La primera impresión que se tiene sobre la gestión legislativa de este año apunta hacia la ausencia de éxito en lo relativo a la solución de problemas estructurales que inciden en la vida de la nación. Entre los factores que han afectado la gestión del Congreso destacan las fracturas en el interior del Gobierno, lo escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados diferentes miembros del Gobierno y del Congreso, los choques entre las ramas del poder y los conflictos de interés.
El final de este año estuvo marcado por la ruptura de la coalición de gobierno causada principalmente por las diferencias frente al texto radicado de reforma a la salud. A esa ruptura se suman las fracturas que perjudican el buen entendimiento entre diferentes facciones del Pacto Histórico e impiden un diálogo tranquilo con el Ejecutivo, al punto de que se ha llegado a afirmar que la falta de consenso en el Pacto Histórico responde a la heterogeneidad de dicha organización la cual, si bien le permitió llegar al poder, hoy amenaza con hundir el proyecto progresista antes de que se afiance y se consolide en una fuerza única. Este punto de vista parece tomar fuerza ante el lanzamiento de Unitarios, un movimiento que integran pequeñas colectividades de izquierda con fuerte apoyo sindical. Esta nueva agrupación política se suma a la escisión del Mais, movimiento que se ha negado a unirse al partido único solicitado por el presidente.
Otro factor que ha nublado la gestión del Congreso han sido los múltiples escándalos de corrupción entre los que se destaca el de la UNGRD provocado por los sobrecostos en la compra de carrotanques para proveer el servicio de agua a algunas poblaciones de la Guajira y que ha involucrado a varios exfuncionarios del Ejecutivo y a congresistas dispuestos a apoyar las reformas sociales del Gobierno a cambio de contratos. Este hecho que corroboraría la supervivencia de viejas prácticas políticas ha cobrado hasta ahora la cabeza de cinco altos funcionarios incluyendo la de del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuya presencia en el gabinete era insostenible dado que su permanencia en el cargo impediría la aprobación de cualquier propuesta proveniente del Gobierno, y ha puesto en tela de juicio el proceder de varios congresistas, dejando al tema de la lucha contra la corrupción en el mundo de la retórica.
Al estruendo causado por la endémica corrupción que debilita la democracia colombiana se suman los frecuentes enfrentamientos entre las ramas legislativa y judicial del poder público que en su momento llevaron al presidente Petro a hablar de un golpe blando en su contra y a convocar una Asamblea Nacional Constituyente como alternativa para aprobar sus proyectos ante la renuencia del Congreso. Las continuas interferencias en la marcha del Legislativo han sido interpretadas por algunos sectores del Congreso como una amenaza al equilibrio de poderes y entorpecido un buen entendimiento. Solo la llegada de Juan Fernando Cristo al ministerio del Interior con el encargo de sacar adelante tres tareas clave – un acuerdo nacional, la implementación del Acuerdo de Paz y la autonomía regional – han traído cierta calma en el escenario político.
Paradójicamente, aunque no inexplicablemente, ha sido la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que busca aumentar los recursos del Presupuesto General de la Nación que se transfieren a las regiones del 23,8 al 39 por ciento, la que ha logrado la votación casi unánime de los congresistas, a pesar de las reticencias de los técnicos favorables al centralismo. Dicho proyecto, que ha sido calificado como el más importante de los que transitan por el Congreso, busca romper el círculo vicioso de la pobreza y la violencia combatiendo la desigualdad para derrotar la incapacidad institucional que termina por entronizar el apartheid geográfico que condena a las regiones más pobres. La reforma al SGP fue una iniciativa legislativa que apunta en la dirección correcta, acorde con el espíritu de la Constitución, pero ha sido objeto de duras críticas porque le falta el complemento de las funciones y las tareas que deberán asumir las regiones con los nuevos ingresos.
Otra reforma muy importante pero que al parecer no tendrá un final feliz es la reforma política que se ha propuesto desde hace años. El proyecto fue radicado con el propósito de combatir el clientelismo y la corrupción electoral mediante el establecimiento de listas cerradas y paritarias, así como modificar la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, con el correr del tiempo y ante la aproximación de nuevas elecciones se ha desnaturalizado y convertido en una colcha de retazos. Al punto de que en el tercer debate en la Comisión del Senado se incluyó la figura del transfuguismo para permitir salidas fáciles de una colectividad y aspirar a un cargo de inmediato por otra colectividad, privilegiando el oportunismo sobre la solidez ideológica.
El miércoles 11 de diciembre también estuvo en juego el futuro de la reforma tributaria que buscaba recaudar 10 billones de pesos para adicionar al presupuesto de 2025. Al parecer, en el momento de escribir esta columna habían sido evacuados los impedimentos a la misma y las comisiones comenzarían a discutir la ponencia negativa, pero se daba por descontado que la iniciativa se hundiría por cuanto los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático habían dado a conocer sus respectivos votos negativos lo que haría hundir la iniciativa en el primer debate.
En suma, un vistazo a vuelo de pájaro de la gestión legislativa realizada en 2024 permite concluir que la labor de los legisladores se ha visto entorpecida por factores que incidieron en ella como los enfrentamientos entre las ramas del poder público y escándalos de corrupción que entorpecen la discusión de los proyectos; estos factores se suman a la resistencia de la oposición y a la dinámica que se desprende de la manera como se abordan los problemas en el país. Una dinámica alimentada por enfrentamientos en los que priman lo particular y lo tribal por encima de lo colectivo y lo institucional, de modo que se prefiere el enfrentamiento frontal a la búsqueda de consensos pragmáticos. El tiempo para sacar adelante las reformas caras al Gobierno se acaba y un nuevo elemento que incidirá en la labor del Congreso son las elecciones de 2026 las cuales requerirán mucho tiempo de los congresistas como es costumbre.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Senado
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