muestran que Venezuela está lejos de ser un país de tránsito importante para la cocaína con destino a EEUU”[7].
El escrito de acusación contra Nicolás Maduro y otra serie de dirigentes venezolanos no tiene solidez. Se trata de una acusación generalizada, fundada en la premisa de que la guerrilla de las Farc son un cartel narcotraficante, de forma que, a manera de silogismo, toda relación con ellos habría implicado siempre y en toda circunstancia, por los gobiernos de Chávez y de Maduro compromisos con el narcotráfico. Se funda en una extensa cronología de supuestas o reales relaciones y contactos entre estos gobiernos con dirigentes de las FARC EP, sin diferenciar cuando tuvieron aval del gobierno nacional, el gobierno venezolano y las propias FARC EP, para realizar gestiones de acuerdos de paz y de acuerdos humanitarios, con las administraciones de los gobiernos Pastrana, Uribe y Santos. Más aún, de manera muy grave y desenfocada –o malintencionada-, tal señalamiento se extiende a la propia fase de las negociaciones de paz que dieron lugar al acuerdo de paz en implementación entre el Estado colombiano y las FARC EP, de manera que como fue públicamente reconocido, el gobierno venezolano fue facilitador del mismo proceso de paz, como lo fue también con relación al proceso de paz con el ELN.
“La exposición del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, sustentada en pruebas aportadas ante tribunales federales de Nueva York, Florida, Columbia, Texas y Arizona, resume la óptica norteamericana sobre la relación entre las antiguas Farc y Venezuela desde que asumió como presidente de esa nación Hugo Chávez. (…) De los 20 años evaluados en el indictment (acusación, se insiste en la existencia del llamado Cartel de los Soles, alusivo a la participación de oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas de Venezuela en acciones de narcotráfico. (…) la justicia estadounidense ya había consolidado el primer indictment contra los principales 50 jefes de las Farc, entre los que estaban los miembros del Secretariado. Lo hizo en 2006. A todos, incluido Iván Márquez, los acusó por narcotráfico”[8].
En su momento el presidente Hugo Chávez nombró al general Néstor Reverol director de la Oficina Antidrogas, quien logró capturar y extraditar a Colombia entre 2000 y 2014, a unas 90 personas colombianas vinculadas al narcotráfico, incluidos importantes capos y narco-paramilitares como los alias Valenciano, Diego Rastrojo, el Loco Barrera y Comba. Sin embargo, el texto de acusación del fiscal de EEUU también lo incluye como vinculado al narcotráfico. En igual sentido, con posterioridad funcionarios especialmente importantes en los gobiernos de Nicolás Maduro, en medio de las altas tensiones internas registradas con la oposición, fueron vinculados en los mismos señalamientos criminalizantes de EEUU.
“En medio de la crisis en Venezuela por el cerco a la Asamblea, la huida de la fiscal Luisa Ortega o el aumento de los detenidos políticos, un personaje clave para Maduro resultó ser el exoficial de la Guardia Nacional Maikel Moreno, quien asumió como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Pero Estados Unidos pronto lo incluyó entre los señalados” [9].
Adicionalmente, es del caso aclarar que la fiscalía de EEUU no es un órgano independiente sino adscrito al poder ejecutivo, de forma que su labor de acopio de señalamientos a presentar a un eventual enjuiciamiento no es obra de un operador judicial independiente, sino de una instancia dependiente, avalada y supervisada por el propio Trump.
“…que esta fue una decisión del poder judicial de EEUU contra Maduro, y no del Departamento de Estado, es una verdad a medias. En EEUU la Fiscalía está adscrita al Poder Ejecutivo, por lo que es bastante obvio que la decisión del fiscal general, William Barr, tuvo que contar con el visto bueno de Trump. Las preguntas que deja abiertas este indictment son las de la oportunidad, la de los efectos y la de su posible efectividad. La oportunidad no puede ser más inoportuna…”[10].
Agresión militar encubierta con uso de terrorismo y despliegue militar del Comando Sur
El 26 de marzo de la W Radio entrevistó al ex general venezolano Oliver Alcalá, quien tiene investigaciones por narcotráfico y reconoció que estaba asociado al actual plan golpista con Guaidó y algunos sectores de la oposición venezolana, con asesoría directa de EEUU y participación de personas colombiana. Ante la caída del cargamento de armas a su cargo en territorio colombiano, dijo que reveló públicamente esta situación ante el temor de convertirse en un “falso positivo”, es decir que se pudiera tomar una acción violenta contra él para ocultar los hechos, de forma que reclamó que se le sometiera mediante procedimientos legales. Lamentablemente no fue sometido a la justicia colombiana por hechos sucedidos en el país ni en Venezuela donde también tienen ocurrencia y estaban destinados hacia allí, sino que ante la solicitud de EEUU fue extraditado de inmediato para ese país.
En la entrevista referida Alcalá reconoció que era el responsable del arsenal incautado; afirmó que estaba militarmente al frente de un grupo armado ilegal conformado por 90 efectivos en territorios colombiano; que disponía de cuatro campamentos de entrenamiento en el departamento de La Guajira y que había otro “grupo espejo” similar con armamento en territorio venezolano. Explicó que los reclutados eran personas contratadas a la manera de mercenarios a través de una empresa, al servicio de un plan acordado con Guido y los asesores de EEUU para incursionar con actos terroristas que incluían el asesinato de altos funcionarios de gobierno y de Estado en Venezuela. Dijo tener relación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), de Colombia, reconoció que entre contactos, apoyos y reclutamientos también había personas colombianas y que las autoridades colombianas previamente sabían de su residencia desde hace dos años en Barranquilla[11].
El arsenal incautado a su cargo el pasado 24 de marzo en un retén de la Policía, entre Barranquilla y Ciénaga, camuflado en una camioneta de servicio público incluía 26 fusiles calibre 5.56, AR15, de fabricación en EEUU, otras armas, radios de comunicación, visores nocturnos, entre otros elementos de guerra. El conductor del vehículo Jorge Alberto Morales fue detenido, colombiano, quien declaró ante las autoridades en Santa Marta que había sido contratado para llevar el cargamento hasta Riohacha para entregarlo a alias “pantera”.
En lo referido al despliegue militar del Comando Sur, el 1 de abril Trump anunció en rueda de prensa acompañado del secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milleyel, envío de operativos militares con barcos de guerra de la Marina de EEUU al Caribe y al Pacífico oriental, “con el propósito de combatir la creciente amenaza de los carteles de la droga”. “Estamos desplegando destructores, barcos de combate, helicópteros, aviones de la fuerza aérea para labores de vigilancia y patrullas de la Guardia Costera, duplicando nuestras capacidades en la región”. A renglón seguido sus funcionarios hicieron ataques directos contra el gobierno venezolano asociándolo a la amenaza referida. Así lo expresó Esper: “El régimen ilegítimo de Maduro, en Venezuela, depende de los beneficios que proceden de la droga para mantener su poder opresor”[12].
Propuesta de plan de derrocamiento del gobierno y la institucionalidad estatal de Venezuela
Por su parte, el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo, el 31 de marzo expuso en rueda de prensa a nombre de su gobierno un plan de 14 puntos para sustituir el gobierno y la institucionalidad estatal de la República Bolivariana de Venezuela: Crear un Consejo de Estado de cinco miembros que obre como gobierno provisional con exclusión de miembros del actual gobierno de la Asamblea Constituyente y del Tribunal Superior de Justicia, el cual nombraría un presidente interino y a su gabinete ministerial, convocaría simultáneamente a elecciones presidenciales y de diputados para la Asamblea Nacional. También incluye el levantamiento progresivo de las sanciones contra Venezuela, condicionado al derrocamiento del gobierno y a la expulsión de las misiones de cooperación de Cuba y Rusia; hace referencia a la cooperación en el plan de Colombia y la Unión Europea; a ofrecer inmunidad y amnistía para comprometidos en acciones del golpe de Estado y liberar de las cárceles a quienes estén con cargos o condenas por tal motivo.
De forma que puede interpretarse irónica, cual si se tratara de una solución de paz o de concertación libre y legítima entre sectores nacionales venezolanos en conflicto, plantea también este plan conformar una Comisión de Verdad y Reconciliación, la cual establecería en una informe la violencia política ocurrida durante el período desde que el chavismo accedió al poder en 1999 hasta el presente.
Entre tanto el gobierno de EEUU mantiene las “sanciones económicas” colectivas e individuales contra el Gobierno y el Estado de Venezuela, varios de sus integrantes, familiares y allegados. Situación que no solo ha estrangulado las posibilidades económicas y de bienestar en este país, sino que en la actualidad constituyen una grave afrenta y atentado contra el pueblo venezolano, ante la urgencia sanitaria y humanitaria registrada por la pandemia.
El Gobierno Duque al servicio de la estrategia de EEUU arriesga la paz interna e internacional
El presidente Iván Duque al servicio de la política exterior de Trump le apostó como eje de su política internacional el propiciar el derrocamiento del gobierno de Venezuela, a título de realizar un “cerco político diplomático”, con apoyo del Grupo de Lima. En septiembre de 2019 en la Asamblea General de la ONU Duque en su intervención denunció al gobierno de Venezuela por supuesto apoyo en su territorio a la guerrilla colombiana, lo que calificó de alto riesgo para Colombia, de forma que entregó al secretario general Antonio Guterres un informe que revelaría la presencia de campamentos guerrilleros del ELN en Venezuela. Sin embargo, las supuestas pruebas del hecho incluían fotografías de presencia de esta guerrilla que resultaron ser tomadas en Norte de Santander, por la AFP y tomadas en Cauca y editadas por el diario El Colombiano que utilizó fotos suministradas por la inteligencia militar colombiana. Ante estas falsedades la denuncia perdió todo efecto.
Ante la actual pandemia en razón de la necesaria coordinación para operativos sanitarios y humanitarios en la frontera entre Venezuela y Colombia, que mantienen rotas las relaciones diplomáticas, han surgido voces en Colombia desde partidos políticos, sectores sociales, académicos y humanitarios, para que se recuperaran canales de entendimiento. El propio expresidente Andrés Pastrana, radical y activo opositor al gobierno venezolano, propuso en aras de la emergencia humanitaria que se buscara contacto con este gobierno por el gobierno de Colombia. Afirmó que se hacía necesario para convenir entre los dos países planes y programas ante la pandemia en la zona fronteriza.
El presidente Iván Duque mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el “estado de emergencia económica y social”, tensionó las relaciones con mandatarios locales y seccionales que se anticiparon en medidas de protección ante la pandemia. El presidente Duque no accedió a recuperar canales de entendimiento directo, pero autorizó la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, en las acciones sanitarias.
Sin embargo, ante los hechos del nuevo plan golpista en curso, el gobierno de Colombia mantiene la posición de jugar al derrocamiento del gobierno y la institucionalidad estatal de Venezuela. La Cancillería de Colombia hizo una declaración, dando por sentada la supuesta validez de la acusación de EEUU contra altos gobernantes de Venezuela, afirmando ante el indigno trato en el marco de las relaciones internacionales, con relación a que tal acusación se acompaña del ofrecimiento de recompensas por captura, en términos de que era “un anuncio determinante en la lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo”.
En los medios de prensa colombianos también se han expresado posiciones no solo carentes de crítica y ponderación, sino de verdadero servilismo ante las acciones agresivas de EEUU contra las autoridades de otro país. Así, el diario El Tiempo, da por válidas a priori, las posiciones y señalamientos de éste gobierno: “El indictment contra Maduro demuestra, por un lado, que EEUU ya posee evidencia suficiente para procesarlo. Los documentos del caso mencionan, por ejemplo, que Maduro recibió 5 millones de dólares por un negocio de narcotráfico con las Farc. Así mismo, de acuerdo con lo dicho por Barr, tendrían testigos en Centroamérica que lo involucran”[13]. En igual sentido editorializa este diario: “Muy serias y contundentes deben ser las pruebas que tiene la justicia de Estados Unidos para haber dado el trascendental paso de imputar al gobernante venezolano Nicolás Maduro cargos de “conspiración narcoterrorista””[14].
Desde posturas más críticas e independientes en Colombia sectores de opinión critican a EEUU por cerrar las posibilidades de una salida política posible ante el conflicto y las tensiones en Venezuela: “Estados Unidos cerró el paso a una salida negociada para la crisis venezolana” al ofrecer recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro. “El anuncio del gobierno de Donald Trump cierra la puerta a una solución negociada en Venezuela y reafirma la posición de Iván Duque de no hablar con el gobierno del vecino país”[15]. La internacionalista de la Universidad del Rosario Arlene Tickner declaró: “Esto no ayuda a resolver nada y refuerza el anclaje de Maduro en el poder y su renuencia a considerar la negociación de la transición política”[16].
Finalmente, es del caso recabar en el riesgo para el proceso de paz interno en Colombia, el riesgo en su contra que porta la acusación de la fiscalía de EEUU, al criminalizar de manera generalizante a los integrantes de las FARC, incluidos a la gran mayoría que están en el compromiso por la implementación del acuerdo de paz. El escrito de acusación del Fiscal Barr desconoce en tal sentido el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, de forma que interpreta en su contenido que supuestamente esta guerrilla habría relocalizado su participación en negocios de narcotráfico para territorio venezolano, en complicidad con autoridades de Venezuela, en medio de las negociaciones de paz.
Desde sectores de oposición en Colombia, democráticos e independientes, se rechazan las acciones armadas y los operativos que propenden por la violencia y atentan contra la paz interna, la paz en la región y en el mundo. Desde los integrantes del partido FARC también se registran pronunciamientos, de forma que expresan al igual que distintas vertientes de la izquierda, solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela: “Es la continuidad de una política injerencionista, intervencionista. Esto es violatorio del derecho internacional, de las relaciones entre países. La acusación a Maduro, es, como lo decíamos en un comunicado, un acto de piratería internacional absolutamente grave. Volvimos, como lo decía el propio Maduro, al siglo XVIII o XIX, cuando los sheriffs, en Estados Unidos, ponían precio a las cabezas de los delincuentes. Ahora se le pone precio al legítimo presidente de un Estado soberano”[17].
El presidente Maduro rechaza los planes de agresión y levanta la exigencia de respeto a los derechos que le asisten al Estado venezolano en al ámbito internacional: “Venezuela es un país libre, independiente y democrático que no acepta ni aceptará tutelaje alguno de ningún gobierno extranjero”. Y desde la opinión democrática colombiana, se hacen esfuerzos para que los conflictos internos de Venezuela los resuelva el mismo pueblo venezolano y la cooperación internacional en todos los casos sea para los propósitos de la paz, la convivencia, el desarrollo, la defensa de la naturaleza, del ambiente, y al momento para enfrentar de manera solidaria los graves efectos de la pandemia que a todos nos afecta.
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[1] Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VI, Arreglo pacífico de las controversias. Adoptado en 1945. https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
[2] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 1. Adoptado en 1968. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 1. Adoptado en 1968.
[3] “El FMI y la Cepal ven vientos de recisión y disparo del desempleo en A. Latina”, El Tiempo, 22 de marzo de 2020, página 1.19.
[4] https://es-us.noticias.yahoo.com/onu-advierte-coronavirus-amenaza-crisis-160743323.html
[5] Declaración del profesor Alan Abramowitz, en: “El virus está cambiando la carrera presidencial en EE.UU.”, Sergio Gómez Maseri, corresponsal de El Tiempo, Washington, El Tiempo, 22 de marzo 2020, página 1.36.
[6] “No entiendo este indictment, bobitos no…”, María Isabel Rueda, El Tiempo, 29 de marzo 2020, página 1.27.
[7] Citado en: “Los efectos de ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro”, El Espectador, 27 de marzo de 2020, página 2.
[8] “La historia del cartel de los Soles, las Farc y una diplomacia rota”, . de investigación, El Espectador, 29 de marzo de 2020, página 26
[9] “La historia del cartel de los Soles, las Farc y una diplomacia rota”, . de investigación, El Espectador, 29 de marzo de 2020, página 26
[10] “No entiendo este indictment, bobitos no…”, María Isabel Rueda, El Tiempo, 29 de marzo 2020, página 1.27.
[11] Entrevista a Oliver Alcalá, W Radio, Bogotá, 26 de marzo de 2020. el 26 de marzo. https://www.youtube.com/watch?v=svlXgY3lehY
[12] “EEUU lanza un plan militar en el Caribe para luchar contra el tráfico de drogas”, El País, España, 1 de abril de 2020. https://elpais.com/internacional/2020-04-02/ee-uu-lanza-un-plan-militar-en-el-caribe-para-luchar-contra-el-trafico-de-drogas.html
[13] “¿Qué busca EE.UU. al ponerle precio a la cabeza de Maduro?”, Sergio Gómez Maseri, corresponsal en Washington, El Tiempo, 27 de marzo de 2020, página 1.2.
[14] “Maduro, imputado”, El Tiempo, editorial, 27 de marzo de 2020, página 1.12.
[15] “Los efectos de ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro”, El Espectador, 27 de marzo de 2020, página 2.
[16] “Los efectos de ponerle precio a la cabeza de Nicolás Maduro”, El Espectador, 27 de marzo de 2020, página 2.
[17] “Acusación a Maduro es un acto de piratería internacional: Granda”, El Tiempo, 28 de marzo de 2020, página 1.8.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática.
Foto tomada de: Infobae.com
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