Fracasó la propuesta de prolongar el mandato de los altos cargos; volvió al Congreso el proyecto para dar vía libre a los miembros de la Fuerza Pública que suman cuatrocientos mil uniformados, un número superior al potencial electoral de varios departamentos, y se radicó en la Cámara el proyecto de unificar las elecciones de Congreso y la primera vuelta presidencial por única vez en 2022, con el argumento de ahorrar un dinero que debe ser usado para aliviar la difícil situación del país.
- Según lo explicó el representante Alejandro Chacón, tres son las razones que justifican la iniciativa conducente a reformar la Constitución: las crisis sanitaria y económica desencadenadas por la pandemia de Covid- 19 y el costo de las elecciones que ascendería unos setecientos mil millones de pesos. En palabras del insigne congresista, “Es claro que sufragar una cifra similar para el 2022 es un despropósito que no ayuda a mejorar las finanzas del Estado en medio de la pandemia ocasionada por el Covid-19 y más cuando se proyecta una recuperación económica”.
Emociona la preocupación del representante Chacón y de algunos miembros de su partido (el Liberal), pero sería más convincente si hubiese manifestado la misma preocupación por la reciente alza salarial de los congresistas y altos cargos del Gobierno, o hubiese renunciado a los gastos de representación cuando sesiona vía zoom desde su casa, o si reconsiderara los costos de funcionamiento del Congreso y tantas actividades publicitarias que riñen con el discurso oficial de austeridad.
En palabras del senador Rodrigo Lara, quien fuera presidente de la Cámara de Representantes de 2017 a 2018, “Eso es un argumento cínico, mentirosos y manipulador. Produce indignación escuchar un argumento de esa naturaleza. Acá el derroche lo produce la mermelada, la corrupción, la ineficiencia y la inacción del Congreso de la República y el hecho de sesionar desde una plataforma, dese la casa y que, por ejemplo, el Congreso no renuncie a los gastos de representación”.
A lo expuesto por el senador Lara hay que agregar que este tipo de iniciativas se han presentado ante el Congreso en varias oportunidades y que han sido rechazadas porque desdibujan las candidaturas locales.
Si se dejan de lado los argumentos morales y coyunturales es importante no perder de vista que toda dinámica electoral involucra actores, estrategias, reglas y pautas de comportamiento. En este conjunto de elementos, las reglas, es decir, las instituciones, son el resultado de la historia política y de los mecanismos de interacción de los agentes políticos. Recuérdese la famosa definición de Ferdinand de Lasalle quien sostenía que la Constitución es “la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”.
La estabilidad de una Constitución depende de la solidez de las instituciones que le dan vida y estas de su cumplimiento y de la visión estratégica de sus gobernantes. Colombia se caracteriza por su volatilidad institucional lo cual obedece al hecho de que los actores políticos interactúan menos teniendo en mente los mecanismos reguladores existentes que con la expectativa de poder adaptar las reglas a su favor en situaciones coyunturales. Desaparecidos los partidos políticos y enmohecidas las ideologías, priman las consideraciones personalistas, los clanes familiares y los manejos clientelistas lo que da como resultado que las dirigencias centrales sean poco obedecidas y se produzca la proliferación de facciones regionales que hoy caracterizan el mundo de la política en Colombia en un ambiente de coaliciones que se arman y se deshacen al vaivén de la coyuntura.
Así mismo, es un hecho empíricamente comprobable que la participación es mayor en las elecciones presidenciales que en las elecciones para corporaciones públicas porque los ciudadanos les dan más importancia a los que consideran tienen más poder de decisión por el cargo que ocupan. Es así como se produce el llamado “arrastre electoral” el cual perjudica a las candidaturas locales y a las minorías políticas.
Las reglas no funcionan en el vacío. Son concebidas para favorecer intereses y pensando en el posible resultado. En el mundo de hoy se ha aceptado la idea de que los órganos decisorios son tanto más representativos cuanto mejor reflejen en su composición la distribución de preferencias de un universo ciudadano ya que de ello depende, en buena medida, la gobernabilidad de una república. Esta posición critica la visión de la democracia como voluntad del mayor número, constitutivo de fuente genuina de derechos y, desde una visión sustancial de la democracia, se inclina tanto al qué decidir como al cómo, de modo que presta gran atención a reglas de juego que permitan una democracia de características consensuales, opuesta a la exclusión de los sectores minoritarios.
El pluralismo se ha afirmado como uno de los principios fundamentales del sistema democrático moderno y excluir a las minorías o a los más débiles de la toma de decisiones con argucias de tipo electoral es considerado como un atentado a la democracia, máxime cuando estas se ubican en el plano constitucional desde donde se articulan los poderes públicos y sus competencias. Todo parece indicar que a falta de propuestas concretas y de candidatos relevantes, la derecha en el poder se ve condenada a instrumentalizar las elecciones para conservarlo, asumiendo el reto de debilitar aún más la estructura institucional del país.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario.
Foto tomada de: El País Cali
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