Al contrario, las apariencias observadas de su conducta, y “las máximas lógicas de la experiencia” – se suele admitir como razonamiento de convicción adicional en la esfera de la judicatura –, indican que el autor del mensaje está directamente comprometido en los efectos producidos por el manejo público de su chat presuntamente privado. Para decirlo en su argot: a la fecha no ha desvirtuado que conocía de antemano la consecuencia política de su actuar, y aun así procedió o consintió que alguien lo hiciera sin importarle que el daño previsible se produjera.
Sucedió el 14 de junio, cuando un medio radial ostensiblemente contradictor del gobierno Petro, usó el chat para “revelar” al público la primicia de que un magistrado de una alta corte, cuyo nombre nos reservamos – advirtió a la audiencia mañanera el emocionado director del radio noticiero creando suspenso–, estaba siendo espiado por el gobierno de Gustavo Petro.
El mensaje leído denunciaba: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado.”
Nadie puede hacer un señalamiento tan preciso y grave sin el respaldo de las pruebas necesarias que permitan tener por cierto que se le escuchaba ilegalmente, y que la ilicitud proviene de una oficina estatal.
Alguien que se ha hecho elegir en tal alto cargo, debe saber que los organismos de inteligencia del Estado colombiano no trabajan bajo las órdenes directas del presidente – como sí sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe –; que la fiscalía, la policía y el ejército cuentan con su propia inteligencia, y que la Dirección Nacional de Inteligencia que funciona en Palacio, es una oficina civil de análisis estratégico para ilustrar al presidente sobre decisiones de política y gobierno, que carece de equipos para hacer espionaje.
Sin pasar por alto que en este país se realiza escuchas al margen de la ley en centros clandestinos descubiertos como “Andrómeda”, que operaba contra el gobierno de Juan Manuel Santos en el espionaje de los negociadores en el proceso de paz con las FARC, en lo que parecía un plan que implicó a algunos altos mandos del ejército en beneficio político del Centro Democrático, que hizo de la oposición a las negociaciones la médula de su activismo beligerante. Y sin dejar de citar las “agencias de investigación” que prestan los mismos servicios a particulares. ¿No se descubrió que un abogado pintoresco había pagado esa clase de servicios? ¿Acaso no se supo que Efromovich, siendo gerente de Avianca, pagó el espionaje a los teléfonos de los directivos del sindicato en huelga? Es un renglón económico con oficinas que se surten de equipos importados, y tienen entre sus proveedores a un exdirector general de la policía que llamaron el mejor policía del mundo.
Desconocer la realidad del “espionaje callejero”, es un fallo propio que no excusa por completo la ligereza de la acusación contra el gobierno actual, si resulta infundada. Es lo que la fiscalía general debe aclarar lo más rápido posible.
Nadie puede garantizar que esa clase de operaciones están desactivadas, y que no están operando secretamente contra el gobierno del cambio para causar distorsiones en las relaciones de los poderes públicos que faciliten la ingobernabilidad en la que está empeñada la derecha política, como lo advirtió en su columna Cristina de la Torre. Asustar a un alto funcionario judicial sería una buena idea en esa campaña; si no lo hizo con motivación propia, según lo deduce la columnista Cecilia Orozco Tascón al revelar que entre sus magistrados auxiliares escogió al abogado Chaux, ferviente militante del Centro Democrático y chateador activo contra Petro. No extrañaría que hubiese sido alma y nervio en la mañosa estratagema.
Lo cierto es que el chat del magistrado era un buen arranque para una novelita de intriga o un thriller de suspenso por las preguntas inmediatas que suscitaba: ¿Cómo un mensaje supuestamente destinado al círculo de amigos y parientes de un magistrado salta la línea de privacidad y aparece en manos de un medio de comunicación masiva? No lo contesta el magistrado que abrió la puerta de los sustos descontrolado por los nervios de su “descubrimiento”, y por la ocasión de echar el agua sucia de sus suposiciones al gobierno de Petro con interés de dañar. Y nadie en la prensa se lo preguntó directamente. Es un punto por el que tendrá que averiguar la fiscalía, una vez que el funcionario vació su preocupación en ella.
Y debe averiguarse si el magistrado podía por sí mismo detectar “las chuzadas”; si no lo confundió la estática, una otitis, el pito en el oído causado por la presión alta; si contrató a una agencia privada; cuáles fueron esas “fuentes” que le dieron certeza de la ilicitud; y si el personaje no padece la manía de creerse vigilado. Porque, el abogado Ibáñez fue espiado en 2019, cuando siendo árbitro estaba por dictar fallo contra Corficolombiana y Odebrecht por el contrato de la Ruta del Sol 2. En ese caso, según lo recuerda La Silla Vacía, él mismo detectó los carros que vigilaban frente a su oficina particular, abordó a una mujer policía que se identificó y admitió estar realizando un operativo en la zona, sin reconocer que fuese en su contra; y un general de la Policía le confirmó el operativo, que él denunció.
En esa ocasión el afectado relató a la revista Semana los pormenores del seguimiento. ¿Por qué ahora no ha revelado ningún detalle de las presuntas “chuzadas” del Estado? Parece demasiado arriesgado hacerlo.
De todos modos, el cometido inicial para el que se prestó, produjo una avalancha noticiosa, y los medios lo asediaron por más detalles que no dio. Y desbordado por un nerviosismo eficiente, inició una actividad febril de micrófonos y cámaras, ruedas de prensa y entrevistas, con el tino extraño de preferir a los medios más encarnizados con el gobierno de izquierda que parece estar interesado personalmente en afectar. Por dos semanas, los centros mediáticos de oposición política lo convirtieron en su tamborcito de hojalata. Olvidó a Fernando Londoño, tan decidido a hacer trizas la gobernabilidad de Petro, y a Salud Hernández, a quien puede haber confundido con una EPS próxima a liquidarse por malos manejos.
Sin embargo, la alharaca de las “gravísimas revelaciones” contra el gobierno izquierdista fue declinando con cada aparición del magistrado Ibáñez. La firme acusación del chat se ablandó en declaraciones vacilantes en las que ya no había un responsable directo, y cabía dudar de sus percepciones. Era un declarante en reversa, temeroso de seguir haciendo imputaciones criminales que puedan ser punibles, aunque la investigación exija querella. Ya no está seguro de nada, no se atreve a señalar con el dedo a nadie. De hecho, en la carta entregada a la misma fiscal general, y que Semana publicó sin que nadie distinto pudiera tener interés en divulgarla, habla de “los hechos irregulares” que como servidor público tiene la obligación de denunciar para que se investiguen, sin señalar cuál de las agencias estatales es culpable, ni acreditar hechos concretos del espionaje. El hierro del chat se ha transformado en gelatina. Tal vez se vio montado en una patineta sobre hielo.
Con los días también se desmintió la versión periodística de que magistrados de las otras cortes “denunciaron vigilancias ilegales”. La propia carta del magistrado Ibáñez lo descartó, y en la rueda de prensa que convocó, aceptó que sus colegas no tenían motivos para declarase escuchados ilegalmente. “Aun así – dijo –, muchos le manifestaron a la fiscal que se detendrían a revisar sus equipos para hacerle ver si encontraban alguna irregularidad”. Tremenda majadería de remate.
En entrevista aparecida el 2 de julio en El Tiempo, al preguntársele si creía que las chuzadas fuesen orden presidencial, contestó: “Lo digo con absoluta sinceridad: estoy lejos de creer, bajo ningún punto de vista, que el señor Presidente de la República, respetuoso del deber constitucional y del Estado de Derecho, hubiera ordenado usar el aparato estatal para hacer cualquier actividad ilegal.” Y más adelante reconoce “que las autoridades legítimamente constituidas están cumpliendo integralmente con sus obligaciones. Ahora, que haya alguien que esté incumpliéndolas ilegalmente, ese es un tema que en todo caso se tiene que investigar, como lo están haciendo”. Es lo que hubiese dicho cualquier alto dignatario del poder judicial no interesado en perjudicar el poder ejecutivo, o cualquier ciudadano desprovisto de malicia política.
La maliciosa periodista María Isabel Rueda que entrevistó al funcionario desdiciéndose, debió sudar vinagre escribiendo esas exculpaciones, después de haber escrito por su cuenta, que “por mucho menos casi tumban al presidente Uribe y encarcelaron a varios de sus ministros”. El público recordará que además de encarcelados, cerca de 20 funcionarios palaciegos del uribismo fueron condenados por las chuzadas que marcaron la época. Lo que no conseguirán en este tiro.
Así, de manera triste y desleída, comenzó el declive del novelón mediático al que se prestó el magistrado de la Corte Constitucional para desprestigiar un gobierno con el que carece de sintonía ideológica. Pero consiguieron causar el daño al echar a rodar la bola popular de que, “cuando el río suena piedras trae”. En un país dividido políticamente en dos grandes masas de electores, es igual a dar por cierto que el gobierno es culpable.
No hay noticia de que el magistrado Ibáñez hubiese hecho algo efectivo para evitar la propagación de su primicia, o “controlar los daños”, como se dice en las series de espionaje. Podría admitirse que está minimizando los perjuicios por el camino de la disimulada retractación en sus últimas apariciones. “Más vale tarde que nunca, compadre”, rezan un dicho y un vallenato que originalmente fue una milonga triste que hace un siglo cantaban en Argentina y Uruguay.
Cuando la fiscalía entregue su reporte final, se sabrá si la vigilancia ilegal existió, y desde qué oficina, garaje o cantón operaban los perpetradores. Y si la denuncia del chat tuvo causa real, o si la motivaron las convicciones ideológicas de su autor, creyendo necesario aportar su concurso al trabajo concertado de erosionar el gobierno progresista de izquierda.
Entonces se sopesarán las responsabilidades individuales, o tal vez se concluya que no ha sido más que “un parto de los montes”: el nacimiento de un ratón en lugar de un león, después del terrible escándalo en la montaña.
Álvaro Hernández V
Foto tomada de: Red + Noticias
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