El centro de la intervención radicó en proponer un gran acuerdo nacional que unifique la justicia ambiental con la justicia social, apuntalando así sus reformas claves en materia laboral, de salud, pensional, de educación, de servicios públicos, minero-energética y otras. Petro invitó a todos los sectores políticos a sacar adelante las reformas que votó el pueblo. Destacó la importancia del Congreso para esas reformas. Invitó a la oposición a que privilegie la razón frente al prejuicio. Explicó que “Colombia potencia mundial de la vida” no es un mero eslogan de campaña, sino un concepto que ha sido validado en diferentes escenarios internacionales. Petro acababa de llegar de Bruselas, donde magistralmente habló ante auditorios calificados sobre el suicidio de la especie humana. Señaló que los paradigmas cambiaron en torno a creer que la vida es eterna y la naturaleza inagotable. Resaltó el trabajo que la ciencia ha realizado para sustentar el problema del cambio climático. Destacó que el planeta está viviendo el calor más intenso en 122.000 años, con numerosas sequías, carencia de agua potable (como en Montevideo), con temperaturas de 62 grados en el Golfo Pérsico. Ello hace que se impulsen éxodos como el que pasa por el tapón del Darién (250.000 personas anualmente, con tendencia al alza). Por ello hay que aprovechar las ventajas de Colombia, que es un país potencia de la diversidad cultural y biológica. “El camino de Colombia es su propia diversidad” dijo. La unidad de la justicia ambiental con la justicia social es la salida. Se trata de descarbonizar la vida, impulsando la energía solar, eólica e hidráulica. En la Amazonía se redujo la deforestación en un 31,4%. Se está liderando un acuerdo de protección mundial a la Amazonía.
Para Petro la agricultura, la industria y el turismo serán claves en la transición hacia la salvación de la zona. Se trata de superar los abonos creados con base en úrea y petróleo, que son inalcanzables para los campesinos y generan inflación.
Petro explicó cómo ha liderado el proceso internacional de protección de la selva amazónica
El Presidente denunció que el Código Minero afectó al pequeño minero y benefició a las mafias que destruyen los ríos y contaminan las aguas (con el uso del cianuro, por ejemplo). Él mismo ha ordenado la destrucción de las grandes dragas extractivistas.
Denunció que los contratos de concesión son corruptos y la demanda de petróleo y carbón va a caer, por lo cual se debe buscar el reemplazo. En consecuencia, se trata de buscar un modelo de producción no extractivo. Para ello se necesita inteligencia (que no la tiene ese modelo). Se trata de reactivar la agricultura, el turismo y la industria. El sector minero-energético emplea poca mano de obra, comparativamente hablando.
En relaciones internacionales, destacó el triunfo frente a Nicaragua por el mar territorial en la Corte Internacional de La Haya, que se ganó porque se llevó a los raizales al litigio, los cuales fueron desconocidos por los anteriores gobiernos de la derecha. También insistió en la unidad con África, por lo cual estuvo la Vicepresidenta recientemente con parte del gabinete estrechando vínculos con el continente negro.
Frente a la reforma agraria, destacó que en la historia los países más avanzados la han efectuado. Advirtió que ha sido difícil que se apruebe, por la presencia de terratenientes en el Congreso, lo cual genera atraso y ubica a la ruralidad colombiana en la premodernidad. Recordó que el Acuerdo del Estado con las FARC se elevó a Tratado Internacional de obligatorio cumplimiento y la reforma agraria es el punto central. Ya José Félix Lafaurie presidente de Fedegán y esposo de la senadora Cabal (líder de la oposición) dijo: “Hoy Petro ha comprado más tierra que Duque y Santos juntos para cumplir el acuerdo de Paz”. Con Duque sólo se titularon 13.000 hectáreas y sólo en 10 meses Petro ha titulado 30.000 hectáreas. Lo dice quien en el pasado era el más enconado opositor de Petro y hoy forma parte de la delegación del Gobierno para los diálogos con el ELN.
Petro reconoció que el Congreso haya llenado un vacío del constituyente del 91 al aprobar los derechos del campesinado y ubicarlo como sector social, al lado de los indígenas y las negritudes. Advirtió que las haciendas que tiene el Estado por extinción de dominio, les serán entregadas a los campesinos víctimas, no a familiares, ni a amigos.
Recordó cómo otros países potencias, como Nueva Zelandia y Canadá han tenido exitosos procesos de industrialización agraria. El Gobierno ofrece la financiación de la industrialización. Manifestó Petro que ya se trajo el ensamblaje de automotores. También se impulsará la producción de paneles solares para la energía limpia. Se trabaja en el hidrógeno verde.
Sobre la productividad, cuestionó el que se exija más horas semanales de trabajo, afectando la productividad. La base de la productividad es la eficacia y la competencia y para ello hay que eliminar los monopolios. La educación debe ser un derecho fundamental. El 70% de los alumnos que entran a estudiar no terminan su carrera. Colombia tiene una intensidad de 60 horas de trabajo, una de las más altas del mundo a la semana, pero con una baja productividad. El empleo depende de la capacidad productiva del país. El tema no es solo salarial y obedece a multicausalidades. Hay que ofrecer tierra, crédito, educación de calidad para aumentar la productividad. Debe bajarse la tasa de interés en el sistema financiero. Demostró que en el Banco Agrario (oficial) ya se bajó dicha tasa. La economía popular es la que más empleo genera y por ello hay que empoderarla, privilegiando a las mujeres, y dándole crédito popular y así se supera el gota a gota mafioso y usurero.
Recordó que en la pasada legislatura sólo se cayó la reforma laboral por ausentismo, no por debates. Las demás reformas siguen su curso y espera le sean aprobadas en beneficio del pueblo.
La inflación fue el producto del poscovid y de la guerra. “Hemos vencido la inflación” dijo, y mereció el aplauso de la coalición de Gobierno. Señaló que durante tres meses el precio de los alimentos ha caído. Se hizo crecer concertadamente el salario para este año en 16% y con inflación proyectada del 9% indica que el salario creció realmente 6 puntos. Reconoció que la mitad de la sociedad no gana ni el salario mínimo.
Se han realizado inversiones en salud y educación del orden de $57 billones, la cifra más alta en la historia. También $600.000 millones en hospitales en 29 departamentos. Habrá 500.000 nuevos cupos en las universidades oficiales y se privilegiarán los territorios excluidos. Allí culpó tácitamente al exministro Alejandro Gaviria por demorar un año este proceso.
Insistió en que la salida es apoyar los dos pilares: la justicia social y la ambiental para lograr la paz.
La paz es un acuerdo nacional de toda la sociedad (como está en los acuerdos con el ELN). No es solo la firma entre actores armados. “Nadie tiene la verdad de cómo hacer la paz”, dijo Petro, mostrando humildad. Hoy hay un cese al fuego con el ELN que es esperanzador. Ha habido una disminución de muertes en el Ejército (60%) y en la Policía (55%). Recordó cómo el Hospital Militar se desocupó con el proceso de paz y se volvió a llenar con el recrudecimiento del conflicto armado.
Se pregunta el Presidente si ¿hay acaso una transición de la violencia en Colombia hacia otros espacios? Se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia, sentenció (frase polémica que generó debates). Para el Presidente, la guerra que empezó el 9 de abril de 1948 llegó a su final, como la de los liberales y los conservadores. Esta última cesó, pero se transformó en otras violencias. Esta etapa de violencia está terminando y pasamos a una tercera etapa de violencia. La de ahora es la violencia por la codicia, por las economías ilícitas. No le interesa la toma del poder central, sino de los territorios. Pretende capturar el uso de los dineros en los territorios. Son bandas armadas sin bandera política. Generan extorsión, tráfico de cocaína, el éxodo.
Se detuvo el crecimiento del cultivo de la hoja de coca, EEUU lo está analizando, hay un cambio de sicotrópicos, reemplazado por el fentanilo. Ha disminuido el envío de coca a EEUU. Sin embargo, la frontera del Putumayo con Ecuador persiste en el cultivo de la hoja. La cocaína mataba 3.000 consumidores por sobredosis al año en USA, el fentanilo mata a cien mil. Una tragedia. Antes se vendía en las farmacias sin problema. Ahora la cocaína se exporta como base de coca en Europa, China y Japón. Los laboratorios ya no se instalan en Colombia sino en Europa. Colombia no tiene la capacidad de producción del fentanilo y por ello se abre la paz en la tercera fase.
La paz total –siguiendo a Galtung- es la eliminación de la desigualdad, buscando una sociedad con futuro.
Es el momento del “Acuerdo Nacional” por la justicia social, para buscar crear una sociedad más justa y más productiva. Esto se puede hacer en medio de la diversidad de conceptos. “Es un momento de ceder” les dijo Petro a las elites que durante 200 años han manejado el poder. Para fortalecer la democracia se hace con más democracia y más inclusión de los excluidos. Ese acuerdo pasa por el Congreso que discutirá las grandes reformas: servicios públicos, minería, educación, pensiones, etc. Se trata de construir un acuerdo nacional que incorpore la justicia social y la ambiental.
El discurso fue bien recibido por la opinión pública y la comunidad internacional. Demuestra gran calidad de estadista, mientras la réplica de la oposición fue bastante deficiente.
Sin embargo, la coalición de Gobierno perdió por 4 votos la presidencia del Senado (Cámara Alta) frente a la coalición de la derecha, si bien derrotó al Jefe del Partido Liberal César Gaviria en la Cámara de Representantes (Cámara Baja). Ello obliga al Gobierno a considerar la necesidad de armar una nueva coalición para el éxito de sus iniciativas legislativas.
El escenario coyuntural debe aprovecharse, en tanto en cuanto se descubrió el ingreso de dineros ilícitos de Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, así como la denuncia del secretario de Transparencia Andrés Idárraga al presentar una impunidad del 97% en los últimos 13 años en la fiscalía General de la Nación, en cabeza de una ficha de Duque. La denuncia del narcochofer del DNP según la cual el General golpista Zapateiro entregaba armas al Clan del Golfo y el descubrimiento de que el piloto de la avioneta que transportaba a los políticos uribistas a Bogotá y que se cayó en San Luis de Gaceno fue condenado por narcotráfico.
El homenaje al mafioso y parapolítico Lucas Gnecco en su funeral, pariente de la directora de la Revista Semana, antipetrista. Sin embargo, las postverdades de los mass media corporativos siguen haciendo daño, como ocurrió con las investigaciones de la Contraloría respecto a los dineros presuntamente perdidos en el Ministerio de Minas durante el Gobierno de Duque, pero que señalaron a la defenestrada ministra Irene Vélez como la responsable (ver El Colombiano de Medellín), cuando ella ni siquiera fungía como vocera de esa cartera. Superar la inseguridad en campos y ciudades es un imperativo (seguridad humana). O también achacarle la culpa a Petro de la eliminación de la mesada 14 para los militares pensionados (por lo cual hacen marchas), cuando fue Uribe el que la quitó. Se está depurando la fuerza pública y ante la JEP han desfilado los responsables de los 6.402 falsos positivos, aunque falten algunos generales (caso Mario Montoya). Las denuncias de Mancuso deben divulgarse ampliamente, por las verdades que contiene. En la geopolítica, se debe llegar a un acuerdo con Managua en la negociación del Meridiano 82 (Tratado Esguerra-Bárcenas) para delimitar frontera marítima con Nicaragua con los raizales, después de la claridad del fallo de la CIJ en La Haya. Divulgar la eliminación del 4 por mil en transacciones populares (por debajo de $13 millones), la disminución de la deuda externa y el cambio de deuda por acción climática, propuesta apoyada por Biden. Tendrá el Gobierno que reinventar una opción mediática creativa para frenar esta desinformación si quiere triunfar en las elecciones del 29 de octubre, donde los clanes mafiosos están invirtiendo ingentes recursos para conquistar los territorios (Ver libro la Costa Nostra de Laura Ardila sobre el clan Char, vetado por la multinacional Planeta). Para ello puede utilizar las emisoras comunitarias y apoyarse en las 64.000 Juntas de Acción Comunal que tiene a 7 millones de afiliados (pueden generar redes sociales alternativas).
El Ejecutivo debe redoblar esfuerzos para ejecutar prontamente el Plan de Desarrollo –tiene los instrumentos en un modelo presidencialista- y superar las falencias (como los incumplimientos del Presidente en las citas y mejorar el equipo jurídico ante las Altas Cortes, incorporando magistrados progresistas) a efectos de ganar credibilidad en la población, que sigue viendo con esperanza un cambio real. La elección de las cabezas (independientes, profesionales y éticas) de los organismos de control será definitiva en ese logro, para poner a buen recaudo a los criminales y frenar la impunidad (se roban $54 billones al año). La reforma política debe modificar la composición del CNE y permitir la participación política de los docentes oficiales, así como establecer el voto obligatorio (derrotaría a las maquinarias que compran los votos). Debe acabarse la ventana giratoria en cargos de control y magistraturas. Es urgente crear el Ministerio de Paz y Convivencia –como lo propuso la Cumbre de Gamip- y trasladar allí a la Policía Nacional, desmilitarizándola. Fortalecer el sector solidario de la economía, hoy marginal. Desprivatizar las empresas de servicios públicos y controlar el aumento de las tarifas, así como revisar el Fondo de Estabilización que es una herencia maldita que hace aumentar la gasolina cada mes, tema que es odioso y explotado por la oposición (vienen paros). Ideas hay y deben concretarse en leyes. Amanecerá y veremos.
Luis Bernardo Díaz, Decano Facultad de Derecho UPTC
Foto tomada de: El Colombiano
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