La pretensión utópica de lograr una paz total en el país, en un situación estructural en que el Estado no domina ni hace presencia permanente en todo el territorio y en dónde en regiones con una débil presencia del Estado pululan los grupos armados y las economías ilícitas, emprender la negociación para incorporar actores armados a la vida política institucional en que en muchas ocasiones lo que hay que negociar es la propia construcción de estructuras del Estado en esos territorios es complejo, y a ello hay que sumarle la presencia de actores armados que no tienen de facto o no reivindican naturaleza política, pero que tienen una estructura armada que ejerce dominio territorial para mantener y lucrarse de las economías ilícitas que son por demás las únicas economías que tienen las comunidades que habitan en estos territorios, la conquista de la paz se hace así más compleja.
Lo positivo de la propuesta etiquetada como Paz Total es partir de reconocer en la sociedad colombiana diversos actores armados que correctamente se dividen en aquellos de naturaleza política, que en la política de paz agrupa al Ejército de Liberación Nacional y a las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que al comienzo eran dos, las comandadas por alias Mordisco, Néstor Vera Fernández, autodenominada Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez.
En el proceso recorrido desde el primer semestre de este gobierno hasta hoy, éstas disidencias se han dividido entre quienes se mantienen en las negociaciones que son las Disidencias que comanda alias Calarcá, Alexander Díaz Mendoza, y quiénes se apartaron de estas negociaciones comandados por Iván Mordisco, lo propio sucedió con la Segunda Marquetalia en que los comandados por Walter Mendoza se mantienen en la Mesa de Negociaciones mientras que los comandados por Iván Márquez se retiraron de la misma. Entre las agrupaciones que no tienen reconocimiento político se destacan los grupos sucesores del paramilitarismo que son dos principalmente, el Clan del Golfo y los Pachenca autodenominada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y luego aparecen las bandas armadas ligadas a la violencia urbana y ligadas al narcotráfico y economías ligadas a la extorsión, la prostitución, y demás actividades ilícitas. Con estas bandas armadas se han conformado tres mesas de diálogos sociojurídicos en Medellín y el Valle de Aburra, Buenaventura y Quibdó.
Los elenos cada vez más parecidos a la delincuencia ligada al narcotráfico
Las escenas dantescas narradas por los sobrevivientes de la toma del Catatumbo por ELN se parece a las narradas por los sobrevivientes de la toma de los paramilitares al mando de Mancuso a finales de los años noventa, comandos traídos en este caso de Arauca que llegan a sacar a excombatientes de las FARC de sus casas para asesinarlos a sangre fría, asesinatos a lideres sociales y a integrantes de las Disidencias ligadas con Calarcá, y comandadas en esta región por John Mechas y por Richard, muestran a un ELN degradado en sus formas de actuación que poco se diferencian de los métodos practicados por los grupos paramilitares en esta y otras regiones del país.
La crisis ocasionada por la incursión en el Catatumbo es la peor de las que se han presentado hasta ahora entre el gobierno y esta insurgencia bajo el actual gobierno. La suspensión anunciada por el presidente es apenas la consecuencia lógica de una incursión que hasta hora deja un saldo de cien muertos según distintas fuentes y un desplazamiento de 32 mil personas hacia Cúcuta, Tibú y Ocaña. Ahora corresponde a la Fuerza Pública la ocupación del territorio. Los elenos no tienen la fuerza militar para librar allí una guerra de posiciones, es decir, resistir a la fuerza pública en una confrontación abierta para mantener o consolidar allí un dominio territorial.
No me cabe duda que la fuerza pública tiene la capacidad militar para ocupar la región, pero el problema es más de fondo. Las 50 mil hectáreas de coca son la base económica y son las que proveen el sustento de una buena parte de los pobladores de la región. Por ello la anunciada conmoción interior por parte del presidente de la República debe servir de base para una reformulación de los planes de desarrollo que deberán implementarse y que tendrán que tener como objetivo la transformación de la economía basada en la coca a una economía basada en cultivos legales que sean rentables, la reindustrialización de la región con una política de cooperación e integración con el gobierno de Venezuela y la mejora en la red vial hacia el interior del país de cara el mercado interior son parte de la estrategia que debería ser construida con todas las fuerzas de la sociedad civil de la región. Pero eso supone además un replanteamiento a fondo de la política de sustitución de cultivos de uso ilícito. Hay que reconocer que esta política no está marchando de forma adecuada actualmente.
Y aunque las puertas no se cerraron del todo pues de lo que habló el presidente Petro fue de la suspensión de las negociaciones su reanudación no puede ser posible sin exigencias como cese unilateral de fuego por parte del ELN con monitoreo estricto, cese a la práctica del secuestro, calendario definido para temas ya acordados y no se puede detener a la fuerza pública en el control del territorio del Catatumbo. Solo con medidas como estas sería posible pensar en una reanudación de la Mesa. La Fuerza Pública debe además avanzar en el control de territorios con fuerte presencia de esta agrupación. La mano tendida del gobierno no puede ser interpretada como debilidad del mismo.
Los otros procesos deben ser acelerados sobre todo los que se adelantan con las Disidencias comandadas por Calarcá y por Walter Mendoza. La ofensiva militar en el Cauca concretamente en la zona del Plateado en Argelia, así como la confrontación a las Disidencias de Mordisco y de Iván Márquez deben mantenerse. No se puede sucumbir a las pretensiones de grupos cada vez más copados por el narcotráfico y que atentan a diario contra las comunidades y sus organizaciones.
Con respecto a los diálogos sociojurídicos que se adelantan con las bandas y combos de Medellín y el Valle de Aburra, de Buenaventura y del Chocó deben también acelerarse, no se entiende porque la oficina del Alto Consejero de Paz no ha presentado el proyecto de reforma a la ley de Justicia y Paz cuando estos procesos están ya maduros para concretar el proceso de sometimiento a la justicia. Esto realmente no tiene ninguna explicación.
Y con respecto a los grupos sucesores del paramilitarismo se debe definir si realmente hay condiciones para establecer estos procesos de sometimiento a la justicia. No es posible que no se sepa a ciencia cierta si estas mesas ya nombradas se van a poner en marcha o si definitivamente no es viable un proceso con estas organizaciones criminales. De nuevo es inexplicable que no se tenga una ruta cierta por parte de la oficina del Alto Consejero de Paz.
Por todo ello hay que decir que la política de la paz total debe ser primero evaluada para una reformulación de fondo. La derecha cómodamente observa el desgaste del gobierno, solo le resta aplaudir a los elenos y a los grupos criminales que con su accionar demuestran que o no entendieron el momento histórico o simplemente se aprestaron al dialogo para seguir en lo mismo y para fortalecerse, lejos de buscar una salida negociada el conflicto. Es eso lo que hay que evaluar para rectificar en lo que haya que rectificar y avanzar en lo que sea posible de lograrse en lo que resta de este gobierno.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Eje21
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