Si el decepcionante resultado de la pasada legislatura pudo ser achacado al manejo del Congreso por parte del Ejecutivo que no contó con mayorías estables, obcecado este en su política de cero prebendas a los partidos como ha sido habitual en el país, esta vez los magros resultados serán explicados por la inesperada pandemia del covid-19 que condujo a cambiar las reglas de juego y a retrasar la labor del Congreso. Explicación fácil que oculta causas de fondo que han caracterizado el manejo de la política en Colombia desde hace mucho tiempo.
A decir verdad, lo que más obstaculizó la labor del presidente Duque en su primer año de gobierno fue el haber intentado romper la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, propósito que mantiene vivo el Centro Democrático; así mismo, lo que más opacó el ejercicio del Congreso de la pasada legislatura fue su falta de decisión de hacerle frente a los problemas de fondo que aquejan a la sociedad colombiana y dejar las soluciones en manos del gobierno, sin ejercer el control político que le corresponde según la Constitución.
Cuando Alicia Arango asumió la cartera del Ministerio del Interior, anunció que se alistaba para emprender la reforma laboral, de las pensiones, la salud y la justicia, entre otras, pero llegó el coronavirus y los congresistas, preocupados por la pandemia, perdieron un mes antes de ponerse de acuerdo para aprobar los proyectos que estaban sobre la plancha.
No puede negarse que la pandemia obligó al Congreso a adaptarse a las nuevas necesidades y que el desarrollo de las sesiones virtuales ha significado más horas de trabajo para sus integrantes, pero una lectura rápida de las leyes aprobadas deja qué pensar de las prioridades de las mayorías que las aprueban y del tiempo que les dedican a discutirlas.
Además de la mencionada ley de cadena perpetua que modifica el artículo 34 de la Constitución y que debe pasar por el estudio de la Corte Constitucional antes de ser reglamentada si ha lugar, vale la pena citar la aprobación de los pliegos tipo pensados para garantizar un mínimo de transparencia en la contratación estatal, así como el pago a plazo justo que obliga a las grandes empresas a pagar a sus acreedores a máximo 45 días, sin olvidar el proyecto que obliga a las EPS a darle prioridad al tratamiento de los niños con cáncer. Por el contrario, generan cierta curiosidad decisiones como la de amnistiar a deudores de multas de tránsito, lo que deja en evidencia que más importante que la aparente severidad de la ley es hacer que se cumpla y luchar contra la impunidad.
Más allá de la naturaleza de los proyectos de ley aprobados, el balance de la labor del Congreso en su última legislatura deja muchos asuntos en la sombra ante la cascada legislativa proveniente de la Presidencia a la que la declaratoria del Estado de Emergencia confirió atribuciones temporales excepcionales para expedir decretos con fuerza de ley. Durante los treinta días de su duración el Gobierno nacional expidió decenas de decretos y resoluciones relacionados con la emergencia que acentuaron la hipertrofia del poder presidencial sin contrapesos institucionales afectando tanto la división de poderes como la autonomía de las autoridades territoriales conferidas por la Constitución.
En efecto, los controles al Ejecutivo se relajaron. El Congreso, malgastó un mes en una discusión bizantina en torno a si podía o no sesionar mediante el uso de mecanismos virtuales sin que, posteriormente, tuviese la posibilidad de trasladar propuestas votadas a la Presidencia de la República, mientras el Consejo Superior de la Judicatura suspendía los términos judiciales y dejaba a los ciudadanos sin la posibilidad de presentar demandas. Ahora la Corte Constitucional, que tiene a su cargo el control de los decretos de emergencia se verá desbordada ante el elevado número de normas adoptadas, y dado que el Congreso solo cuenta con un año para derogar o modificar los decretos de emergencia adoptados, cabe la posibilidad de que los mismos queden en firme, particularmente aquellos que se ajustan a intereses de sectores interesados para que así sea.
La crisis originada por el coronavirus no ha cesado y el Congreso estará en receso hasta el próximo 20 de julio cuando comience una nueva legislatura que tendrá que concentrarse en las reformas estructurales que la pandemia ha dejado al desnudo. Nadie ignora que el legado económico de la crisis será dramático y exigirá complejas negociaciones políticas para contener un mayor deterioro social e institucional.
El Gobierno ha buscado ayudar a las empresas para mantener un cierto nivel de empleo, elevando los niveles de deuda pública, pero los auxilios que parcamente han sido distribuidos no siempre han llegado a los actores correctos y, paradójicamente, han contribuido a agravar la desigualdad al beneficiar al sector financiero y a las grandes empresas.
Para conservar y proteger el empleo la solución es reactivar las pequeñas empresas con crédito barato, adelantar una reforma laboral que proteja a los que venden su fuerza de trabajo y llevar a cabo una reforma tributaria estructural con espíritu redistributivo que elimine los beneficios tributarios que proliferan en nuestra legislación. ¿Estará el Congreso a la altura de los desafíos que acechan o seguirá dejando al Gobierno toda la responsabilidad de enfrentar el reto, debilitando nuestra débil democracia y dejando a la ciudadanía sin representación?
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Senado
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