El documento de la Misión Electoral Especial se concentra en tres ejes principales: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral, temas íntimamente vinculados a cuestiones relacionadas con la representación política, la transparencia, y la existencia de organizaciones fuertes abiertas a nuevas expresiones políticas. La propuesta está orientada a reafirmar los principios de la Constitución de 1991 y busca cambiar la estructura formal de las instituciones que repercuten en la democratización de la vida política y la realidad electoral.
Arquitectura institucional
En este campo, el objetivo de la propuesta es “establecer un modelo fortalecido, eficiente, sin funciones duplicadas, que abarque el ámbito electoral, el financiamiento de la política y la supervisión de las organizaciones políticas, a través de dos instituciones electorales, una administrativa, otra jurisdiccional, de funciones claramente separadas, pero de trabajo coordinado en plazos armonizados”. Este punto será uno de los que más polémica despierte por cuanto concierne a la formación del poder electoral.
La recomendación de la Misión Electoral Especial es crear el Consejo Electoral Colombiano y la Corte Electoral. El primero, compuesto por cinco miembros de origen no partidista, ternados para períodos de ocho años, asumiría las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil y remplazaría al Consejo Nacional Electoral, ocupándose de lo administrativo. La Corte Electoral, que se encargaría de lo judicial, estaría compuesta por seis tribunales regionales con tres magistrados de carrera. El tribunal nacional estaría bajo la dirección de cinco magistrados de origen no partidista.
El propósito de la propuesta es poner fin a la fragmentación de tareas que hoy asumen cinco entidades distintas, a saber: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Procuraduría y la Fiscalía General. Se adopta la figura de tribunal especializado en temas electorales, vigente en 18 de los 23 países de la región.
Sistema de elección
La Misión Electoral, con el ánimo de fortalecer el sistema de partidos y acercar la ciudadanía a sus representantes sugirió que se mantenga la circunscripción nacional para Senado con cien senadores pero elegidos en lista cerrada y bloqueada mediante el método de representación proporcional- fórmula d’Hondt. El principal beneficio sería la reducción de los costos de las campañas, que serían asumidos por los partidos y no por los candidatos.
En cuanto a la Cámara de Representantes, la misma aumentaría a 200 parlamentarios, mínimo cuatro por departamento, con listas plurinominales cerradas y distritos uninominales, “diseñados por la autoridad electoral, con base en parámetros establecidos en la ley”.
La elección a Asambleas Departamentales y Concejos Municipales también se haría con listas cerradas. Las organizaciones políticas serían las responsables de definir las candidaturas y los puestos en las listas, de acuerdo con mecanismos democráticos internos y se buscaría incrementar la representación femenina. Con el objetivo de aumentar la participación y reducir el clientelismo, el voto sería obligatorio y el transporte de los electores a las urnas gratuito.
Financiamiento de la política
Con el fin de controlar fenómenos de corrupción ligados al financiamiento de las campañas de los candidatos y poner un tope real a los gastos de campaña, la sugerencia de la Misión Electoral Especial es generar un modelo de financiamiento mixto en el que el gobierno provea la mayor parte de los recursos. De este modo se reducirían los costos de la política, con mayores y efectivos controles, brindando oportunidades a nuevas organizaciones políticas. En época electoral el aporte directo del Estado a los partidos se distribuiría en dos etapas: 50 por ciento antes del proceso electoral como anticipo (40 por ciento con base en resultados precedentes y 10 por ciento de manera equitativa) y 50 por ciento después de la elección (sobre los resultados de la elección).
Consideraciones preliminares
Por el momento de la gran reforma política anunciada no se conoce sino la presentación que hizo la Misión Electoral Especial en líneas generales. Se ha hablado de la arquitectura institucional pero nadie ignora que los asuntos electorales se mueven en un mar de complejidades que involucran la cultura política de los colombianos, comportamientos, identidades sociales, manejo de la información, personerías jurídicas, organización interna de los partidos políticos y controles efectivos, entre otros factores. En este contexto es evidente que la apertura que se busca para fortalecer la democracia y ampliar la participación pasa por luchar contra la captura del Estado por parte de grupos y sectores que controlan las dinámicas electorales que anteponen sus intereses particulares al interés general.
Sin embargo, es importante reconocer que los cambios en las estructuras formales tienen repercusiones directas en la realidad electoral y en la percepción de los ciudadanos. Que es imposible que las reformas institucionales resuelvan todos los problemas relacionados con las elecciones y la representación política, habida cuenta de las muchas variables que intervienen en el manejo de la política, pero que el trabajo adelantado por la Misión Electoral Especial es un aporte valioso a un debate que dará lugar a resistencias y enfrentamientos como también a negociaciones y compromisos.
Se agota el tiempo previsto para implementar los acuerdos vía fast track y pronto se sabrá en qué quedarán las recomendaciones de la Misión Electoral, lo que permitirá disponer de más elementos de juicio para emitir conceptos sopesados.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario