Este es un cambio importante con respecto de la situación anterior a la crisis, cuando los únicos defensores de las TTF se hallaban en el ala más radical de la izquierda del partido. En tanto que defensor, desde hace mucho tiempo, de la aplicación de estas tasas, doy la bienvenida a esta nueva circunstancia, aunque todavía son muchos, incluso entre los defensores de las TTF, los que no consiguen comprender todos los beneficios de estos impuestos.
Para orientarnos, es merecido subrayar la cantidad de dinero que está potencialmente en juego. La Comisión Mixta de Hacienda del Congreso norteamericano ha estimado que un modesto gravamen del 0,03 % sobre todas las transacciones de títulos, bonos e instrumentos derivados, de acuerdo con la propuesta del Representante Peter DeFazio, supondría la recaudación de más de 400 mil millones de dólares norteamericanos a lo largo de una década, una cifra casi igual al 0,2 % del PIB. Estos serían fondos suficientes para cubrir el 60 % de los costos del programa de cupones de alimentos. Existen sin embargo propuestas de TTF más ambiciosas: el centro de estudios norteamericano Tax Policy Center, conjuntamente creado por el Urban Institute y el Brookings Institution, ha propuesto una TTF con una estructura tarifaria variable sobre diferentes instrumentos financieros. Sus cálculos arrojaron la conclusión de que el máximo de ingresos se alcanzaría con un tipo del 0,34 % sobre los títulos mobiliarios y con tasas menores sobre otros instrumentos. Este impuesto permitiría la recaudación de 800 mil millones de dólares, el 0,4 % del PIB, a lo largo de una década.
Bernie Sanders y Keith Ellison han promovido la aprobación de un impuesto escalado del 0,5 % sobre los títulos y otros instrumentos financieros, y el Congressional Progressive Caucus, el grupo más numeroso dentro del partido Demócrata, lo ha adoptado en su propuesta presupuestaria. Sus propios cálculos ofrecen estimaciones todavía más optimistas que las de Tax Policy Center.
No es mi intención mediar entre estas cifras, pero sí subrayar la evidencia de que es mucho el dinero que está potencialmente en juego con las TTF. Si pensamos que el gobierno requerirá aumentar los impuestos para financiar infraestructuras, el sistema de salud y otras áreas de gasto público, las TTF parecen una opción prometedora. Además, la idea de desacelerar las operaciones cortoplacistas en los mercados financieros resulta atractiva. La idea de que una reducción del volumen de comercio pudiese también mermar la posibilidad de burbujas y desplomes financieros no puede todavía afirmarse de manera concluyente, pero sin duda valdría la pena probarla.
Con todo, hay otro aspecto de las TTF que ha recibido mucha menos atención. La carga de las TTF recaería casi en su totalidad sobre el sector financiero. El razonamiento básico es que, presumiblemente, el volumen de comercio se reduciría casi de manera proporcional al porcentaje de aumento de los costes de transacción bursátil. Esto quiere decir que si los impuestos encarecen en un 40 % tales costes, entonces, se puede esperar que el volumen de transacciones se reduzca casi un 40 %.
Este es un elemento muy importante. En el caso de la mayor parte de las mercancías que compramos, digamos comida o vivienda, valoramos la mercancía en sí, de forma que si tuviésemos menos comida o vivienda porque los impuestos hiciesen aumentar los precios, sentiríamos cierta pérdida. Ese no es el caso de los activos financieros. En definitiva, no importa cuánto hayamos comprado o vendido, sino cómo ha cambiado el valor de los activos tras ser comerciados (ignoremos la posibilidad de que algunos vean el comercio bursátil como un juego de apuestas y disfruten el proceso en sí). Si la intensidad de las transacciones se reduce por una mayor imposición fiscal, no tendrá importancia para el consumidor medio, a no ser que el valor de nuestros activos se vea reducido.
En los casos en que el volumen de negocio cae en proporción al aumento de los costes por operación, se darían pocos cambios en el volumen total gastado en intercambios financieros. Si pagamos un 40 % más en cada operación, pero realizamos un 40 % menos de las mismas, la cantidad total gastada en el mercado no se incrementaría. Los costes de transacción, en realidad, se ven ligeramente reducidos en este ejemplo, pero podemos ignorar este extremo.
El asunto es si nuestra cartera de valores sería menor como resultado de la reducción del volumen de operaciones. Esa idea parece improbable. El mercado es más bien un juego de suma cero. Si terminas vendiendo un título a un precio alto, algún pringado habrá pagado demasiado por él y habrá incurrido en pérdidas. En términos medios, hay un perdedor por cada ganador, lo cual significa que los costes de transacción son simplemente un malgasto.
Se sostiene a menudo que las operaciones bursátiles hacen el mercado más eficiente, que asignan mejor el capital para su mejor uso. Hay algo de cierto en ello, pues si no existiese un mercado en el que vender acciones de Apple, nadie compraría esos títulos. Esto significaría que Apple y otras compañías no podrían usar el mercado financiero para incrementar su capital.
No obstante, hace ya bastante tiempo que hemos alcanzado el punto en que los mercados deberían haber demostrado su capacidad de asignar el capital de manera eficiente. El volumen de mercado ha crecido más del doble en las últimas dos décadas y es un orden de magnitud mayor que en los años 1970. Resultaría difícil argumentar que el capital fue mejor asignado a la vivienda durante los años de la burbuja que 15 o 20 años antes, cuando el tamaño total del mercado era algo menor de la mitad de su volumen actual.
En consecuencia, los únicos que tienen algo que perder con las TTF son aquellos que ganan su dinero con las transacciones, no los ciudadanos con planes de pensiones o la población de ingresos medios protegida por el sistema público (el llamado plan 401k, en los Estados Unidos). En efecto, las TTF harían que el sector financiero cumpliese mejor su función, asignando el capital de los ahorradores a los inversores de manera más eficiente. Si un impuesto a las transacciones financieras recaudase 40 mil millones de dólares por año, el volumen de beneficios anuales del sector financiero se reduciría casi en la misma cantidad. Si la recaudación de la tasa alcanzase los 80 mil millones, el sector financiero sería 80 mil millones de dólares más pequeño.
Sin embargo, el beneficio realmente positivo de estos ahorros es que se extraerían de los bolsillos de muchas de las personas más ricas del país: los operadores de Wall Street y los socios y gestores de los fondos de inversión. Una TTF reduciría de manera radical los ingresos de un grupo de ciudadanos que se sitúan en el escalón de ingresos más alto. Si se reducen las oportunidades de hacer una fortuna en los mercados bursátiles, muchos de aquellos ciudadanos se verán guiados a buscar trabajo en el diseño de software, biotecnología u otras áreas en las que sus habilidades podrían aportar un valor mayor, aunque no reviertan en tantos millones como lo harían en Wall Street.
Además, el aumento del flujo de profesionales en estos sectores altamente remunerados presionará también a la baja los salarios. En consecuencia, se reducirá el número de puestos prominentemente retribuidos en la economía, lo cual significa que estos puestos, de media, serán menos remunerados. Podemos pensar en una TTF como el equivalente de una máquina de destruir empleo entre la plantilla destacadamente retribuida.
Este es un ejemplo claro de una política bien definida que revertiría de manera directa algunos de los efectos del proceso regresivo de redistribución experimentado durante las últimas cuatro décadas. Evidentemente, los defensores de las TTF todavía deben dar una complicada batalla para verlas aplicadas. Al igual que otras políticas destinadas a invertir tal proceso regresivo, el problema no es la dificultad de diseñar la medida política, sino que el principal obstáculo es el poder de las personas más ricas, contrarias a una economía más justa y eficiente.
Dean Baker: economista estadounidense, cofundador y codirector del Center for Economic and Policy Research. Licenciado en Economía por la Universidad de Michigan, ha sido economista del Economic Policy Institute y profesor de la Universidad de Bucknell.
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Traducción: José Manuel Sío Docampo