Realineamiento con retrocesos nacionales
Duque ha ligado su actuación internacional a la del presidente de Estados Unidos, así los intereses de ese país sean muy distintos de los de Colombia y aunque el impredecible Donald Trump esté centrado en su meta de ‘América primero’, en la campaña por su reelección en 2020 y en el uso del garrote para doblegar hasta a socios y aliados. A México le prometió garrote si no impedía que migrantes entraran a Estados Unidos. Y a Colombia le ha impuesto aranceles a las exportaciones de acero, pidió recortar los recursos para el país y amenazó con su descertificación si el gobierno no reducía los cultivos declarados ilícitos.
Esta política ha implicado que Colombia se haya vuelto a someter a las exigencias de la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos. A esa política represiva le atribuye Duque lo que considera su éxito en este campo: la disminución, en su primer año de gobierno, de las 210.000 hectáreas de esos cultivos a 208.000. Se comprometió además a que en 2023 esa reducción llegará al 50% con erradicación forzada por acción militar y fumigaciones aéreas. Con esa promesa el gobierno Trump le dio la certificación.
Para frenar la unilateralidad de Trump, en lugar de revivir la adscripción incondicional de Colombia a la estrategia antidrogas made in USA, Duque podría propiciar respuestas regionales y buscar apoyo del Congreso de Estados Unidos. En cambio, prefirió echar a perder los grandes esfuerzos realizados por el país en el proceso impulsado por Naciones Unidas, que evaluó esa estrategia y examinó alternativas. Retrocedió también en la decisión del gobierno anterior de poner fin a más de una década de altos costos y daños producidos por los venenos lanzados a cultivos y poblaciones, que parecían obtener resultados de corto plazo pero, a mediano y largo plazo, producían efectos contrarios a los esperados: desplazaban los cultivos y aumentaban la resiembra.
El esfuerzo por construir una nueva política de largo plazo, que ataque la raíz de los problemas y no sus meros efectos se lo sustituye ahora por una estrategia ya aplicada durante años, que en el corto plazo genera efectos aparentes, pero a la larga resulta improductiva o contraproducente.
El gobierno de Duque ha preferido ajustar los acuerdos con las Farc a sus diferencias con el proceso de paz. Ha dejado de lado dimensiones sustanciales del mismo para reducirlo al desarme y reinserción. Ha rebajado el presupuesto de las entidades encargadas de la transformación de los territorios más afectados por la guerra y ha restado prioridad a la verificación internacional. Ha abandonado la prioridad de negociar con los campesinos ligados a los cultivos ilegales, de erradicar manualmente la planta y de sustituir su aporte económico con acceso a tierras, mercados y seguridad, como está acordado. Posterga tareas sustanciales como la de corregir la ausencia estatal en el campo, la mala distribución de la tierra, la falta de servicios y de alternativas en esas zonas, duras realidades de las que se aprovechan el narcotráfico y grupos armados. Desdeña la participación social en la planeación del desarrollo con enfoque territorial y ha abandonado el compromiso de crear circunscripciones especiales de paz en el Congreso.
De todo esto, el presidente habla poco en reuniones con otros gobernantes o en espacios multilaterales, a pesar del gran respaldo internacional con el que ha contado el Acuerdo con las Farc (verificación de la ONU, apoyo político, cooperación técnica y económica de organismos interestatales y no gubernamentales). Se limita a hablar de la paz como “objetivo de todos los colombianos”. No explica por qué su gobierno y su partido objetaron la Ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), intento que, por fortuna, el legislativo no apoyó y el Consejo de Seguridad de la ONU salió en defensa de la JEP. Al mismo tiempo, tanto fuera como en el país Duque repite explicaciones simplistas de por qué continúan los asesinatos de liderazgos sociales y excombatientes.
Desde fuera aumentan los reclamos por los obstáculos a la implementación integral del Acuerdo. The Economist, El País, The New York Times han hecho fuertes críticas a la falta de compromiso gubernamental con la construcción de paz. Duque perdió el apoyo bipartidista estadounidense; 79 congresistas demócratas le exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la protección efectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos. El nuncio apostólico, delegado del Papa, ha señalado que luego de reunirse con comunidades en zonas afectadas por el conflicto armado y con excombatientes, comprueba que hay amenazas incluso a los buenos frutos del Acuerdo. Insólito resultó que Duque no hubiera recibido como merecía al médico congolés, Denis Mukwege, premio nobel de paz 2018, que, vino a Colombia con el respaldo de la JEP y participó en la entrega del informe de la Red de Mujeres Víctimas a la Comisión de la Verdad.
Venezolanización de la política internacional
Cercar al régimen venezolano para que Maduro salga del poder es el principal propósito internacional al que ha aludido el gobierno de Colombia en muchos de los 18 viajes de Duque fuera del país en el primer año de su presidencia. Y en Colombia, el gobierno no ha explicado el sentido ni el resultado de sus reuniones en las Américas, Europa, China, la ONU, la OEA, su posición en el Grupo de Lima, la acción del canciller. Embajadores como el de Colombia en Estados Unidos han dado la impresión de un apoyo tácito a una intervención militar en Venezuela.
Siendo senador, Duque denunció ante la Corte Penal Internacional a Maduro y como presidente, con él mantiene una peligrosa espiral de insultos que azuzan la confrontación. No nombró embajador en Venezuela, reconoció al presidente del legislativo, Juan Guaidó, como presidente interino de ese país y se mimetizó con él en su primera jornada con la que en febrero intentó forzar la entrada de ayuda humanitaria desde Colombia. Estuvo pendiente del fallido levantamiento militar de abril y en Colombia se refugiaron militares y guardias que desertaron. Sin tomar en cuenta la amplia gama de divisiones al interior de la oposición y del chavismo, se ha aliado con un solo sector opositor en vez de ayudar a que las distintas facciones venezolanas negocien salidas hacia elecciones libres que hagan posible una transición y la reconstrucción de ese país.
El retorno de colombianos con familia binacional y el éxodo venezolano que busca comida, servicios de salud e ingresos o que huye de las crisis de su país, exigen articular enormes esfuerzos. Por fortuna, el gobierno ha mantenido las puertas abiertas, la búsqueda de mecanismos para regularizar su situación migratoria y para evitar que los hijos de venezolanos nacidos en Colombia queden como apátridas. Gobierno, organismos multilaterales e iniciativas de la sociedad civil tratan de atender este flujo poblacional y frenar una xenofobia que podría aumentar en las elecciones regionales. Pero las iniciativas y los recursos son insuficientes y urge fortalecer la coordinación nacional y promover un masivo apoyo internacional.
Alejamiento de los vecinos, de Latinoamérica y el Caribe
Frente a las crisis venezolanas, ni Latinoamérica ni el Caribe han logrado adoptar una estrategia conjunta ni han articulado una política migratoria común. El gobierno de Duque en este campo no ha asumido iniciativas ni liderazgo. Tampoco frente a las zonas fronterizas y los asuntos ambientales. En lugar de reforzar nexos positivos los países vecinos agravan problemas compartidos. Bolsonaro, por ejemplo, volvió a la idea de que la Amazonia es solo brasilera y que la protección de reservas ambientales o indígenas limita el crecimiento, así se multiplican las quemas de bosques en favor de intereses madereros, mineros y agroindustriales. En medio del cambio climático esa destrucción ocurre también en el resto de países amazónicos. Pero eso no es lo que ha acercado a Duque y Bolsonaro, lo que si los ha hecho actuar juntos es la estrategia de Trump frente a Venezuela.
Duque no ha mostrado interés en los procesos de cooperación, concertación e integración andina, amazónica, suramericana o gran caribeña. Retiró a Colombia de Unasur porque la veía como “cómplice de la dictadura venezolana” y en su reemplazo lanzó Prosur junto con Sebastian Piñera, de Chile. Tras el atentado del ELN contra la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, tensionó la relación con Cuba porque no extradita al equipo negociador del ELN, a pesar de que esto significaría una violación de los protocolos firmados para que funcionara la Mesa de diálogos en la isla. Por este motivo, y a pesar del apoyo crucial dado por el gobierno de Cuba a las negociaciones de paz, Duque lo sindica, como Trump, de aliado de terroristas.
El presidente ha privilegiado la Alianza del Pacífico -fundada en 2011 por México, Perú, Colombia y Chile- a la que ahora se adhieren Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda (fuerte competidor de Colombia en el sector lácteo). Ese ingreso exigirá firmar nuevos tratados. Duque deja así de lado su promesa electoral de no impulsar otros acuerdos comerciales sino aprovechar los ya firmados o terminar de negociar los que estaban en curso. En ese ámbito del comercio exterior, el presidente de Analdex ha resaltado el impulso que le dio el gobierno a un estatuto aduanero para superar trabas que dificultan importar y exportar, aunque faltan aún asuntos técnicos que mejoren la competitividad y saquen del estancamiento las exportaciones.
En suma, un primer año de fuerte alineamiento con Trump, graves retrocesos en procesos cruciales para el país, alejamiento de la región, y tensión creciente con el mayor vecino sin contribuir a la búsqueda de una salida pacífica y negociada de las crisis.
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Socorro Ramírez
Foto obtenida de: https://www.elsiglodetorreon.com.mx/
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