Según algunos comentaristas, el gobierno de Iván Duque se identifica claramente como un gobierno corporativista dirigido por el líder del Centro Democrático a quien los miembros de su partido le rinden cuentas antes que al presidente y jefe de Estado. Otros, más osados, se refieren a una nueva oligarquía rodeada de un coro electoral que no logra constituirse en mayoría en el Congreso y ejerce el poder desconociendo las instituciones y violentando el Estado de Derecho, tratando de deshacerse de la oposición por todos los medios, obsesionada con su proyecto de dejar sin vida el Acuerdo de La Habana y evitar que se conozca la verdad.
Una nueva oligarquía que pretende consolidar un modelo de gestión de los bienes públicos enmarcado en la llamada gobernanza, concepto que va más allá de la gobernabilidad, en el entendido de que se apoya en un proceso de gobierno mediante el cual el gobierno, los gremios, las organizaciones de la sociedad y los ciudadanos en general interactúan con el propósito de definir, acordar y decidir sus objetivos de interés general.
En términos generales, la gobernanza está constituida por mecanismos de cara a la interdependencia entre agentes, organizaciones y sistemas funcionales autónomos los cuales dan lugar a la constitución de redes al mando de una coordinación imperativa para la consecución de importantes propósitos colectivos establecidos desde arriba. En teoría, la interdependencia y el compartir riesgos comunes estimulan una solidaridad conducente a un compromiso incondicional.
La gobernanza como esquema de gestión de políticas públicas supone que los elementos en ella vinculados están en capacidad de autorregularse y responder a los compromisos adquiridos de manera autónoma, compartiendo un mismo sistema de valores. Así se ha planteado en los países desarrollados donde se gestó, con base en la idea de sociedades relativamente homogéneas.
En América Latina, en contraste con lo que se supone caracteriza a las sociedades de los países centrales, y de manera evidente, particularmente en Colombia, se asiste a la consolidación de un proyecto económico y social altamente excluyente, de modo que el supuesto democratizador y participativo que acompaña el discurso de la gobernanza choca brutalmente con la realidad.
En realidad, la estructural desigualdad que atraviesa en el país los espacios institucionales y las formas de hacer política, llevan a que, contrariamente a lo que se desprende del discurso de la gobernanza, la democracia se aleje de la práctica política, y consoliden el régimen patrimonial y la descoordinación de la acción estatal que han sido constantes en la historia de la sociedad colombiana la cual avanza hoy a un ritmo y en una dirección distintos a los de sus gobiernos. Los hechos que respaldan los titulares mencionados así lo corroboran y alientan la tesis de un Estado cercano a ser fallido que algunos analistas adelantan.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: www.semana.com
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