La renta básica es una política social idónea para contrarrestar efectiva y rápidamente algunos de los impactos sociales y económicos de la pandemia del covid-19, en particular de la caída de los ingresos de los trabajadores bajo condiciones de informalidad como los cuenta propia que dependen de su trabajo día-a-día y de los que laboran en microempresas informales, que superan al 54% del mercado de trabajo en el país, además de aquellos empleados formales con bajos ingresos que perdieron su empleo.
La renta básica de ingresos consiste en una transferencia monetaria incondicional a los hogares en situación de pobreza extrema monetaria, pobreza monetaria y de elevada vulnerabilidad monetaria, en tanto que una renta básica de empleo e ingresos reside en un subsidio incondicional a las nóminas de micro y pequeñas empresas, importantes generadoras de empleo aunque gran parte de ellas bajo condiciones de informalidad, para contribuir a su continuidad operativa y la conservación del empleo y del ingreso de sus trabajadores.
En consecuencia, convendría avanzar hacia un robustecimiento de una renta básica de empleo especialmente focalizada hacia las micro y pequeñas empresas, de tal forma que a aquellos trabajadores a quienes les favoreciera el apoyo de nómina y que estuvieran en la población focalizada de la renta básica a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema monetarias, se les deduciría el subsidio recibido a través de la nómina del monto de transferencia monetaria que le correspondería en el marco de la renta básica de ingresos para sus respectivos hogares. Así se evitaría un doble favorecimiento a tales hogares, lo que violaría el principio de equidad horizontal que debe regir irrestrictamente a la política social.
Además, la política de renta básica constituye una política de reactivación económica ante su impacto directo sobre el aumento de ingresos de la población en situación de pobreza monetaria e indirectamente sobre la demanda interna, con la consecuente dinamización del aparato productivo doméstico y contención de la pérdida del tejido productivo, aparte de una política de atenuación, aunque parcial, del agravamiento de la desigualdad de ingresos en el país.
Crisis social actual
Una de las expresiones de la crisis social y económica que atraviesa actualmente la sociedad colombiana reside en los muy elevados grados de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad monetarias, en medio de la segunda recesión económica más aguda que se ha observado en el país desde que existen estadísticas confiables, al punto en que en apenas 9 meses de pandemia no solo se develaron importantes fracturas estructurales, sino que se agravaron sustancialmente en la medida en que se habría retrocedido en más de una década de reducción en la pobreza y la desigualdad (Gráfico 1). Hoy día Colombia se ratifica en uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.
Como la ha reportado en los últimos días el DANE, la drástica caída de ingresos de amplios grupos poblacionales produjo un aumento de la pobreza monetaria de 35.7% en diciembre de 2019 a un 42.5% en diciembre de 2020, llevando a cerca de 5.5 millones de hogares a la pobreza y pobreza extrema monetarias, aparte de otros millones de hogares a una elevada vulnerabilidad monetaria[1]. Sin duda, este crecimiento de 6.8 puntos porcentuales en el nivel de pobreza monetaria fue dispar entre regiones y ciudades, agravándose seriamente la situación en muchas ciudades, centros poblados y zonas rurales.
Ahora bien, teniendo como base los micro-datos de la Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad del DANE mediante los cuales se estimó la pobreza monetaria para diciembre de 2020, actualizando las líneas de pobreza y pobreza extrema monetarias en cada uno de los dominios geográficos y considerando la caída del ingreso total de los hogares en cerca de un 10% en 2020[2], superior a la caída del PIB, se estima que habría del orden de unos cinco y medio millones de hogares en situación de pobreza monetaria a diciembre de 2020, de los cuales unos dos millones de hogares estarían en situación de pobreza extrema, y cerca de 4.5 millones de hogares en vulnerabilidad monetaria.
Así pues, 36 millones de personas (9.9 millones de hogares) se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, es decir, el 73% del total de la población colombiana. Ello muestra que el aumento de los hogares en situación de pobreza monetaria obedece tanto a la caída del ingreso de los hogares en vulnerabilidad monetaria, como, al menos en parte, al deterioro de los ingresos de la clase media, la cual, desde hace ya varios años, tiende a concentrarse en lo fundamental en el rango bajo del ingreso, colindante con el de los de hogares en vulnerabilidad (Gráfico 2). Es una denominada clase media altamente frágil a caer en pobreza o vulnerabilidad monetarias, dada su estructura y nivel de ingresos, así como su alta probabilidad de caer en desempleo por causa de una recesión o crisis económica. Con la pandemia el número de ocupados, según clase social, decreció en cerca de 2.5 millones de personas al pasar de 22.29 millones en 2019 a 19.84 millones en 2020, de los cuales el 72% pertenecían a la denominada clase media (Dane 2021. Caracterización pobreza monetaria y resultados clases sociales 2020. Mayo 6 de 2021. Pág. 65).
Renta básica de emergencia inmediata
Si a cada miembro de todo hogar en pobreza y pobreza extrema monetarias se le entregara una transferencia monetaria incondicional tal que se le garantizara un ingreso monetario equivalente a la línea de pobreza según su correspondiente dominio geográfico, el costo fiscal bruto de un programa de renta básica de emergencia inmediata a tales hogares ascendería a cerca de un 1.8% del PIB durante el segundo semestre del presente año (Cuadro 1 y Anexo 1).
Sin embargo, es claro que cerca de 4.5 millones de hogares que se encontraban en situación de vulnerabilidad monetaria a diciembre de 2020 habrían caído en situación de pobreza monetaria por la evolución de la pandemia en los primeros cuatro meses del presente año, los cuales también debieran ser cubiertos por la renta básica de emergencia inmediata, por lo que el costo fiscal bruto del programa podría acercarse hasta a un 2.2% del PIB en el periodo julio a diciembre de 2021 (equivalente a un costo fiscal neto del orden del 1.6% del PIB).
Sin duda, los datos sobre pobreza monetaria muestran que los programas sociales gubernamentales habrían tenido una contribución positiva en el ingreso per cápita de los hogares beneficiados (de un 11.8% a nivel nacional, un 8.9% a nivel de las cabeceras y un 20% a nivel de los centros poblados y rural disperso), con lo cual debiera profundizarse la intervención del Estado con el objeto de reducir los exagerados e inaceptables niveles de pobreza que se están observando en el país. La renta básica es una política social activa por demás idónea con ese propósito.
La principal fuente de su financiación residiría especialmente en la cuenta de pérdidas de apropiación presupuestal (apropiación vigente – valor de los compromisos), la cual ascendió a $23.54 billones a finales de 2020, recursos que están a cargo de Minhacienda (Anexo 2). Si fuere necesario por no estar disponible la totalidad de esos recursos, otra fuente complementaria consistiría en la emisión de TES, con la opción de su adquisición preferente por parte del Banco de la República, la reducción y reorientación del gasto público no prioritario e incluso la utilización de excedentes financieros de Ecopetrol, Isa, entre otras empresas del Estado.
Propuesta
Aprobar un programa de renta básica de emergencia inmediata para por lo menos el periodo julio-diciembre de 2021 para todos los hogares en situación de pobreza extrema y de pobreza no extrema monetarias, además de lo hogares que estando en elevada vulnerabilidad monetaria diciembre de 2020 hubieran caído en situación de pobreza monetaria durante el primer cuatrimestre del presente año. Así, el programa tendría una focalización de alrededor de 6.5 millones de hogares.
El programa propuesto de renta básica consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico (un escenario básico del programa se muestra en el Cuadro 1). Este programa complementaría los programas sociales existentes de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, dado que el de “Ingreso Solidario” sólo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021.
El costo fiscal bruto del programa de renta básica de emergencia inmediata alcanzaría a un 1.7-2.2% del PIB para al menos el periodo correspondiente al segundo semestre del presente año. A lo cual habría que recalcar que ya se tiene presupuestado un costo fiscal de alrededor del 0.6% del PIB para el segundo semestre de 2021 por concepto de los programas sociales de “Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” y “Adulto Mayor”, por lo que el costo fiscal neto del programa de renta básica de emergencia inmediata, en su escenario básico, sería del orden del 1.1%-1.6% del PIB para el segundo semestre del presente año.
La principal fuente de financiación, si no única, sería la cuenta de pérdida de apropiación presupuestal del año 2020 a cargo de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que ascendió a más del 2.3% del PIB.
Por último, pero no menos importante, complementariamente a este programa se ha de avanzar en la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley sobre un programa de renta básica como política permanente de Estado, para que entre a regir a partir del 1º de enero de 2022.
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[1] En este contexto, la línea de pobreza extrema monetaria subió el 5.6% al pasar de $137.350 al mes en 2019 a $145.004 al mes en 2020, y la de pobreza monetaria el 1.2% al pasar de $327.674 al mes en 2019 a $331.668 al mes en 2020. Por supuesto, las líneas de pobreza difieren por dominio geográfico. Por ejemplo, en Bogotá la línea de pobreza es de $455.030 al mes, en Cali de $356.962 al mes y en Santa Marta de $344.371 al mes.
[2] El ingreso per cápita de todos los quintiles se redujo. Hasta del -26.2% fue la reducción para el quintil de menores ingresos, y del -16.5%, -15.6, -13.5 y -10.1% para los siguientes quintiles por nivel de ingreso, sucesivamente. De igual manera, el DANE reporta que la caída del ingreso per cápita en Bogotá D. C. fue del -50.3% (DANE. “Caracterización pobreza monetaria y resultados clases sociales 2020”. Mayo 6 de 2021).
Luis Jorge Garay Salamanca & Jorge Enrique Espitia Zamora
Foto tomada de: Senado
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