Si todo esto no tuviera las implicaciones humanas desastrosas, seguro que yo mismo estaría divirtiéndome. Pero no, no son torpezas, no son salidas en falso o malos entendidos, se trata de posturas ante la vida, ante los otros, que dan cuenta de la falta de solidaridad, de justicia redistributiva, de la carencia absoluta de principios de equidad y de compasión, en especial en estos tiempos que agobian al país, a la humanidad.
La crisis ha dejado en evidencia la desigualdad, la pobreza y la injusticia social, que mucha gente se negaba a entender, o incluso lo explicaba con simplezas como: “la economía premia a los mejores”, “es el esfuerzo individual el que triunfa en el mercado”, “mente y actitud positiva nos llevarán a lograr los sueños”. De esta manera se encontró que no es igual asumir un confinamiento cuando se tiene un trabajo formal, unos ingresos establecidos, que cuando se hace con una población informal que supera el 60%. Con un tejido empresarial conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, quienes componen el 99% de las empresas del país, contribuyen con el 70% del PIB nacional y generan el 80% del empleo. Se estima que el 50% de estas empresas laboran en la informalidad, además, unas y otras con bajas capacidades financieras para sostener una parálisis de más de seis semanas, como lo han demostrado los gremios en sus distintas encuestas.
Y en medio de toda esta crisis, del evidente desafuero que hemos permitido al dejar mercantilizar la salud, al admitir la precarización laboral, en particular de quienes trabajan en el sector de la salud y están al frente de la pandemia, ante el necesario confinamiento como única forma de restarle fuerza expansiva al virus, el gobierno de Iván Duque ha salido a generar más anuncios que medidas económicas certeras. Es cierto que lo social escasamente aparece en las agendas gubernamentales no de este, sino que es una evidencia histórica. Las partidas presupuestadas para el año 2020 en los programas de asistencia social (Colombia Mayor, familias en Acción, Jóvenes en Acción y la devolución del IVA) tenían recursos por $1.47 billones, los cuales tuvieron, por efectos de las medidas de emergencia, incrementos por $0.95 billones, incluyendo el ingreso solidario.
Con estos recursos se espera beneficiar a 2.6 millones de hogares por familias en acción, 1.54 millones de hogares por ingresos solidarios, 274.342 jóvenes en acción y 1.59 millones de adultos mayores (en el país existen 14.24 millones de hogares). Todo esto ha dejado en evidencia la poca efectividad de las bases de datos de los beneficiarios, así mientras se hacen estos anuncios, el director de Planeación Nacional reconoció que no se sabe nada de 500.000 familias con derechos a los beneficios. Los recursos por familia se espera que con los nuevos ajustes puedan ascender a $320.000, una tercera parte de un salario mínimo, lejos claro está del mínimo vital y que hoy se propone para el país desde la sociedad civil y ya avalado por un grupo significativo de congresistas (50).
De otro lado, el Gobierno anunció el subsidio a las nóminas (40% de un salario mínimo), a las empresas que demuestren pérdidas en abril al menos del 20% respecto al mismo mes del año anterior. A esto se han destinado $5.7 billones de pesos que cubriría estás nóminas por tres meses. Se debe de tener en cuenta que algunas empresas podrían no cumplir los requisitos en abril, pero podrían ser las pérdidas de mayo, pero ya no se tendrán en cuenta. Sin lugar a dudas el 40% con condiciones de pérdidas es importante, negarlo no sería sensato, pero es y será totalmente insuficiente para mantener las nóminas en las empresas. A esto tampoco accederán las empresas informales, ni aquellos contratos diferentes al contrato laboral, menos para aquellos trabajadores que tienen suspendidos sus contratos o quienes están en licencias no remuneradas.
A todo esto se suman los anuncios de recursos para el sector salud con el fin de atender los salarios atrasados, los pagos siempre prometidos a las IPS o el equipamiento requerido para atender la pandemia. Van 70 días desde el primer brote y aún los dineros o los insumos no llegan en su totalidad. Son $15 billones de pesos en total que siguen en su mayoría en caja, no llegan a sus destinos, mientras el país se sigue ahogando en los anuncios y en sus carencias.
Estos $15 billones, hasta ahora comprometidos para atender la primera emergencia, representan el 1.4% del PIB. No hay derecho, tampoco necesidad de compararlo con economías avanzadas, las cuales invierten más del 15% de su PIB. El Perú ha inyectado recursos a la economía por el 12.5% del PIB, Brasil 11%, Chile con el 7%, Uruguay 6%, Argentina, y Paraguay ya superan el 5%. Con la cifra que tiene Colombia, solo supera a México, Barbados, Ecuador y Venezuela.
Poquito porque es bendito, decían las abuelas, y eso parece que sigue siendo la lógica con la que el Centro Democrático, el Presidente y en general la élite empresarial colombiana que es quien verdaderamente controla el Gobierno corporativo de Iván Duque, quieren gestionar la pandemia y de paso planean realizar las reformas laboral y pensional, con las que se ha soñado en los últimos años, para deteriorar aún más las condiciones de ingresos de las y los trabajadores y las expectativas de la posibilidad pensional, pero eso si salvaguardando sus tasas de ganancia. Élite tacaña, miserable y michicata. Que más se puede decir.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle
Foto tomada de: Elespectador.com/
Deja un comentario