Unos breves antecedentes
Colombia es un país donde la violencia con intencionalidad política ha acompañado buena parte de su historia. Las guerras civiles en la segunda mitad del Siglo XIX, los intentos de la naciente izquierda política a comienzos del Siglo XX de acudir a ilusas insurrecciones influida por la revolución de octubre, la violencia liberal-conservadora de mediados del siglo pasado y luego el inicio del largo ciclo de violencia con el surgimiento de las guerrillas, luego las contraguerrillas y la militarización de la política. Pero igualmente ha habido intentos de darle salidas a esas violencias acudiendo a salidas concertadas. En el último período, iniciando con la experiencia en el gobierno Turbay Ayala de darle una salida concertada a la toma dela Embajada Dominicana por el M-19, luego desde el gobierno de Belisario Betancur hay esfuerzos en los distintos gobiernos por darle una salida negociada a lo que se denominó el conflicto armado interno, con éxitos inicialmente en el Gobierno de Virgilio Barco con el M-19, EPL, Quintín Lame, PRT, y luego en el de Álvaro Uribe con las AUC y posteriormente en el de Juan Manuel Santos con las FARC-EP. Pero en la mayoría de los casos con negociaciones parciales –sólo con algunos actores armados- y casi siempre con el surgimiento de disidencias.
El inicio de la búsqueda de la ‘Paz Total’
El gobierno de Petro recibe toda esta historia de intentos de hacer y construir paz, que intentamos resumir previamente y por lo tanto la pretensión de este Gobierno sería una política que tratara de no repetir lo que ya se había dado: acuerdos con algunos actores, exitosos en algunos casos y no exitosos en otros, pero siempre con efectos parciales en cuanto a la persistencia de la violencia en las relaciones sociales, con la presencia permanente de ‘disidencias’ o fracturas de los anteriores grupos y recomposiciones de otros. Y algo importante, con experiencias de conversaciones y desmovilizaciones con grupos no solo de la insurgencia, sino también de la contrainsurgencia y aún de delincuencia organizada.
Por ello las hipótesis que pudo tener como referencia el Gobierno Petro inicialmente se podría sintetizar así: 1) pensar en una propuesta de política pública que intentara involucrar a todos los actores en la política, tanto los que reivindicaran su naturaleza política como los que no, por lo cual se va acercando la idea de una ‘paz total’ –independiente de si la política pública se denomina inicialmente así o no-; 2) el objetivo de la política pública debería apuntar a la disminución de la violencia –en lo posible la eliminación de la misma-, por ello se consideró que la política debía dirigirse a las insurgencias –o lo que quedaran de ellas, porque en realidad parece existir una idea en el Gobierno que ya no hay unas propuestas políticas sino que prima lo que con frecuencia el propio Presidente llama, ‘la codicia’- sino aquellos actores armados con capacidad de generar altos impactos de violencia en determinadas regiones o a nivel nacional; 3) no hay duda que igualmente influyó en el nuevo gobierno y su equipo la idea de pensar que como se trataba del primer gobierno de ‘izquierda’ en Colombia esto iba a colocar a muchos, incluidos los actores armados, en una disposición favorable al gobierno y sus políticas y esto era considerado fundamental para la política de paz –pero es probable que allí hubo una valoración, por lo menos exagerada, sino equivocada-.
Luego, la intencionalidad de la política de ‘Paz Total’ era lograr una Colombia sin violencia –objetivo loable y aceptado por la mayoría-, concordante con la política de Seguridad Humana, implicaba establecer conversaciones con todos los grupos armados ilegales –insurgentes o de delincuencia común-, pero obviamente con muchas incertidumbres acerca del cómo y el punto de llegada. Es una búsqueda ambiciosa que aún se encuentra en proceso de materialización. Además, se hace necesario señalar que esto difícilmente es un proceso para un gobierno de cuatro años; sin duda demanda un mayor esfuerzo, siendo una política que debe entenderse como que trasciende a un gobierno, lo que algunos denominarían, Política de Estado.
La prioridad del Gobierno Petro ha sido la protección de los ciudadanos y es una clara justificación para la presencia y el control territorial de la Fuerza Pública allí. Según diversos analistas, se han disminuido los ataques contra la Fuerza Pública, pero han aumentado los enfrentamientos entre las organizaciones ilegales, lo que implica que la población civil sigue estando en la mitad de los enfrentamientos. Mientras que el gobierno establece y avanza en los diálogos es probable que parte de los grupos armados ilegales vayan a continuar disputando su presencia territorial.
Cambios en la concepción y en el discurso
Tradicionalmente se pensó en relación con las violencias, que eran relevantes no solamente los efectos o daños causados por las mismas, sino las motivaciones que las justificaban. Fue el debate entre ‘fines’ y ‘medios’, es decir, que había violencias que tenían finalidades altruistas y eran las consideradas ‘violencias políticas’ y otras cuya finalidad era de tipo individualista –enriquecimiento, venganza, daño personal…- y eran las violencias ‘comunes’. Esto se reflejó en la creación en la legislación penal de los denominados ‘delitos políticos’ que se les atribuía una justificación altruista y por consiguiente tenían un tratamiento penal ‘benigno’; en nuestro caso fue clásico considerar como delitos políticos la rebelión, sedición y asonada.
Estas ‘violencias políticas’ se consideraban, nacional e internacionalmente como las violencias ‘dirimibles’ o ‘negociables’. Al contrario de las ‘otras’ violencias que debían ser sancionadas por el Estado a plenitud. Eso se modifica en el actual gobierno, al considerar que esta distinción ya no es tan evidente y que difícilmente lo que se consideraba los clásicos delincuentes políticos, ya se han diluido.
Igualmente se ha planteado un discurso en los últimos tiempos, que no sólo confunde, sino que además genera una ruta por la cual no se va a lograr consensuar la paz: que ya la paz con la insurgencia guerrillera no se debe ocupar de los temas y problemas nacionales, sino de los problemas territoriales y se confunde, intencionadamente o no, la discusión y los acuerdos sobre el contenido de las grandes políticas nacionales, con la implementación de soluciones locales a temas territoriales, lo que han denominado algunos la ‘paz territorial’.
En esto es fundamental diferenciar las insurgencias guerrilleras nacionales persistentes –de las cuales sin duda la más clara es el ELN, como lo fueron en el pasado el M-19, las FARC-EP, el EPL; las otras están por precisarse- con los grupos o disidencias territoriales que han existido en muchos momentos y cuya perspectiva no va más allá de los problemas locales o regionales y cuyo horizonte para terminar su enfrentamiento armado, se agota en lo local o regional. Y por supuesto de los grupos de crimen organizado, últimamente llamados grupos de multicrimen de alto impacto. Acá vuelve a tomar relevancia la diferenciación en la caracterización de los diversos grupos armados en el ámbito extra institucional. En total se han instalado formalmente nueve Mesas de Diálogo.
Adicionalmente existe otra confusión con la participación de la sociedad, porque no se clarifica si ella se ocupará solamente de la definición y priorización de problemas regionales o locales y la forma o modalidad como se irían a abordar por el Estado –nacional, regional y local-, que se asemeja a lo que ahora denominan la paz territorial, o si esa participación igualmente se ocupará de la discusión y definición acerca de los temas nacionales, junto con las dos delegaciones de las partes en la Mesa de Conversaciones. Pero evidentemente, allí también se requiere una precisión del nivel de problemáticas hacia las cuales se debe remitir esa participación social.
La implementación de la política
La implementación de la política pública conocida como ‘Paz Total’ implicó inicialmente retomar en La Habana (Cuba), las conversaciones con el ELN que estuvieron congeladas durante todo el cuatrienio anterior de Iván Duque (2018-2022) y posteriormente con los dos grupos de disidencias de las FARC, uno que se denomina Estado Mayor Central de las FARC (EMC-FARC) y el otro la Segunda Marquetalia, pero igualmente con el llamado Clan del Golfo –ellos se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia- y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En los tres primeros casos –negociaciones de paz con insurgencias- existía un marco normativo y una cierta experiencia acumulada. En los otros dos se trataba, para el gobierno de estrategias de sometimiento a la justicia, pero de una parte el marco normativo tiene una gran cantidad de interrogantes y ausencias, pero adicionalmente y especialmente con el llamado Clan del Golfo, ellos se reclaman como un grupo con naturaleza política insurgente. Igualmente hay que reseñar las Mesas orientadas a tratar fenómenos de violencia más urbana localizada, como el caso del Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, que si bien se mantienen con dificultades y han ayudado a disminuir los niveles de violencia local y regional, siguen teniendo incertidumbre acerca del punto de llegada.
Hay que decir que la Mesa de Conversaciones con el ELN avanzó, pese al ‘congelamiento’ de la misma por más de seis meses, pero todo indica que al inicio de este año se retomara el funcionamiento de la Mesa, no sin descartar que haya precisiones y/o ajustes a los acuerdos ya firmados y que las dos Delegaciones tienen el desafío de retomar la confianza. Igualmente sigue funcionando la Mesa con el grupo de Comuneros del Sur, una disidencias territorial del ELN en Nariño. Ojalá no pretendan tratar de entrar en una especie de ‘carrera contra reloj’ para recuperar el tiempo, porque ese puede ser el camino para ir hacia otro ‘congelamiento’, no se puede olvidar que un elemento fundamental en los procesos de terminación concertada de un conflicto armado, es construir confianza entre las partes.
En el caso de las dos Mesas de Conversaciones con las disidencias de FARC han tenido sus dificultades, pero se mantienen; la existente con el EMC-FARC reducida a una parte de los frentes –los liderados por Calarcá- y la de la Segunda Marquetalia, igualmente los de la región de Tumaco y el Putumayo –lideradas por Walter Mendoza-, adicionalmente con la dificultad que ha conllevado el manejo de la situación jurídica de su máximo responsable, Iván Marquez, considerado por un sector como firmante y luego como quien abandonó el Acuerdo de La Habana.
En realidad es poco probable que se llegue a acuerdos definitivos con alguno de los interlocutores de esas nueve Mesas de Conversaciones, antes de finalizar el actual gobierno, pero sin duda habrá acuerdos que pueden ayudar a consolidar en regiones un clima de paz territorial.
Los principales problemas de la implementación de la política de ‘Paz Total’, en lo relacionado con la negociación, a mi juicio han radicado en lo siguiente:
1) no ha existido una clara conexión con la Fuerza Pública que permita que la necesaria relación de la política de paz se vea articulada con la de seguridad y en esa medida la frase de ‘combinar zanahoria y garrote’ potencie la capacidad del ejercicio negociador;
2) no existe claridad jurídica acerca del tratamiento de los distintos tipos de grupos armados ilegales y por supuesto del punto de llegada del proceso con cada uno, acuerdo de paz con unos, sometimiento a la justicia con otros, desmovilización, desarme y reinserción con otros, etc.;
3) no existen equipos negociadores con experiencia, mayor tranquilidad para asumir la negociación, con la necesaria calma y valorando de manera adecuada la importancia de los aspectos procedimentales, que en el caso de la Mesa con el ELN han sido muy determinantes. No queremos decir con esto, como algunos lo plantean que inicialmente se debe buscar clarificar si hay una real intencionalidad de paz o no, lo que considero bastante incierto, entre otras razones porque la experiencia muestra que hay actores que es en el desarrollo de la misma negociación que van construyendo su decisión de dar el paso de transitar de la política con armas a la política desarmada.
Es necesario destacar que el Presidente decidió acudir a sus compañeros líderes en el M-19 y que tenían conocimiento de lo que había sido su propio proceso de conversaciones y aprovechar esa experiencia, además de los niveles de confianza que los mismos le generan al Presidente. Pero, algunos consideran que igualmente se puede reflejar acá una característica del antiguo M-19 y es la de ser más dados a la improvisación que a la planeación y esto tiene sus más y sus menos.
4) El tiempo disponible para adelantar las conversaciones y llegar a acuerdos, especialmente teniendo simultáneamente tantas Mesas de Conversaciones funcionando;
5) la desconexión o poca articulación con los gobiernos territoriales, especialmente, al parecer, por desconfianza del gobierno nacional con ciertos gobiernos territoriales, por cuanto esto ayudaría a potenciar las Mesas de Conversaciones y a ayudar a estimular el avance de las mismas.
Debemos decir que aunque lo deseáramos, es bastante improbable que se llegue a acuerdos en las distintas Mesas y con los distintos actores irregulares y debemos prepararnos para intentar que un nuevo Gobierno, elegido en 2026, les dé continuidad a las mismas.
Lo que no es seguro, pero tampoco es imposible.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Investigador Emérito de Minciencias, Miembro fundador de Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa.
Foto tomada de: La Silla Vacía
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