Cuando el país debía estar transitando hacia un escenario de convivencia pacífica, construcción colectiva de bienestar, seguridad y ampliación de la democracia, resultante del proceso de solución política del conflicto armado con las FARC y, avanzando en el proceso de conversaciones de paz con el ELN, nos encontramos con el inicio de una fase de retorno a la violencia, a la criminalidad y a la guerra.
Las cifras de asesinatos selectivos y aleatorios, masacres, amenazas y desplazamiento forzado, como el retorno de las practicas de la desaparición forzada van en aumento frente a la incapacidad de un gobierno que piensa que todo se resuelve con militarización y medidas autoritarias y que desconoce y niega las causas estructurales de los conflictos y la complejidad que han alcanzado los mismos ante la incompetencia estatal para enfrentar la multiplicidad de actores que se disputan el territorio y el ejercicio del poder de la coerción y la intimidación en el sometimiento de la población a través. Del miedo, el terror y la muerte.
El incumplimiento estructural del acuerdo de paz de La Habana, al cual prácticamente ya se resignó la organización, el asesinato sistemático y dirigido de más de 250 reincorporados firmantes del acuerdo, la particular y limitada atención que se da a los mismos en materia de garantía de derechos y seguridades, tienen un costo superior en materia de reconstrucción del tejido social y del escenario político y es el de la perdida absoluta de la credibilidad en el gobierno y en la institucionalidad estatal.
El aumentado de los factores de riesgo para la población y para los líderes que los acompañan que le han apostado a permanecer y transformar sus territorios en medio de las adversas condiciones de vida en que los habitan, ha generado pánico e incertidumbre obligando a centenares de familia a abandonar el nada que tienen para conservar sus vidas. Los actores armados, la delincuencia criminal, incluyendo la institucionalidad que mantiene estrechas relaciones de connivencia con ellos ha generado procesos de vaciamiento del territorio para operar a sus anchas en el logro de sus contrapuestos y complementarios intereses. La muerte y la proliferación de amenazas cumplen con el propósito de llenar los territorios de miedo y terror y subordinar la población al silencio absoluto u obligarlos a desalojar sus pequeños espacios y a abandonar sus precarias propiedades.
Los posibles actores criminales
La multiplicidad de guerras que se desarrollan en el país involucra, no solo los autores nacional, sino otros actores que se perfilan como delincuencia organizada, nacional y trasnacional, en torno a delitos como la producción y trafico de narcóticos, el contrabando de gasolina, el tráfico de personas y armas, el control extorsivo de los territorios y sus economías entre otros crímenes de un amplio portafolio de delitos de empresas y microempresas criminales en las que la delincuencia común constituye la informalidad de estas.
De las disidencias de las FARC llámense la segunda Marquetalia o Farc auténticas o como se quieran llamar y las estructuras del ELN en los territorios en donde hacen presencia y tienen injerencia lo que se esperaría de ellos es un comportamiento que responda a los fundamentos políticos que enuncian y dicen defender. Para ellos la protección de la sociedad civil debía constituir una de sus principales preocupaciones y la defensa de los liderazgos naturales una obligación moral y política. Por eso es inaceptable toda practica criminal que atente contra las comunidades y sus liderazgos naturales por parte de quienes se les hincha el pecho llamándose “revolucionarios”. Las guerras entre grupos no se deben seguir desarrollando en cuerpo social de las comunidades y sus respectivos liderazgos y constituye una urgencia detener toda acción criminal contra la población desarmada e indefensa.
El involucramiento de la fuerza pública, tanto de las fuerzas militares, de policía y de los organismos de inteligencia se viene produciendo de manera clara y directa a través de mecanismos que comprometen prácticas de “terrorismo de Estado”, sicariato institucional, cuerpos encubiertos de exterminio, perfilamiento de las víctimas, relaciones de connivencia con grupos criminales y mercados de la muerte, propaganda negra y estrategias de intimidación y amenaza. No son pocos los casos en que los involucrados en atentados y hechos criminales resultan ser miembros de las fuerzas militares y de policía o funcionarios de seguridad del Estado. Estas prácticas de sicariato institucional dirigido contra líderes sociales y políticos de oposición, soportado en labores de inteligencia y orquestado por oficiales de la fuerza pública no puede ser considerado, como practicas realizadas por manzanas podridas, sino que obedecen a ejecución de enfoques criminales de la institucionalidad encargada de las labores de seguridad y defensa, que operan con permisibilidad y complicidad en el logro de objetivos perversos de aniquilamiento de opositores y sometimiento de poblaciones, al amparo de una densa cortina de impunidad.
En general, la responsabilidad ejecutoria de los crímenes cometidos contra líderes sociales y políticos y, los firmantes del acuerdo de paz recaen sobre organizaciones armadas como el ELN y las disidencias de las FARC, los llamados herederos del paramilitarismos y bandas criminales; organizaciones criminales articuladas al tráfico de estupefacientes, a la explotación de la minería ilegal, al control extorsivo del territorio, a los grupos del crimen internacional como los carteles de Sinaloa, el golfo y el grupo de los Z provenientes de México, interesados en el control de la cadena productiva del narcotráfico y, indiscutiblemente, a estrategias criminales de la fuerza publica en connivencia con estos grupos y con los sectores productivos en los territorios.
Razones estructurales de la violencia criminal contra líderes sociales
Constituye un acto de cobardía suprema el asesinato de miembros de la comunidad, líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y ambientalistas, o de jóvenes y mujeres en total estado de indefensión, frente a la actitud cómplice del Estado y su incapacidad o indiferencia para operar con efectividad frente a esos grupos.
Pero la pregunta que nos debemos formular es cuál es la razón o el propósito que mueve este tipo de asesinatos más allá de las explicaciones oficiales cargadas de cinismo, ineptitud y complicidad.
Existen al menos cinco razones por las cuales se producen estos asesinatos con pasmosa impunidad:
La primera, esta unida al mantenimiento de las relaciones de poder y del estatus quo de las elites, castas y clanes sociales y económicas en el territorio de manera dominante y hegemónica, que se articula en la explotación de los recursos estratégicos y de las economías que se derivan de los mismos. En la subordinación clientelar y gamonal de las comunidades a esos poderes que usufrutuan, además, el poder político y controlan y se apropian a través de la corrupción de los recursos públicos. Es el ejercicio de la practica criminal contra las agendas reivindicativas de derechos de las comunidades, sus formas organizativas y sus liderazgos naturales con el propósito de intimidar, silenciar y generar pánico colectivo. Se trata del desarrollo de sofisticados procedimientos de la economía del despojo que centraliza recursos y se apropia de patrimonios colectivos y presupuestos públicos.
La segunda, tiene sus raíces en la práctica tradicional de incumplimiento y retaliación criminal y vengativa contra los firmantes de los acuerdos de paz que es común a distintos procesos de solución política desde la Colonia. El principio hecho practica que un acuerdo que no se va a cumplir no se le niega a nadie; que hay que desarmarlos para aniquilarlos y encarcelarlos y que no es aceptable que recobren sus derechos y su ciudadanía plena. Dónde y bajo que responsabilidades se define esa actitud… parece estar establecida como un dispositivo tácito en la mentalidad de elites políticas y económicas y en la institucionalidad de la fuerza publica y de la justicia. No hay responsables porque todo ocurre por inercia y quienes toman la decisión, lo hacen como si estuvieran en cumplimiento de su deber. Hay un encadenamiento impune de la criminalidad social e institucional.
La tercera tiene que ver con las limitadas, restrictivas e insuficientes políticas públicas dirigidas en lo esencial a paliar la inconformidad que surge alrededor de los problemas estructurales de la nación que comienzan en el ámbito rural y del desarrollo agrario en un modelo acumulador que despoja y centraliza la tierra, expulsa la población asesina y hace ajustes criminales, a través de la violencia, del modelo de desarrollo económico generando pobreza, exclusión hambre y más violencia. Un modelo de extractivismo agrario y minero profundamente lesivo de los ecosistemas naturales con profundos impactos ambientales en la conservación de recursos estratégicos como paramos, selvas, aguas, humedales y en general la biodiversidad ecosistémica. Estas practicas afectan a la población campesina, afro e indígena y a las poblaciones rurales en general. El aplazamiento indefinido de una reforma agraria y rural democrática que ha estado al centro de la conflictividad nacional y que lejos de avanzar en su solución cada vez se hace más critica. La lucha por la tierra, el retorno de los desplazados, la restitución de las tierras expropiadas por la vía de la violencia, la conservación y defensa comunitaria de los ecosistemas y del medio ambiente en general constituyen razones comunes para el aniquilamiento de líderes y la intimidación de poblaciones. A esto hay que sumar el comportamiento de las instituciones del Estado ante las obligaciones que contraen frente los proyectos extractivos de las empresas multinacionales cuando las labores de estas se ven afectadas por la inconformidad de las comunidades y por su movilización efectiva en defensa de los territorios.
La cuarta, la estrecha relación que existe entre las economías ilegales del capitalismo criminal que se articulan alrededor de la cadena productiva del narcotráfico, que involucra a una amplia población de familias campesinas desconocidas por las políticas publicas del gobierno en materia de desarrollo rural y agrario que han encontrado en la hoja de coca un salvavidas para su supervivencia en un escenario de no pocas, conflictivas y violentas relaciones. Estas poblaciones no solo tienen que sortear las dinámicas de conflicto propias del desarrollo de ese modelo economía criminal que involucra, sectores tradicionales de la economía convencional, con organizaciones del crimen trasnacional, sino adicionalmente las disputas entre esos grupos y la implementación de las políticas oficiales que deben mantener viva la idea de la lucha contra el narcotráfico como compromiso institucional frente a la comunidad internacional en una moral mafiosa en la que los intereses y beneficios son mayores que los esfuerzos que se hacen por combatir un delito del cual se nutren amplios sectores de la economía. En este contexto la tensión entre la economía mafiosa del narcotráfico y las políticas de erradicación de cultivos de coca realizadas por fuerzas armadas estatales genera un escenario de violencia y muerte en el que los más afectados son las poblaciones que han optado por la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y su sustitución alternativa.
La quinta, la presencia insuficiente del Estado en gran parte del territorio en el que se desarrollan agudas disputas entre los diferentes grupos armados que buscan controlar y explotar los territorios y que recurren a la violencia criminal para imponer su dominio sobre la población, pero además, el comportamiento criminal de la fuerza pública que opera en los territorios del alta conflictividad como fuerzas de ocupación, cometiendo contra la población todo tipo de atropello y estableciendo con grupos criminales relaciones de connivencia y pactos criminales de no agresión, con el propósito de garantizar la convivencia de múltiples poderes en la explotación y sometimiento del territorio.
Este gobierno hace parte del problema
Todos estos fenómenos de violencia ocurren en gobiernos que no están interesados en resolver los problemas de seguridad que afectan a la población sino, que consideran que esos problemas justifican sus políticas represivas y autoritaria y, el gasto cada vez mayor del presupuesto que debía estar dirigido hacia la inversión social y a la solución de los problemas estructurales de la nación. El asesinato de lideres y lideresas sociales, de dirigentes políticos de oposición o democráticos, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de comunicadores y de jóvenes no va a encontrar en el gobierno del presidente Iván Duque una respuesta eficaz y pertinente, por que su enfoque y orientación política esta construido sobre enunciados de guerra y violencia, de odio y venganza, que no le permite ver el camino de la seguridad con bienestar, desarrollo y convivencia democrática.
Por eso la tragedia de Buenaventura, Tumaco, Quibdó y el Catatumbo, entre otras muchas regiones del país, seguirá desarrollándose a través de asesinatos, masacres y desplazamientos sin que los grandes cordones humanos, las manifestaciones de solidaridad y el reclamo legitimo de paz encuentren receptividad en un gobierno que se ha especializado en la simulación y el engaño para enfrentar los graves problemas de la nación Colombia, de sus territorios y de sus poblaciones.
Un papel determinante frente a esta situación tiene que jugar la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y en general los organismos multilaterales a través de una pronta y efectiva gestión de diplomacia humanitaria que detenga esta ola de crímenes contra la población y nos permita retomar el proceso de implementación del acuerdo de paz, continuar con los diálogos con el ELN y avanzar en la ampliación y profundización de la democracia
Los esfuerzos que se vienen realizando desde distintos sectores de la sociedad democrática que esta por la paz, la convivencia pacifica y el bienestar general en una sociedad de derechos, debe madurar para que se produzcan las alianzas, coaliciones y procesos unitarios que transformen significativamente las relaciones del poder político al interior del estado y enfrente con decisión el flagelo de la violencia criminal con los liderazgos sociales y políticos.
Carlos medina gallego , Docente Investigador Universidad Nacional de Colombia, Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz
Foto tomada de: El Espectador
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