No obstante consideramos que este momento histórico podría ser aprovechado para definir de una vez por todas, una política de fronteras que tenga como objetivo principal beneficiar a quienes la habitamos, comenzando por recuperarla para la vida, el desarrollo y el bienestar ciudadano, superando por fin el concepto de ver los territorios fronterizos como un problema de seguridad nacional.
Lo anterior implica pensar en su recuperación económica más allá de las bonanzas coyunturales, que con el paso del tiempo, solo han dejado más problemas que soluciones. En este sentido, se podría adelantar un plan de choque que permita realizar en las poblaciones fronterizas, grandes inversiones en infraestructura social sostenible, avanzar en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas de manufactura como grandes generadoras de empleo estable en la ciudad y el desarrollo de espacios para la integración social y cultural de los pueblos, entre otros.
No huelga aclarar que la frontera no es un límite político o una línea geográfica que divide a dos territorios soberanos, sino que es una amalgama profunda de diversidades culturales, identidades transfronterizas y sobre todo de personas que habitan y construyen este espacio desde su trabajo, cotidianidad y relacionamiento mutuo.
Para quienes habitamos la frontera, esta expectativa colectiva gira alrededor de mejorar los indicadores sociales, mayores beneficios a la población que habita los territorios fronterizos, reducción de problemáticas como la pobreza, la informalidad y el desempleo, que han golpeado nuestra región por décadas y que no se reducirán de manera espontánea como se espera, de hecho, pueden aumentar si no se construye una planeación rigurosa en el marco de la apertura como una posibilidad de comprender las dinámicas económicas populares entre habitantes de frontera.
La apertura de la frontera y el re-establecimiento de relaciones no puede verse solo como un fenómeno netamente económico en el que solo se beneficiarán principalmente grandes capitales del centro del país y multinacionales, esto puede crear un efecto adverso si no se realizan las preparaciones adecuadas para su desarrollo idóneo. Si bien, consideramos que la reactivación económica gradual beneficiará algunos sectores de la ciudad, hay que ahondar en los beneficios para los habitantes de la frontera.
Por otra parte, genera preocupación la ligereza con la que se ha tomado el fenómeno de inseguridad en el marco de este proceso de reapertura. Incluso, se ha establecido un imaginario en el cual, el solo hecho de abrir reducirá considerablemente los hechos de violencia contra la población civil, ignorando la presencia histórica de grandes estructuras criminales organizadas al servicio del narcotráfico, grupos insurgentes y paramilitares en el Departamento y a lo largo de la frontera. Desde el año 2015 hasta la fecha, según nuestro Observatorio de DDHH, se han presentado más de 4.000 acciones violentas en tres municipios fronterizos (Tibú, Cúcuta y Villa del Rosario) en los cuales se ha evidenciado una presencia hegemónica de actores armados que controlan el territorio.
Si bien se espera que la apertura disminuya considerablemente las violaciones a derechos humanos de las cuales son víctimas las poblaciones que se han visto condicionadas a utilizar los pasos informales (trochas), eso no garantiza que los fenómenos de inseguridad desaparezcan, por las razones anteriormente expuestas y también, por los casos de connivencia de las autoridades fronterizas con los grupos armados organizados.
Creemos que las medidas a tomar deben ser diferenciadas y efectivas que consulten nuestras realidades, camino cierto para obtener la reducción de los riesgos contra la población civil. Este diálogo ascendente con los procesos sociales, comunitarios de la frontera, debe además permitir la participación en los diálogos binacionales y en la construcción de una política de seguridad y convivencia ciudadana. Sin este apoyo no es posible arrebatarle a la criminalidad, el control de los territorios fronterizos.
Tal vez el más grande desafío está en cómo construir un gobierno fronterizo y transfronterizo desde las fronteras y con los habitantes de frontera. Un gobierno progresista debe comprender las infinitas potencialidades que surgen al margen de las centralidades urbanas – llámense Caracas o Bogotá – y debe comenzar a buscar la comprensión global de las dinámicas sociales y culturales de la frontera, territorio históricamente excluido del mandato del Estado Nación, pero que comparte la marginalidad del borde con muchos otros que se encuentran en estas líneas geográficas.
Para quienes habitamos la frontera, entendemos que somos más que unas líneas divisorias y que cruzar no es más diferente que ir a otro barrio, porque la paradoja de habitar la frontera es saber estar aquí y saber estar allá sin sentirnos extraños.
Wilfredo Cañizares Arévalo, Defensor de derechos humanos, Director ejecutivo Fundación Progresar
Foto tomada de: Infobae
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