Con 42 oficinas regionales y el 70% de sus funcionarios en terreno, la Defensoría es una de las entidades con mayor cobertura nacional y constante presencia en las comunidades y poblaciones más vulnerables, destacándose también el trabajo que realiza en pro de los derechos de los millones de colombianos y colombianas en el exterior.
Lo anterior, sumado a la actual coyuntura que vive el país, hace que la elección del próximo Defensor del Pueblo sea de la mayor importancia para la agenda pública, si lo que se quiere es avanzar en la construcción de un proceso de reconciliación nacional que nos ayude a lograr consensos para ganar terreno a la violencia y la criminalidad, consolidar el Acuerdo Final de Paz de 2016 y fortalecer los nuevos procesos de negociación y diálogo social, rurales y urbanos, que trajo la paz total.
El nuevo Defensor deberá ser un actor con la suficiente autoridad ética, que inspire confianza en todos los sectores políticos y sociales, y con gran capacidad de concertación para vencer la polarización y proponerle al país una ruta conjunta que nos convoque a todos, sin exclusión, ni estigmatización, a lograr acuerdos de país, acuerdos sobre lo fundamental, como propuso Álvaro Gómez Hurtado, en medio del sancocho nacional que promulgaba Jaime Bateman Cayón.
Pero también deberá ser un Defensor con la suficiente determinación para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en medio de las violencias irregulares que azotan varias regiones del país y con la suficiente creatividad y osadía para proponer métodos e instrumentos de trabajo distintos, ya que no podemos alcanzar resultados diferentes en materia de prevención y protección de los derechos humanos y menos en la búsqueda de la paz, haciendo lo mismo de antes.
Frente a los principales retos que deberá enfrentar el nuevo Defensor del Pueblo y en donde deberá centrar su capacidad de concertación y de incidencia y persuasión, destacamos los siguientes:
1. Frenar el asesinato de líderes sociales y de firmantes de la paz. La Defensoría debe realizar un control estricto para que el Estado colombiano genere, en primer lugar, una verdadera política de prevención y contención de los homicidios, priorizando su accionar en los lugares donde la situación es más crítica como el Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, Nariño, los Santanderes, Caquetá, o la Costa Atlántica, entre otros. Para lo anterior, urge revisar y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas, la coordinación con los órganos encargados de la seguridad en los territorios y articular con los organismos de control la conformación de una red de prevención y protección humanitaria.
En segundo lugar, velar porque las instituciones asuman sus responsabilidades por cada líder o firmante asesinado; desde las autoridades locales, hasta las nacionales deben responder por la ausencia o negligencia en su obligación de prevención, protección y seguridad de los líderes y los firmantes de la paz. Y más, cuando se desconozcan las alertas tempranas que se hayan emitido, para lo cual se deberán convocar Audiencias Defensoriales de Implementación y Seguimiento de dichas alertas, en coordinación con la Procuraduría y la Fiscalía.
Y en tercer lugar, la Defensoría debe crear una Delegada para asuntos de Seguridad y Derecho Internacional Humanitario, donde se promueva, en coordinación con la fuerza pública, el modelo de seguridad humana basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y la inclusión de una política de incentivos a las fuerzas armadas que incluya recomendaciones para su calificación en materia de ascensos y demás prerrogativas de sus miembros, e indicadores de garantía de derechos humanos, en sus respectivas jurisdicciones, como por ejemplo: descenso en cifras de homicidios, desminado humanitario, acciones ambientales, trabajo por la paz territorial, entre otros.
2. La Defensoría debe asumir un papel protagónico en asegurar la correcta aplicación del Acuerdo Final de Paz, velando especialmente por el cumplimiento de los derechos de las víctimas y su no revictimización, tanto por las instituciones responsables de la atención y reparación en el marco de la Ley de Víctimas, como por los entes territoriales y, especialmente, con las nuevas instituciones que trajo el Acuerdo de Paz: La Jurisdicción Especial para la Paz, la promoción del Informe de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y como secretario Técnico de las mesas de participación de las víctimas, el Defensor deberá velar porque su voz y sus propuestas se reflejen en el actuar de las entidades, tanto territoriales, como del gobierno nacional y de justicia transicional.
Debe también velar el nuevo Defensor del Pueblo por la integridad de los nuevos diálogos de paz que trajo la paz total. Exigir el cumplimiento de los acuerdos especiales que se adelanten en las mesas, como acuerdos obligatorios frente al Derecho Internacional Humanitario, y fortalecer los procesos de transformación territorial para la paz que se estén adelantando para el des escalamiento de los conflictos. Garantizar la armonización de todos los instrumentos de justicia transicional existentes en pro de los derechos de las víctimas y de las comunidades y el acoplamiento institucional en pro de la paz total.
3. Dada la actual coyuntura de inminente riesgo de extinción de la humanidad y de la vida misma en el planeta, el próximo Defensor del Pueblo debe serlo también de la Naturaleza. Una de las mayores prioridades de esta Defensoría deberá ser la de visibilizar a la naturaleza como víctima de la guerra, y exigir su protección inmediata e integral ante las amenazas inminentes en que se encuentran nuestros parques naturales y reservas forestales, nuestras especies de fauna y flora; o nuestros ríos que están muriendo bajo la minería ilegal. Urge promover un pacto de paz con la naturaleza, un acuerdo humanitario entre sectores de todo tipo para frenar el ecocidio que representa la utilización de la naturaleza como escenario de guerra, como arma de guerra o como fuente de financiación de la guerra.
4. La próxima Defensoría debe promover con prioridad y urgencia un Pacto Nacional por la Niñez. Exigir a todos los grupos armados terminar con el reclutamiento de menores y contra todo acto que afecte la integridad de los niños y niñas en Colombia. Exigir a las autoridades programas efectivos de prevención y protección contra el maltrato infantil; que prioricen la atención a niños en situación de vulnerabilidad, niños víctimas del conflicto o niños víctimas de delitos aberrantes como la trata de personas. Que se garantice que los niños campesinos, afrodescendientes o indígenas tengan los mismos derechos de los niños de las ciudades, porque hoy la falta de acceso a computadores o conexión a internet es una grave situación de exclusión a la que se ven sometidos bajo el analfabetismo digital.
5. La próxima Defensoría debe estar íntegramente comprometida con los derechos de las mujeres, dado que más de 4 millones de víctimas del conflicto son mujeres y niñas que han sido desplazadas de sus territorios, violadas, secuestradas, asesinadas, torturadas, desaparecidas o mutiladas por una mina antipersonal. A lo anterior se suma que, fruto de su victimización y su condición femenina, las mujeres son más vulnerables de sufrir nuevas agresiones y revictimizaciones. Esta situación hace que sea necesario tenerlas en cuenta prioritariamente en las políticas de construcción de paz y promover que sean protagonistas de la aplicación de los acuerdos y del control social y seguimiento a su cumplimiento, ya que la exclusión social y la violencia contra las mujeres es una de las causas estructurales de la injusticia social que el acuerdo pretende superar.
En este sentido la Defensoría debe vigilar el cumplimiento estricto de los siguientes aspectos: a) Su Acceso prioritario al Fondo de Tierras y la formalización de su propiedad rural en igualdad de condiciones; b) Su garantía a los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a las mujeres en el sector rural; c) La promoción de su participación efectiva en espacios de representación y toma de decisiones; d) Adopción de medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos que tienen las mujeres; y e) Su acceso con enfoque de género a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
6) Dada la crisis sanitaria y financiera del sistema de salud, y la ausencia de una reforma que haga frente a las graves deficiencias de un sistema que no responde a los mínimos que exige la materialización de este derecho fundamental, la Defensoría del Pueblo deberá fortalecer su función de control y exigencia de derechos fundamentales tanto a las EPS e IPS, como al sistema público de salud en cabeza del Ministerio, así como promover bajo su liderazgo la necesidad de una reforma de salud concertada, pero eficiente en términos de resolver la grave crisis y, ante todo, acabar la exclusión de una gran franja de la población, especialmente rural, de este derecho fundamental. Hecho que se sustenta en el informe que presenta cada año la Defensoría, frente a las acciones de tutela que interponen cientos de miles de ciudadanos de todo el país, por violaciones a su derecho fundamental a la salud.
7) Dada la enorme polarización que vive el país, corresponde a la Defensoría del Pueblo fortalecer la Delegada de Diálogo Social, especialmente en su labor preventiva y de protección a la protesta social, pero especialmente fortalecer la Dirección de Promoción y Divulgación en pro de la cátedra por la paz y la reconciliación nacional, dado que esta Dirección tiene el papel fundamental de construir una estrategia nacional de promoción y divulgación de los derechos humanos y construcción de paz, donde va a ser clave:
a. La generación de alianzas estratégicas con universidades nacionales y regionales en todo el país, con el fin de generar una red de promoción de los derechos humanos y la paz a través de cursos, diplomados, talleres, congresos y simposios en diversos temas prioritarios; y además promover grupos de investigación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz, e incentivar la realización de tesis universitarias y trabajos de grado en la materia.
b. La generación de alianzas con RTVC, así como con canales de radio y televisión regionales (Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Canal Capital, entre otros); con canales comunitarios, con emisoras comunitarias y con las emisoras de policía y ejército (las de mayor audiencia rural) para adelantar una tarea de divulgación de material audiovisual y radial a cerca de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el marco de la construcción de paz.
c. Desarrollar una estrategia integral de formación virtual y de formación por radio comunitaria y televisión local, así como un modelo de contacto directo y permanente con los más de 5 millones de colombianos que se encuentran en el exterior en pro de los derechos humanos y la construcción de paz.
Una gran estrategia de trabajo con la Fuerza Pública para adelantar tres frentes principales:
a. Apoyo y acompañamiento a los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de víctimas pertenecientes a la fuerza pública.
b. Apoyo a los procesos de formación de los miembros de la fuerza pública en derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz.
c. Apoyo y recomendaciones al proceso de cambios institucionales para la construcción de paz (entre otros los incentivos de ascenso y calificación con base a indicadores de derechos humanos).
Una estrategia de trabajo en divulgación y promoción de derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción de paz con todos los personeros del país a través de sus organizaciones regionales y su federación.
Construcción de una línea editorial pedagógica y pertinente a la función de la Defensoría de capacitar a comunidades de base, y por lo tanto que genere una pedagogía popular y accesible a cualquier público, sin por esto descuidar la línea de investigación y divulgación de corte académico.
Establecer un modelo de seguimiento a los programas de formación en democracia, derechos humanos y paz, en coordinación con el Ministerio de Educación, así como a las plataformas y metodologías que aseguren la no exclusión de las comunidades, los niños y jóvenes de zonas rurales o barrios periféricos de las ciudades.
Y por último, y muy importante: Adelantar campañas de impacto nacional e internacional respecto al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la construcción de paz. Se propone una línea de trabajo en:
a. Gran Campaña Nacional por los derechos de las víctimas.
b. Campaña Internacional en conjunto con la organización mundial de Defensores y Ombudsman, por los derechos humanos frente a guerras como Ucrania y Palestina o crisis como la Venezolana.
c. Campaña Nacional “Pacto Social por la Naturaleza” o “Acuerdo Nacional por la Naturaleza” un gran pacto nacional, que reúna diversos actores estratégicos para poner fin a la degradación de los ecosistemas estratégicos, las zonas de reserva natural y a los asesinatos de líderes ambientales y guardaparques.
Gabriel Bustamante Peña
Foto tomada de: Defensoria.gov
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