Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, abandonó su esquema de seguridad cuando se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de Tierra Grata, en el departamento del Cesar y desapareció, tal vez para reunirse con Iván Márquez, otro miembro de la antigua dirección de la extinta FARC cuyo paradero es también desconocido desde el pasado mes de agosto.
Santrich, Representante a la Cámara del partido FARC, cargo que recuperó después del fallo de la Corte Constitucional, no atendió el 9 de julio la citación a indagatoria que le hiciera la Corte Suprema de Justicia, relacionada con una supuesta participación en una exportación de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, país que reclama su extradición. Su posible fuga ha hecho saltar todas las alarmas y una vez más golpea la aplicación de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 en el gobierno del presidente Santos.
En la mañana del 9 de julio, en una audiencia en la que los abogados de Santrich informaron a los magistrados de la Sala de Instrucción que desconocían el paradero de su cliente y pidieron aplazar la diligencia, la Procuraduría pidió a la Corte que no accediera a la petición y se ordenara la captura. Esa misma tarde los magistrados anunciaron su decisión, considerando que el incriminado había tenido suficientes garantías para que se pudiera defender y que había faltado a la cita “deliberadamente”, “sin justificación válida y razonablemente atendible”, acudiendo a “artificios encaminados a dilatar el curso del mismo(proceso) y evadir la acción de la justicia”.
La decisión del antiguo dirigente de las FARC de no presentarse ante la Corte Suprema generó indignación en diversos sectores políticos del país que coincidieron en cuestionar su conducta por considerar que pone en jaque la institucionalidad mientras causa un daño enorme a la credibilidad del acuerdo.
Emilio Archila, consejero para la Estabilización, afirmó que el comportamiento de Santrich era “una burla a todo el mundo, a su propio partido, a su propia gente que está comprometida con el proceso, a la justicia que le dio todas las oportunidades y garantías, inclusive a sí mismo, porque está incumpliendo su propia palabra”, pero también fue enfático al afirmar que lo ocurrido era una circunstancia individual porque la mayoría de los excombatientes de las FARC “están acudiendo a la justicia, en sus procesos de reincorporación, dándole la cara a las víctimas”. No obstante, también hizo un llamado al Consejo de Estado para que estudie si hay caso para aplicar lasilla vacía a su escaño en el Congreso.
No solamente el Gobierno ha condenado en términos enérgicos el proceder de Santrich por considerar que ha sido una burla a la justicia. El mismo martes la FARC, mediante un comunicado, expresó que su desaparición es “un hecho muy grave” que “desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido”, que “nos decepciona y nos lastima”, que “al igual que otras de sus decisiones personales, no consulta ni al partido FARC ni a su dirección. Jesús Santrich no solo es un militante de nuestro partido, sino que hace parte de su dirección y ocupa una curul en la Cámara de Representantes a nombre de nosotros. Tiene responsabilidades políticas muy serias con todos los que confiamos en él”. En el mismo comunicado la FARC reitera que el Acuerdo de Paz es “un compromiso sagrado”, expresa “el respeto total a lo acordado” y dice confiar en que el país, la comunidad internacional y la justicia “sabrán determinar entre las determinaciones individuales o de un grupo que desconoce lo pactado en los Acuerdos de La Habana y la abrumadora mayoría de nuestro partido”. De este modo, el partido FARC manifiesta su decisión de apartarse de los sectores que han abandonado el proceso de paz manteniéndose en la clandestinidad o han retomado las armas.
Si bien existe un consenso general en el sentido de que el decurso del proceso de paz no puede circunscribirse al tema Santrich, la desaparición de este último es un duro golpe al proceso, a la búsqueda de la verdad, al sistema de justicia y, en particular a la JEP.
La justicia ha actuado en el marco del Estado de derecho que es el nuestro pero las críticas y el sabotaje a los acuerdos de paz que no cesan se ven alimentados por los últimos sucesos que dan pie a nuevos argumentos para criticar la justicia transicional y hasta su eliminación. ignorando la opinión de expertos internacionales y pasando por alto realidades contundentes.
Cientos de veces se ha afirmado, y los hechos lo comprueban, que la justicia transicional y la JEP no existen para favorecer la impunidad. Expertos como el criminólogo John Braithwaite que lleva más de 30 años estudiando la justicia restaurativa en distintos países consideran que justicia no es equivalente a pérdida de libertad, que la justicia transicional, abierta a la verdad y la reparación de las víctimas conduce a la reconciliación y la creación de un nuevo tejido social. En el mismo sentido opinan el enviado de la Unión Europea para la paz en Colombia, Eamon Gilmore quien considera que se debe respetar la independencia de los magistrados de la JEP, y el jefe de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, quien ha afirmado que “si no existiera la JEP habría que crearla con las mismas funciones que hoy ejerce”. Estas voces van en contravía de lo que tiene en mente el Gobierno el cual ha considerado una reducción del presupuesto proyectado para 2020 por el Ministerio de Hacienda a las tres entidades que encabezan el sistema integral de justicia transicional surgido del acuerdo de paz – la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad – lo cual afectaría la marcha de las mismas para dar respuesta a las víctimas del conflicto, sobre todo de la última.
Se ha ligado el Acuerdo de Paz de La Habana con el auge del narcotráfico en Colombia y las llamadas disidencias de las FARC pero se omite mencionar que el Consejo de Seguridad de la ONU ha abogado por la autonomía de la JEP, que de un universo de aproximadamente trece mil guerrilleros, once mil excombatientes han sido acreditados y localizados, y que en las veinticuatro zonas de reincorporación permanecen alrededor de tres mil con sus familias. Que hay avances en proyectos productivos en los cuales los reincorporados participan colectiva y activamente.
Ciertamente, el comportamiento de Santrich ha sido una traición al Acuerdo de Paz y su conducta les ha servido a sus opositores para arreciar los ataques al proceso, pero el análisis no se puede circunscribir a un hecho individual, menos en una época preelectoral cuando se caldean los espíritus y se desbocan las emociones.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: ELTIEMPO.COM
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