Una coyuntura política sin definiciones frente a las reformas

Si algo marca la coyuntura política hoy es la indefinición. Al Congreso de la República el gobierno ha presentado un paquete importante de reformas desde hace ya cerca de ocho meses que se encuentran a su consideración. Tres reformas sociales de la mayor importancia la reforma a la salud, la reforma pensional y nuevamente la reforma laboral, al tiempo que se anuncia la presentación de la reforma a la educación con dos proyectos importantes: la reforma a la educación superior y un proyecto de ley estatutaria que busca que la educación básica sea un derecho fundamental, que ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde el año 2010 lo estipuló.

Rota la coalición de gobierno desde el mes de abril del presente año justamente porque no hubo consenso acerca de la reforma a la salud, los esfuerzos del gobierno por recomponer una coalición mayoritaria no han dado resultados. El paquete de reformas, siguen vivas, pero no avanzan, están estancadas. El filibusterismo y obstruccionismo de la oposición que ha intentado por todos los medios el hundimiento de las reformas tampoco han logrado el consenso mayoritario de los congresistas. Una suerte de empate negativo en que ni se hunden ni avanzan. Esta es la situación actual.

Por ejemplo, en la reforma a la salud que es la que sigue siendo el centro de la confrontación lo único que se ha logrado es que la propuesta de su archivo, es decir de su hundimiento, haya sido rechazada por una amplia mayoría de congresistas de la Cámara de Representantes 97 votos decidieron que no se archivaría en contra de 40 que si lo querían. Pero la victoria del gobierno fue flor de un día. Con esa mayoría uno supondría que el Congreso finalmente se dedicaría a su estudio y a su debate, pero esto no ha ocurrido. La dilación para que el Congreso se aplique a su discusión y rechazo o aprobación es lo que viene ocurriendo. No hay ambiente para que el Congreso discuta las ponencias ya presentadas a la plenaria del Senado en materia de reforma pensional y a la Cámara de Representantes en materia de salud. Pareciera que los congresistas temen al castigo político que los ciudadanos puedan propinarles si las hunden en las elecciones regionales del mes de octubre. Dilatan, no asumen su discusión, resisten a las presiones del gobierno, pero tampoco se atreven a hundirlas por las consecuencias políticas que se podrían derivar de esa decisión para sus candidatos a las elecciones de alcaldes y gobernadores en el próximo mes de octubre.

Es indudable que el gobierno ha buscado por todos los medios rehacer la coalición mayoritaria, en este sentido ha logrado desmontar el chantaje de los directores de los partidos que el mismo empoderó, con la vana creencia que sería más fácil la negociación con ellos que con las bancadas en el Congreso. Pero no ha logrado que las mayorías en los partidos liberal y de la U en donde ha logrado neutralizar el poder intimidatorio de los directores se decidan a aprobar o a negociar el paquete de reformas. Lo que dificulta el proceso son los enormes intereses que se mueven alrededor de las reformas. Desmontar el manejo privado de 81 billones de pesos en la salud es la piedra de choque como lo es fortalecer el fondo público de pensiones que afectará a los fondos privados que manejan más de 350 billones que los trabajadores mantienen en los fondos privados de pensiones.

De modo que como lo afirmamos antes lo que caracteriza la coyuntura política hoy es la indefinición, el empate negativo. Ese empate no podrá ser superado sin la presencia activa de la sociedad civil. Y es allí donde el gobierno a mi juicio ha fallado. Se requiere la movilización social pero esa movilización amplia y contundente no será posible sin una labor de pedagogía y de comunicación para que las amplias mayorías del país entiendan la importancia de las reformas. Lo que pretende el gobierno es que se aprueben unas reformas que buscan mejorar las condiciones de vida de las mayorías, la estabilidad laboral de los trabajadores, el pago de horas extras por el trabajo nocturno, el pago de los dominicales y festivos que ya existía antes de las reformas que lo rebajaron; la salud como derecho fundamental al alcance de todos; las pensiones dignas y un subsidio a las personas de la tercera edad que no perciben ingresos porque no adquirieron el derecho a una pensión. Son contenidos que la sociedad debería respaldar de forma contundente. Pero esto no ocurre simplemente porque el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil no hemos logrado que en su conjunto se entiendan las reformas que buscan una sociedad más justa y más equitativa.

Todo ello se ve entorpecido por el manejo torticero de los grandes medios de comunicación que representan hoy los intereses corporativos de sus dueños. Se oponen a las reformas con desinformación, con mentiras, frente a lo cual la reacción del gobierno ha sido tardía e incompleta. Tardía porque demoró más de un año en tomar los medios públicos de comunicación para hacer esa labor e incompleta porque carece de una estrategia comunicativa y pedagógica. Las organizaciones de la sociedad civil tampoco han logrado cautivar con pedagogía a las grandes mayorías del país sobre la bondad y los beneficios para toda la sociedad de las reformas presentadas por el gobierno. A mi juicio esas son las tareas más urgentes. La movilización del 27 de septiembre deberá ser masiva para enviar un mensaje claro a los partidos y al Congreso, las reformas deben ser debatidas y aprobadas. Es alrededor de los contenidos de las reformas que se debe reconfigurar la coalición de gobierno y no alrededor de llamados hueros a una coalición de mayorías para que las reformas no se hagan que es lo que a diario pregonan los grandes medios y los gremios empresariales.

Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur

Foto tomada de: El País