La obsesión del uribismo de hacer trizas el acuerdo de paz ha encontrado en el caso Santrich un filón más rico que las objeciones “por conveniencia” del Presidente. El problema, empero, es que la actitud del Gobierno, opuesto a las decisiones de la JEP, ha despertado dudas e inquietudes en la ciudadanía. Al solidarizarse con un fiscal comprometido en el escándalo de Odebrecht, que en su airada renuncia incitó al pueblo a la desobediencia civil, poniendo en entredicho la independencia de la rama judicial y acusando la JEP de propiciar la impunidad, dejó en evidencia que para el Gobierno es más importante el interés de los Estados Unidos que el respeto de las leyes colombianas, los derechos de sus ciudadanos y la búsqueda de la verdad.
La decisión de la JEP de no darle vía libra a la extradición de Santrich exacerbó su proyecto de hacer cambios de fondo al sistema de justicia transicional definido en los Acuerdos de Paz con las Farc e hizo un llamado a un gran pacto nacional, insinuando que de fracasar, se abriría la vía a la posibilidad de decretar la conmoción interior, mecanismo constitucional al que es permitido acudir en caso de grave perturbación del orden público o inestabilidad institucional. Para concretar el proyecto fueron llamados los jefes del Centro Democrático, de Colombia Justa Libres, del Mira, de la Alianza Social Independiente, del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido Liberal y de Cambio Radical. La oposición, ficha clave en asuntos relacionados con la paz que no fue tomada en cuenta, consideró como una amenaza al Estado Social de derecho la sola opción de convocar a una conmoción interior, así como el irrespeto a los jueces y el desconocimiento de sus decisiones. Actitudes que algunos analistas vinculan a la posibilidad de convocar a una Constituyente que algunas figuras importantes del Centro Democrático tienen en mente, pero que ha sido rechazada por el primer mandatario por la repercusión que tal medida tendría en el ámbito internacional donde la figura de Colombia se ha deteriorado. De todos modos, la idea de un pacto nacional sin los partidos de la oposición, incluyendo la Farc, es torpe puesto que sin la oposición no puede hablarse de nación.
A esta confusión institucional que ha generado polémica en el país, se ha sumado lo publicado en el New York Times al levantar la sospecha de que el alto mando militar está incentivando de manera soterrada el regreso de la política de los falsos positivos. Sospecha que se fundamenta en investigaciones en curso a generales de la cúpula tras denuncias de Human Rights Watch y la preocupación expresada por los senadores estadounidenses Patrick Leahy y Chris van Hollen al presidente Duque ante la inmovilidad de las autoridades colombianas. En respuesta a estos hechos, la Cancillería colombiana envió una carta en términos arrogantes en los que califica el artículo del diario como “parcial, tendencioso y distorsionado” y que lo expresado por su reportero es “inaceptable para el Gobierno de Colombia”. Por su lado, el senador Leahy reaccionó ante lo expresado por María Fernanda Cabal y otros miembros del Centro Democrático que insinuaron que Casey estaba al servicio del narcotráfico, solicitando pruebas de tan grave acusación, anunciando que de no ser aportadas denunciaría públicamente a Cabal.
Estos hechos, sumados a la conducta errática que ha tenido el Gobierno hasta el momento, y a los reveses que ha experimentado en el Congreso, revelan que, fuera de su afán por destruir el acuerdo de paz, el mismo no tiene un objetivo claro, lo que le ha costado muy caro ante una comunidad internacional que no cesa de apoyar el fin de la guerra y se muestra favorable a la implementación de los acuerdos con las Farc.
El comportamiento soberbio y arrogante de un gobierno que se niega a tomar en cuenta lo que piensan la oposición y las minorías, haciendo gala de intolerancia e inclinado a una lógica plebiscitaria, aferrado al triunfo del NO en el plebiscito convocado por el presidente Santos y pasando por alto el estrecho margen de gobernabilidad del presidente Duque, conduce la frágil democracia colombiana a lo que los politólogos llaman autoritarismo competitivo, es decir, hacia un régimen político enemigo de contrapesos y en el que se celebran elecciones pero alejadas de instituciones representativas, cercano a un Estado patrimonial y nepotista.
El presidente Duque, en contravía de lo que propuso en campaña cuando prometía construir sobre lo construido, teniendo en mente la reconciliación y la convivencia, ha preferido volver al pasado, olvidando que el país no es el mismo que gobernó su mentor. Como lo afirma la filosofía popular, ni el tiempo ni el agua de los ríos se devuelven. Es una verdad de a puño que no ha sido desmentida.
Rubén Sánchez David, Universidad del Rosario.
Foto tomada de: www.semana.com
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