Mientras que los campesinos señalaron a la Policía Antinarcóticos, de inmediato y como suele ocurrir, el gobierno nacional responsabilizó a la disidencia de las FARC, ofreció 150 millones de recompensa por alias “Guacho” y alias “David” y el propio presidente Santos aseguró, cínicamente, que su “Fuerza Pública no dispara contra civiles”.
Olvida Santos su época de Ministro de Defensa del gobierno de Uribe Vélez, cuando se destapó la macabra modalidad criminal conocida como falsos positivos, caracterizada precisamente por el asesinato sistemático y generalizado de civiles indefensos por parte del ejército nacional y que motivó la visita del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas, Philip Alston, entre el 8 y el 18 de junio de 2009.
Según el Ejército y la Policía el ataque mortal fue perpetrado con cilindros bomba que produjeron esta nueva masacre, que desde ya tiene visos de oficial.
De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, las víctimas recibieron impactos de proyectiles de alta velocidad, es decir disparos de fusil, sin que en modo alguno se evidencien heridas ocasionadas por los supuestos cilindros bomba. Esta circunstancia también fue corroborada por la Defensoría del Pueblo que luego de la visita a la zona afirmó que “la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros”.
Al margen de lo anterior, el análisis inicial de los hechos no permite inferir, necesariamente, que los autores de la masacre fueran las bandas criminales dedicadas al narcotráfico que se apoderaron de la región. Si bien estas organizaciones obligan bajo amenazas de muerte a los campesinos para que se opongan a la sustitución y a la erradicación y a que marchen en contra de la policía, convirtiéndolos en carne de cañón, no encaja que hubiesen sido masacrados por las mismas bandas que los obligan a protestar.
Al tratarse de una zona controlada por el Ejército y la Policía, difícilmente se puede entender que los grupos criminales a los cuales se acusa de cometer la masacre, hubiesen sido los autores. Y si hipotéticamente lo hubiesen sido, cómo explicar su ocurrencia en las narices del Ejército y de la Policía?
El puerto de Tumaco, sobre la costa pacífica colombiana, fue erigido en municipio en 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera, se encuentra a 300 kilómetros de San Juan de Pasto la capital nariñense. Tiene 114.224 habitantes en la cabecera municipal y 89.747 en área rural, para un total de 203.971.
Cuenta con una extensión total de 377.800 hectáreas de las cuales 112.395 hectáreas corresponden al área rural (29,75%), y de estas, 16.960 hectáreas se encuentran actualmente sembradas con coca, es decir un 15% de su área rural siendo uno de los municipios con mayor área cultivada.
La tierra está en manos de 15 Consejos Comunitarios (173.632 hectáreas equivalentes al 48,21%); 12 Resguardos indígenas (65.60 hectáreas equivalentes a 18,26%); y Propiedad privada (120.826 hectáreas equivalentes a 33,53%).
Para el año 2010, Tumaco ya era el municipio con mayor área de coca sembrada en el país: 5.025 hectáreas según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)[1], que representaban el 8,8% del total nacional y 43,3 % del total departamental. Para esa época producía la mayor cantidad de coca – 21% del total nacional.
Según el mismo informe SIMCI-2010, Tumaco y en especial la zona del Alto Mira, donde se produjo la masacre, concentra una gran extensión de cultivos con una densidad superior a 4 Has/Km2.
Lo anterior significa, entre otras cosas, que la situación no es de ahora, que al gobierno colombiano le quedó grande manejar la situación que fácilmente se podía prever a la hora de implementar el punto 4 del Acuerdo de La Habana; que no tuvo la capacidad de copar los espacios que dejaban las FARC y obviamente aquellos fueron ocupados por sectores interesados en continuar el rentable e ilícito negocio del narcotráfico. Y por supuesto, los beneficios que deberían recibir los campesinos que acojan la sustitución y/o erradicación voluntaria no se ven por ningún lado.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que adelanta labores de acompañamiento en la zona, ha podido evidenciar, además de la presencia de economías ilícitas: presencia limitada del Estado, altos niveles de pobreza multidimensional, índices de violencia a niveles endémicos; falta de implementación integral del Acuerdo de Paz en lo relacionado con el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral; y, amenazas a líderes y lideresas que apoyan la sustitución de cultivos. Todo ello en una problemática estructural de derechos humanos.
La policía Antinarcóticos está empeñada, según muestran los acontecimientos que rodean la masacre del 5 de octubre en la vereda “El Tandil” del municipio de Tumaco, no solo en erradicar los cultivos de coca sino también a los cultivadores.
Y en esa línea de conducta, el 8 de octubre la fuerza policial atacó a tiros a una comisión de derechos humanos, funcionarios de la gobernación de Nariño y periodistas que buscaban verificar lo ocurrido el 5 de octubre, en el lugar de los hechos. Por qué impidieron la presencia de ese grupo? Acaso para evitar que se conocieran nuevos elementos de lo que ocurrió? Se rumora que la policía cortó troncos de árboles que tenían impactos de balas, con el fin de alterar la escena del crimen.
Tan lamentables y graves hechos como la masacre y el ataque a la comisión humanitaria nos lleva a discurrir que el proceso de paz es un proceso incompleto, en tanto involucró solamente a un sector de la insurgencia y solamente a un sector de la fuerza pública; en uno y otro bando, está demostrado, no existió unidad de mando. Que las disidencias de las FARC y de la fuerza pública continúen los ataques sistemáticos en contra de los Acuerdos sin importarles que vayan dirigidos en contra de la población civil, habla de su fragilidad.
La ocurrencia de la masacre devela la impertinencia de la política antidrogas, enmarcada en las exigencias estadounidenses. Sustitución y erradicación sin modificar estructuralmente las condiciones sociales de las comunidades solo conducen a ahondar el conflicto social en las zonas de cultivos y a generar nuevos escenarios de confrontación entre los pobladores rurales y el Estado. Como lo exigen los campesinos, debería priorizarse la sustitución voluntaria por encima de la erradicación forzada.
Si bien la Fiscalía General de la Nación a través de la Vicefiscal asumió con prontitud la investigación de los hechos, es urgente que se neutralice cualquier posibilidad de desviar la misma o de alterar las evidencias. Por montones, casos se han visto.
JOSÉ HILARIO LÓPEZ RINCÓN
10 de octubre de 2017
[1] http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/1108tuma.pdf
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