No obstante, la reforma en su integridad tuvo un cambio sustancial frente a la primera versión presentada, hace cinco meses por el Gobierno y su ex ministro Carrasquilla, que condujo al país por una senda de indignación y protestas. El ministro Restrepo le ha puesto mayor sensatez y pragmatismo a la reforma, apoyado incluso no solo en la Andi y otros gremios poderosos, sino en diversos análisis desde orillas distantes, que pedían prudencia tributaria en momentos donde el país no ha salido de la profunda crisis a la que lo sometió el efecto Covid, pero también el pésimo manejo que se ha hecho de la economía tanto antes como en medio de la pandemia.
Y es que, atendiendo a diferentes voces, el Gobierno comprendió, sin reconocerlo claro está, que la reforma de 2019 fue un error fiscal que condujo a una situación tal que hoy tiene al país en problemas con su grado de inversión. Así que, en el primer paso se plantea bloquear algunas exenciones de aquella reforma. Retornar a un impuesto de renta del 35% significará ingresos por 6.7 billones y realizar un descuento del ICA al 50% representará 3.9 billones adicionales.
Existe en el país el mito de los altos impuestos a las empresas. Sin duda alguna las tasas nominales son ciertamente altas comparadas con la región o con la OCDE. Pero esto tiene dos bemoles: uno, la diferencia entre tasas nominales, las que se dice que se paga, y las tasas reales que son las que efectivamente se pagan. Dos, la profundización tributaria en Colombia (lo que pesan los impuestos frente al PIB) en promedio está entre el 15% y el 20% dependiendo de si se toman o no las rentas territoriales. Esto es de las más bajas en la región y ni que se diga en la OCDE. Cálculos de Garay y Espitia muestran como para personas jurídicas el impuesto promedio real o efectivo ha bajado a tasas del 10% y para personas naturales es del 5.5%. Para el segmento de más altos ingresos las tasas promedio son del 2%.
El país deberá seguir revisando el tema de las exenciones tributarias; la reforma no toca temas como los impuestos a los dividendos ni tampoco al patrimonio, así que se puede decir que acierta en tanto no es regresiva como la propuesta anterior, pero tampoco es progresiva como lo han recomendado diferentes instancias nacionales e internacionales.
Igual ocurre con la evasión, se espera recaudar por un mejor control $2.7 billones, de los $47 billones que se estima se evaden en el país. Esto muestra el gran trabajo que desde la Dian se debe realizar aún. Es una entidad que no solo tiene problemas por su poca efectividad en el recaudo, sino que la información y los sistemas con los que cuenta son deficientes. La reingeniería a la DIAN deberá ser una prioridad de país, no se le puede pedir a una entidad soportar la modernización tributaria si ella en su esencia no lo es.
Otros de los componentes sustanciales es la austeridad en el gasto (1.9 billones). Siempre será importante buscar un Estado más eficiente, pero el esfuerzo planteado solo representa el 0.6% del presupuesto nacional, así que esto si bien aporta al problema, no significa un verdadero compromiso del Gobierno con hacer más eficiente el gasto, incluso podría decirse que es una burla al país, más en estos momentos donde se necesita direccionarlo a la demanda que es la que en realidad va a posibilitar la recuperación.
Para el sector agropecuario no se contemplan acciones especiales, cuando era lo esperado por el país, tampoco hay medidas de incentivo fiscal a la producción ni menos un replanteamiento del impuesto a la propiedad. Las políticas se siguen centrando en la comercialización, y necesarias son, pero no ahondan en el financiamiento, la producción y la propiedad.
No obstante se mantendrán algunas las exenciones del IVA para bienes e insumos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 80UVT, entendidos estos como “semillas y frutos para la siembra, los abonos de origen animal, vegetal, mineral y/o químicos, insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, sistemas de riego, aspersores y goteros para sistemas de riego, guadañadoras, cosechadoras, trilladoras, partes de máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, concentrados y/o medicamentos para animales, alambres de púas y cercas.”
Las micro, pequeñas y medianas empresas se quedaron esperando un enfoque diferencial. El país tiene un complejo estatuto tributario, digno con sus tradiciones normativas, que contribuye a las exenciones, las mismas que las empresas más débiles no son capaces de acceder, casi que están diseñadas las normas para que sean las empresas de mayor capacidad financiera las que logren, en mayor medida claro está, acceder a los descuentos tributarios. Acopi que se ha caracterizado por el apoyo al Gobierno, ha visto cómo sus representados pierden importancia cuando de medidas de reactivación se trata.
En fin, lo de la Ley de Inversión Social como ha sido ya usual, se refiere a un nombre adecuado para respaldar una reforma tributaria. Los compromisos, la mayoría transitorios son medidas importantes pero limitadas en un contexto de caída de la demanda, alto desempleo e informalidad y un aumento de la pobreza y la desigualdad. Así que se tiene una Ley con recursos mínimos, que provienen fundamentalmente de la corrección que se hace de los errores en la reforma pasada; recursos necesarios para atender las medidas de gasto que el Gobierno ha debido enfrentar por la pandemia, que, no obstante, representan un esfuerzo fiscal significativo para el país.
El Gobierno tapará un pequeño hueco y le dejará al próximo la obligatoriedad de plantear un cambio estructural que le permita los recursos necesarios para realizar acciones contundentes en materia social y económica. La esperada reforma tributaria progresiva y con equidad se ha vuelto a aplazar.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR), Universidad de La Salle
Foto tomada de: Gatopardo
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