El inolvidable filósofo Norberto Bobbio ya había señalado, como suelo recordarlo con frecuencia, que las reformas políticas suelen ser las más difíciles de ser tramitadas y aprobadas por los mecanismos normales de la democracia, vale decir, por los Congresos o parlamentos, dado que quienes están investidos de las atribuciones para tramitarlas son beneficiarios o sienten sus intereses afectados por las normas que buscan regular las actividades políticas. Colombia no es en esta materia una excepción. Al contrario, es un ejemplo de las tesis planteadas por Bobbio.
Esta reforma como los hemos señalado desde un comienzo era sumamente limitada, recortada, para hacer frente a los principales problemas que enfrenta el funcionamiento de las colectividades políticas, la arquitectura institucional existente es un caldo de cultivo para todo tipo de corruptelas, los órganos administrativos como el Consejo Nacional Electoral han sido cooptados por la clase política, nominado por los partidos y elegido por el Congreso para que los vigile y sancione; a la Registraduría Nacional del Estado Civil otro nido de politiqueros comenzando por el registrador actual, Alexander Vega. Estos órganos administrativos que tienen funciones muy importantes pues son los que fijan los topes económicos para las campañas, vigilan el funcionamiento de los partidos, revisan y deciden sobre los avales a los candidatos, auditan las cuentas de los candidatos y partidos en los certámenes electorales, organizan todo el proceso electoral, todas estas funciones las ejercen estos dos organismos en la más completa opacidad, sin rigor, y son parte de los problemas estructurales que habría que enfrentar en un verdadero proyecto de reforma política. Esto no estaba contenido en la propuesta original.
Otro tema crucial ausente también desde un comienzo de este proyecto es el de la justicia electoral. Esta reposa en el Consejo de Estado, en la sección quinta, que resuelve las denuncias por fraudes electorales, pérdida de investidura de los Congresistas, y que de encontrar delitos los traslada a la rama judicial del poder público. Esta sección tiene principalmente dos problemas, el primero que es lenta, sus fallos llegan cuando ya los congresistas están terminando sus períodos o cuando encuentra fraudes electorales sus fallos son un canto a la bandera pues ya los beneficiarios de estos fraudes electorales también están terminando sus períodos. Dos ejemplos ilustran este enorme problema. En las elecciones del año 2002 se presentó denuncia por fraudes en las elecciones parlamentarias. En efecto esta sección del Consejo de Estado encontró fraude en un poco más de 1.6 millones de votos lo que llevó a un cambio del Congreso de manera significativa, solo que el fallo se produjo en el mes de octubre del año 2005, es decir pocos meses antes que el Congreso elegido en el año 2002 terminara el período para el que había sido elegido. ¡Vergüenza! Lo propio ocurrió en las elecciones parlamentarias del año 2014 en contra del partido Mira. Este fallo se produjo en el mes de febrero del año 2018, otra vez a pocos meses de terminar el período para el cual habían sido elegidos. ¡Otra Vergüenza!
El segundo problema es el frecuente cambio en su jurisprudencia. No hay una línea de continuidad lo cual no brinda seguridad jurídica a quienes denuncian o a quienes son denunciados. Es por ello que los diversos proyectos de reforma política planteados después de la Constitución Política de 1991 han planteado la necesidad de crear un Tribunal Electoral perteneciente a la rama judicial, que sea autónomo en su conformación y que brinde pronta y cumplida justicia electoral. Hay propuestas como la que presentó la Misión Electoral Especial, MEE, en el mes de abril del año 2017 y que reposa en los anaqueles de la historia. Esta propuesta se hizo como parte de los Acuerdos de Paz del Estado Colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, no ha sido tramitado. Por eso es abusivo como lo hizo recientemente Roy Barreras de atribuir el adefesio de reforma política del cual él era uno de sus impulsores como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Sin listas paritarias y listas cerradas y bloqueadas desaparece el único elemento progresista de la reforma
El único punto que iba a mi juicio en la dirección acertada del proyecto de reforma constitucional era el de establecer que a partir de las elecciones del año 2026 y por dos períodos todos los partidos deberían presentar una sola lista cerrada y que en dicha lista deberían alternarse hombres y mujeres. Se acababa así las listas abiertas que encarecen las elecciones porque cada candidato debe hacer su propia campaña y conseguir su financiamiento como sea, pero además restablece el sentido de los partidos que son quienes deben asumir sus programas y exigir a sus elegidos que los defiendan y los promuevan. Todo ello siempre lo hemos repetido a condición de que las listas sean conformadas mediante mecanismos democráticos internos en todos los partidos políticos. No hacerlo nos regresaría a la dictadura del bolígrafo. En esa dictadura son los jefes de los partidos los que ordenan el lugar de los candidatos en la lista.
Pues bien en el adefesio de proyecto de Reforma Política presentado a consideración de la Comisión primera del Senado de la República esta propuesta desaparece. El texto anterior es reemplazado por incentivos económicos. Dice este proyecto que los partidos que presenten listas cerradas y paritarias recibirán un 30% de financiamiento adicional. ¡Ver para creer! En esto quedo la propuesta de reforma política a la que Roy Barreras considera que desarrolla los Acuerdos de Paz.
Hay otros puntos tramposos. En las elecciones parlamentarias del año 2022 se ha denunciado que el Centro Democrático violó los topes de financiamiento definidos por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Pues bien, ese partido arguyo de forma tramposa, como suelen hacerlo casi en todos sus actos y propuestas, que los aportes no los habían recibido para la campaña sino para su funcionamiento. Esa explicación, aunque abiertamente tramposa satisfizo al politiquero Consejo Nacional Electoral. Pues bien, la ponencia quería que esto quedara consignado en la Constitución Política. El financiamiento de las campañas sería ciento por ciento estatal, pero, se autorizaba para que los privados hicieran aportes a los partidos para su funcionamiento. Querían trasladar esta argucia a la Constitución.
Otra perla del proyecto era la posibilidad que los congresistas pudieran ocupar cargos en el poder ejecutivo y retornar a sus curules si aún no había terminado el período para el cual habían sido elegidos.
En hora buena El Pacto Histórico en comunicación del miércoles 22 de marzo decidió retirarle su apoyo y el jueves 23, hizo lo propio el presidente de la República. Con ello este adefesio no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Lo que debería hacer el gobierno frente a la imperiosa necesidad de una reforma política es abrir un proceso de concertación con los partidos de la coalición de gobierno y para ello podría tomar como punto de partida el informe final de la Misión Electoral Especial, MEE, o en su defecto el texto preparado por la Misión de Observación Electoral, MOE, y que esta contenido en la Agenda de Transición Democrática, que es más realista y contiene los elementos centrales que debería tener una verdadera reforma política. Es hora también de que la sociedad civil que ha estado prácticamente ausente de este debate reasuma con iniciativa su lugar protagónico en esta discusión que es crucial para consolidar la democracia en el país. Solo con una vigorosa movilización será posible una reforma política que vaya a la raíz de los problemas.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Senado.gov
Me parece un comentario acertado pero pregunto: porqué el gobierno del cambio no se da la pela y presenta el proyecto que es?