Las palabras del ministro, quien tuvo que aclarar al día siguiente de su llamado, fueron: “En 10 o 12 días, entre el 10 y el 12 de septiembre, está programada la votación en comisiones terceras en Cámara de Representantes y de Senado, porque tiene mensaje de urgencia. Listos, incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de ésta. El que entendió, entendió”.
Las palabras tienen poder y cuando no son entendidas de la misma manera pueden conducir a grandes conflictos fruto de la incomprensión o de la interpretación que se quiera darles. Por ello, al día siguiente, Prada también dijo: “Hay que entender hoy el lenguaje. La movilización popular no es irnos a la calle, no es presionar a nadie. La movilización popular se da aquí en el territorio, en este tipo de encuentros, como el de la comisión mixta, en las asambleas populares, en los salones comunales, en la expresión que se puedan hacer en los medios de comunicación… No convocamos movilizaciones para presionar; solo apelamos al apoyo popular que eligió al Presidente y rendimos informe a la comunidad para que se mantenga vigente ese sentimiento democrático de apoyar el cambio…La movilización es la expresión democrática que legitima el Gobierno”.
Ciertamente, la aclaración del ministro contribuye a resolver dudas que sus palabras pudieron haber sembrado en algunas mentes, pero no despeja todos los nubarrones que se ciernen sobre la propuesta de reforma tributaria que ha despertado ilusiones en unos corazones y desazón en muchos otros.
Gustavo Petro se ha mostrado respetuoso de las instituciones y lo ha demostrado con creces, pero también es consciente de que un país no se cambia solamente con leyes. Sabe que las reformas solo serán una realidad si cuentan con un Estado fuerte y legítimo; que la legitimidad descansa en el apoyo de las gentes y en el respeto de la autoridad. Por ello, la movilización de voluntades se convierte en un escenario político hasta ahora mal comprendido en el país. Un escenario que exige una nueva forma de jugar.
En América Latina en general, y en Colombia en particular, la movilización popular se ha enfrentado recurrentemente a una respuesta represiva por parte del Estado que no ha sabido escuchar el clamor de amplios colectivos que piden desmantelar un orden social y económico inequitativo que ahonda las brechas sociales y regionales. El Gobierno de Petro, por el contrario, le ha apostado al diálogo y a la concertación y ha propuesto una serie de cambios que requiere contar con recursos abundantes tanto financieros como intelectuales, políticos y humanos para disponer de un Estado operativo.
La propuesta a la concertación, para la que no todos están preparados ni dispuestos, se ha planteado en un ambiente poco común. No solamente la polarización que ha caracterizado al país es refractaria a los compromisos, sino que, ateniéndonos a la propuesta de reforma tributaria que busca recaudar más de 25 billones de pesos, esta se plantea sin conocer antes el presupuesto general de la Nación ni el plan de desarrollo. Esta circunstancia ha contribuido a que no haya un conocimiento claro de en qué se gastarán los recursos recaudados y los sectores empresariales han sido enfáticos en esta exigencia.
El ministro Ocampo ha mantenido la meta de los 25 billones de pesos, necesarios para resolver problemas urgentes, pero también se ha mostrado dispuesto a ceder en temas clave como el de los dividendos, las ganancias ocasionales y algunos beneficios tributarios. En lo que sí no parece haber escapatoria es en el aporte de la renta y el patrimonio de las personas naturales.
La ANDI considera que las empresas no soportan más gravámenes al capital y que el procedimiento de elevar el recaudo mediante impuestos a los ingresos del trabajo sea el procedimiento más adecuado en condiciones de inflación. Visto el tema desde una perspectiva conservadora, parece correcto. Abordado desde una perspectiva de cambio, no tanto.
En el país, la competitividad de las empresas se ha basado principalmente en los bajos salarios y en la llamada flexibilidad del trabajo lo que ha dado lugar a que el salario se coloque por debajo de la productividad, lo que se traduce en mayor concentración de la riqueza e inequidad. Contrariamente a lo que aducen los dueños del capital, más ganancia no se ha traducido en más empleo. De otro lado, también se afirma que mermar los recursos disponibles de las familias con el impuesto a la renta llevaría a hacer descender la tasa de ahorro dando lugar a que la producción sea inferior a la demanda.
Se pierde de vista que el mundo económico no solamente es habitado por empresas y familias. También por el Estado y el exterior. Sin entrar en mayores detalles, es imperativo recordar que el país tiene una elevada deuda externa que tiende a ser más onerosa por cuenta de la devaluación del peso y que no toda la competitividad depende de bajos salarios: también de buenas vías de comunicación, buen sistema educativo, mejor clima laboral y social, más entendimiento entre los miembros de la sociedad y que todo ello supone la existencia de un Estado fuerte, legítimo, capaz de responder a los retos futuros, lo cual implica que cuente con recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. ¿Y de dónde provienen los recursos del Estado si no es principalmente de los impuestos los cuales deben ser tasados equitativamente y en igualdad de condiciones para construir espacios públicos que reúnan a las personas por encima de las diferencias de clase, etnia y religión, teniendo en cuenta que ciudadano y contribuyente son ambos ingredientes del sentido de pertenencia a una comunidad con la que estamos permanentemente en deuda?
La propuesta política del gobierno de Petro se fundamenta en el diálogo y la concertación. En la movilización de las fuerzas vivas de la Nación y en compromisos que redunden en el bienestar general. Ello implica abandonar visiones meramente sectoriales y mezquinas para adoptar una visión republicana, democrática y empática. La tarea exige una gran dosis de pedagogía y de constante comunicación con las fuerzas vivas de la sociedad para dar vida a un colectivo solidario que tolere las diferencias, pero no sea indiferente al carácter de la vida en común.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: El Espectador
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