Todo ello se profundizó con la profesionalización de la política y la institucionalización de los partidos políticos. Para hacer frente a este descrédito se han intentado innovaciones en los sistemas democráticos. En casi todos los Estados se combinan hoy mecanismos representativos con mecanismos directos de ejercicio de la soberanía popular: referendos, plebiscitos, revocatorias de mandatos, consultas populares, cabildos abiertos, en fin, un conjunto de instrumentos de la llamada democracia participativa que se combinan con mecanismos clásicos de la democracia representativa. Sin embargo, la crisis de la representación es uno de los problemas que enfrentan los regímenes democráticos y en nuestro caso esta crisis se manifiesta con el bajo nivel de aprobación de las instituciones representativas siendo los más afectados los parlamentos. En nuestro caso el descrédito del Congreso de la República ha llegado a cifras superiores al 80%.
Múltiples son las causas además de las mencionadas como, por ejemplo, los actos de corrupción en que a menudo incurren sus integrantes, la pérdida de autonomía e independencia de los restantes organismos del poder público, pero, principalmente del ejecutivo en un régimen presidencialista como el nuestro. Este descrédito y falta de reconocimiento se ha profundizado en la fase neoliberal del capitalismo dado que, como en el caso Colombiano, pero que se extiende a nivel global, los Congresos a lo largo de los últimos treinta años han aprobado legislaciones que han llevado a la precarización laboral, a la desindustrialización de nuestros países, a la imposición y aprobación de políticas públicas contrarias a los intereses de los trabajadores, las clases medias y los sectores populares protegiendo los intereses de las trasnacionales, de los sectores más pudientes de la sociedad y precarizando las condiciones de vida de las mayorías populares.
En los últimos años en nuestro país y en este desgobierno de Uribe-Duque el Congreso ha aprobado una serie de medidas impopulares no solo por sus contenidos, sino que han sido aprobadas leyes ampliamente rechazadas en las calles. Quizás un caso emblemático lo constituyó la aprobación de la reforma tributaria del año 2019. Mientras cientos de miles de manifestantes rechazaban la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que aprobaron el Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre de 2019, el gobierno y el Congreso de la República desafiantemente aprobaron en el mes de diciembre de dicho año una reforma nefasta que ha tenido que ser desmontada parcialmente en la reforma tributaria del 2021 recientemente aprobada que derogó el regalo para los grandes empresarios que había aprobado este Congreso a iniciativa del gobierno en por lo menos dos temas centrales: tuvo que volver a elevar el impuesto a las empresas rebajado en la reforma del 2019 al 32% para volverlo a subir a donde estaba, esto es, al 35% y un segundo paso atrás, este parcial, consistió en que en la reforma del 2021 las empresas tendrán que pagar el 50% del Impuesto a Industria y Comercio, ICA, recaudado por los municipios, la reforma del 2019 exoneraba a las empresas del pago de este impuesto que fue asumido por las finanzas públicas nacionales.
El Congreso sobrecargado con estas impopulares reformas por parte del desgobierno de Uribe-Duque y nuevamente por la presencia de millones de personas que se lanzaron de nuevo a las calles el 28 de abril de este año, en un paro que tuvo una duración de más de dos meses, hundió finalmente la reforma presentada por el renunciado ministro Alberto Carrasquilla y presentó en julio del presente año una pequeña reforma tributaria para garantizar principalmente el pago de la deuda externa aunque el ropaje que se vendió por parte del gobierno apoyado por los grandes medios de comunicación es que se trataba de obtener recursos para financiar programas sociales de ataque a las penurias económicas que venían de atrás para las inmensas mayorías populares y que se profundizó con la pandemia. El resultado es que el 41.5% del total de la población colombiana vive hoy por debajo de la línea de pobreza, es decir, tiene ingresos por debajo de $331.800 mensuales, es decir menos de 88 dólares mensuales. El DANE además nos informa que a esta población en pobreza se suma la población en estado de vulnerabilidad que es de 30.5%. es decir que la suma de población en pobreza y vulnerabilidad es del 72% del total de la población colombiana.
Los desafíos y ataques del Congreso y el gobierno continúan
Uno podría pensar que el gobierno y el Congreso habían tomado nota del rechazo y el descrédito en que han caído como consecuencia de sus políticas, pero, recientes hechos nos indican que esto no es así. Para ilustrarlo mencionaré dos hechos recientes.
Este martes 19 de octubre en el Senado de la República y el miércoles 20 en la Cámara de Representantes fue aprobado el presupuesto general de la Nación para el año 2022 y dentro de la ley de presupuesto se aprobó un artículo que derogó el artículo 38 de la ley 996 del año 2005, conocida como la ley de garantías electorales. Dicho artículo establece que se prohíbe la celebración de convenios interadministrativos cuatro meses antes de las elecciones. Ello se hizo a pesar de la oposición de muy amplios sectores sociales, de la oposición política, de medios académicos y aún de gremios de la producción que señalaron que su derogatoria podría afectar de manera negativa el proceso electoral en curso. Estos convenios interadministrativos podrán ser utilizados para desviar recursos públicos para el financiamiento ilegal de las campañas tanto a la elección del Congreso de la República como a las elecciones presidenciales. Pese al amplio rechazo social el Congreso por abrumadora mayoría aprobó este artículo que es evidentemente un mico pues no tiene nada que ver con la ley del presupuesto.
Es obvio que los partidos usufructuarios del gobierno y del régimen uribista buscan canalizar los abundantes recursos públicos para no solo apuntalar las prácticas clientelistas sino para desviar recursos para la compra de votos. Sienten que deben emplearse a fondo y que disponer de los recursos públicos, les brindan ventajas con respecto a la oposición, por eso aprobaron este artículo. Una señal que están dispuestos a utilizar todos los medios de que disponen para mantenerse en el poder. Actúan sin ningún rubor sin ninguna ética. Van por los recursos públicos para usarlos en favor de sus listas y candidatos. Los argumentos con los que se aprobó este artículo son absolutamente deleznables. El principal es que por motivos de la pandemia las administraciones departamentales y municipales han visto retrasados los procesos de contratación para llevar adelante sus planes de desarrollo, esa es la hoja de parra que cubre la decisión de entrar a saco en los recursos públicos para mantenerse en el poder.
Por lo demás la forma como introdujeron este artículo con el aval del desgobierno de Duque y su ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo es patético. Primero porque no guarda relación con la materia del proyecto que es el presupuesto, es decir, no tiene unidad de materia, pero, en segundo lugar, porque la ley de garantías electorales es una Ley Estatutaria que no puede ser derogada mediante una ley ordinaria. Burdos. Será la Corte Constitucional la que deberá resolver este intento por pervertir aún más si se puede el proceso electoral en curso. Y lo primero que este tribunal debería hacer es suspender su vigencia mientras se pronuncie de fondo. Y como ya dijimos es un desafió, una nueva bofetada a la ciudadanía tanto del gobierno como del Congreso y las mayorías que lo respaldan.
Un segundo hecho lo constituye la aprobación nuevamente por las bancadas de la coalición de gobierno de una reforma constitucional que cambia también de manera burda las autoridades competentes en materia penal para investigar y juzgar y los requisitos que se exigen para ser fiscal general de la Nación, procurador, contralor, defensor del pueblo, auditor general y registrador nacional. En el colmo del descaro se propone que la investigación y juzgamiento de estos funcionarios no siga en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, sino que su investigador y juez sea la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ver para creer. Una comisión que la ciudadanía burlonamente ha denominado como “Comisión de Absoluciones”. Su inoperancia es total, solo excepcionalmente ha levantado el fuero de un par de exmagistrados corruptos por el caso del Cartel de la Toga. Todos los procesos duermen el sueño de los justos en esa corrupta comisión. Que desvergüenza. Y, aun así, la Comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó este adefesio.
Pero la fresa del pastel la constituye la reforma a las calidades que se deben acreditar para ser elegido a estos cargos. Por ejemplo, para ser fiscal general de la Nación no se necesitaría acreditar 15 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, ahora bastaría acreditar quince años de experiencia en ciencias sociales o administrativas. Se dice que quienes promueven dicha reforma son los organismos de control y que en este punto específico sería Carlos Felipe Córdoba actual Contralor General de la República quien estaría buscando reemplazar al fiscal de bolsillo de Uribe-Duque, Francisco Barbosa. Córdoba termina su período en menos de un año y aspiraría a reemplazar a Barbosa en el año 2024 si es que la Corte Constitucional no le termina el período antes por una demanda que ha admitido para revisar el período de Barbosa. Córdoba apenas esta terminando sus estudios de derecho y por eso no podría aspirar a este cargo porque no tiene como acreditar esa experiencia que la Constitución exige actualmente. Una reforma constitucional hecha a la medida de Córdoba en este punto y que cubre a todos los demás en tratar de ganar la impunidad pasando de la Corte Suprema de Justicia las investigaciones por posibles delitos que se puedan cometer en el ejercicio de sus funciones a la “Comisión de Absoluciones”. Otra bofetada de la coalición de gobierno a la ciudadanía, a la democracia y a las mínimas normas de la decencia.
Ahora bien, cómo asumirá este reto la ciudadanía, cómo asumirá estos actos de desplante y prepotencia. Uno podría pensar que los ciudadanos hartos de sufrir los desmanes de una clase política corrupta hasta la médula, que siempre ha defendido los intereses de los poderosos, respondería, esa ciudadanía, quitándoles el respaldo político y votando masivamente por partidos alternativos. Sería lo más lógico. Esperemos que así sea.
Pero hay un problema de cultura política que enturbia ese deseo. La compra masiva de votos y la impunidad que se mantiene frente a este delito contra la democracia. La falta de conciencia ciudadana sobre la importancia para la defensa de sus intereses de votar por candidatos comprometidos con la defensa de sus intereses. La apatía que se manifiesta en la abstención electoral que cubre a cerca del 50% de los electores. La falta de conciencia ciudadana en que el voto es un instrumento para la defensa de sus intereses y de los intereses públicos. Es cierto que se viene avanzando, pero las próximas elecciones nos dirán cuanto hemos avanzado para construir una democracia social incluyente y una democracia política sin corrupción ni clientelismo.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Semana.com
Excelente análisis, Pedro.
Más claro no canta un gallo.