El anuncio también incluyó la posibilidad de que a través de dicho espacio se diera un cierre al proceso de paz iniciado con los paramilitares a través de la ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz, proceso fallido, debido, entre otros asuntos, a la extradición de los jefes paramilitares autorizada por Uribe en 2008, lo cual implicó la expulsión del proceso de Justicia y Paz de dichos líderes paramilitares.
Justicia y Paz como proceso judicial, ha sido relativamente exitoso, las Salas de magistrados/as instaladas en cuatro ciudades del país, profirieron cerca de 90 fallos estructurales, que componían un gran número de delitos y que partieron de la valoración de más de 250 mil hechos producidos por el paramilitarismo sobre las poblaciones. Entre muchas cifras destacables en este proceso, fueron posibles más de 10 mil exhumaciones (cerca de la mitad de ellas con identificación de cadáver). Los procesos de Justicia y Paz permitieron la condena de varios jefes paramilitares, entre ellos, algunos de los que ahora propone el presidente como gestores de paz.
Retomar un proceso como ese, aprovechando la llegada al país de Mancuso, después de purgar su pena en los Estados Unidos, ampliaría la posibilidad de establecer verdad para las víctimas que se quedaron en la incertidumbre cuando los jefes paramilitares fueron extraditados, sobre todo en materia de tierras. También sería la ocasión para que las cerca de 17 mil compulsas que se hicieron a la Fiscalía, por vincular a terceros civiles o corporativos, que presuntamente prestaron su apoyo a esos grupos, puedan ser investigados, juzgados y sancionados, pues los resultados de la Fiscalía General hasta este momento han sido casi nulos en esta materia, entre muchas razones por falta de voluntad de sus cabezas, situación que, con la actual Fiscal, podría ser distinta, si obtiene elementos de juicio adicionales por parte de los ex jefes paramilitares y si muestra una voluntad institucional por revivir dichas compulsas y crear un esquema de investigación y juzgamiento adecuado, en el que podría ser útil pensar en los mecanismos de selección propios de la justicia transicional.
Ahora bien, 16 años después de su extradición, el destino de las tierras que Petro cree poder determinar con ayuda de Mancuso y los demás ex jefes paras, puede ser difícil de establecer, por haber pasado de mano en mano, dentro de las estrategias de ocultamiento de bienes que han caracterizado a los perpetradores y en las que han sido tan eficaces al contar con funcionarios corruptos, como algunos notarios, registradores municipales, e incluso funcionarios judiciales.
Algo que podría intentarse, sería confrontar la verdad que ha podido surgir de los testimonios brindados por los paramilitares rasos, en virtud de la Ley 1424 de 2010, mecanismo no judicial de contribución a la verdad que creó Santos, para solucionar la situación de aquellos miembros de dichos grupos que no calificaban dentro de la ley de Justicia y Paz. Ese sería un ejercicio interesante en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica, legatario además del informe de la Comisión de la Verdad, a través de su Dirección de Acuerdos de la Verdad, podría aportar en la actualización de la información, ya con la colaboración de los ex líderes de dichos grupos. En este sentido, reabrir una mesa con ex paramilitares, no es una propuesta descabellada, siempre y cuando fuese una mesa de cierre y no de reapertura de procesos, y ante todo, siempre y cuando significase la posibilidad de ampliar y detallar verdad, sobre la colaboración de terceros, ubicación de fosas comunes, y ubicación de tierras, así como de las estrategias para su ocultamiento.
Francisco Taborda Ocampo, abogado y docente universitario. Socio fundador de la Corporación Latinoamericana Sur.
Foto tomada de: La Silla Vacia
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